lunes, 21 de enero de 2019

Clamaban de rodillas carcel para Jasmani Torrico


De rodillas, con la voz entrecortada y sin poder contener el llanto, el mecánico Juan Antonio Cuellar pidió al juez del juzgado de Colcapirhua enviar a su presunto agresor y extorsionador, Yasmani Torrico, a la cárcel.

“Fui torturado con toques eléctricos y me sumergieron en un bañador con agua para ahogarme, el ahora imputado Yasmani Torrico me golpeó”, declaró entre lágrimas la víctima en la audiencia de medidas cautelares celebrada el jueves pasado.

La crisis emocional en el que cayó el mecánico al recordar la tortura a la que fue sometido, contrastaba con la del sindicato que se hallaba en su silla de ruedas sentado casi plácidamente conversando a gusto con los policías a los que saludaba amenamente y con su sonrisa irónica de “intocable” que lo caracteriza.

Sin embargo, de nada sirvió que en la audiencia enviara papelitos escritos al juez pidiendo que lo mande al penal de Arani, según se observó en la audiencia.

VALENTÍA

La fiscalía Faridi Arnez ponderó la valentía del juez Percy Cámara del juzgado de Colcapirhua, que no se dejó influenciar y evidenció los riesgos procesales de obstaculización del proceso y amedrentamiento a la víctima mediante el grupo Leclere y Asociados, encabezado por Yasmani Torrico, y determinó mandar al imputado al penal de El Abra.

DELITOS

Cámara indicó que Torrico está imputado los delitos de secuestro, tortura, extorsión y lesiones graves contra José Antonio Cuellar por un contrato de anticrético de 20 mil dólares que el grupo Leclere y Asociados se habría negado a pagarle.

Cuellar fue capturado por desconocidos en su taller, ubicado en Tiquipaya, luego lo trasladaron al bufete de abogados en la calle Lanza, donde o golpearon y torturaron para obligarlo a firmar una supuesta devolución de los 20.000 dólares que recibió en medio de amenazas contra su vida y la de su familia.

SEGUIMIENTO

El representante del Defensor del Pueblo en Cochabamba, Nelson Cox, señaló que se hace seguimiento cercano al caso Yasmani Torrico, proceso en el que se espera que los jueces asuman un verdadero rol garantista y protector de ciudadanos que son víctimas de consorcio de jueces y abogados y piden justicia.

“Se exigirá a las autoridades judiciales transparencia, evitar chicanas y que realicen sus procesos con celeridad para impartir justicia de manera oportuna” dijo.

El comandante departamental de la Policía, Vladimir Pol, señaló que Torrico se halla en un área de aislamiento en el penal de El Abra, donde fue recluido la noche del jueves.

OTROS IMPUTADOS

Wilder Guzmán, uno de los cómplices del abogado Yasmani Torrico, fue recluido preventivamente en el penal de Arani.

Mientras Elena Sotelo se benefició con la detención domiciliaria por su implicancia en el caso de extorsión del mecánico José Antonio Cuellar.

Gente

Jasmani Torrico fue tratado como un rey en El Abra


Jasmani Torrico, conocido como el “abogado del diablo”, goza de privilegios en el penal de máxima seguridad de El Abra, donde está recluido preventivamente por la extorsión y tortura a un mecánico; además, seguiría dando órdenes a los miembros del consorcio de abogados “Leclere Asociados”, del cual él es su líder.

Torrico, conocido por defender a criminales, ingresó al recinto carcelario el pasado 16 de noviembre. Según privados de libertad, el acusado de extorsión nunca estuvo en el área de asilamiento, que es el sitio donde son ingresados todos aquellos reclusos nuevos, sino que permanece desde el día que llegó al penal y hasta la fecha en el sector de sanidad, donde cuenta con un espacio para él solo y un teléfono celular que lo usa el rato que quiere sin ninguna restricción; además, recibe visita de sus allegados y abogados de su entorno.

“A él (Jasmani Torrico) no lo revisan (los policías) cuando sale o entra de su audiencia. Él decide quién puede o no entrar a verlo y está solo en una habitación de sanidad, cuando tendría que estar con la población del penal”, relató uno de los internos, quien además afirmó que “aquí adentro hay muchos abogados, pero él es de peso y los policías son sus amigos”.

Otras dos fuentes consultadas por este medio de comunicación confirmaron este extremo.

El propio Torrico, en su audiencia de apelación a las medidas cautelares por el caso de su padrastro, desarrollada el pasado jueves, admitió que visita de forma permanente sanidad del El Abra debido a los problemas que presenta en su pierna, que según él estaría a punto de perder.

Torrico, de acuerdo con las investigaciones de los dos casos en los que está involucrado, seguiría dando órdenes a los miembros del presunto grupo delictivo que torturó y extorsionó a su padrastro y a un mecánico.

Fuentes allegadas a la investigación confirmaron que desde el interior del recinto carcelario el abogado da las líneas de las “movidas” que debe seguir el grupo que lidera.

Asimismo, luego de la denuncia del mecánico y su padrastro, más víctimas aseguraron haber sido torturadas por la banda delictiva con el mismo modus operandi que en los primeros casos, pero no se animan a denunciar por temor a represalias.

MITAD DE FIANZA

En la audiencia del jueves, Torrico, junto a su equipo jurídico, pidió una rebaja de la fianza que le impuso el juez cautelar. Esta solicitud fue atendida por la Sala Penal Segunda que le bajó de 200 mil a 100 mil bolivianos, pero mantuvo la detención domiciliaria. Sin embargo, por el caso del mecánico, el cuestionado abogado seguirá recluido en El Abra.

La fiscal del caso, Faridi Arnez, en esa misma audiencia alegó que el bufete de Torrico no factura y no tiene un NIT; además, trabajan personas que no son abogados. Estos alegatos fueron rechazados por el Presidente de la Sala Penal Segunda, quien justificó que Torrico tiene un título profesional y el emitir o no factura es un tema que debe ventilarse en otra instancia.

Torrico aseguró que ejerce como abogado hace 16 años, pidió no cuestionar su profesión y tampoco a su equipo, aunque reconoció que uno de sus colegas no sería abogado porque habría sido engañado con un trámite de título falso.

La historia de Jasmani

El padrastro de Jasmani Torrico, J.T.L. relató que llegó a la vida del abogado cuando este apenas tenía tres años de edad.

J.T.L. se casó con la madre de Jasmani y le dio a su hijo el apellido.

“Yo lo hice estudiar, él es mi hijo, nunca lo vi como si no lo fuera, pero hemos llegado a este punto”, describió.

Según el padrastro, Jasmani fue una persona tranquila, pero a la edad de 14 años es cuando se dio cuenta de que tenía el poder de convencimiento con sus compañeros, los convocaba y les decía qué hacer.

Ya de mayor, refiere, como todo padre quería lo mejor para él y por ello le pagué sus estudios de Derecho hasta culminar la carrera.

“Cuando salió profesional y comenzó a defender a gente criminal es cuando me di cuenta que se había vuelto otro, solo le interesaba ganar los casos y luego vino su accidente y eso lo volvió malo”, agregó.

J.T.L. se volvió a casar, lo cual, al parecer, fue uno de los motivos por los cuales Jasmani comenzó a crearle rencor.

En palabras del mismo abogado, cuando su madre agonizaba su padrastro se había conocido con su actual esposa y, según Torrico, ya estaba en “luna de miel” cuando su progenitora estaba moribunda.

“Eso nunca le voy a perdonar, nunca. Mientras mi madre seguía viva, él ya tenía a otra mujer (...) yo soy hijo y eso me dolió más que nada, por eso le guardo rencor, no podía hacerle eso a mi madre”, dijo entre lágrimas a GENTE.

De acuerdo con el relato del padrastro, Jasmani lo buscó en su propia casa el 4 de febrero de 2017 junto a otras 15 personas, a quienes los identificó como abogados, policías y fiscales; incluso –agrega– habían uniformados de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) que le apuntaron con un arma de fuego en la cabeza, mientras le electrocutaban para que firme unos papeles que desconoce su contenido. Asimismo, habrían amenazado a su esposa con violarla.

Caso mecánico

Jasmani Torrico está imputado por los delitos de secuestro, tortura, extorsión y lesiones graves contra José Antonio Cuellar por un contrato de anticrético de 20 mil dólares que el grupo Leclere y Asociados se habría negado a pagarle a la víctima.

Cuellar fue capturado por desconocidos en su taller, ubicado en Tiquipaya, luego lo trasladaron al bufete de abogados en la calle Lanza, donde lo golpearon y torturaron para obligarle a firmar una supuesta devolución de los 20.000 dólares en medio de amenazas contra su vida y la de su familia. Por este caso, Torrico fue recluido en la cárcel de El Abra con detención preventiva.

Gente

jueves, 17 de enero de 2019

Abogado torturador fue trasladado al penal de Chonchocoro


La Paz, 17 ene.- Como estaba anunciado, el polémico abogado, Jhasmani T. L., que torturó a varias personas, fue trasladado la noche de este jueves del penal de El Abra, en Cochabamba, a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en el altiplano paceño.

El procesado fue llevado a su nuevo destino en un avión de la empresa estatal Boliviana de Aviación (BoA) en medio de una gran expectativa y despliegue de los medios de comunicación.

Se ordenó el traslado del abogado después de que se descubrió que gozaba de privilegios en la cárcel cochabambina. “Sabemos que este señor, por la información que se tiene, desde el penal de El Abra todavía seguía gozando de comodidades y de diferentes mecanismos para seguir interviniendo o amedrentando a algunos operadores de justicia”, dijo inicialmente el viceministro de Transparencia, Diego Jiménez.

ANF

lunes, 14 de enero de 2019

Delitos informáticos en el ojo de abogados

Rime Choquehuanca, explica durante un seminario los delitos informáticos

La Paz, 14 ene.- Venta de drogas, pornografía infantil, estafas piramidales, inducción al suicidio, secuestro de información, hurto a cuentas bancarias y tarjetas de crédito, extorsiones sexuales, suplantación de personas y hasta hechos de corrupción cuyo rastro intenta borrarse a través del ciberespacio.

Esos son algunos de los delitos que se están cometiendo vía internet en el país y su aumento constante ha convertido esa plataforma en un nuevo frente de batalla contra el crimen organizado.

VULNERABILIDAD

Más allá de la falta de normativa, la vulnerabilidad responde a dos factores: falta de “testeo” (control) de seguridad por parte de los programadores de algunas empresas y la instalación de software no autorizado por parte de los usuarios, desde allí surgen los delitos informáticos.

Rime Choquehuanca, exfiscal anticorrupción, especialista en materia penal, criminología y derecho constitucional afirma que “en Bolivia existe una carencia de normas jurídicas que regulen los delitos informáticos, así que se puede vulnerar todo.

SIN CONTROL NI PENA

En otros países los crimines digitales incluso están penados con cárcel, en nuestro país ni siquiera tiene una multa ligera”.

Durante un seminario el jurista explicó “que una mujer de treinta años de Medellín fue hackeada su cuenta de Facebook y su número de WhatsApp. Pese a que ella cambió todas sus cuentas, ya habían sido publicados en una página de internet foto suyas, números de contacto y datos como la ubicación de su casa.

MÁS DENUNCIAS

Otra víctima denunció que ingresaron ilegalmente a sus redes sociales y le borraron sus fotos: en lugar de ellas pusieron fotos pornográficas”.

El jurista recomienda para evitar ser víctima de los delitos informáticos, proteger los dispositivos conectados a internet (wifi gratuito), eliminar siempre los archivos o correos sospechosos, evitar hacer clic en vínculos o archivos desconocidos, guardar con frecuencia una copia de seguridad de sus archivos (backup), revisar periódicamente sus movimientos de tarjetas de crédito, y cuando compre por internet verifique que el portal cuente con protocolos de seguridad.

COORDINAR

Choquehuanca, pretende trabajar juntamente con la policía y atrapar delincuentes que cometan fraudes informáticos, anhela registrar el primer libro de “ciberpatrullaje” enfocado al tráfico de prostitución infantil que utiliza la red internet para promover los delitos informáticos siempre teniendo como estructura la investigación criminal.

FELCC

El pasado año, la Fuerza Especial de Lucha Contra el CRimen (FELCC) La Paz, anunció del ingreso del grooming es una de las más recientes modalidades de acoso sexual a menores en Internet. Aunque es un delito en crecimiento, las víctimas no denuncian por miedo a las represalias de los depredadores y por vergüenza al qué dirán del entorno social, pero sobre todo por temor a sus padres a quienes ocultan y mienten del hecho para no ser castigados.

Los alcances de este ciberdelito que junto a la modalidad denominada sexting se extienden en el Internet dijo el coronel Johnny Aguilera, director departamental de la FELCC La Paz.

¿QUÉ ES UN DELITO INFORMÁTICO?

Un "delito informático" o "ciberdelito" es toda aquella acción antijurídica y culpable a través de vías informáticas tiene como objetivo dañar por medios electrónicos y redes de Internet.

Hay conductas criminales por vías informáticas que no pueden considerarse como delito, según la: "Teoría del delito", por lo cual se definen como abusos informáticos y parte de la criminalidad informática. La criminalidad informática consiste en la realización de un tipo de actividades que, reuniendo los requisitos que delimitan el concepto de delito, sean llevados a cabo utilizando un elemento informático.

Los delitos informáticos son aquellas actividades ilícitas que: Se cometen mediante el uso de computadoras, sistemas informáticos u otros dispositivos de comunicación (la informática es el medio o instrumento para realizar un delito). Tienen por objeto causar daños, provocar pérdidas o impedir el uso de sistemas informáticos (delitos informáticos). Los también conocidos Ciberdelitos, como lo señala especialistas, son actitudes contrarias a los intereses de las personas en que se tiene a las computadoras como instrumento o fin (concepto atípico) o las conductas atípicas, anti jurídicas y culpables en que se tiene a las computadoras como instrumento o fin (concepto típico).

EA

domingo, 25 de noviembre de 2018

Se viene el Centenario deportivo de las bochas en el Club Atlético Boca Juniors de la Argentina


El 2 de marzo del 2019 se cumplen 100 años de las prácticas de las Bochas en el Club Atlético Boca Juniors.

Estimados lectores del portal jurídico DERECHO BOLIVIA, les contamos que distintas ciudades de la Argentina y de Latinoamerica son parte de esta historia Bochófila casi centenaria, dado que el Club Xeneixze en el año 2019 cumple 100 años de esta práctica deportiva muy añeja. Pero antes le contamos por si no lo conocen de que se trata el deporte de las Bochas.

Por: Ulises Barreiro * Especial para el sitio Derecho Bolivia

¿Cómo nace el deporte de las Bochas? 

Algunos historiadores remontan el origen de las Bochas al 4500 AC, aproximadamente, en al antiguo Egipto. Luego, el deporte pasó por todas las civilizaciones del Mediterráneo Europeo, como la Antigua Grecia y la Antigua Roma… Luego se siguió practicando con la conformación de los actuales estados nacionales europeos, allá por el siglo XVII y sigue vigente en la actualidad. De hecho, es un deporte muy practicado en Italia. A la Latinoamérica llegó con las inmigraciones obreras del principio del siglo XX. Y ahí llegamos al barrio de la “Ribera”, de la República de La Boca. O tal vez lo conoce usted como barrio de “La Boca” en la República Argentina.

El Club Atlético Boca Juniors tiene más de 113 años de vida. La práctica deportiva en competencias oficiales del Club Atlético Boca Juniors se remonta a 1919, jugando en torneos Interclubes y campeonatos de la Federación de Bochas, pero ya desde antes lo jugaban los socios de Boca Juniors. Mucho tiene que ver el carácter cultural del origen italiano de la gran mayoría de socios, tanto los fundadores de Boca Juniors como ese aluvión de socios y vecinos que se acercaban al Club más popular y pasional de su barrio.

La casi centenaria historia xeneize en Bochas nos lleva a viajar por varios países como, Uruguay, Bolivia, Brasil, Chile y Perú. Por ello veamos un poco ahora como nace este bello deporte amateur en Boca Juniors, que se estima según buenas fuentes que será un deporte olímpico en las olimpiadas del 2024 de París. Ahora viajamos en el tiempo hasta el año 1919 ahora.

HISTORIA DE LAS BOCHAS EN EL CLUB ATLÉTICO BOCA JUNIORS

Como dicen los vecinos de La Boca, o del barrio de la “Ribera”, la Boca no es un barrio sino que es la República de La Boca. Eso hace que haya aficionados de Boca Juniors sin importarla ciudad de argentina que sea. La pasión auriazul no tiene fronteras.

Por lo tanto toda práctica deportiva amateur que hace el Club de la ribera se la toma muy a pecho, casi como un modo de sentir la vida y en especial el sentido de pertenencia que se crea con esta institución. Eso desde un aspecto sociológico explica el fanatismo con que se viven las distintas prácticas deportivas que realiza el Club Atlético Boca Juniors. Por ende la reciprocidad de sus hinchas al extremo poco racional del fanatismo. De entregarse por completo a estos colores.

Como les dije el Club Atlético Boca Juniors tiene más de 113 años de vida. La práctica deportiva en competencias oficiales del Club Atlético Boca Juniors en materia de Bochas, se remonta a 1919, más precisamente al día 2 de marzo, cuando el legendario dirigente y expresidente además de socio fundador de Boca Juniors, Santiago Pedro Sana, quien en ese año presentó un proyecto a la Comisión Directiva para que Boca Juniors compitiera oficialmente en torneos de Bochas y este proyecto fue aprobado.

El Club Boca Juniors comenzó jugando en torneos interclubes y campeonatos de la Federación Argentina de Bochas; pero ya desde antes lo jugaban a este deporte los socios de Boca Juniors en el barrio. Tengamos en cuenta que entonces antes de 1919, era considerado un hábito de entretenimiento, al menos en La Boca, y no una actividad deportiva de competencia entre instituciones. El deporte de las Bochas era y es “el deporte que hace amigos” como repiten sus jugadores desde 1890 hasta el presente.

Vemos como desde 1919 hasta la fecha distintos equipos de Boca Juniors en las diferentes categorías como Tercetos, Parejas e individual, vienen compitiendo tanto en la 1º División, como en Reserva y 2º División con equipos de distintas ciudades de la Provincia de Santa Fe. En el año 2019, el Club Boca Juniors planea hacer un gran festejo Bochófilo dado que se cumplen 100 años de esta tradición deportiva de la familia xeneize. En la Sub-comisión de historia del Club Atlético Boca Juniors, cuyo presidente es el Dr. Sergio Brignardello, donde hay un equipo de colaboradores, el cual está preparando un libro que narrará la historia de las bochas dentro del Club Atlético Boca Juniors, que estará disponible en las distintas librerías de la ciudad de Buenos Aires. Esta sub-comisión además cuenta con 3 muy buenos historiadores del Fútbol dentro del Club Atlético Boca Juniors, como lo son Guillermo Schoua, Sergio Lodise y Diego Estevez. A su vez la sub-comisión de Historia está dentro del Departamento de Cultura de Boca Juniors que está a cargo de Carlos Alberto Falchi que es el Presidente.


Visita de la selección nacional Argentina de Bochas al Club Boca Juniors

La selección nacional Argentina de Bochas está a cargo su selección de jugadores, de la confederación Argentina de Bochas. Cuyo presidente es el Profesor Alberto Limardo. Recientemente días atrás culmino el mundial de Bochas realizado en el gigante asiático de la República Popular de China. Donde la selección argentina consiguió 1 medalla de plata y 4 medallas de Bronce. Los jugadores fueron acompañados en su visita al Club Boca Juniors por Eduardo López (Relaciones Públicas institucionales de Boca Juniors) y los miembros de la sub-comisión de historia de Boca Juniors Maximiliano Murad y Ulises Barreiro. La selección Argentina visitó el estadio de Fútbol (la Bombonera), los vestuarios de fútbol, las canchas de Bochas de Boca Juniors, el museo de la pasión boquense, y todos los místicos rincones de la gloriosa e histórica bombonera. Los jugadores y las jugadoras de la selección de Bochas quedaron maravillados con las canchas de Bochas del Club Atlético Boca Juniors. Sin duda los vecinos del barrio de la Boca se tienen que quedar tranquilos que Boca Juniors en Bochas es una potencia deportiva local. Como el resto de las instituciones deportivas nacionales. Que tan bien están representadas por el seleccionado nacional. En este caso de las Bochas. En Bolivia nos informan que se viene practicando en ámbitos y campeonatos locales este bello deporte.



•Representante de la Sub-Comisión de Historia del club Atlético Boca Juniors.

Abogada Paola Barriga confirma su candidatura a la vicepresidencia por PDC


La Paz, 25 nov.- Mientras el oficialismo ha ratificado a los actuales mandatarios como candidatos para las elecciones primarias de enero, pese a la restricción constitucional y el voto del referendo de 2016, la oposición apenas baraja nombres de sus binomios, sobre todo para el cargo de Vicepresidente, a menos de 72 horas de la inscripción ante el Tribunal Supremo Electoral - TSE.

La inscripción de binomios para participar de las elecciones primarias cierra este miércoles 28 de noviembre y los frentes de la oposición solo se han dedicado a promocionar a sus figuras presidenciales, descuidando a quien podría reemplazar en el cargo al actual vicepresidente Alvaro Garcia, quien ostenta doble poder como presidente de la Asamblea Legislativa y segundo al mando del Ejecutivo.

El político marxista cumplirá 14 años al término de su mandato, siendo el personaje con más tiempo de permanencia en esa cartera de Estado y teniendo en sus manos, gracias a las atribuciones asignadas a partir de la nueva Constitución Política del Estado, poder externo como parte del cuerpo facultativo que vela por la política internacional, pero también toma de decisiones internas al ser cabeza del Consejo Nacional de Autonomías.

Este domingo se lanzó, como primera sorpresa desde la oposición, el nombre de la abogada Paola Barriga como candidata a vicepresidente por el Partido Demócrata Cristiano - PDC, acompañando a Jaime Paz Zamora y en una probable disputa contra la legisladora Norma Piérola.

En tanto, en otros frentes solo se baraja nombres de candidatos a la Presidencia como Carlos Mesa por el frente Revolucionario de Izquierda - FRI, Samuel Doria Medina y Rubén Costas por la alianza de Unidad Demócrata, ahora rebautizada Bolivia Dice No, Víctor Hugo Cárdenas de Unidad Cívica Solidaridad - UCS y Félix Patzi del Movimiento Tercer Sistema - MTS.

En ninguno de esos casos se ha mencionado ni siquiera por asomo, el nombre de un vicepresidenciable potable, siendo Barriga la única presentada a la opinión pública.

El alcalde de La Paz y jefe de Soberanía y Libertad - SOL.BO, Luis Revilla, dijo que la designación del acompañante de fórmula de Mesa es una atribución del propio expresidente en esa alianza denominada Comunidad Ciudadana. Revilla remarcó, con aire triunfalista, que el historiador y periodista debe elegir “no a un candidato sino al vicepresidente que lo acompañará en su gestión”, además de descartar cualquier posibilidad de ocupar personalmente ese puesto.

Un primer ensayo lo realizó el gobernador paceño Félix Patzi, al invitar a la activista de la plataforma ciudadana Generación 21, Xiomara Klinsky, a acompañarlo, pero la joven cruceña desechó esa posibilidad. El MTS ahora busca un perfil profesional para la Vicepresidencia entre seis mujeres: Pamela Flores, Giovanna Solares, Beatriz Zegarrundo, María Bernardete Rojas, Lucila Mendieta y Yorshy Añez, ninguna con trayectoria política.

Por su lado, la alianza de Doria Medina y Costas ni siquiera ha definido si habrá una competencia entre ambos políticos en las primarias de enero o si definirán internamente sus listas.

“La concertación no es un camino fácil”, declaró hoy, el vocero de UN, Jaime Navarro, mientras surgen nombres como el senador Óscar Ortiz, el propio Ernesto Suárez que ya acompañó a Doria Medina en los comicios de 2014 o Pamela Fernández, la hija del exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández, de quien también se especula como parte de los intereses del FRI.

Sobre los representantes de las plataformas ciudadanas del 21F, en su mayoría jóvenes, Cárdenas parece tener mejores posibilidades de concretar un binomio.

Los nombres de los abogados Williams Bascopé y Carlos Alarcón, además del dirigente cocalero Franclin Gutiérrez también circularon en las redes sociales, dentro de este tanteo preelectoral que cierra el miércoles.

En caso de que la oposición logre vencer al Movimiento Al Socialismo - MAS en los comicios generales de octubre de 2019, el vicepresidente asumirá el cargo con los roles y poderes asignados y entrará en los libros de historia de la era democrática junto a Jaime Paz Zamora, que fuera acompañante de Hernán Siles Zuazo; Julio Garret Ayllón que secundó a Víctor Paz Estenssoro; Luis Ossio Sanjinés como vicepresidente de Jaime Paz Zamora; Víctor Hugo Cárdenas como vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada.

La persona designada también lograría la dieta vitalicia junto a Jorge Quiroga que fue vicepresidente de Hugo Banzer; Carlos Mesa que secundó a Sánchez de Lozada; y Alvaro Garcia que luego de anunciar su retiro del binomio con Evo Morales, fue “proclamado” por los aliados corporativos del MAS para optar a una reelección, fuera del marco constitucional, para llegar a 19 años como primer funcionario del edifico ubicado en la calle Ayacucho de la sede de gobierno.

Fuente: Visor

domingo, 18 de noviembre de 2018

Seminario "Acciones de defensa desde la nueva perspectiva constitucional (Sentencias Constitucionales)"


El próximo 23 y 24 de noviembre se llevará adelante el seminario "Acciones de defensa desde la nueva perspectiva constitucional (Sentencias Constitucionales)", quedan cordialmente invitados.

Fuente: Ery Castro

sábado, 10 de noviembre de 2018

Doria Medina ofrece contratar un abogado para albañil que gritó “Bolivia dijo no”

El líder de Unidad Nacional (UD), Samuel Doria Medina, visitó este sábado al albañil Moisés Montero Chambi, quien guarda detención por haberle gritado “Bolivia dijo no” al presidente Evo Morales, y le ofreció contratar un abogado para que lo defienda.

Doria Medina le expresó también su solidaridad por la situación en la que se halla, luego de que el gobierno lo acusó de lanzarle agua, primero, y luego un boleo de coca a Morales.

“Esta visita no se debe a que lo conozca (a Montero Chambi), esta es la primera vez que lo vi”, dijo. “Tenía que expresarle mi solidaridad, porque él no estaba luchando por algo personal, sino por la defensa de un bien que le interesa a todos, la democracia”, sostuvo.

Cuando el líder opositor se reunión con Moisés y su madre le dijo: “Tranquila señora vamos a apoyar para que salga”.

Inmediatamente, la acompañante de Samuel recalcó que “como le ha dicho don Samuel, vamos a contratar un abogado para que le defienda a su hijo, entonces eso ahora mismo vamos a hacer”.

La audiencia de medidas cautelares del albañil Moisés Montero Chambi está previsto para mañana.

Fides


lunes, 5 de noviembre de 2018

Edwin Blanco fue designado como responsable de la Unidad de Biométrico, Control de Firmas e Informaciones de la Fiscalía Departamental de La Paz


El exfiscal departamental Edwin Blanco fue designado como responsable de la Unidad de Biométrico, Control de Firmas e Informaciones de la Fiscalía Departamental de La Paz. Tras conocer su designación opinó que su nuevo cargo "no es un castigo" y reiteró que si alguien desea investigarlo por el caso del bebé Alexander presentará sus descargos porque- aseguró- trabajó "en el marco de la legalidad".

La mañana de este lunes la exautoridad comenzó a atender a las personas que tienen procesos y que deben registrarse en el sistema biométrico de la Fiscalía Departamental.

El nuevo fiscal Departamental, William Alave, emitió el memorándum de su designación el pasado jueves 1 de noviembre.

“Como todos saben, el Dr. Alave me ha designado, estoy realizando trabajos en plataforma, ya desde tempranas horas hemos estado controlando lo que es el marcado el registro biométrico”, declaró a los medios Blanco, quien negó que su designación sea una especie de castigo por las varias denuncias que pesan en su contra, por el controvertido caso del bebé Alexander.

“Yo comencé a trabajar en el Ministerio Público desde que era asistente, auxiliar, fiscal de Materia, Fiscal Departamental (…) Yo creo que no hay castigos acá, si me hubieran enviado a provincias hubiera ido igual, ya trabajé en provincias dos años, el Ministerio Público trabaja 24 horas, y están viendo la fila larga aquí, cualquier puesto es difícil”, añadió.

"No hay ningún problema, el trabajo se lo puede hace arriba abajo, donde sea, porque el servicio a la sociedad no tiene límites, más bien en su momento sugeriré que se corrijan algunas cuestiones aquí abajo”, insistió.

Blanco dijo que ahora está viendo qué errores se presentan en el sistema de registro de todos los procesados para corregirlos, ya que un mal marcado puede representar la detención preventiva de una persona.

En cuanto al caso del bebé Alexander, dijo que si alguien quiere investigarlo presentará sus descargos porque trabajó "en el marco de la legalidad".

Luego de que se conociera un audio en el que la exjueza Patricia Pacajes confiesa que condenó sin pruebas suficiente y por presiones a Jhiery Fernández en el caso del bebé Alexander, Blanco fue objeto de una serie de críticas por parte de la familia del médico y de diferentes sectores porque fue el responsable en un primer momento de la investigación de dicho caso. (05-11-2018)

La Razón

martes, 30 de octubre de 2018

Derecho a la vida en la carrera administrativa


La SCP 0241/2017-S2 de 20 de marzo asumiendo el entendimiento de la SCP 1417/2012 de 20 de septiembre, respecto a la protección constitucional del ser en gestación y de los padres progenitores, estableció: “…Son servidoras y servidores públicos las personas quedesempeñan funciones públicas. Las servidoras y los servidores públicos forman parte de la carrera administrativa, excepto aquellas personas que desempeñen cargos electivos, las designadas y los designados, y quienes ejerzan funciones de libre nombramiento, norma constitucional de la que se colige, que no forman parte de la carrera administrativa los servidores públicos de libre nombramiento entre otros, y por lo tanto de acuerdo al art. 7.II inc. a) del EFP, no llegan a gozar del derecho a una estabilidad laboral. Sin embargo, es preciso indicar, que estas normas no deben interpretarse de manera literal, así como tampoco de manera aislada al resto de las normas constitucionales, sino más bien, debe ser entendida en base a una interpretación teleológica y sistemática; puesto que el art. 233 de la CPE, si bien hace una distinción de los tipos de servidores públicos, ello no debe entenderse como una negación absoluta de derechos a aquellos funcionarios que no forman parte de la carrera administrativa, puesto que la negación establecida en el art. 7.II. inc. a) del EFP, debe tener su excepción, en el caso en el que se ingrese a analizar situaciones de grupos vulnerables -que de igual manera pueden tener la calidad de servidores públicos- y merezcan protección especial por parte del Estado, tal como sucede con el caso de las mujeres embarazadas, personas con capacidades diferentes, adultos mayores, etc.; por lo que a tiempo de aplicar lo dispuesto por el art. 233 de la CPE, se debe realizar previamente, una interpretación sistemática de las normas de la Ley Fundamental, ya que si se omitiera la misma, se correría el grave riesgo de vulnerar derechos fundamentales de las personas, tal como sucedería con el caso de las mujeres embarazadas y los progenitores, debido a que su situación laboral no llega a ser la misma que la de otras personas, esto debido al estado de embarazo o paternidad, en el que se encuentran.

El Estado a través de la legislación ordinaria, estableció y reconoció el derecho a la estabilidad laboral, a favor de los funcionarios de carrera de la administración pública, debido a que los mismos ingresaron a desempeñar funciones, en base a todo un proceso de contratación, de reclutamiento y selección, situación que no acontece con los servidores públicos de libre nombramiento, ya que llegan a ser funcionarios administrativos de confianza y asesoramiento para los servidores públicos electos o designados; los cuales pueden ser retirados de su cargo, por la autoridad que los nombró.

En este sentido y tomando en cuenta que la Constitución Política del Estado de Bolivia, es amplia, garantista y progresista, que tiende a la protección eficaz y eficiente de los derechos de las personas, así como de las garantías establecidas para el efecto; corresponde indicar, que si bien el art. 233 de la CPE, establece que los servidores públicos de libre nombramiento, no llegan a ser considerados funcionarios de carrera, por haber ingresado a ejercer funciones mediante el procedimiento diferente al establecido para estos últimos, y que por tal motivo, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 7.II. inc. a) de la EFP, carecen de estabilidad laboral; ello no debe entenderse en un marco de razonabilidad absoluta negativa, sino más bien diferenciada, de acuerdo al grupo de personas de quien se hable y las condiciones especiales que las distingue; es así que en el caso de las mujeres embarazadas que son servidoras públicas de libre nombramiento, deberá entenderse el art. 233 de la CPE, en el marco de lo dispuesto por el art. 48.II y IV de la CPE, así como por los arts. 13.I y 14.III de la CPE; es decir, que si bien la regla llega a ser que en dichos cargos los mencionados servidores públicos, no gozan de estabilidad laboral, por no ser parte de la carrera administrativa; sin embargo, existirá una excepción en ocasión de que se trate de grupos de servidores públicos en estado de vulnerabilidad, los cuales merecen una mayor protección por parte del Estado, tal como sucede con las mujeres embarazadas, padres progenitores, personas con
capacidades diferentes y adultos mayores.

En este entendido, en el caso de las mujeres embarazadas y progenitores que son servidores públicos, y que no formen parte de la carrera administrativa, como es el caso de los funcionarios de libre nombramiento, deberá aplicarse la excepción que se deduce de lo dispuesto en el art. 48.IV de la CPE, que dice: ‘Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos. Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad’, puesto que en dicha norma constitucional, se reconoce -sin discriminación alguna- a todas las personas (incluyendo servidores públicos de libre nombramiento) el derecho de permanecer en el cargo que desempeñaban, hasta que el hijo o hija cumpla un año de edad; razonamiento al que se arriba, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 48.II que dice: «Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador», ya que como se tiene indicado, el Estado tiene la obligación de proteger a los trabajadores -sean estos del sector público o privado- propendiendo en todo caso, a que los mismos tengan una continuidad y estabilidad laboral; más aún si se trata de casos, en los que una servidora pública, se encuentra en estado de embarazo o un progenitor tenga a su esposa o conviviente en el mismo estado; puesto que lo que se precautela en todos estos casos, no es el trabajo simple y llano del trabajador, sino los derechos del nasciturus (interpretación finalista) que se encuentra en el vientre materno o del hijo-hija recién nacido, entre los que se encuentra el derecho primordial a la vida, reconocido en el art. 15 de la CPE que dice: ‘Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte’; así como también el derecho a la salud, reconocido en el art. 18 de la CPE, que señala: ‘I. Todas las personas tienen derecho a la salud. II. El Estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas, sin exclusión ni discriminación alguna’ toda vez que el trabajo, al ser el medio por el cual se procura de los medios de subsistencia para uno mismo y su familia, entendiendo a esta última, no solo a las personas ya nacidas, sino también a las que están por nacer, puesto que si bien se encuentran aún en el vientre materno, ya llegan a ser miembros integrantes de la familia, la cual de igual manera, debe ser protegida por parte del Estado, según lo dispone el art. 62 de la CPE, que dice: «El Estado reconoce y protege a las familias como el núcleo fundamental de la sociedad, y garantizará las condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo integral. Todos sus integrantes tienen igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades» y el art. 64 de la CPE, ‘I. Los cónyuges o convivientes tienen el deber de atender, en igualdad de condiciones y mediante el esfuerzo común, el mantenimiento y responsabilidad del hogar, la educación y formación integral de las hijas e hijos mientras sean menores o tengan alguna discapacidad. II. El Estado protegerá y asistirá a quienes sean responsables de las familias en el ejercicio de sus obligaciones’, siendo por ende una obligación insoslayable la de proteger a la familia, no pudiendo por ella dejarle en desamparo’.

Consecuentemente, en aplicación del principio constitucional pro homine, por el cual debe entenderse la norma, en el sentido más amplio y no así en el sentido restringido, se establece que las servidoras públicas de libre nombramiento, que se encuentren en estado de embarazo o en su caso el servidor público de libre nombramiento, que sea progenitor, merecerá la protección del Estado, a través de todas sus instancias y órganos, reconociéndoles el derecho establecido en el art. 48.IV de la CPE; sin embargo, dadas sus características especiales en las que se encuentran, como servidores públicos que no se encuentran en la carrera administrativa, deberá otorgarse la protección -en aplicación de lo dispuesto por el art. 48.IV de la CPE- permitiendo se mantengan desempeñando funciones en la misma institución en la que fueron agradecidas sus labores, hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad; empero, tomando en cuenta que al no gozar ya de la confianza de la autoridad que los eligió, deberán permanecer -excepcionalmente- en otro cargo similar o idéntico, con similar o idéntico sueldo y con reconocimiento pleno de sus derechos a la seguridad social, para que de esta manera cuenten con la certidumbre de que no se les retirará del cargo, por razón del embarazo y que se protegerá el derecho a la vida y
salud de su hijo; ello en razón, a que al estar aquellos cargos a decisión y disposición de los electos o designados; y se hubiese perdido la confianza prestada en dicho personal, no podrá obligarse a dicha autoridad, a permanecer con aquel personal con el que ya no goza de aquella confianza.

En este tipo de casos, deberá entenderse a la inamovilidad por razón de embarazo, no en el sentido literal de la palabra, cual sería no mover al servidor público del cargo que ocupa, sino más bien, como una forma de estabilidad laboral en la que sí se los podrá mover -excepcionalmente y por única vez- a otro cargo similar o idéntico dentro la misma institución, con la finalidad de precautelar el bienestar del nasciturus, del hijo o hija recién nacida, resguardando su vida y salud hasta que cumpla su primer año de vida puesto que la estabilidad propiamente dicha (al ser el género), no sólo abarca a este tipo de situaciones de inamovilidad (que es la especie), sino al hecho de permanecer en el cargo de acuerdo a normas establecidas y por un tiempo determinado, como sucede en el caso de las servidoras públicas de libre nombramiento embarazadas o que tienen un hijo o hija recién nacido. Dicho criterio deberá aplicarse de igual manera, a los servidores públicos de libre nombramiento progenitores, ya que ellos gozan de igual manera de protección del Estado, en su fuente de trabajo, para que de esta manera se resguarden los derechos de su hijo o hija, por nacer o nacido hasta el primer año de su nacimiento, por lo que deberá mantenerse en un cargo similar o idéntico y con similar o idéntico sueldo en la misma institución, y con pleno reconocimiento de los derechos de la seguridad social hacia su esposa embarazada, por el tiempo establecido en el art. 48.IV de la CPE.

(…)

Debiendo por lo tanto, dejarse comprendido que de acuerdo al razonamiento expuesto en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Resolución, la protección constitucional establecida en el art. 48.VI de la CPE, alcanza sin discriminación alguna, a las servidoras públicas de libre nombramiento, en virtud a que los derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado, son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos, teniendo el Estado la obligación de protegerlos, respetarlos, garantizando el eficaz ejercicio de los mismos, tal como lo disponen los arts. 13 y 14 de la CPE, más aún si se trata de proteger el derecho a la vida, como derecho primordial e imprescindible para el ejercicio de otros derechos humanos; del derecho a la salud, reconocido a todas las personas habitantes del Estado Plurinacional de Bolivia, así como también de la protección especial a la maternidad y la familia, tal como lo establece los arts. 45.V y 62 de la CPE, que se encuentran en directa relación con lo dispuesto por el art. 10 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que dice: «Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que: 1. Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo. El matrimonio debe contraerse con el libre consentimiento de los futuros cónyuges. 2. Se debe conceder especial protección a las madres durante un período de tiempo razonable antes y después del parto. Durante dicho período, a las madres que trabajen se les debe conceder licencia con remuneración o con prestaciones adecuadas de seguridad social», así como por lo dispuesto por el art. 11.2 de la Convención Sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que señala: A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados Partes tomarán medidas adecuadas para: a) Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o licencia de maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base del estado civil; b) Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o los beneficios sociales…” (las negrillas son nuestras).

La Gaceta

Código Penal de Bolivia

Nueva Constitución Política del Estado-Bolivia

Derecho Bolivia

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Emblema de la justicia en Bolivia.