sábado, 10 de noviembre de 2018

Doria Medina ofrece contratar un abogado para albañil que gritó “Bolivia dijo no”

El líder de Unidad Nacional (UD), Samuel Doria Medina, visitó este sábado al albañil Moisés Montero Chambi, quien guarda detención por haberle gritado “Bolivia dijo no” al presidente Evo Morales, y le ofreció contratar un abogado para que lo defienda.

Doria Medina le expresó también su solidaridad por la situación en la que se halla, luego de que el gobierno lo acusó de lanzarle agua, primero, y luego un boleo de coca a Morales.

“Esta visita no se debe a que lo conozca (a Montero Chambi), esta es la primera vez que lo vi”, dijo. “Tenía que expresarle mi solidaridad, porque él no estaba luchando por algo personal, sino por la defensa de un bien que le interesa a todos, la democracia”, sostuvo.

Cuando el líder opositor se reunión con Moisés y su madre le dijo: “Tranquila señora vamos a apoyar para que salga”.

Inmediatamente, la acompañante de Samuel recalcó que “como le ha dicho don Samuel, vamos a contratar un abogado para que le defienda a su hijo, entonces eso ahora mismo vamos a hacer”.

La audiencia de medidas cautelares del albañil Moisés Montero Chambi está previsto para mañana.

Fides


lunes, 5 de noviembre de 2018

Edwin Blanco fue designado como responsable de la Unidad de Biométrico, Control de Firmas e Informaciones de la Fiscalía Departamental de La Paz


El exfiscal departamental Edwin Blanco fue designado como responsable de la Unidad de Biométrico, Control de Firmas e Informaciones de la Fiscalía Departamental de La Paz. Tras conocer su designación opinó que su nuevo cargo "no es un castigo" y reiteró que si alguien desea investigarlo por el caso del bebé Alexander presentará sus descargos porque- aseguró- trabajó "en el marco de la legalidad".

La mañana de este lunes la exautoridad comenzó a atender a las personas que tienen procesos y que deben registrarse en el sistema biométrico de la Fiscalía Departamental.

El nuevo fiscal Departamental, William Alave, emitió el memorándum de su designación el pasado jueves 1 de noviembre.

“Como todos saben, el Dr. Alave me ha designado, estoy realizando trabajos en plataforma, ya desde tempranas horas hemos estado controlando lo que es el marcado el registro biométrico”, declaró a los medios Blanco, quien negó que su designación sea una especie de castigo por las varias denuncias que pesan en su contra, por el controvertido caso del bebé Alexander.

“Yo comencé a trabajar en el Ministerio Público desde que era asistente, auxiliar, fiscal de Materia, Fiscal Departamental (…) Yo creo que no hay castigos acá, si me hubieran enviado a provincias hubiera ido igual, ya trabajé en provincias dos años, el Ministerio Público trabaja 24 horas, y están viendo la fila larga aquí, cualquier puesto es difícil”, añadió.

"No hay ningún problema, el trabajo se lo puede hace arriba abajo, donde sea, porque el servicio a la sociedad no tiene límites, más bien en su momento sugeriré que se corrijan algunas cuestiones aquí abajo”, insistió.

Blanco dijo que ahora está viendo qué errores se presentan en el sistema de registro de todos los procesados para corregirlos, ya que un mal marcado puede representar la detención preventiva de una persona.

En cuanto al caso del bebé Alexander, dijo que si alguien quiere investigarlo presentará sus descargos porque trabajó "en el marco de la legalidad".

Luego de que se conociera un audio en el que la exjueza Patricia Pacajes confiesa que condenó sin pruebas suficiente y por presiones a Jhiery Fernández en el caso del bebé Alexander, Blanco fue objeto de una serie de críticas por parte de la familia del médico y de diferentes sectores porque fue el responsable en un primer momento de la investigación de dicho caso. (05-11-2018)

La Razón

martes, 30 de octubre de 2018

Derecho a la vida en la carrera administrativa


La SCP 0241/2017-S2 de 20 de marzo asumiendo el entendimiento de la SCP 1417/2012 de 20 de septiembre, respecto a la protección constitucional del ser en gestación y de los padres progenitores, estableció: “…Son servidoras y servidores públicos las personas quedesempeñan funciones públicas. Las servidoras y los servidores públicos forman parte de la carrera administrativa, excepto aquellas personas que desempeñen cargos electivos, las designadas y los designados, y quienes ejerzan funciones de libre nombramiento, norma constitucional de la que se colige, que no forman parte de la carrera administrativa los servidores públicos de libre nombramiento entre otros, y por lo tanto de acuerdo al art. 7.II inc. a) del EFP, no llegan a gozar del derecho a una estabilidad laboral. Sin embargo, es preciso indicar, que estas normas no deben interpretarse de manera literal, así como tampoco de manera aislada al resto de las normas constitucionales, sino más bien, debe ser entendida en base a una interpretación teleológica y sistemática; puesto que el art. 233 de la CPE, si bien hace una distinción de los tipos de servidores públicos, ello no debe entenderse como una negación absoluta de derechos a aquellos funcionarios que no forman parte de la carrera administrativa, puesto que la negación establecida en el art. 7.II. inc. a) del EFP, debe tener su excepción, en el caso en el que se ingrese a analizar situaciones de grupos vulnerables -que de igual manera pueden tener la calidad de servidores públicos- y merezcan protección especial por parte del Estado, tal como sucede con el caso de las mujeres embarazadas, personas con capacidades diferentes, adultos mayores, etc.; por lo que a tiempo de aplicar lo dispuesto por el art. 233 de la CPE, se debe realizar previamente, una interpretación sistemática de las normas de la Ley Fundamental, ya que si se omitiera la misma, se correría el grave riesgo de vulnerar derechos fundamentales de las personas, tal como sucedería con el caso de las mujeres embarazadas y los progenitores, debido a que su situación laboral no llega a ser la misma que la de otras personas, esto debido al estado de embarazo o paternidad, en el que se encuentran.

El Estado a través de la legislación ordinaria, estableció y reconoció el derecho a la estabilidad laboral, a favor de los funcionarios de carrera de la administración pública, debido a que los mismos ingresaron a desempeñar funciones, en base a todo un proceso de contratación, de reclutamiento y selección, situación que no acontece con los servidores públicos de libre nombramiento, ya que llegan a ser funcionarios administrativos de confianza y asesoramiento para los servidores públicos electos o designados; los cuales pueden ser retirados de su cargo, por la autoridad que los nombró.

En este sentido y tomando en cuenta que la Constitución Política del Estado de Bolivia, es amplia, garantista y progresista, que tiende a la protección eficaz y eficiente de los derechos de las personas, así como de las garantías establecidas para el efecto; corresponde indicar, que si bien el art. 233 de la CPE, establece que los servidores públicos de libre nombramiento, no llegan a ser considerados funcionarios de carrera, por haber ingresado a ejercer funciones mediante el procedimiento diferente al establecido para estos últimos, y que por tal motivo, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 7.II. inc. a) de la EFP, carecen de estabilidad laboral; ello no debe entenderse en un marco de razonabilidad absoluta negativa, sino más bien diferenciada, de acuerdo al grupo de personas de quien se hable y las condiciones especiales que las distingue; es así que en el caso de las mujeres embarazadas que son servidoras públicas de libre nombramiento, deberá entenderse el art. 233 de la CPE, en el marco de lo dispuesto por el art. 48.II y IV de la CPE, así como por los arts. 13.I y 14.III de la CPE; es decir, que si bien la regla llega a ser que en dichos cargos los mencionados servidores públicos, no gozan de estabilidad laboral, por no ser parte de la carrera administrativa; sin embargo, existirá una excepción en ocasión de que se trate de grupos de servidores públicos en estado de vulnerabilidad, los cuales merecen una mayor protección por parte del Estado, tal como sucede con las mujeres embarazadas, padres progenitores, personas con
capacidades diferentes y adultos mayores.

En este entendido, en el caso de las mujeres embarazadas y progenitores que son servidores públicos, y que no formen parte de la carrera administrativa, como es el caso de los funcionarios de libre nombramiento, deberá aplicarse la excepción que se deduce de lo dispuesto en el art. 48.IV de la CPE, que dice: ‘Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos. Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad’, puesto que en dicha norma constitucional, se reconoce -sin discriminación alguna- a todas las personas (incluyendo servidores públicos de libre nombramiento) el derecho de permanecer en el cargo que desempeñaban, hasta que el hijo o hija cumpla un año de edad; razonamiento al que se arriba, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 48.II que dice: «Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador», ya que como se tiene indicado, el Estado tiene la obligación de proteger a los trabajadores -sean estos del sector público o privado- propendiendo en todo caso, a que los mismos tengan una continuidad y estabilidad laboral; más aún si se trata de casos, en los que una servidora pública, se encuentra en estado de embarazo o un progenitor tenga a su esposa o conviviente en el mismo estado; puesto que lo que se precautela en todos estos casos, no es el trabajo simple y llano del trabajador, sino los derechos del nasciturus (interpretación finalista) que se encuentra en el vientre materno o del hijo-hija recién nacido, entre los que se encuentra el derecho primordial a la vida, reconocido en el art. 15 de la CPE que dice: ‘Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte’; así como también el derecho a la salud, reconocido en el art. 18 de la CPE, que señala: ‘I. Todas las personas tienen derecho a la salud. II. El Estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas, sin exclusión ni discriminación alguna’ toda vez que el trabajo, al ser el medio por el cual se procura de los medios de subsistencia para uno mismo y su familia, entendiendo a esta última, no solo a las personas ya nacidas, sino también a las que están por nacer, puesto que si bien se encuentran aún en el vientre materno, ya llegan a ser miembros integrantes de la familia, la cual de igual manera, debe ser protegida por parte del Estado, según lo dispone el art. 62 de la CPE, que dice: «El Estado reconoce y protege a las familias como el núcleo fundamental de la sociedad, y garantizará las condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo integral. Todos sus integrantes tienen igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades» y el art. 64 de la CPE, ‘I. Los cónyuges o convivientes tienen el deber de atender, en igualdad de condiciones y mediante el esfuerzo común, el mantenimiento y responsabilidad del hogar, la educación y formación integral de las hijas e hijos mientras sean menores o tengan alguna discapacidad. II. El Estado protegerá y asistirá a quienes sean responsables de las familias en el ejercicio de sus obligaciones’, siendo por ende una obligación insoslayable la de proteger a la familia, no pudiendo por ella dejarle en desamparo’.

Consecuentemente, en aplicación del principio constitucional pro homine, por el cual debe entenderse la norma, en el sentido más amplio y no así en el sentido restringido, se establece que las servidoras públicas de libre nombramiento, que se encuentren en estado de embarazo o en su caso el servidor público de libre nombramiento, que sea progenitor, merecerá la protección del Estado, a través de todas sus instancias y órganos, reconociéndoles el derecho establecido en el art. 48.IV de la CPE; sin embargo, dadas sus características especiales en las que se encuentran, como servidores públicos que no se encuentran en la carrera administrativa, deberá otorgarse la protección -en aplicación de lo dispuesto por el art. 48.IV de la CPE- permitiendo se mantengan desempeñando funciones en la misma institución en la que fueron agradecidas sus labores, hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad; empero, tomando en cuenta que al no gozar ya de la confianza de la autoridad que los eligió, deberán permanecer -excepcionalmente- en otro cargo similar o idéntico, con similar o idéntico sueldo y con reconocimiento pleno de sus derechos a la seguridad social, para que de esta manera cuenten con la certidumbre de que no se les retirará del cargo, por razón del embarazo y que se protegerá el derecho a la vida y
salud de su hijo; ello en razón, a que al estar aquellos cargos a decisión y disposición de los electos o designados; y se hubiese perdido la confianza prestada en dicho personal, no podrá obligarse a dicha autoridad, a permanecer con aquel personal con el que ya no goza de aquella confianza.

En este tipo de casos, deberá entenderse a la inamovilidad por razón de embarazo, no en el sentido literal de la palabra, cual sería no mover al servidor público del cargo que ocupa, sino más bien, como una forma de estabilidad laboral en la que sí se los podrá mover -excepcionalmente y por única vez- a otro cargo similar o idéntico dentro la misma institución, con la finalidad de precautelar el bienestar del nasciturus, del hijo o hija recién nacida, resguardando su vida y salud hasta que cumpla su primer año de vida puesto que la estabilidad propiamente dicha (al ser el género), no sólo abarca a este tipo de situaciones de inamovilidad (que es la especie), sino al hecho de permanecer en el cargo de acuerdo a normas establecidas y por un tiempo determinado, como sucede en el caso de las servidoras públicas de libre nombramiento embarazadas o que tienen un hijo o hija recién nacido. Dicho criterio deberá aplicarse de igual manera, a los servidores públicos de libre nombramiento progenitores, ya que ellos gozan de igual manera de protección del Estado, en su fuente de trabajo, para que de esta manera se resguarden los derechos de su hijo o hija, por nacer o nacido hasta el primer año de su nacimiento, por lo que deberá mantenerse en un cargo similar o idéntico y con similar o idéntico sueldo en la misma institución, y con pleno reconocimiento de los derechos de la seguridad social hacia su esposa embarazada, por el tiempo establecido en el art. 48.IV de la CPE.

(…)

Debiendo por lo tanto, dejarse comprendido que de acuerdo al razonamiento expuesto en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Resolución, la protección constitucional establecida en el art. 48.VI de la CPE, alcanza sin discriminación alguna, a las servidoras públicas de libre nombramiento, en virtud a que los derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado, son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos, teniendo el Estado la obligación de protegerlos, respetarlos, garantizando el eficaz ejercicio de los mismos, tal como lo disponen los arts. 13 y 14 de la CPE, más aún si se trata de proteger el derecho a la vida, como derecho primordial e imprescindible para el ejercicio de otros derechos humanos; del derecho a la salud, reconocido a todas las personas habitantes del Estado Plurinacional de Bolivia, así como también de la protección especial a la maternidad y la familia, tal como lo establece los arts. 45.V y 62 de la CPE, que se encuentran en directa relación con lo dispuesto por el art. 10 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que dice: «Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que: 1. Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo. El matrimonio debe contraerse con el libre consentimiento de los futuros cónyuges. 2. Se debe conceder especial protección a las madres durante un período de tiempo razonable antes y después del parto. Durante dicho período, a las madres que trabajen se les debe conceder licencia con remuneración o con prestaciones adecuadas de seguridad social», así como por lo dispuesto por el art. 11.2 de la Convención Sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que señala: A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados Partes tomarán medidas adecuadas para: a) Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o licencia de maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base del estado civil; b) Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o los beneficios sociales…” (las negrillas son nuestras).

La Gaceta

sábado, 13 de octubre de 2018

13 de octubre: Día del Abogado en Bolivia

La Paz, 13 oct.- El “Día del Abogado” en Bolivia se celebra todos los años el 13 de Octubre. Es un día conmemorativo dedicado a la noble profesión de la abogacía, “ad vocatus”, que en latín significa: llamar, abogar, es decir, se distinguía en Roma a la persona que tenía el enorme caudal de conocimiento y como tal, podía defender a otra persona en los tribunales o ante el senado.

El 13 de Octubre fue elegido en homenaje a la fundación de la Primera Facultad de Derecho en la Universidad Mayor de San Francisco Xavier de Chuquisaca, en el año 1681.

Derecho Bolivia


jueves, 4 de octubre de 2018

Franclin Gutiérrez rompe en llanto después de salir de una audiencia


La Paz, 4 oct.- El juez Octavo de Instrucción en lo Penal de La Paz, Orlando Rojas, rechazó este jueves el pedido de libertad del dirigente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Franclin Gutiérrez, y el imputado salió llorando de su audiencia porque los policías no dejaron que se acerque ni a sus familiares.

La solicitud de cesación a la detención preventiva de Gutiérrez fue rechazada porque, según el Ministerio Público, todavía persisten los riesgos procesales de fuga y obstaculización.

“La autoridad jurisdiccional ha dispuesto que los riesgos procesales se mantienen (porque sus defensores) no han logrado desvirtuar ningún riesgo”, dijo el fiscal Luis Fernando Atanasio.

Sin embargo, Paola Barriga, abogada del dirigente cocalero, aseguró que el juez no validó los documentos presentados para certificar que el procesado cuenta con trabajo, familia y domicilio.

ANF

Usucapión decenal, ¿en qué consiste?


En el Auto Supremo Nº 410/2015 de 09 de junio, respecto a la usucapión decenal se ha señalado que: “el art. 138 del Código Civil preceptúa que “La propiedad de un bien inmueble se adquiere también por sólo la posesión continuada durante diez años”; asimismo el art. 87 del mismo sustantivo civil establece que la posesión es el poder de hecho que se ejerce sobre una cosa mediante actos que denotan la intención de tener sobre ella el derecho de propiedad u otro derecho real, de igual forma, este artículo señala que una persona posee por sí misma o por medio de otra que tiene la detentación de la cosa, entendiéndose como detentador, a los inquilinos, anticresistas, usufructuarios u ocupantes, quienes por su condición de transitorios, no ejercitan posesión por si mismos sino para el propietario o verdadero poseedor del bien; además, resulta pertinente indicar que para la procedencia de la pretensión de usucapión decenal o extraordinaria que fue planteada por la recurrente, se deben cumplir con ciertos requisitos que son necesarios, es decir, que deben concurrir los dos elementos de la posesión, que son: el corpus, que es la aprehensión material de la cosa y, el animus, que se entiende como el hecho de manifestarse como propietario de la cosa, posesión que debe ser pública, pacífica, continuada e ininterrumpida por más de diez años; elementos que la diferencian del resto de las figuras jurídicas como la detentación, ocupación y otros que solo constituyen actos de tolerancia que no fundan posesión. Con relación a la detentación, el art. 89 del Código Civil, señala que: “Quien comenzó siendo detentador no puede adquirir la posesión mientras su título no se cambie, sea por causa proveniente de un tercero o por su propia oposición frente al poseedor por cuenta de quien detentaba la cosa alegando un derecho real. Esto se aplica también a los sucesores a titulo universal”. En consecuencia de lo examinado se colige que para la procedencia de la usucapión no solo es necesario acreditar la ocupación física del bien inmueble por más de diez años, sino demostrar la posesión efectiva del bien inmueble por más de diez años con la concurrencia de los dos elementos de la posesión que son: el corpus y el animus, además que dicha posesión ha sido ejercitada de manera pública, pacífica, continua e ininterrumpida”.

Por su parte el Auto Supremo Nº 484/2014 de 29 de agosto ha establecido que: “En la posesión, el poder material que se ejerce sobre el bien se sustenta en la voluntad libre e independiente de usar o aprovechar económicamente el bien como si se tratara del propietario, es decir, sin que se reconozca dominio ajeno sobre el mismo, es precisamente esa actitud lo que marca la diferencia entre la posesión y la tenencia; en ésta última el poder o relación material de la persona con el bien, que se usa o aprovecha, está mediado por dependencia o subordinación a la voluntad de otro sujeto, lo que equivale a sostener que se reconoce dominio ajeno sobre el bien y se somete al mismo”.

Asimismo, sobre la “interversión” del título de detentador a poseedor la jurisprudencia concretada por la ex Corte Suprema de Justicia y con el que este Tribunal Supremo comparte criterio en el A.S. Nº 196 de 8 de junio de 2002, ha señalado que el precarista no puede usucapir en ningún tiempo: “para usucapir en forma extraordinaria o decenal según la legislación abrogada o la vigente, la ley exige esencialmente la posesión continuada e ininterrumpida con calidad “animus domini” de modo de quien ingresa como precarista o detentador, mientras no cambie su título que lo habilite como poseedor no puede usucapir en tiempo alguno…”.

De igual manera, en el Auto Supremo Nº 537/2013 de 24 de octubre se ha especificado que: “Cuando una persona posee por si misma o por otra un derecho propio se llama simplemente poseedor y cuando dicha posesión la ejerce en nombre de otra persona o respetando el derecho de otra persona se llama simplemente detentador de la cosa… (Las negrillas son nuestras)”.

Gaceta Jurídica

El juez tiene la potestad de definir la situación de los hijos en caso de divorcio


Sobre el recurso de casación en el fondo: De acuerdo a lo establecido en el art. 145 del CF, el juez tiene la potestad de definir en sentencia la situación de los hijos teniendo en cuenta el mejor cuidado, el interés moral y material de éstos. A ese fin, las convenciones que celebren o las proposiciones que hagan los padres pueden aceptarse siempre que consulten dicho cuidado e interés y tengan bajo su patria potestad a todos los hijos.

Por razones de moralidad, salud o educación, puede confiarse la guarda a los abuelos paternos o maternos o entre hermanos de los cónyuges prescindiéndose de los padres, en caso necesario la guarda puede ser confiada a terceras personas de conocida idoneidad.

Bajo estas premisas, es menester dejar establecido que las decisiones asumidas por los juzgadores respecto de la guarda y tenencia de los hijos no causan estado por cuanto -en el marco de lo anteriormente enunciado- puede ser modificada ulteriormente cuantas veces sea necesario, teniendo en cuenta siempre el bienestar de los hijos, toda vez que la guarda no es una potestad que se reconozca a los padres en forma autónoma, sino que se le otorga en función del cumplimiento del deber de educación, entre otros, que es el gran deber que preside las relaciones entre padres e hijos, que a su vez constituye el medio idóneo para que ellos reciban una formación integral.

Ahora bien, de la revisión de los antecedentes del proceso se puede verificar que en el presente caso, quienes más daño han sufrido y aún sufren a raíz de los actos desarrollados por los litigantes -que han desencadenado el presente proceso de divorcio- son los hijos, toda vez que, además de los maltratos que fueron objeto, alternativa y sucesivamente han estado bajo la guarda y custodia de ambos progenitores, al punto que a la fecha su custodia se halla dividida, toda vez que dos hijos están con la madre y uno con el padre, circunstancia que ni duda cabe afecta el estado emocional y psicológico de dichos adolescentes, que además, a la sazón de lo expuesto, insensiblemente se han convertido en instrumentos de coerción que cada uno de los padres utiliza en contra del otro, sin que se advierta en ninguno de ellos un verdadero sentido de responsabilidad por su bienestar, circunstancia que se puede verificar por los informes psicológicos y sociales cursantes en el expediente.

En este contexto, revisadas las decisiones asumidas por el a quo respecto de la tenencia de los hijos, que fueron confirmadas por el ad quem al resolver el recurso de apelación, éste tribunal, velando por la estabilidad y el mejor interés moral y material de los adolescentes, considera que no existen razones suficientes para modificar dichas decisiones, circunstancia en la que se redundaría si se modifica la actual situación en la que se encuentran, generando nuevamente inestabilidad y cambios esenciales que ni duda cabe repercutirían en su desarrollo biopsicosocial y emocional, lo que no implica sin embargo, que no se van a dejar de considerar los antecedentes de maltrato constantes en el expediente, por lo que conforme a lo determinado por el ad quem, se ordena la remisión de antecedentes ante el Juez del niño, niña y adolescente, para que a través del respectivo proceso, se investigue su actual situación y se asuma una decisión acorde a dichos datos.

En cuanto a la asistencia familiar que no fue establecida para el hijo que quedó bajo la patria potestad del padre, corresponde señalar que la obligación de asistir, alimentar, educar y proporcionar el sustento necesario, es una cuestión atingente a ambos padres, por lo que, en casos como el presente, en el que se dividió la custodia de los hijos, el Juez como tutor natural de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, tiene la obligación de velar porque cada uno de los hijos cuente con los medios necesarios para subsistir, razón por la cual, en el marco de lo previsto en los arts. 5, 14, 15-2), 24, 173 y 174-2) del Código de Familia y en aplicación del principio de igualdad, debió fijar asistencia familiar para el hijo Marco Santiago Aldana Cabrera que quedó bajo la guarda de su padre, lo que nos lleva a concluir que en lo que respecta a este hecho, corresponde casar en parte el auto de vista impugnado y fijar un monto de asistencia familiar con cargo a la madre, para lo que se considera a prima facie la certificación de fs. 281 que acredita su condición de Notaria de Fe Pública, la edad en la que se encuentra el beneficiario y las necesidades naturales de éste, dejando establecido que el monto que se fije pueda sufrir variaciones de acuerdo a las necesidades de quien la recibe y las posibilidades de quien debe darla.

Gaceta Jurídica

domingo, 30 de septiembre de 2018

Afirman que Edwin Blanco usa falsos testigos para vincular e imputar a inocentes


30 Sep 2018.- El fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, usó falsos testigos para vincular e imputar a inocentes, según denunció el teniente coronel de la Policía, Freddy Valda.

El oficial de Policía dijo a ANF que Blanco, junto a otros fiscales, “han desarrollado un 'modus operandi' para plantar evidencias y acusar a inocentes con falsos testimonios incriminatorios”.

Según la denuncia, el fiscal Blanco habría activado indebidamente la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos (UPAVT) para persuadir a que firmen falsos testimonios con la promesa de brindarles “protección especial”.

Valda detalló que ese extremo fue admitido por una mujer que se identificó como J.M. (se reserva el nombre por razones de seguridad), quien afirmó que el fiscal departamental “hizo declarar a su hija en cámara Gesell para involucrarme en un caso de estafa”.

Según explicaron a este medio funcionarios de la Fiscalía Departamental de La Paz, la UPAVT sólo se activa en casos de especial reserva y para proteger la integridad de víctimas de violencia sexual, pedofilia, trata y tráfico de personas, y no se conoce ningún caso de supuesta corrupción en el que se hubiera actuado con ese procedimiento.

El caso Katanas fue el único en el que oficialmente se activó a la UPAVT para proteger a las víctimas que declararon contra los principales involucrados.

Valda dijo que no es la primera vez que Blanco planta evidencias en su contra. “Ya en noviembre de 2016 me implicó en el consorcio de abogados y fiscales a la cabeza del fiscal anticorrupción Angelo Saravia, demostré mi inocencia, pero eso me costó varios meses en la cárcel”, lamentó.

Señaló que la falsa testigo lo incriminó por su supuesta participación en la estafa a postulantes de la Academia Nacional de Policías (Anapol), cuyos principales incriminados son Kuscaya Velasco y el exinspector general de la Policía, Gari Omonte.

Los detalles de cómo se obtuvo el falso testimonio incriminatorio están descritos en una denuncia que presentó la hija de J.M. ante los ministerios de Justicia y de Gobierno en la que admite que se incriminó a Valda para recibir ayuda de la fiscalía y resarcirse de la estafa que se sufrió en el caso Anapol.

En esa denuncia, la joven señala que por instrucciones de Blanco, el fiscal Almanza, una teniente y una psicóloga de la Fiscalía, la condujeron a la cámara Gessel para un desfile identificativo, (pero) con antelación ya sabía que debía señalar a Valda como pareja y cómplice de Kuskaya Velasco y como la persona que recibió dinero para facilitar el ingreso de su hermano a la Academia.

En un audio al que accedió a ANF, se escucha cuando reclaman al fiscal Blanco por la falta de celeridad en el proceso y por no haber cumplido con las promesas de esa autoridad a cambio del falso testimonio.

Así, “con falsos testimonios y plantando evidencias, Blanco intenta evitar que prosperen las denuncias que formulé en su contra por corrupción y tráfico de influencias”, apuntó Valda.

ANF

jueves, 27 de septiembre de 2018

Edwin Blanco queda al margen de la carrera a Fiscal General


La Paz, 27 sep.- El Fiscal Departamental de La Paz Edwin Blanco no logró la nota mínima de 56 puntos para ingresar a la lista de aspirantes a Fiscal General del Estado, nómina de la que será designado el Fiscal General del Estado en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Seis aspirantes tienen notas que superan los 70 puntos.

Entre la evaluación curricular y el examen escrito acumuló 36,25 puntos y en la entrevista sacó 15,33, en consecuencia su nota final es de 51,58 sobre 100 puntos, insuficiente para continuar en la carrera por alcanzar el máximo cargo del Ministerio Público.

Blanco está en el centro de la tormenta de críticas al Ministerio Público y a la administración de justicia por el caso bebé Alexander y una sentencia en contra de Jhiery Fernández, pese a que una jueza reveló que es inocente.

Junto al mencionado fiscal, otros candidatos quedaron fuera del proceso como: Silvano Arancibia, Guido Balboa, Wilber Choque, Jhasmani Cortez, Susan Durán, Leandro Lafuente, Arturo Laime, Mario Mariscal, Andrés Pérez.

La presidenta de la Comisión Mixta de Justicia Plural Adriana Salvatierra informó que “un total de 26 postulantes quedan habilitados para la Asamblea Legislativa, 26 postulantes que obtuvieron un puntaje superior a 56 puntos”.

Hasta mañana la comisión remitirá su informe a la presidencia de la Asamblea Legislativa y quedará a disposición de esta instancia el proceso de designación en base a la nómina de los 26 habilitados.

De acuerdo con la lista, seis candidatos obtuvieron las mejores calificaciones: el presidente del Tribunal Departamental de Santa Cruz, Mirael Salguero obtuvo la máxima calificación de 79,41 puntos; le sigue el ex director de DIREMAR, ex magistrado del Tribunal Constitucional (nombrado por el presidente Evo Morales) y actual presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Juan Lanchipa que logró 79,36 puntos.

Juan de la Cruz Vargas es director departamental de la Procuraduría en Cochabamba y obtuvo la tercera mejor calificación con 79,25 puntos; Milton Iván Montellano es fiscal de Chuquisaca que alcanzó a 74,50 puntos; seguido de William Alave logró 72,55 puntos.

Salvatierra al ser consultada si se respetarán las máximas calificaciones para la elección del titular del Ministerio Público, dijo que “Todos los postulantes que han superado los 56 puntos pasarán a la Asamblea Legislativa”.

Correo del Sur

miércoles, 26 de septiembre de 2018

Abogados de Jhiery Fernández denunciará a Mérida y Guerrero ante la Magistratura


La Paz, 26 sep.- La abogada Zuleika Lanza informó este miércoles que la defensa del médico Jhiery Fernández presentará una denuncia, ante el Consejo de la Magistratura (CM), en contra de los jueces del Tribunal Décimo de Sentencia, Roberto Mérida y Gladys Guerrero, para que sean destituidos de sus cargos y ya no continuen a cargo del caso del galeno.

“Nosotros hoy estamos presentando la denuncia en el Consejo de la Magistratura a efectos de que se suspendan a estos jueces, porque ustedes van a conocer la sentencia (de la última audiencia) en su integridad, la sentencia es copy page (de fallo que condenó a Fernández)”, enfatizó.

Además, Lanza recordó que los Mérida y Guerrero también tienen responsabilidad al firmar la resolución que condenó al galeno, por el caso Alexander, sin tener pruebas científicas que demuestren su culpabilidad del implicado.

“El doctor Mérida y la doctora Guerrero, estos jueces también deben ser procesados por la misma lealtad procesal que existe”, acotó

Luego de hacerse público el audio en el cual la ex jueza Patricia Pacajes admitió que condenó a Fernández siendo inocente, el pasado martes en la madrugada se efectuó la audiencia de cesación a la detención preventiva del profesional en salud, en la misma los enjuiciadores que lo sentenciaron determinaron que siga en prisión.

Urgentebo

Código Penal de Bolivia

Nueva Constitución Política del Estado-Bolivia

Derecho Bolivia

Derecho Bolivia
Emblema de la justicia en Bolivia.