miércoles, 15 de octubre de 2014

Audiencia en El Alto trece veces suspendida

El Alto, 15 de octubre.- Error en la transcripción de la hora, desfiles escolares, partidos de fútbol, extravió del cuaderno de investigaciones por la fiscalía son algunas razones por las cuales las audiencias en El Alto se suspenden.

“Modesto M. y Rosalía S. de M., actualmente se hallan dentro de un proceso tipo penal, querellados por falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y estelionato”, informó Raúl Q., abogado patrocinador de la parte denunciante.

“Señor Juez; conforme los antecedentes que cursa dentro del cuaderno de control jurisdiccional. Resolución Nº 341/2013 de fecha 21 de septiembre de 2013 se evidencia que existe acumulación de proceso, que se tramitaba en el Juzgado Cuarto de Instrucción en lo Penal Cautelar de El Alto”, “Solicito a su autoridad ordene al Fiscal Dr. Nelson Quisbert, que emita el cuaderno de investigaciones signado con el Nº 3567/2011 a cargo del Fiscal Dr. Guido Colbert, petición que la realizo al amparo del Art. 24 de la Constitución Política del Estado y el Art. 12 del Código de Procedimiento Penal”, indica la orden de remisión del cuaderno de investigación al Fiscal que conoce la causa, firmada por el abogado Raúl Q..

Fuerzas de flaqueza

Durante la gestión 2014 esta Audiencia de tipo penal se suspendió 13 veces. El bien inmueble de 500 metros cuadrados que se halla en la Avenida 16 de Julio, frente a la iglesia Santa María de los Ángeles, fue hurtado por Modesto M. desde la muerte de su hermano, Sebastián M. goza de impunidad. Flavio Zambrana, abogado y Juan Carlos Merlo, notario de fe pública, son cómplices de la nefasta declaratoria del derecho hereditario y propietario. Daniel Ángel Espinar Molina, Juez Quinto de Instrucción en lo Penal, junto a la complicidad de Nelson Quisbert y Colbert Perez, fiscales de turno, provocan la nefasta retardación de justicia.

Texto y fotos: Adalit Martínez
Contactos: derechobol@gmail.com
DERECHO BOLIVIA

jueves, 9 de octubre de 2014

Grover Huayta analiza Infanticidio

El Alto, 9 de octubre.- Grover Huayta, abogado que trabaja en El Alto analiza Infanticidio, cuya condena se cataloga en el Código Penal concordado con la nueva Constitución Política del Estado. Radio Conciencia 1100 AM y el programa Voces de El Alto tuvo la grata visita del especialista en leyes. Homicidio, asesinato, feminicidio, parricidio, homicidio por emoción violenta, homicidio por practicas deportivas, suicidio, homicidio piadoso, homicidio en riña o a consecuencia de agresión, homicidio culposo, homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidentes de tránsito, omisión de socorro. Son artículos contemplados en el capitulo I, titulo VIII, rotulado Delitos Contra la Vida y la Integridad Corporal.

Causas del Infanticidio

“El abandono del bebé en un hogar cerrado sin leche puede ser tipificado como infanticidio”, “el ministerio público se encarga de investigar y recopilar todas las pruebas necesarias”, “muchas jovencitas se juntan a temprana edad y quienes pagan los platos rotos son los bebés”, “el representante del ministerio público es un representante del Estado y tiene que asesorar a personas que desconocen las normas jurídicas”, “el Estado proporciona asesoramiento jurídico hacia las madres jóvenes y fáciles de engañar”, explicó el abogado Huayta.

Articulo 258 fue declarado inconstitucional

“La madre que, para encubrir su fragilidad o deshonra, diere muerte a su hijo durante el parto o hasta tres (3) días después, incurrirá en privación de libertad de uno (1) a tres (3) años”.

Ley 548 del 17 de julio de 2014

“Será sancionado con pena de presidio de 30 años sin derecho a indulto aquel que mate a una niña o niño desde su nacimiento hasta sus 12 años”.

Atención gratuita

Grover Huayta, especialista en leyes tiene su oficina jurídica “Huayta y Asociados”, en la Avenida Juan Pablo II. Edificio El Ceibo. Piso 2. Oficina 209.

Atiende procesos jurídicos totalmente gratuitos. Penales, civiles, familiares, laborales, procesos 1008, coactivos, ejecutivos, constitución de sociedades y, tramites en general.

Texto y fotos: Alberto Medrano
Contactos: derechobol@gmail.com
DERECHO BOLIVIA



miércoles, 8 de octubre de 2014

Libro Derecho Ecónomico de Ramiro Llanos

Nuevo libro para la comunidad universitaria (UPEA), costo Bs. 70.-

Temáticas: conocer los regímenes económicos individualistas, colectivistas y autoritarios y ubicarse teóricamente como un Estado se define por la liberalidad del mercado (neoliberalismo) o por la economía planificada desde el Estado.

Ramiro Llanos

Diplomado de Especialización en Derecho Procesal Constitucional - Perú

Lo invitamos a participar de nuestro Evento Académico “Diploma de Especialización en Derecho Procesal Constitucional”, que se llevará a cabo en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, entre el 7 de octubre al 13 de diciembre.

El horario será de los martes a partir de las 6 de la tarde y sábados desde las 9 de la mañana, se ofrece este evento en dos modalidades presencial y virtual, se acredita por 120 horas académicas, tenga en cuenta el prestigio que tenemos a nivel nacional e internacional, siendo una Universidad acreditada y la Decana de América.

Participaran como expositores miembros, ex miembros, asesores jurisdiccionales del Tribunal Constitucional así como maestros Sanmarquinos y otros importantes invitados, en total son 22 expositores con amplio conocimiento.

Para mayores detalles puede ingresar a la siguiente dirección:
http://www.recursosvirtualesperu.com/ceups/diplomado
email: ceups.derecho.unmsm@gmail.com / ceups.derecho@unmsm.edu.pe
facebook: ceups.derechounmsm

Hay facilidades de pago pues deseamos que muchos académicos participen, los pagos son mediante abono en cuenta del banco Financiero o Tiendas CARSA al código 024-337 (ver website INVERSION)
Muchas gracias por su atención y difusión de este evento. MATRICULA ABIERTA NO ESPERE AL ULTIMO MOMENTO, AHORA CON MAYORES FACILIDADES PARA LOS PARTiCIPANTES NACIONALES Y DEL EXTRANJERO
PRECIOS PROMOCIONALES PARA ESTUDIANTES DE PRE GRADO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA DE LA UNMSM

Atte
CEUPS / Fac. de Derecho y C.P.
UNMSM

lunes, 6 de octubre de 2014

Marco Fuentes generará Tarjeta de Oportunidades para jóvenes de El Alto

El Alto, 6 de octubre.- Fuentes, candidato por la Circunscripción 11 de El Alto por Unidad Demócrata (UD) afirmo en el programa Zona Pública, emitido por cadena A canal 36, que creará empleos para jóvenes de El Alto, denominado “Tarjeta de Oportunidades”.

Paola Belmonte y Martin Sotomayor tuvieron la grata visita de Marco Antonio Fuentes, quien es el candidato con mayor juventud y posee nueva brisa de liderazgo entre los resplandecientes valores políticos de El Alto.

“Unidad Demócrata tiene la misión de renovar lideres buscando una renovación generacional de cuadros políticos”, “el diputado uninominal debe representar a todas las organizaciones que se hallan en la circunscripción 11”, “si llego a la asamblea lo primero que voy hacer es fiscalizar instituciones y proponer leyes para el desarrollo de El Alto”.

Tarjeta de Oportunidades

“Los jóvenes carecen de oportunidades para migrar al campo laboral, nos colocan obstáculos para optar a algún empleo exigiendo años de experiencia”, “Unidad Demócrata creará la ‘Tarjeta de Oportunidades’ que impulsará generar empleo para los jóvenes profesionales en instituciones públicas o privadas”, explicó Fuentes.

Castigo a delincuentes

“Me comprometo a fiscalizar el aparato judicial con el propósito de endurecer penas”, “impulsaré una ley que castigue la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad”, subrayó.

Texto y fotos: Alberto Medrano
www.boliviatv.net

viernes, 19 de septiembre de 2014

IV Congreso Latinoamericano de Derecho

El IV Congreso Latinoamericano de Derecho, en el auditorio del Colegio de Abogados de La Paz, desarrollo Jurisprudencial.

jueves, 11 de septiembre de 2014

Seminario Evidencia Digital en los Procesos Judiciales

El desarrollo del uso de Recursos Tecnologicos (computadores, smartphone´s, aplicaciones, correos electronicos, etc), hacen que cada vez se van presentando mas casos, con EVIDENCIA DIGITAL, es por eso que los convocamos a este Seminario, en el que aprenderan el Procedimiento de informatica Forense a seguir y que aspectos deben considerar para que la Evidencia Digital sea ADMINISIBLE en los distintos procesos judiciales.

A fines de Septiembre estaremos en Sucre, con el Seminario "ADMISIBILIDAD DE LA EVIDENCIA DIGITAL EN LOS PROCESOS JUDICIALES".

Claudia Araujo

Confraternidad carcelaria de Bolivia: Carta de Ramiro Llanos

La Paz, 16 de junio de 2014

Señor
Evo Morales Ayma
Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia
Presente.-
REF: UN TERCER Y DEFINITIVO INDULTO PARA QUE NO SUFRAN EN LAS CARCELES LOS DEBILES, HUMILDES Y EMPOBRECIDOS
Señor Presidente:
Lamentablemente los dos indultos aprobados por su autoridad no han tenido el éxito que se requería, en el último no hemos podido llegar a las 2000 personas como indicaron nuestros ministros y solo pudimos superar a las 600 personas privadas de libertad.
Se han aprobado dos indultos en el país y lamentablemente aun subsisten en las cárceles aquellas personas que sufren en su interior (jóvenes, adultos mayores, mujeres con hijos, detenidos preventivos).
Es necesario hacer una pequeña historia de lo que sucedió con los anteriores indultos, y que ahora ante el número tan pequeño de beneficiarios, deben ser subsanados los errores.
El primer indulto daba un plazo de 60 días para que los sentenciados a 10 y 8 años puedan presentar sus documentos y beneficiarse y daba 90 días para detenidos preventivos quienes podrían ir a un proceso abreviado y conseguir su sentencia, lamentablemente los privados de libertad no pudieron obtener la documentación y beneficiarse de esta medida presidencial, el tiempo fue muy corto solo 280 personas se beneficiaron, esta iniciativa la desarrollo Régimen Penitenciario y las Máximas Autoridades Ejecutivas fueron las que llevaron al Presidente del Estado Plurinacional para su consideración.
El segundo indulto y amnistía luego de un trabajo de coordinación de varias semanas entre Régimen Penitenciario y abogados de los distintos ministerios se pretendía beneficiar a los que estaban sufriendo en las cárceles. Lamentablemente al momento de su consideración en el gabinete de ministros, fue aprobado el documento menos consensuado, manteniendo errores incluso de sintaxis. Los delitos con sentencias menores de 10 años se redujeron a 8 años y con esto muchos quedaron en cárceles sin ser beneficiados, no se considero el tercio de encarcelamiento que permite al privado de libertad reflexionar sobre su accionar delictivo y tener un mínimo de arrepentimiento. En todo el año que tiene vigencia el indulto actual saldrán aproximadamente más de 600 personas. Las Máximas Autoridades Ejecutivas no pudieron socializar adecuadamente con Ud., señor Presidente del Estado Plurinacional el indulto y amnistía y se genero otro documento sin relevancia social para los privados de libertad.
Es necesario ahora un tercer indulto y que este sea definitivo, sin errores, sin apresuramientos, sin mentirle a Ud., Presidente, que el beneficio llegue a los débiles que viven en las cárceles y que no pueden defenderse de privados de libertad brabucones que se aprovechan de ellos. Que el indulto beneficie a los humildes ya que muchos privados de libertad tienen esa condición social y la justicia los detuvo porque no tenían posibilidades de defensa. Que el indulto beneficie a los pobres ya que este gobierno es de ellos y que por razones de falta de trabajo muchos cometen delitos menores y tienen que permanecer en cárceles sin opciones de vida.
El nuevo indulto debe determinar los siguientes aspectos:
• Indulto general de la pena para sentencias igual o menores de 10 años para los que sufren en las cárceles y que por razones humanitarias se debe liberarlos cumpliendo con algunos requisitos como el cumplimiento necesario del tercio en cárcel y ser delitos sin relevancia social.
• Indulto particular de 2 años a los que no puedan acogerse al indulto total de la pena.
• Obligatoriedad de permanecer en la cárcel un tercio de la condena para que el privado de libertad reflexione sobre su conducta y sienta que la cárcel no es lo adecuado para su vida.
• Indulto abierto por 4 años para que se cumpla con el tercio de condena en establecimiento penitenciario.
• Plazo de 356 días para que los privados de libertad sentenciados y preventivos puedan presentar su documentación y beneficiarse con esta gracia presidencial, estando solo a la espera del cumplimiento del tercio en cárcel.
• Incluir políticas de género en los beneficios del indulto en casos excepcionales en que las mujeres actuaron en defensa propia y esto no fue considerado por los juzgadores.
• Generar un movimiento humanizador en toda la población penitenciaria buscando que sean las personas privadas de libertad a través de la disciplina, el trabajo y la educación alcancen su libertad y de esta manera redimirse y enmendar su conducta frente a la sociedad boliviana.
Si no corregimos las cárceles están sufrirán mayores deterioros y generaran peligros inminentes para los que viven en ellas, es hora de que Ud., señor Presidente mire abajo, mire a las cárceles donde están sufriendo los mas pobres.
Atentamente:

Ramiro F. Llanos Moscoso
Ex Director General de Régimen Penitenciario
C.I. 2446610 L.P. – Cel. 72583998

Adj. Proyecto de Indulto en 6 fojas

ANTEPROYECTO DE DECRETO PRESIDENCIAL DE CONCESION DE
TERCER INDULTO

CAPITULO PRIMERO
DISPOCISIONES GENERALES

ARTÍCULO 1.- (OBJETO) El presente Decreto Presidencial tiene por objeto establecer la forma y procedimiento destinado a la concesión del indulto por causas humanitarias a las personas privadas de libertad que sufren al interior de los establecimientos penitenciarios.

ARTÍCULO 2.- (ÁMBITO DE APLICACIÓN) El indulto será aplicado a todas las personas privadas de libertad con sentencia condenatoria ejecutoriada y personas privadas de libertad detenidas preventivamente que obtengan sentencia condenatoria ejecutoriada, dentro de los requisitos, plazos y procedimientos establecidos del presente Decreto Presidencial que se encuentren recluidas en los Recintos Penitenciarios del Estado Plurinacional de Bolivia.

CAPÍTULO SEGUNDO
CLASES Y EFECTOS DEL INDULTO

ARTÍCULO 3.- (INDULTO GENERAL) I. El indulto General establece la remisión total de la pena o condena que fue impuesta en la sentencia y que no exceda de los 10 años.

II. Las personas privadas de libertad se beneficiaran del Indulto General una vez cumplida necesariamente el tiempo establecido en el presente Decreto, dentro de los cuatro años siguientes computables a partir de la promulgación del presente decreto.

ARTÍCULO 4.- (INDULTO PARTICULAR) I. El Indulto Particular establece la remisión parcial o parte de la pena o condena que fue impuesta o resta por cumplir.
II.-Se concederá el Indulto Particular de la pena privativa de libertad, en dos (2) años de la pena impuesta a las personas privadas de libertad que no pueden ser beneficiarios del Indulto General por falta de un requisito.
II. Los adolecentes imputables, jóvenes y mujeres privadas de libertad tendrán otro tratamiento conforme lo establece el presente Decreto.
III. Las personas privadas de libertad que se acogerán al indulto particular deberán haber cumplido un tercio (1/3) de la pena privativa de libertad.

ARTÍCULO 5.- (EFECTOS)
I. La concesión del indulto General surtirá el efecto de Indultar la totalidad de pena impuesta según requisitos establecidos en la presenta norma.
II. La concesión del indulto particular surtirá el efecto de Indultar parcialmente la condena faltante por cumplir.

CAPÍTULO TERCERO
BENEFICIARIOS DEL INDULTO Y EXCLUSIONES

ARTÍCULO 6.- (BENEFICIARIOS Y BENEFICIARIAS) I. Serán beneficiarios de la concesión de Indulto establecido en el presente Decreto Presidencial todas las personas privadas de libertad que cuenten con sentencia condenatoria ejecutoriada dictada dentro del plazo de trescientos sesenta y cinco (365) días calendario a la promulgación del Decreto Presidencial del Indulto.

II. Las personas privadas de libertad detenidas preventivamente y encontrándose en la etapa preparatoria, podrán acogerse al indulto siempre y cuando se sometan a procedimiento abreviado obteniendo sentencia condenatoria ejecutoriada dentro de los trescientos sesenta y cinco días (365) a la promulgación del presente Decreto Presidencial.

III. Las personas privadas de libertad con detención preventiva que hubiesen hecho uso del recurso de apelación restringida o casación, podrán acogerse al indulto retirando el recurso y obteniendo la sentencia condenatoria ejecutoriada hasta los trescientos sesenta y cinco (365) días posteriores a la promulgación del presente Decreto Presidencial. A tal efecto, los Tribunales Departamentales de Justicia y Tribunal Supremo de Justicia deberán remitir los expedientes al juzgado o tribunales de la causa, en el plazo de 48 horas de haber recibido el retiro del recurso, para que estos a su vez remitan las piezas pertinentes al Juez de Ejecución Penal.

IV. Las personas privadas de libertad con detención preventiva afectadas por la retardación de justica atribuibles al Ministerio Publico y Órgano Judicial, en base a los actuados procesales por más de un (1) año, podrán acceder al beneficio del Indulto, previo cumplimiento del articulo 24 de la presente norma.

ARTÍCULO 7.- (EXCLUSIONES) Quedan excluidas del alcance del Indulto General las personas privadas de libertad con sentencia condenatoria ejecutoriada o con medidas cautelares, por delitos de:
a) Asesinato, violación a niño, niña o adolescente, traición a la patria, espionaje, parricidio, secuestro trata y tráfico de personas, delitos contra la libertad sexual, terrorismo, extorsión, Robo Agravado en grado de autor intelectual o autor material y contrabando;
b) Relativos a la Ley N° 1008 Régimen de la coca y Sustancias controladas, con penas mayores a 10 años;
c) Económicos y/o conexos que hubiesen producido daño económico al Estado;
d) Tipificados en la Ley N°004 de Lucha contra la corrupción enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” ;
e) Y, personas privadas de libertad reincidentes en la misma clase de delitos.
f) Quedan excluidas del presente artículo las personas privadas de libertad descritas en el Artículo 24 del presente Decreto Presidencial.

ARTÍCULO 8.- (ADULTOS MAYORES) Se otorga el Indulto General de la pena a las personas privadas de libertad, varones mayores de 58 años y mujeres mayores de 55 años.

ARTÍCULO 9.- (ADOLESCENTES IMPUTABLES Y JÓVENES) I. Se otorga el indulto General a los adolescentes imputables y jóvenes en conflicto con la ley, menores de 28 años de edad, cuando:
a) Cumplan al menos 1/4 de su pena.
b) Hubiesen sido sancionadas con pena privativa de libertad no mayor a diez (10) años.

II. Se concederá el Indulto Particular en un tercio (1/3) de la pena, si el adolescente imputable y joven en conflicto con la ley no cumpla con uno de los requisitos establecidos en el presente Artículo.

ARTÍCULO 10.- (PERSONAS CON ENFERMEDAD GRAVE O INCURABLE) Se aplicara el Indulto General a las personas privadas de libertad que padezcan de enfermedad grave o incurable. Debiendo presentar informe el médico del establecimiento penitenciario y exámenes complementarios homologados por médico forense.

ARTÍCULO 11.- (PERSONAS CON DISCAPACIDAD GRAVE Y MUY GRAVE) Se beneficiará con el Indulto General a las personas privativas de libertad con discapacidad grave y muy grave, siempre que la atención amerite un cuidado especial y que hayan cumplido un cuarto (1/4) de la pena privativa de libertad, que cuenten con carnet o certificado de discapacidad grave y muy grave, expedido por autoridad competente.

ARTÍCULO 12.- (PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD POR DELITOS MENORES, CUYA PENA SEA IGUAL O MENOR A 6 AÑOS) Se beneficiará con el Indulto General a las personas privadas de libertad con penas igual o menor a seis (6) años, que hayan cumplido un cuarto (1/4) de la pena impuesta.

ARTÍCULO 13.- (PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD CON PENA MAYOR A 6 AÑOS Y MENOR A 8 AÑOS.) Se beneficiará con el Indulto General a las personas privadas de libertad con pena mayor a seis (6) y hasta ocho (8) años, que hayan cumplido un tercio (1/3) de la pena impuesta.

ARTÍCULO 14.- (LOS PADRES O MADRES CON HIJOS MENORES A SU CARGO) Se otorga el Indulto General a los padres o madres con hijos menores de doce (12) años a su cargo al interior de los Centros Penitenciarios, según registro de la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario, que hayan cumplido un tercio (1/3) de su pena impuesta, debiendo certificar el área de trabajo social del Centro Penitenciario en base a los registros existentes.

ARTÍCULO 15.- (PERSONAS SANCIONADAS POR DELITO RELATIVO A LA LEY N°1008 RÉGIMEN DE LA COCA Y SUSTANCIAS CONTROLADAS, IGUAL O MENOR A DIEZ (10) AÑOS) Se beneficiará con el Indulto General a las personas privadas de libertad con pena por delito relativo a la Ley N° 1008 Régimen de la Coca y Sustancias Controladas igual o menor a diez (10) años, que hayan cumplido un tercio (1/3) de la pena impuesta.

ARTÍCULO 16.- (PERSONAS CON BENEFICIOS PENITENCIARIO) Se aplicara el Indulto General a las personas que cuenten con beneficios penitenciarios otorgados por autoridad judicial competente y que estén cumpliendo la misma de manera regular.

ARTÍCULO 17.- (PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD QUE HAN EXCEDIDO EL MÍNIMO LEGAL) Se beneficiarán con Indulto General las personas privadas de libertad que no cuenten con sentencia condenatoria ejecutoriada, que se demuestre que la duración de su proceso de investigación hubiese excedido el mínimo penal de la condena a ser impuesta por el delito que se le está investigando, previo cumplimiento del articulo 24 de la presente norma.

CAPÍTULO CUARTO
REQUISITOS PARA SOLICITAR EL INDULTO

ARTICULO 18.- (TRÁMITE Y EJECUCIÓN). I. La Dirección General de Régimen Penitenciario a través de las Direcciones Departamentales de Régimen Penitenciario elaborará la lista de beneficiarias y beneficiarios que cuenten con la siguiente documentación de respaldo:

a) Documento que acredite la identidad del indultado;
b) Certificado del Sistema de seguimiento de causas penales y estadísticas judiciales –INAUS-, que acredite no tener una segunda imputación penal por delito doloso;
c) Carnet o Certificado de discapacidad expedido por autoridad competente, cuando corresponda;
d) Certificado de permanencia y conducta expedido por el establecimiento penitenciario;
e) Certificado médico, cuando corresponda.

II. La solicitud para la concesión del Indulto, debe ser presentada de manera voluntaria y escrita por el interesado, mediante formulario otorgado por la Dirección General de Régimen Penitenciario.

CAPITULO QUINTO

ARTÍCULO 23.- (RESOLUCIÓN DE HOMOLOGACIÓN DEL INDULTO) I. El Tribunal Departamental de Justicia una vez recibido el informe de la Dirección General de Régimen Penitenciario en el plazo de dos (2) días remitirá al Juzgado de Ejecución Penal Correspondiente.
II. El Juez de Ejecución Penal realizará un análisis sobre el cumplimiento de los requisitos en un plazo máximo de cinco (5) días calendario, computables a partir de recepción del informe, debiendo homologar mediante resolución el Indulto. La resolución pronunciada no admite recurso ulterior.
III. En caso de existir observaciones subsanables al informe emitido por la Dirección General de Régimen Penitenciario, el Juez de Ejecución Penal deberá remitir mediante oficio a la Dirección General de Régimen Penitenciario en el plazo de dos (2) días, para que esta subsane las observaciones en el plazo no mayor a dos (2) días y remita al Juez de Ejecución Penal para su pronunciamiento.

ARTÍCULO 24.- (RESOLUCIÓN DE HOMOLOGACIÓN DEL INDULTO POR EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN POR DURACIÓN MÁXIMA DEL PROCESO) I. El Tribunal Departamental de Justicia una vez recibido el informe de la Dirección General de Régimen Penitenciario en el plazo de dos (2) días remitirá a la Sala Penal Correspondiente.
II. La Sala Penal Correspondiente realizará un análisis en un plazo máximo de quince (15) días calendario, computables a partir de recepción del informe, debiendo pronunciarse y homologar mediante resolución el Indulto, remitiendo al Juzgado de Ejecución Penal Correspondiente. La resolución pronunciada no admite recurso ulterior.
III. El Juez de Ejecución Penal recepcionará la Resolución de Homologación debiendo emitir en el plazo de 24 horas expedirá el mandamiento de libertad definitiva.

ARTÍCULO 25.- (EXCEPCIÓN) Se concederá el Indulto Particular de la pena privativa de libertad, en un tercio (1/3) de la pena impuesta, a las mujeres privadas de libertad que estén sentenciadas por delitos contra la vida a sus cónyuges, convivientes o parejas que hayan alegado legítima defensa, que curse en actuados procesales, siempre y cuando sea su primer delito, hayan demostrado buen comportamiento, meritos laborables, educativos y sociales de forma continua. El Instituto de Investigaciones Forenses –IDIF- realizara la valoración psicológica. La excepción estará sujeta a la valoración del Tribunal Departamental de Justicia, previo cumplimiento del artículo 24 de la presente norma.

ARTÍCULO 26.- (COMPROMISO DE BUENA CONDUCTA) La persona privada de libertad beneficiada del Indulto deberá suscribir un compromiso ante la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario de buena conducta y alejamiento de actividades ilícitas. El cual será remitido a solicitud de la parte interesada en cualquier proceso penal.

ARTÍCULO 27.- (COOPERACIÓN) I. Todas la instituciones públicas que participen en el proceso de concesión del Indulto deberán colaborar de forma inmediata y gratuita.
II. Los Directores de los Establecimientos Penitenciarios deberán emitir el Certificado de Permanencia y conducta a petición verbal del privado de libertad en un plazo de 48 horas de recibida la solicitud.
III. El Ministerio Público a través del Instituto de Investigaciones Forenses IDIF, deberá homologar los informes médicos para las personas con enfermedades graves o en estado terminal en un plazo no mayor de 48 horas de recibida la solicitud.
IV. El Órgano Judicial: a) Deberá resolver las solicitudes de las personas privadas de libertad que requieran acogerse al indulto en plazos oportunos. b) Deberá emitir los certificados del sistema de seguimiento de causa penales y estadísticas judiciales IANUS y/o las fotocopias legalizadas de la sentencia condenatoria ejecutoriada, en el plazo de 24 horas de emitida la solicitud.
V. Ministerio de Salud y Deportes mediante los hospitales de tercer nivel deberá coadyuvar con exámenes especializados debiendo emitir sus respectivos informes, en un plazo no mayor a 15 días hábiles de emitida la solicitud.
VI. El Servicio de Registro Cívico – SERECI y el Servicio General de Identificación Personal - SEGIP, deberán otorgar certificados de nacimiento y cedulas de identidad respectivamente por intermedio de brigadas móviles a los privados de libertad que no cuenten con estos documentos, en un plazo de treinta días calendario, computables a partir de la promulgación de presente Decreto.
VII. La Dirección General de Migración emitirá las correspondientes Resoluciones Administrativas de Salida Obligatoria definitiva a las personas privadas de libertad extranjeras que se beneficien del indulto.
VIII. Las Universidades Públicas y privadas podrán suscribir convenios con el Ministerio de Gobierno y las Direcciones Departamentales de Régimen Penitenciario, para que los estudiantes egresados puedan acceder a la titulación académica bajo la modalidad de trabajo dirigido, realizando el asesoramiento técnico y apoyo legal a las personas privadas de libertad que soliciten el indulto.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los ……. días del mes de ……….. de año dos mil catorce.
Fdo. JUAN EVO MORALES AYMA .

Ramiro F. Llanos Moscoso
Ex Director General de Régimen Penitenciario
C.I. 2446610 L.P. – Cel. 72583998
Proyectista


martes, 9 de septiembre de 2014

Libro de Jurisprudencia Constitucional en Bolivia escrito por Alan Vargas

Alan E. Vargas Lima

Han transcurrido diez años, y un poco más, desde que el entonces Magistrado Decano del Tribunal Constitucional de Bolivia, Dr. Willman R. Durán Ribera, publicara su brillante estudio sobre: “Las líneas jurisprudenciales básicas del Tribunal Constitucional (en la protección de los derechos fundamentales)” (2003); una obra escrita con la noble pretensión de contribuir a “la difusión, entendimiento y comprensión de la jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional en el campo de los derechos fundamentales en sus primeros años de labor jurisdiccional”; en ese cometido, en la obra se recogieron los pronunciamientos más relevantes que había dictado el Tribunal Constitucional en su primera época.

Dicho meritorio trabajo, se caracterizó por seleccionar, sistematizar, resumir y extraer de cada resolución, la línea jurisprudencial básica sentada por el Tribunal Constitucional, así como los fundamentos relevantes (o determinantes) del fallo (rationes decidendi); que son precisamente los contenidos jurisprudenciales que vinculan a los tribunales, jueces o autoridades, quedando en virtud de ello, obligadas a aplicar a sus decisiones tales entendimientos jurisprudenciales. Esta obra, se halla precedida de un muy interesante estudio preliminar del mismo autor, sobre los derechos fundamentales, en donde realiza algunas precisiones importantes sobre su contenido, su clasificación, sus posibles límites y su ámbito de protección.

Es de resaltar también que el autor, en las primera páginas de su obra, escribió algunas notas para una mejor lectura y comprensión de su contenido, en donde realiza –acaso abordando el tema por vez primera en Bolivia– algunas precisiones importantes sobre la estructura de la línea jurisprudencial, que se conforma –según el autor– en el momento en que un Tribunal brinda una solución (positiva o negativa) a una pretensión, que se expresa en una problemática concreta planteada en un recurso determinado; asimismo, diferencia las sentencias que conforman dicha línea jurisprudencial: así se encuentran, entre otras, las sentencias básicas o creadoras de línea, las sentencias moduladoras de la línea jurisprudencial, y las sentencias confirmadoras de la línea[1].

No obstante su claridad, el autor precisa también que “la estructuración de las líneas a través de los tres tipos de sentencias aludidas, debe conformarse sobre realidades fácticas y no sólo conceptuales; es decir, los hechos de la problemática abordada deben guardar semejanza en todas las sentencias que integran la línea”, explicación que pone de relieve el carácter profundamente didáctico con que dicha obra fue compuesta, hace ya bastante tiempo atrás y que, sin embargo, ha sido la primera en abordar seriamente esta temática.

Años más tarde, el destacado jurista Dr. Arturo Yañez Cortez, publicó una investigación denominada “Ratio Decidendi” (2007), que es precisamente una compilación sistematizada de las principales tesis jurisprudenciales que había creado el Tribunal Constitucional, desde su creación hasta ese momento crítico. Cabe resaltar, que dicha ordenación jurisprudencial, está precedida de un estudio que muestra un panorama completo respecto de las posiciones doctrinales de las corrientes a favor y en contra de la interpretación judicial o del derecho jurisprudencial, refiriéndose asimismo a los sistemas jurídicos y las fuentes del derecho, en perspectiva actual; todo ello, en el convencimiento de que “es imposible entender cabalmente el derecho jurisprudencial y utilizar las ratio decidendi en el trabajo diario del jurista, sin antes aproximarse por lo menos, a las trascendencias incluso políticas, que el tema trae consigo”. Luego de ello, el autor desarrolla las ratio decidendi de aquellas Sentencias Constitucionales que, a su juicio, fueron las más importantes en la jurisprudencia votada por el Tribunal Constitucional de Bolivia, aunque no todas, lo que sería sumamente complicado para un trabajo impreso, según confiesa el mismo autor, cuya rigurosidad en la selección de las ratio decidendi y en la construcción de las líneas jurisprudenciales resultantes, es muy meritoria y destacable.

Al año siguiente, y ante la inexistencia de otros estudios (aparte de los anteriormente señalados) profundos y debidamente sistematizados respecto a la naturaleza jurídica de la jurisprudencia, sus alcances y efectos, las diferentes formas de identificar, aplicar o citar la misma, lo que ocasionaba un manejo caótico y antitécnico de la jurisprudencia constitucional; es que la Cooperación Técnica Alemana, a través de su Proyecto de apoyo a la reforma procesal penal en Bolivia, tomó la iniciativa de llevar adelante un proyecto de sistematización, clasificación y titulación de la jurisprudencia constitucional con precedentes obligatorios en el ámbito procesal penal. Así, en el año 2008 se publicó el libro de “Sistematización de la Jurisprudencia Constitucional y Precedentes Obligatorios en Derecho Procesal Penal” (2008), cuyo primer tomo fue brillantemente elaborado por el exMagistrado Dr. José Antonio Rivera S.

Cabe señalar, que en las primeras páginas de la obra, el mencionado jurista insertó un excelente estudio doctrinal sobre la jurisprudencia constitucional y la aplicación de los precedentes obligatorios en Bolivia, abordando temáticas referentes a: concepto y naturaleza jurídica de la jurisprudencia constitucional, las subreglas o normas adscritas consignadas en la jurisprudencia constitucional, la fuerza vinculante de la jurisprudencia constitucional[2], diferenciando claramente las partes de la Sentencia que constituyen jurisprudencia, explicando además las reglas básicas de aplicación de los precedentes obligatorios, para finalizar explicando la modulación y el cambio (o mutación) de la jurisprudencia constitucional.

En la referida sistematización realizada por Rivera Santivañez, el autor entiende por jurisprudencia constitucional[3]: “la doctrina que establece el Tribunal Constitucional al interpretar y aplicar la Constitución, así como las leyes, desde y conforme a la Constitución, cuando resuelve un caso concreto, creando subreglas o las normas adscritas a partir de la extracción de normas implícitas, o en su defecto, de la integración o interrelación de las normas constitucionales. Desde otra perspectiva –agrega Rivera– se puede señalar que, la jurisprudencia constitucional es la parte de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en la que se concreta el alcance de una disposición constitucional, es decir, en donde se explicita qué es aquello que la Constitución prohíbe, permite, ordena o habilita para un tipo concreto de supuesto de hecho, a partir de una de sus indeterminadas y generales cláusulas”.

En este sentido, se pueden identificar dos categorías de jurisprudencia: la jurisprudencia indicativa; y la jurisprudencia precedencial o de los precedentes obligatorios.

A) La jurisprudencia indicativa, conocida también como jurisprudencia conceptual –según Rivera–, está constituida por aquellas partes de la sentencia en la que el Tribunal Constitucional consigna los conceptos jurídicos sobre determinados tópicos jurídicos o instituciones jurídicas. La aplicación de esta jurisprudencia es opcional, pues no tiene fuerza vinculante; por lo mismo para su aplicación a casos posteriores no exige de la concurrencia de supuestos fácticos análogos, ya que cada caso nuevo se resuelve de conformidad con la Ley y el concepto jurídico común anteriormente definido.

B) En cambio, la jurisprudencia precedencial o de los precedentes obligatorios está constituida por aquella o aquellas partes de la Sentencia en la que el Tribunal Constitucional consigna las subreglas o las normas adscritas que dan concreción normativa de las cláusulas abstractas o generales que tienen las normas de la Constitución o las leyes ordinarias, señalando su sentido normativo a partir de su interpretación, integración o interrelación; dicho desde otra perspectiva son aquellas consideraciones de carácter normativo expresados por el Tribunal Constitucional al resolver un caso concreto. Esta jurisprudencia se constituye en un precedente obligatorio, toda vez que al consignar una subregla o norma adscrita adquiere una fuerza gravitacional para la decisión de un caso nuevo que tenga supuestos fácticos análogos, de manera que obliga horizontalmente al propio Tribunal Constitucional y verticalmente a los tribunales y jueces inferiores en la jerarquía jurisdiccional.

Ciertamente, en el referido trabajo se revisaron todas las sentencias constitucionales emitidas en procesos constitucionales (hábeas corpus, amparo constitucional, recurso directo de nulidad, recurso de inconstitucionalidad), en los que se han planteado y resuelto problemáticas relacionadas con el ámbito procesal penal, a fin de ofrecer a los operadores del Sistema Procesal Penal, un material constituido por la jurisprudencia constitucional en esa materia, con los precedentes obligatorios identificados y precedidos de los supuestos fácticos de la causa resuelta por la sentencia constitucional en la que se ha creado la jurisprudencia.

De ahí que, en cada tema y subtema, se incluyen los supuestos fácticos reconstruidos y luego el respectivo precedente obligatorio con la identificación del número de la sentencia constitucional en la que se ha identificado el precedente obligatorio. Definitivamente se trató de un estudio jurisprudencial de enorme utilidad práctica, para la utilización de precedentes obligatorios en el ámbito de los procesos penales en Bolivia.

Posteriormente, en el reinicio de las labores jurisdiccionales del Tribunal Constitucional, y durante la época de transición, esta institución publicó un “Resumen Jurisprudencial” (en dos tomos), que consiste en una sistematización jurisprudencial relevante de toda la gestión 2010, “consciente de que el respeto y tutela de los derechos fundamentales es una tarea que tiene su inicio en su difusión y conocimiento”; una obra elaborada con la colaboración indispensable del Dr. Boris Arias Lopez, ello claro está, con anterioridad a la elección de los Magistrados, y la posterior entrada en funcionamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Luego de las notables iniciativas académicas anteriormente reseñadas, no se han encontrado otros estudios serios y objetivos sobre la jurisprudencia constitucional en Bolivia, salvo por las variadas recopilaciones jurisprudenciales que hasta ahora se han publicado, sin el rigor académico necesario para identificar la(s) parte(s) vinculante(s) de las Sentencias Constitucionales, o para comprender el desarrollo jurisprudencial de determinados institutos jurídicos cuyo análisis hubiera sido abordado por el Tribunal Constitucional. Ante este panorama, surge la necesidad de realizar nuevos estudios de jurisprudencia constitucional, y ese será el título de un libro de mi autoría, de próxima publicación.

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[1] “Aunque con escasa frecuencia –agrega Durán Ribera–, hay sentencias que cambian la línea jurisprudencial sentada por un Tribunal. En tales casos no se puede hablar de una cuarta categoría de sentencias, habida cuenta que al tratarse de soluciones distintas al entendimiento primigenio, el nuevo fallo asume la calidad de sentencia básica o fundadora; pues, ahí nace una nueva línea jurisprudencial. La clasificación de la línea jurisprudencial de un tribunal que ha tenido el cuidado de hacer citas del precedente interno, debe empezar por la sentencia moduladora más reciente, puesto que ésta contiene la versión actualizada de la línea.”. DURAN RIBERA, Willman Ruperto. Las líneas jurisprudenciales básicas del Tribunal Constitucional. Santa Cruz, Bolivia: Academia Boliviana de Estudios Constitucionales – Editorial El País, 2003. Pág. 16.
[2] “La fuerza vinculante de la jurisprudencia constitucional se refiere a la obligatoriedad horizontal (para el propio Tribunal o Corte Constitucional o tribunales ordinarios de su misma jerarquía), y vertical (para los jueces y tribunales de jerarquía inferior) que despliega la parte de la ratio decidendi de una sentencia constitucional. Ello supone que la doctrina constitucional creada, es decir, las subreglas o las normas adscritas creadas, extrayendo de las normas implícitas de la Constitución o integrando normas del bloque de constitucionalidad, tienen que ser aplicadas obligatoriamente por el propio Tribunal Constitucional, por el resto de los órganos del poder público, por lo mismo, por los jueces y tribunales que forman parte del poder judicial, en la resolución de todos los casos que presenten supuestos fácticos análogos. (…)”. RIVERA SANTIVAÑEZ, José Antonio (Consultor). Sistematización de la Jurisprudencia Constitucional y Precedentes Obligatorios en Derecho Procesal Penal. Tomo I. Sucre, Bolivia: Editorial Tupac Katari, 2008. Págs. 23-24.
[3] Para tener una noción precisa sobre qué partes de la sentencia se constituyen en jurisprudencia o precedente constitucional obligatorio, es necesario diferenciar muy esquemáticamente entre la parte resolutiva, conocida también como "decisum", de la parte de los fundamentos jurídicos que consigna a su vez dos elementos conocidos como la "ratio decidendi" (razón de la decisión) y los "obiter dicta" (dichos de pasada). “El decisum es la resolución concreta del caso, esto es, la determinación específica de si el acusado es o no culpable en materia penal, si el demandado debe o no responder en materia civil, si al peticionario el juez le tutela o no su derecho, si la disposición acusada es o no inconstitucional, etc. Por su parte, la ratio dedicendi es la formulación general, más allá de las particularidades irrelevantes del caso, del principio, regla o razón general que constituyen la base de la decisión judicial específica. Es, si se quiere, el fundamento normativo directo de la parte resolutiva. En cambio constituye un mero obiter dictum, toda aquella reflexión realizada por el Tribunal Constitucional o cualquier juez al motivar su fallo, pero que no es necesaria a la decisión, por lo cual son opiniones más o menos incidentales en la argumentación de la autoridad judicial. De lo referido se concluye que el precedente vinculante es la ratio decidendi del caso, ya que ese principio abstracto, que fue la base necesaria de la decisión, es el que debe ser aplicado por los jueces en otras situaciones análogas. Finalmente, los obiter dicta tienen una fuerza persuasiva, que puede ser mayor o menor según el prestigio y jerarquía del tribunal, pero no son vinculantes; un obiter dictum constituye entonces, en principio, un criterio auxiliar pero no obligatorio para los otros jueces”. RIVERA SANTIVAÑEZ, José Antonio (Consultor). Obra Citada. Pág. 26.

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