miércoles, 23 de mayo de 2012

Visión de país Estado vs. persona

Por: Fernanda San Martín Carrasco - Columnista

La convulsión social parece haber dado un poco de tregua al país. Sin embargo, ha dejado un sabor amargo en varios sectores de la sociedad. Y ha dejado grandes cuestionamientos sobre cuál es la visión de Estado y de país que tiene el actual Gobierno.

En países como Suecia o Dinamarca, el índice de crecimiento es de xx%; la tasa de desempleo, de xx% y los beneficios sociales son la base fundamental de la actuación del Estado. En estos países, el desarrollo se refleja en la calidad de vida de sus habitantes, donde tanto el padre como la madre, cuando nace un hijo, tienen el derecho a días libres remunerados; donde la educación pública es una de las mejores del mundo, donde se reconocen los derechos individuales y el centro de las políticas públicas es el ser humano.

En esta visión nórdica de la vida, no se conciben “sacrificios” xxxx (algún adjetivo) por el Estado, aquí el Estado está para servir al ciudadano, y no lo contrario. Mientras que en Bolivia, el trabajo debe ser un regalo al Estado, con una remuneración mínima que casi bordea la esclavitud. Los derechos sociales y laborales adquiridos son pisados por el Estado y se pretende que las carencias de políticas públicas, infraestructura e inversión deban ser suplidas por el sacrificio de los trabajadores, y si algún sector (como fue el caso de los médicos) se atreve a defender esos derechos, resulta que son traidores al país, egoístas y una serie de adjetivos más que hemos escuchado en las últimas semanas.

Mientras en todo el mundo se busca mayores beneficios para la clase trabajadora, en Bolivia hemos retrocedido a la época de la revolución industrial, donde el trabajador era considerado simplemente mano de obra sin tomar en cuenta sus necesidades como ser humano. Las industrias en Bolivia, en ese sentido, han sido reemplazadas en el Estado, que exige de sus “operarios” más horas de las legalmente establecidas en nombre del proceso de cambio. El capitalismo feroz ha sido reemplazado por un estatismo feroz que pretende inmiscuirse en la esfera más íntima de la persona.

La clase trabajadora no tiene que tener miedo de pedir más horas de descanso, no es una vergüenza ni flojera, como han calificado algunos personeros del Gobierno de turno, es un derecho que tenemos como seres humanos para el desarrollo integral de una persona, que incluye pasar tiempo de calidad con su familia.

La Prensa - 22/05/2012

lunes, 21 de mayo de 2012

Pena de muerte, un pobre debate

Por: Mónica Oblitas

ANTE EL AUMENTO DE CRÍMENES, LA PROPUESTA DE RESTAURAR LA PENA DE MUERTE EN BOLIVIA VUELVE A ESCUCHARSE.

"Hay que quemarlos, es la única solución”, decía a un noticiero una vecina de la zona 16 de Febrero, en El Alto, donde vivían los supuestos asesinos de Verónica Peñasco Layme y su hermano, Víctor Hugo, ambos periodistas. La afirmación de la mujer era apoyada por la de otros vecinos que piensan como ella, “hay que matarlos, no sirve que entren a la cárcel, después salen rápido y vuelven a matar.”

Los dos hermanos son las más recientes víctimas de una ola de crímenes que sacude a todo el país y que tiene especial saña en la ciudad de El Alto. Varias bandas de “cogoteros” operan en esta ciudad sembrando el terror entre los pobladores. Camuflados como transportes públicos, los vehículos de la muerte rondan los caminos sin luz de la ciudad más joven de Bolivia, en busca de sus víctimas. Esta vez fueron Verónica y su hermano, cuyo caso tuvo más repercusión al ser ambos periodistas de radio San Gabriel, pero está muy lejos de ser el único.

La muerte de Verónica y Víctor Hugo pareciera que ha colmado el vaso. Los vecinos alteños, a través de su Federación de Juntas Vecinales, hace pocos días se organizaron para marchar hacia la sede exigiendo se imponga la pena de muerte y se modifique el código de procedimiento penal. En su furia, arrasaron con la vivienda de uno de los sospechosos y han jurado linchar a los dos arrestados por el crimen de los hermanos.

Desde 2009 hasta este año ha habido más de 150 casos de linchamiento o intentos de linchamiento en Bolivia, la mayoría con víctimas fatales. Confundido con la justicia comunitaria, el linchamiento es una práctica impune en el país, pero también la expresión de impotencia de quienes se sienten afectados por la delincuencia.

"Por los continuos asesinatos que se cometen en contra de los transportistas, se generaliza el pedido de la pena de muerte", ha dicho el Secretario Ejecutivo de la Federación del Transporte de La Paz, René Vargas. Este sector es uno de los más vulnerables, y es también el disfraz perfecto para aquellos asesinos que se hacen pasar como transportistas. Entre 2011 y lo que va del año, 79 personas han sido victimas de cogoteros. En este primer trimestre, 6 taxistas han muerto.

Un no rotundo

Sin embargo, de acuerdo a la Constitución Política del Estado (CPE), la pena de muerte no es una opción valedera en Bolivia de manera que el Código Penal, aunque sea reformulado, no puede contemplarla. Actualmente la pena máxima en el país es de 30 años sin derecho a indulto, aunque pocos cumplen la totalidad de la sentencia.

Bolivia se adscribió al Pacto de San José en defensa de los derechos humanos en 1969 y ratificó ese pacto en 1993, siendo de efecto vinculante y de cumplimiento obligatorio.

“En Bolivia no está prevista esta sanción penal (la pena de muerte). La CPE habla de un derecho fundamental como es el derecho a la vida. Entonces el sistema ha previsto la aplicación de penas, hay una degradación de pena de acuerdo al título de delito en que se incurre. Ni desde la aplicación de instrumentos internacionales ni desde la Carta Magna ni desde los principios generales, es viable la aplicación de la pena de muerte”, ha explicado el abogado y ex defensor del pueblo Waldo Albarracín.

En este tema ni oficialistas ni opositores están en desacuerdo. El oficialista Héctor Arce ha dicho que reformar la CPE para incluir la pena de muerte sería muy conflictivo “porque Bolivia es signataria de varios tratados internacionales que son tendientes a la abolición de la pena de muerte y por supuesto no podríamos ir en contra de esos tratados”.

Por su parte el abogado Bernard Gutiérrez, senador de Convergencia Nacional (CN) asegura que esta figura no es sustentable porque conllevaría a una modificación a la CPE y dejaría sin efecto la adhesión del país a instrumentos internacionales que defienden los derechos humanos.

La exministra de la Corte Suprema de Justicia, Rosario Canedo, asegura que la pena de muerte no es ninguna solución, “el Gobierno tiene el desafío de garantizar la seguridad ciudadana, eliminar la extrema pobreza, crear fuentes de empleo y eliminar el narcotráfico y es así que se podrá vivir en paz y seguridad. No es la pena de muerte, no es el incremento en las sanciones, sino son las políticas gubernamentales que vayan en beneficio de todos los ciudadanos del país”.

No sirve

En el moderno Estados Unidos, donde se sigue aplicando la pena de muerte, los doce estados norteamericanos que no la aplican tienen igual o menor cantidad de homicidios que los estados donde sí se la utiliza, según estadísticas gubernamentales. Esto indica que la amenaza de ser condenado a muerte no disuade a los delincuentes.

"Las cifras hacen que resulte difícil pensar que haya algún tipo de efecto disuasivo", señala Steven Messner, criminólogo de la Universidad de Nueva York. "Sean cuales fueren los factores que influyen en el índice de homicidios, no parecen tener relación con la ausencia o la presencia de la pena capital en un estado", agregó.

Según el informe de Amnistía Internacional sobre las condenas a muerte y ejecuciones en 2010, los países que siguen utilizando la pena de muerte se están quedando cada vez más aislados. Arabia Saudí, China, Estados Unidos, Irán y Yemen siguen figurando entre los que llevan a cabo más ejecuciones.

Las ejecuciones registradas oficialmente por Amnistía Internacional en 2010 fueron de 527. China llevó a cabo miles de ejecuciones en 2010, pero este país sigue manteniendo su hermetismo sobre el uso de la pena de muerte.

“En varios países continúan imponiéndose penas de muerte por delitos como los relacionados con drogas, los económicos, el mantenimiento de relaciones sexuales entre adultos con consentimiento mutuo y la blasfemia, en contra de lo dispuesto por las normas internacionales de derechos humanos que, excepto en el caso de los delitos más graves, prohíben el uso de la pena de muerte”, dice el informe. Asia y Oriente Medio son las dos regiones en las que se llevan a cabo más ejecuciones.

(Con datos de El Diario, Jornada, El Clarín, Amnistía Internacional, Los Tiempos, BBC).

Los Tiempos - 18/03/2012

Abogados descartan aplicar pena de muerte en Bolivia - 2012

Tras las protestas sociales y pedidos para instaurar la pena de muerte para violadores, “cogoteros” y asesinos, legisladores del oficialismo y la oposición manifestaron que esta figura penal no se puede aplicar en el ordenamiento jurídico boliviano.

El abogado y exdefensor del pueblo, Waldo Albarracín, explicó que la pena máxima en el país, para delincuentes y asesinos, es de 30 años sin derecho a indulto.

“La Constitución establece que no existe la pena de muerte, por lo que el Código Penal en Bolivia tiene que someterse a la Constitución”, dijo.

Agregó que Bolivia es suscriptora a tratados internacionales en defensa de los derechos humanos, como el Pacto de San José firmada en el año 1969.

“Nuestro país la firmó este año, pero la ratificó en 1993, al momento de ratificar este pacto, el mismo es de efecto vinculante y de cumplimiento obligatorio”, señaló.

A su turno, el senador por Convergencia Nacional (CN), Bernard Gutiérrez, abogado de profesión, explicó que desde el punto de vista jurídico esta figura no es sustentable debido a que la mayoría de los instrumentos internacionales, en materia de derechos humanos se suscriben como defensores de la vida. Esta medida, según el legislador, conllevaría a una modificación a la Constitución Política del Estado (CPE) y dejar sin efecto la adhesión del país a instrumentos internacionales.

“En Bolivia no está prevista esta sanción penal. En la propia Constitución Política del Estado nos habla de un derecho fundamental como es el derecho a la vida. Entonces el sistema ha previsto la aplicación de penas, hay una degradación de pena de acuerdo al título de delito en que se incurre. Ni desde la aplicación de instrumentos internacionales ni desde la Carta Magna ni desde los principios generales, es viable la aplicación de la pena de muerte”, indicó.

Asimismo puntualizó que la pena de muerte no solucionaría el alto nivel de delincuencia en el país, por lo que la solución pasaría por aplicar políticas de Estado que reduzcan los niveles de inseguridad ciudadana, como fortalecer la policía nacional y el sistema de justicia.

“Por ejemplo para los casos de violación, en algunos países están aplicando medidas como la castración química. Entonces medidas como éstas debiéramos debatirlas para ver su aplicabilidad pero sin duda alguna es necesario que la sociedad, instituciones y universidades tengan un debate sobre estas otras alternativas”, dijo.

En tanto, el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Héctor Arce (MAS), esta figura no es aplicable en el país debido a que antes debe existir una política integral.

Asimismo, puntualizó que la Constitución Política del Estado prohíbe dicha sanción, por lo que una solución no puede emanar de una norma aprobada en la Asamblea Legislativa y que tendría que reformarse la propia Carta Magna.

“Incluso una reforma constitucional para aprobar la pena de muerte sería muy conflictiva, porque Bolivia es signataria de varios tratados internacionales que son tendientes a la abolición de la pena de muerte y por supuesto no podríamos ir en contra de esos tratados”, señaló.

DOS OBJECIONES LEGALES

Dos artículos vigentes en la normativa legal boliviana son contrarios a instaurar y/o rehabilitar la pena de muerte en el país.

Constitución política del Estado: Art. 15 I. “Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte”.

Ley de Deslinde Jurisdiccional: Art. 6. (PROHIBICIÓN DE LA PENA DE MUERTE). “En estricta aplicación de la Constitución Política del Estado, está terminantemente prohibida la pena de muerte bajo proceso penal en la justicia ordinaria por el delito de asesinato a quien la imponga, la consienta o la ejecute”.

El Diario

La inviabilidad de la pena de muerte en Bolivia

Por: Juan Antonio Sueiro

Para profundizar este tema, es necesario analizar paso a paso todas las razones para no cometer la peor violación del mayor y fundamental derecho humano por medio de una gran injusticia: la vida. La función represiva y sancionadora del delito va desde la época primitiva hasta nuestros días; es decir, desde la venganza privada que desarrolló la retribución igual del daño hasta el derecho público humanista protector de valores jurídicos, tanto del actor como de la víctima, mediante la evolución del derecho sancionador.

En la antigüedad existía la venganza privada para castigar a quien ha causado daño, sin que aquélla sea desproporcional e ilimitada al daño causado por la ofensa. Por tal motivo aparece la Ley del Talión: “ojo por ojo y diente por diente”, con la cual se debía infringir el mismo daño al agresor y no se podía devolver un mal mayor que el recibido. Los pueblos del pasado aplicaron como castigo la proporcionalidad del perjuicio; es decir, quien mata debe morir, que en la evolución histórica del Derecho Penal, los diferentes pueblos del mundo establecieron como la pena de muerte, y que en nuestro país prevaleció en la República hasta que fuese abolida por la Constitución Política del Estado de 1967, y sustituida por la pena de 30 años de presidio, aunque el dictador Hugo Banzer ordenó fusilar a un inocente en el año 1973, en contra del reciente precepto constitucional de 1967.

La sanción de pena de muerte va extinguiéndose en el transcurso del tiempo ante la aparición del derecho humanístico, de acuerdo con la historia, cuando se conforman organismos de Estado del planeta para revolucionar los derecho humanos de las personas, por sobre todo el derecho a la vida como base esencial de los demás derechos. El origen fue debido al oprobio vivido en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, donde el genocidio contra la humanidad practicado por el fascismo español perpetrado por Franco contra el pueblo español, el fascismo nazi al mando de Hitler contra el pueblo judío, corroborado por Mussolini, y donde se realizaron toda clase de muertes por razón de pensamiento, raza u origen. Pensando que todo lo vivido en aquella parte del planeta no debe repetirse es que los estados se reunieron en las Naciones Unidas para aprobar la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, en la que prevalece como precepto fundamental el derecho a la vida.

En Bolivia, son muchas las razones para la inaplicabilidad de la mentada pena de muerte. Como vemos, está prohibida por la actual Constitución Política del Estado, la que hemos aprobado todos los ciudadanos bolivianos mediante voto en referéndum; este precepto prevalece desde la Carta Magna de 1967.

Además, somos parte del contexto internacional en el que formamos parte de organizaciones que en los diferentes convenios y tratados emanados se establece la prohibición de dicha práctica. Por último, la razón por la que no se puede reinstaurar la pena de muerte a cogoteros y toda clase de asesinos es por la sencilla situación de que no se posee medios adecuados para determinar, en casi la totalidad de los casos, la culpabilidad a ciencia cierta del verdadero asesino, toda vez que las ciencias forenses en nuestro país se limitan a simples y aberrantes presunciones, por no contarse con los medios especiales para tal fin, tanto del ente investigador como el del ofendido. Por ende, por un análisis adecuado de la realidad en nuestro país, aplicar la pena de muerte sería la más grande aberración en la situación presente.

Otras de las razones de la inaplicabilidad, creo, es que estamos en una sociedad culturalmente corrupta, donde vemos a diario que algunos investigadores policiales, fiscales, jueces, abogados y magistrados sólo se avocan a intereses personales, es decir, a percibir un quantum económico a cambio de favorecer la causa de quien ha invertido, dejando en situación impune el delito, por lo que la pena de muerte sólo sería una cruel injusticia para el desposeído económicamente, como sucedió y viene sucediendo hasta hoy en día; es una situación lamentable para tratar de imponer una pena que no amerita retroactividad en la vida de quienes padezcan la injusticia de ser inmolados.

Hoy, en la zona andina, por presión social, se instaura sentencia por el sindicado, sentencias de las más crueles que hemos podido observar; es decir, bajo la indignidad de la tortura y el vejamen contra la humanidad como la quema en vida, el entierro en vida y otras atrocidades por algún delito reparable. Lo peor es que muchas veces se realiza con el gran error de identificación del verdadero culpable, ya que la sola sindicación vale para que se comentan estas bestialidades producto de la perversión que arroja la ignorancia generalizada de los actores, en desconocimiento del cuerpo legal del ordenamiento jurídico nacional e internacional para el tratamiento penal de los infractores. Lo más grave es que estas situaciones son mostradas a la población sin ningún cuidado mediante medios visuales que lastiman la cognición de los seres humanos.

De toda esta cruda realidad, establecemos en concreto, en común acuerdo con muchas personalidades que han expresado su opinión con base en realidades y motivos, que no se puede revalidar esta cruel sanción. Todos los fundamentos desarrollados por el ser humano son a favor de la vida y en contra de la pena de muerte, donde el intelecto de estas personas han establecido y dejado de lado esta vieja práctica de la antigüedad que en su época fue más justa que la que hoy pretenden implementar en barrios y comunidades andinas, toda vez que en el pasado se castigaba en igual medida al delito y no de manera desigual como se viene realizando.

La Razón - 25 de marzo de 2012

¿Reimplantar la pena de muerte en Bolivia? - 2012

La semana pasada, se puso en discusión nuevamente la posibilidad de reimplantar la pena de muerte en Bolivia. Inclusive, se organizó una marcha para exigir “pena de muerte para los asesinos, violadores y cogoteros…” y así lograr su consideración a través de las autoridades de gobierno. Esta protesta, se desató tras el asesinato de Verónica Peñasco y su hermano Víctor Hugo, que trabajaban en estaciones de radio y cuyos cuerpos fueron encontrados en un camino rural, con señales de haber sido lamentablemente estrangulados.

Ciertamente, -según informó ABC Digital- en el último año, al menos 69 personas fueron estranguladas por delincuentes, ahora denominados “cogoteros” y que atracan a sus víctimas en vehículos de transporte público falsos. Al respecto, es importante poner de relieve el programa de seguridad vehicular y ciudadana “Pasajero Seguro” que ha puesto en marcha la Alcaldía de La Paz, para contrarrestar de alguna forma el peligro que supone abordar radiotaxi en la ciudad, a cualquier hora del día.

SITUACIÓN NORMATIVA

Ahora bien, en medio de la protesta, el presidente de las juntas de vecinos de El Alto, dijo que “tiene que cambiarse el Código Penal, que es más benevolente con los delincuentes”, agregando que “los cogoteros nos están matando como animales. Han rebasado nuestra paciencia y vamos a estar movilizados…”, advirtiendo con masificar las protestas si el gobierno no garantiza seguridad.

Al respecto, cabe apuntar que el tema, no implica solamente una simple modificación de la Ley Penal, respecto a las sanciones legalmente establecidas, sino que necesariamente supone una reforma constitucional sobre las directrices penales que contiene nuestra Ley Fundamental. Asimismo, se debe tener muy en cuenta también que la policía de la ciudad de El Alto, con 1,2 millones de habitantes aprox., cuenta sólo con una cantidad (aproximada) de 2.000 guardias de seguridad pública, que en este último mes atraparon a 15 delincuentes que integraban cuatro bandas de “cogoteros” (según informa @abcdigital).

Lamentablemente el tema no quedó ahí, sino que inclusive Diputados Nacionales se pronunciaron, bajo el argumento nada sólido de que “a lo único que le temen los delincuentes es a perder la vida…”, sugiriendo que el mismo sea tratado a nivel de la Asamblea Legislativa. Es ahí, que me resulta increíble haber escuchado por parte de algunos de nuestros "representantes nacionales" (sean Diputados o padrastros de la Patria), que debería analizarse la reimplantación de la Pena de Muerte en Bolivia ante la inseguridad ciudadana, cuando la misma Constitución Política del Estado aprobada el año 2009, y que juraron respetar al asumir el cargo, establece expresamente (artículo 15 parágrafo I): “Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes. No existe la pena de muerte”. Inclusive, posteriormente la Ley de Deslinde Jurisdiccional, que fue aprobada con el objeto de regular los ámbitos de vigencia, dispuestos en la Constitución Política del Estado, entre la jurisdicción indígena originaria campesina y las otras jurisdicciones reconocidas constitucionalmente, así como determinar los mecanismos de coordinación y cooperación entre estas jurisdicciones, en el marco del pluralismo jurídico reconocido constitucionalmente, estableció la prohibición de aplicar la pena de muerte (artículo 6), señalando que: “En estricta aplicación de la Constitución Política del Estado, está terminantemente prohibida la pena de muerte bajo proceso penal en la justicia ordinaria por el delito de asesinato a quien la imponga, la consienta o la ejecute”; todo ello en concordancia con la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, aprobado y ratificado por Bolivia mediante Ley Nº 1430 de 11 de febrero de 1993) que declara expresamente (artículo 4) que “no podrá reimplantarse la pena de muerte en los Estados que la han abolido...”, lo cual se ha efectivizado por vía constitucional, en el caso de Bolivia.

Al respecto, cabe tener presente que en la actualidad, la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, también prevé entre sus disposiciones (Artículo 13, parágrafo IV), que “Los tratados y convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los Estados de Excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Constitución se interpretarán de conformidad con los Tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia”, y en complemento de lo anterior, se ha dispuesto expresamente que “El Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos” (Artículo 14, parágrafo III, NCPE), de lo cual se puede inferir que el nuevo Estado Plurinacional de Bolivia, a través de la Constitución ha decidido seguir la tendencia de otorgar una jerarquía especial con aplicación preferencial a los tratados y/o convenciones internacionales que consagran derechos humanos a favor de los ciudadanos, conformando así un perfecto bloque de constitucionalidad en Bolivia.

SOLUCIÓN ILÓGICA

Por otro lado, es difícil saber quién fue la persona de mente retrógrada, a quien se le ocurrió hacer creer esta fórmula: “PENA DE MUERTE = SEGURIDAD CIUDADANA” (¿?), dado que siendo conceptos tan distintos en sus alcances, es algo absolutamente ilógico suponer que la reimplantación de la pena de muerte, nos brindará seguridad ciudadana, o viceversa, que la seguridad ciudadana tiene como base fundamental la eliminación de los delincuentes (idea que tampoco puede ser considerada una solución eficaz), cuando en realidad, su base fundamental es (o debería ser) el respeto a los derechos y garantías constitucionales. Esto me recuerda a la falaz idea que tuvieron algunos (o muchos) de nuestros con-ciudadanos al pensar que la Asamblea Constituyente (que para algunos, no pasó de ser una divina comedia) le pondría fin a todos los problemas de crisis social, económica, y política, que atravesaba Bolivia en los años posteriores a Octubre de 2003.

En este sentido, se debe reivindicar el hecho de que una pena de tal magnitud, que ataca directamente la vida del condenado (dado que se impone a un reo condenado en razón de delito, con la finalidad de privarle de la vida), no aporta nada constructivo para el desarrollo del país, sino que menoscaba las bases y fundamentos éticos y morales de nuestra sociedad, además de perjudicar la estabilidad de nuestro régimen democrático que tanto sacrificio nos cuesta preservar, frente a las repentinas arbitrariedades (y eventuales abusos) en que suelen incurrir las autoridades que detentan el poder.

Sobre este aspecto, debe considerarse principalmente que el sistema democrático que rige en Bolivia, ha dado paso a la construcción de un régimen penal destinado principalmente a formar ciudadanos conscientes y responsables, capaces de conducirse de acuerdo a su razón y aptitudes propias, siendo en consecuencia proclive a la abolición de la pena de muerte, conforme se ha expresado ahora por “voluntad nuestra” (al menos en teoría) a través del pacto social y político adoptado en la Asamblea Constituyente. Mientras que, en un Estado Totalitario, que simboliza básicamente el encumbramiento de la irracionalidad, generalmente se hace del derecho represivo y castigador, un instrumento de dominación que se derrocha en el uso indiscriminado de una medida extrema como es la pena capital, y no precisamente para hacer justicia, sino para excluir políticamente a quienes no concuerdan con esa ideología (Cfr. Oscar Crespo Soliz. Proyecto de Reforma de la Constitución Política del Estado. Régimen Penal. Cochabamba – Bolivia, 1986).

RÉGIMEN PENAL ANTIGUO

Un ejemplo claro de lo referido, fue el establecimiento de la pena de muerte en la redacción original del Código Penal de 1973 (artículo 26), y la razón de esta inclusión se encontraba precisamente en el Decreto Ley Nº 09980 de 5 de noviembre de 1971, que con bastante anticipación ordenó el restablecimiento de la pena de muerte para los delitos de asesinato, parricidio, y traición a la patria, además del terrorismo, el secuestro de personas y los actos de guerrilla, todo ello durante el régimen banzerista y de facto que se apoderó del país, lo que se encuentra entre las más deplorables anécdotas del desarrollo histórico de Bolivia.

Esta redacción del texto original del Código Penal Boliviano, fue posteriormente modificada por la Ley Nº 1768 de Reformas al Código Penal (1997), dada su abierta contradicción con el derecho a la vida consagrado expresamente por la misma Constitución, que es una norma de aplicación preferente en virtud de la supremacía constitucional; y cabe hacer notar que dicha "preferencia", no debe ser entendida como opcional, que permita a las autoridades, jueces o tribunales, optar alternativamente entre la Constitución y una Ley, Decreto o Resolución y, en su caso, aplicar las normas legales ordinarias frente a la Constitución, sino que debe entenderse en el sentido de la prelación, es decir, que la norma constitucional tiene primacía para ser aplicada frente a las otras normas legales ordinarias, por lo tanto, siempre se aplica primero la Constitución, luego las leyes, conforme al rango que tengan, después los decretos supremos, resoluciones supremas y así sucesivamente.

El tema de la reimplantación de la pena de muerte, suele renovarse generalmente bajo la presión popular, estimulada por eventuales estados de ánimo provocados por la indignación que causan ciertos crímenes violentos, además del terrorismo, los cuales (según los partidarios de esta pena) darían lugar a un “mecanismo legítimo de defensa”. No obstante, dicho argumento resulta sumamente engañoso e inconsistente, por cuanto está basado en la creencia de que los delitos violentos, se suprimen por la vía del ejemplo o la represión intimidatoria, lo cual tiene un fondo de venganza inconscientemente alimentada por la multitud anónima, todo ello carente de una fundamentación filosófico-jurídica, respetable y autorizada (Crespo Soliz).

INCONSTITUCIONALIDAD EVIDENTE

En este sentido, se debe señalar que en Bolivia (ahora Estado Plurinacional) la pena de muerte y su pretendida reimplantación en el ordenamiento jurídico, será siempre INCONSTITUCIONAL (que es diferente de lo anticonstitucional, dado que esto supone la realización de un acto contrario a lo dispuesto en la Constitución), en tanto nuestra organización política se encuentre sustentada en el régimen democrático, que implica la supresión de toda clase de torturas y/o penas crueles, inhumanas, degradantes o humillantes, en razón del respeto a la dignidad humana, dado que dichas bases constitucionales son absolutamente incompatibles con la destrucción de la vida mediante padecimientos físicos (en una especie de venganza del talión – Ojo po Ojo, y el mundo quedará ciego), de manera que, implementar esta forma de castigo, sería una espléndida contradicción (como decir, “luz oscura” o “fuego frío”) frente a los valores humanos que rigen nuestro desenvolvimiento en sociedad. Se debe comprender que, en esta etapa de desarrollo de la humanidad, no se puede vengar la muerte de una persona, con más muerte (un delito con otro), y ni aunque eliminemos de una vez por todas a los delincuentes, desaparecerá el delito.

Asimismo, a nivel mundial, ha quedado abundantemente demostrado que la pena de muerte, además de ser censurable desde todo punto de vista ético y moral, nunca ha servido para disuadir a los delincuentes y, en todo caso, generalmente suele ser la fuente principal de errores e injusticias irreparables, un vez ejecutada la sentencia que condena a la pena capital a un reo. Entonces, no es pertinente afrontar el problema de la criminalidad, de forma simple y sin criterio científico alguno. El delito, según se puede percibir, tiene determinadas causas, factores y condiciones, y entre tanto éstos no sean eliminados, seguirá existiendo; es decir que por más de que se fusile o se envíe a la cámara de gas a todos los violadores de una sola vez, si persisten las causas, condiciones y factores, entonces surgirán otra cantidad de violadores, y así sucesivamente. De ahí que, no es recomendable encarar el problema por las ramas sino por las raíces (Cfr. José Antonio Rivera Santivañez. Constitución Política del Estado. Comentario Crítico. La Paz – Bolivia, 2004).

POLÍTICAS NECESARIAS

Por otro lado, mientras las teorías partidarias de la pena de muerte sostienen que es la única pena que posee eficacia intimidativa para luchar contra la gran criminalidad, el argumento más sólido y consistente utilizado por las modernas corrientes abolicionistas de la pena capital, señala que la pena de muerte es irremediable, por cuanto no ofrece recurso alguno contra el posible error judicial en cualquier caso. Todas las demás penas, aún las más duras y severas, permiten una reparación en caso de error judicial, mas la pena capital no permite reparación alguna. (Este es el argumento más sólido y consistente esgrimido por Hans Von Hentig, quien dice que el error judicial, en caso de aplicación de la pena de muerte, es definitivamente irreparable).

Por tanto, hay que insistir en que no es racional plantear la reimplantación de una pena que lesiona derechos humanos, valores y principios fundamentales, entre ellos la vida, para resolver un grave problema, como es el delito (sea de violación, asesinato, atraco u otros) que tiene sus causas y factores múltiples que requieren ser eliminados; y pienso que lo único que hace falta es encarar una POLÍTICA CRIMINAL de manera integral en Bolivia, que no solamente se ocupe de atacar el delito, sino también de rehabilitar al delincuente, a fin de lograr su reinserción a la sociedad. Así también, una verdadera POLÍTICA DE SEGURIDAD CIUDADANA, teniendo como requisitos mínimos indispensables, el respeto de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de los ciudadanos, debe comenzar por planificar el relanzamiento de las principales instituciones de defensa de los intereses de la sociedad frente al crimen, me refiero a la Policía Nacional y al Ministerio Público (ambas instituciones carentes de equipamiento técnico y recursos humanos suficientes), cuyas funciones y atribuciones legalmente asignadas, deben ser optimizadas para el esclarecimiento de los hechos (investigación del delito), y la búsqueda de la verdad (identificación del delincuente y su participación), esto en el marco del procedimiento penal, que también requiere profundas modificaciones, dada la inutilidad de muchas de sus previsiones.

Finalmente, y para contextualizar éste comentario, les invito a leer un pequeño trabajo de análisis e investigación de mi autoría, sobre: “La Pena de Muerte en la Legislación Boliviana. Evolución histórico-normativa y su proyección internacional”. Monografía histórico-descriptiva sobre la anterior vigencia y actual abolición constitucional de la pena capital, escrita en la ciudad de La Paz (Bolivia), en el mes de Diciembre de 2009. Publicado en: “LA GACETA JURÍDICA”, Bisemanario de circulación nacional, en ediciones consecutivas desde fecha 14 de diciembre de 2010, al 18 de enero de 2011. Ahora disponible para consulta gratuita en la Biblioteca Virtual del sitio web: http://www.derechopenalenlared.com/; también disponible en Scribd: http://es.scribd.com/doc/59472122; y en el Blog Jurídico Tren Fugitivo Boliviano (http://alanvargas4784.blogspot.com/)

Tren Fugítivo boliviano

El MAS analiza suprimir a los jueces ciudadanos

El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, informó ayer que se proyectan una serie de reformas al Código de Procedimiento Penal, entre ellas la posibilidad de suprimir a los jueces ciudadanos que integran los tribunales de sentencia, debido a las dificultades que se enfrenta en la designación de esos jueces.

Según el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), se ha hecho una evaluación profunda del Código de Procedimiento Penal vigente y a través del que se pasó del sistema acusatorio a uno más garantista, ha generado un mayor incremento de la delincuencia y no ha respondido a lo que la ciudadanía esperaba, una de 100 denuncias que ingresan terminan con sentencia.

Dijo que se ha visto en el tema de los jueces ciudadanos, después de 10 años de vigencia de esa reforma que incluyó a los ciudadanos a los tribunales de sentencia, que hay muchas falencias.

“Es una verdadera vía crusis conseguir tres ciudadanos que conformen los tribunales de sentencia, porque la gente no quiere, es difícil ubicar o se excusan porque no quieren meterse en líos, pues consideran que ser jueces es meterse en problemas, porque no tenemos esa cultura”, argumentó Arce, en entrevista con los medios estatales,

Según el diputado, la reingeniería en la que se está trabajando tanto de la justicia penal como civil, contempla una serie de reformas que buscan establecer un procedimiento más rápido y ágil, sin salir del sistema garantista que reconoce la presunción de inocencia, el derecho a la defensa del procesado.

A través de la reforma al Código de Procedimiento Penal de 1999 se incorporó a los jueces ciudadanos, dentro los Tribunales de Sentencia, como una forma de participación y control ciudadano en la aplicación de la justicia. La Constitución vigente suprime los jueces instructores y de partido y reconoce sólo a los jueces públicos.

Los nuevos códigos de procedimiento penal y civil, en los que están trabajando, dijo que forman parte de un paquete de ocho códigos que se prevé aprobar este año para su puesta en vigencia el próximo año.

Procesal Constitucional

Con relación al proyecto de ley del Código Procesal Constitucional aprobado en grande y detalle el miércoles pasado por la Cámara de Diputados y remitido al Senado para su tratamiento, Héctor Arce, dijo que se trata del primer código de procedimiento constitucional, de “una nueva era de codificación en el país”.

Dijo que hasta ahora se han tenido paquetes de leyes copiadas de otros países, que van a ser sustituidos por los nuevos códigos: Civil, Penal, Procesal Penal, Laboral, Familia, etc., en total ocho códigos que se están elaborando y están en proceso de aprobación.

Señaló que se espera que todo este paquete de códigos entren en vigencia el próximo año, de manera conjunta, de manera que renovarán íntegramente la justicia en el país.

El primero es el Código Procesal Constitucional, que se trabajó desde el año pasado y será el primero del país, pues no se tuvo nunca un procedimiento que regule la defensa de los derechos de las personas, por ejemplo, a través de la acción de libertad, y hacen a la defensa de la supremacía la Constitución Política del Estado.

Agregó que el Código plantea procedimientos rápidos, efectivos y certeros de manera que la gente pueda defender su derecho de manera objetiva. Acerca la justicia al ciudadano al suprimir la necesidad del patrocinio de un abogado para pedir la tutela jurídica, elimina el requerimiento de que el reclamo sea por escrito, el ciudadano afectado podrá directamente ir ante el juez, y se opera el mecanismo en 24 horas.

Arce anunció la vigencia, de las disposiciones transitorias, de este código el próximo 6 de agosto, en el aniversario patrio.

Los Tiempos

miércoles, 16 de mayo de 2012

Derecho a la Privacidad en la Constitución

El Ministro de Gobierno, Carlos Romero, presentó públicamente la grabación de una conversación telefónica en la que, presuntamente, la diputada del Movimiento Sin Miedo (msm), Marcela Revollo, conversaba con dirigentes indígenas de la IX Marcha en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), en la que, además, habría ofrecido financiamiento.

Esta situación, de claros matices políticos por los sujetos que involucra, ha provocado la reacción de la diputada, quien anunció una acción penal en contra del ministro por haber hecho público un audio grabado sin conocimiento suyo.

Por otro lado, y como respuesta a la diputada Marcela Revollo, quien acusó a Romero de espionaje, la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, afirmó que el derecho a la privacidad de una persona que ocupa un cargo público “sólo es válido en su hogar” (sic), cuando, según Revollo, el Órgano Ejecutivo violó su privacidad como persona, sosteniendo que la difusión de dicha grabación habría vulnerado el artículo 151 de la Constitución Política del Estado (cpe); por lo que, solicitó las investigaciones correspondientes al Ministerio Público.

Nociones Generales

El derecho a la intimidad o privacidad es la potestad o facultad que tiene toda persona para mantener en reserva determinadas facetas de su personalidad, esto tiene como uno de sus elementos esenciales la inviolabilidad de la vida privada, referida al escenario o espacio físico en el que se desenvuelve, como es el domicilio, los medios relacionales de comunicación y correspondencia y los objetos que contienen manifestaciones de voluntad o de conocimiento no destinadas al acceso de personas ajenas, lo que involucra escritos, fotografías y otros documentos.

Debe entenderse que el derecho a la inviolabilidad de correspondencia no se reduce al ámbito de la correspondencia escrita, es decir, la carta postal, sino que se extiende a cualquier medio o sistema de comunicación privada, dado que actualmente se cuenta con múltiples formas como telefonía fija y móvil y correo electrónico.

Entonces, la inviolabilidad de correspondencia y de todas las formas de comunicación privada que garantiza la Constitución está destinada a resguardar esencialmente los siguientes bienes jurídicos: 1) La libertad de toda persona para comunicarse con otras, sin que se produzcan interrupciones o interferencias ilegales o arbitrarias; y 2) La reserva o el secreto de aquello que se escribe o habla entre quienes se hayan comunicado.

En la ley fundamental

La CPE Plurinacional de Bolivia, aprobada en enero de 2009, en su Capítulo dedicado a los Derechos Civiles y Políticos, establece en el artículo 21, numeral 2, que las bolivianas y bolivianos tenemos los siguientes derechos: “A la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad”.

Asimismo, y reforzando el alcance de este derecho, el artículo 25 establece que: “I. Toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de su domicilio y al secreto de las comunicaciones privadas en todas sus formas, salvo autorización judicial. II. Son inviolables la correspondencia, los papeles privados y las manifestaciones privadas contenidas en cualquier soporte, éstos no podrán ser incautados salvo en los casos determinados por la ley para la investigación penal, en virtud de orden escrita y motivada de autoridad judicial competente. III. Ni la autoridad pública, ni persona u organismo alguno podrán interceptar conversaciones o comunicaciones privadas mediante instalación que las controle o centralice. IV. La información y prueba obtenidas con violación de correspondencia y comunicaciones en cualquiera de sus formas no producirán efecto legal”.

Esta disposición constitucional regula básicamente lo siguiente:

a) El derecho a la inviolabilidad del domicilio, que básicamente significa que nadie puede introducirse o ingresar en él sin el consentimiento del propietario o habitante, excepto en los casos expresamente previstos por la misma Constitución. Asimismo, debe considerarse que el carácter domiciliario de un recinto se da por el hecho de que, en su interior, una o más personas desarrollan actividades en la esfera de la vida privada, es decir, a ese ámbito de la existencia de la persona donde los demás no pueden introducirse ilícitamente.

b) El carácter inviolable de la correspondencia y los papeles privados, determinando la prohibición de su incautación, excepto en los casos expresamente establecidos por Ley, y previa orden escrita y motivada de autoridad judicial competente. Esto implica que toda persona tiene el derecho de mantener en reserva su correspondencia y sus papeles privados, este derecho alcanza a toda forma de comunicación, escrita, oral o audiovisual, considerando que ahora existen medios sofisticados para una comunicación pronta y oportuna.

c) La invalidez como medio probatorio de los documentos privados violados o sustraídos, lo que implica que la persona que sustraiga o se apodere ilegítimamente y/o el funcionario público que incaute un documento privado sin el consentimiento o conocimiento del dueño, o sin una orden judicial expresa, no podrá presentar como prueba dicha documentación y, en caso de ser presentada, la misma no podrá surtir efectos probatorios válidos en el proceso.

d) La prohibición de interceptar conversaciones o comunicaciones privadas implica que ninguna persona particular o funcionario público, cualquiera sea su rango de autoridad, puede ni debe, bajo pena de incurrir en delito sancionado por la Ley Penal, interceptar conversaciones o comunicaciones privadas. Esto significa que ninguna autoridad judicial puede ordenar la intercepción de este tipo de conversaciones.

En la jurisprudencia

Ahora bien, sobre los derechos a la intimidad y privacidad como base de la protección de datos personales, la Sentencia Constitucional Nº 1738/2010-R de 25 de octubre ha señalado que, “del artículo 130 de la cpe, se concibe que tanto las personas naturales y jurídicas tienen acceso a los derechos a la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad reconocido en el artículo 21.1 de la cpe, entre uno de esos derechos está la intimidad, que sin duda es uno de los bienes más susceptibles de ser lesionados o puesto en peligro por el uso de las nuevas tecnologías, por lo que se hace necesario colocar un límite a la utilización de la informática y las comunicaciones ante la posibilidad de que se pueda agredir a la intimidad de los ciudadanos y con ello coartar el ejercicio de sus derechos” (Conde Ortiz Concepción. “La protección de datos personales: un derecho autónomo en base a los conceptos de intimidad y privacidad”).

El mismo autor, citando a Albaladejo, señaló que la intimidad consiste en “el poder concebido a la persona sobre el conjunto de actividades que forma su círculo íntimo, poder que le permite excluir a los extraños de entrometerse en él y de darle una publicidad que no desee el interesado”, así la jurisprudencia de España en su STC 134/1999 de 15 de julio, señaló que “el derecho a la intimidad garantiza al individuo un poder jurídico sobre la información relativa a una persona o a su familia, pudiendo imponer a terceros, sean éstos simples particulares o poderes públicos, su voluntad de no dar a conocer dicha información o prohibiendo su difusión no consentida”.

Ahora bien, en lo que respecta a la privacidad personal o familiar, el autor, citando a Ruano Albertos, señaló que es “el poder de ejercer un control sobre las informaciones que le atañen a uno, teoría que viene a considerar la intimidad como el derecho a poder participar y controlar las informaciones que concierne a cada persona”, de igual forma hace una distinción entre intimidad y privacidad, señalando que la intimidad es “el conjunto de sentimientos, pensamientos e inclinaciones más internos, como la ideología, religión o creencias, las tendencias personales que afectan a la vida sexual, problemas de salud que deseamos mantener en secreto y otras inclinaciones”; mientras que, privacidad hace referencia “al ámbito de la persona formado por su vida familiar, aficiones, bienes particulares y actividades personales”.

De todo lo anterior se tiene que la intimidad y la privacidad son la base fundamental para la protección de todos los datos personales de la persona, que sólo le atingen a él o a ella, por lo mismo se encuentra facultada para determinar cuándo y dentro de qué límites pueden revelarse situaciones referentes a su propia vida, entendiéndose que la acción de protección de privacidad, entre otros protege la intromisión por parte de personas particulares y/o jurídicas a la vida íntima del ser humano que le corresponde como consecuencia del reconocimiento a su dignidad, por lo que la vulneración de estos derechos afecta directamente a su imagen, honra y reputación”.

La Gaceta Jurídica - Alan E. Vargas Lima

La Razón - 15 de mayo de 2012

Abogados debaten derecho a la privacidad

Abogados constitucionalistas consultados sobre la publicación de las conversaciones privadas que realizó en su oficina la diputada Marcela Revollo discrepan sobre si la difusión de ese diálogo viola o no la Carta Magna.

Carlos Alarcón explicó que la Carta Magna garantiza el derecho a la intimidad y la privacidad frente al Estado y otros particulares en relación a cualquier persona que se sienta afectada.

“Este derecho únicamente puede ser válido y legalmente removido si se trata de la investigación de un delito, mediante autorización judicial expresa. En el caso del TIPNIS, no se trata de ninguna comisión de delitos, sino de una marcha que está ejerciendo un derecho constitucional”, afirmó.

Por su parte, el abogado Álvaro Bravo reconoció que en la Constitución existe un artículo que hace respetar el derecho a la privacidad, pero que en el caso de la diputada Revollo no se ha vulnerado ninguno de sus derechos fundamentales.

“En las noticias se dio a conocer que la grabación fue anónimamente llevada al Ministerio de Gobierno. Es por eso que este despacho no ha vulnerado el derecho a la privacidad de esa autoridad de la Asamblea Legislativa”, declaró el jurista.

Página Siete

martes, 15 de mayo de 2012

Rime Choquehuanca postuló para ser Presidente de Bolivia - 2009

El candidato boliviano a la Presidencia del país Rime Choquehuanca pidió hoy al órgano electoral inhabilitar a seis de los ocho frentes que concurren a los comicios del próximo 6 de diciembre, entre ellos el del presidente Evo Morales, por incumplir las normas constitucionales sobre equidad de género.

Un portavoz de la Corte Nacional Electoral (CNE) confirmó hoy a Efe que Choquehuanca, ex fiscal anticorrupción, presentó recursos contra los candidatos a presidente y vicepresidente de todos los frentes excepto al que él mismo lidera, Bolivia Social Demócrata (BSD), y al Movimiento de Unidad Social Patriótica (MUSPA).

Así, el candidato pretende inhabilitar a los números uno y dos del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), encabezado por Morales; de Plan Progreso para Bolivia-Convergencia Nacional (PPB-CN), liderado por el ex prefecto (gobernador) Manfred Reyes Villa, y de Unidad Nacional (UN), de Samuel Doria Medina.

Asimismo, pidió la inhabilitación de Pulso, encabezado por el dirigente campesino Alejo Veliz, y Gente, cuyo número uno es el disidente oficialista Román Loayza.

La Constitución y el código electoral vigente en Bolivia establecen que el 50 por ciento de los aspirantes a los escaños del Parlamento, entre titulares y suplentes, deben ser mujeres.

Pero Choquehuanca alega que sólo BSD y MUSPA cumplen con la equidad de género al presentar candidatas a la presidencia o la vicepresidencia: el primero, con Norah Castro como compañera de fórmula del propio Choquehuanca, y el segundo, con Ana María Flores a la cabeza de su aspiración presidencial.

Sin embargo, y pese a lo que afirma el BSD, ningún frente habría cumplido con la equidad de género en sus listas de candidatos para la futura Asamblea Legislativa, ya que las mujeres representan sólo el 30 por ciento del total de los aspirantes titulares a los escaños del Congreso y el Senado.

Según el portavoz de la CNE, la dirección jurídica del órgano electoral elaborará un informe a la demanda presentada por Choquehuanca y con base en ese documento la sala plena tomará una decisión, si bien no especificó cuánto tiempo puede durar ese procedimiento.

Los Tiempos

¿Y los profesionales qué?

Por Fernanda San Martín Carrasco - Columnista

Empezamos el mes de abril con un país convulsionado socialmente, la COB ha programado un paro movilizado, los indígenas del TIPNIS iniciarán la IX Marcha, que pretende ser nacional, ya no sectorial, y los médicos radicalizan sus medidas de presión. Ante este panorama, somos testigos, muchas veces mudos, del cambio del MAS que parece basarse en una desvalorización de los profesionales en todas las áreas. Ahora toca al cuerpo médico, que le quieren sustraer derechos ya adquiridos, como las seis horas de trabajo. Necesitamos políticas públicas que promuevan la especialización de los médicos y reconocer el esfuerzo de estos profesionales. Pero, sobre todo, necesitamos políticas públicas para mejorar la calidad de la salud y esta medida no hace más que precarizar la atención pública de salud. No es suficiente un seguro de atención universal si no tenemos infraestructura hospitalaria para atender esa demanda, el derecho constitucional así cae en saco roto. El ejercicio de la profesión de médico es particularmente delicado y yo, personalmente prefiero que me atienda un médico con el suficiente descanso porque al final estará en juego mi vida, la cual pongo en sus manos.

Hace pocas semanas, el Presidente de Bolivia dijo a los magistrados que deberían nacionalizar las leyes y dejar atrás la enseñanza del Derecho Romano. Ya estamos acostumbrados a los exabruptos de nuestra digna autoridad, que la mayor parte de las veces quedan en la anécdota y no tienen mayor repercusión. Mi asombro fue que, esta vez, el Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Boliviana, doctor Eduardo Rodríguez Veltzé (expresidente de la Corte Suprema de Justicia), pretende seguir las instrucciones presidenciales y, mediante un proyecto de reforma de la microcurrícula, pretende eliminar la asignatura de Derecho Romano y reducirla a una enseñanza transversal. Es difícil pensar cómo podríamos entender las instituciones jurídicas modernas sin aprender el razonamiento jurídico romano, base fundamental del Derecho en cualquier parte del mundo. Y esto nos lleva al tema central: en lugar de mejorar la calidad de la educación (sea ésta pública o privada), estamos reduciéndonos a dogmas que están reemplazando las ciencias. Parece que la teoría marxista revolucionaria de la de-construcción del Estado, la sociedad y sus principios ha llegado a las aulas universitarias.

Un pueblo ignorante es más fácil de manipular, y parece que todos quieren que seamos ovejas sin formación.

La Prensa - 10/04/2012

La unidad de un lado y del otro

Por Fernanda San Martín Carrasco - Columnista

Parece que la época de campañas electorales esta vez empezará muy temprano. Faltando dos años y nueve meses para las elecciones generales de 2014, el MAS ya anuncia una amnistía a los desertores para ver si así logra maquillar la pérdida de apoyo del supuesto protagonista de su proyecto, los indígenas. Evo Morales llama a la Unidad de los partidarios del MAS mediante un congreso, haciendo esfuerzos para reconstruir su base política e ideología que cada vez anda más confusa. El proyecto del MAS y su unidad están caracterizados por el autoritarismo, el totalitarismo y la voluntad de perpetuarse en el poder. El domingo pasado, el presidente Morales dijo: “Hemos llegado al Palacio no como inquilinos, llegamos para siempre”, queriendo emular las monarquías absolutistas europeas. Seguro que Luis XVI, el último rey de Francia, pensó lo mismo.

Mientras que en la oposición hemos visto hace varias semanas cómo aumenta el interés por unificarla, si bien no todos tienen la misma visión de lo que significa unidad. Para algunos, la unidad significa tan sólo primarias electorales entre la oposición, como si eso fuera a resolver los problemas de fondo. No tengo nada en contra de las primarias, pero es “primario” pensar que ésa es la fórmula mágica que hará que se llegue a algún éxito. La población está cansada de ver cómo su voto “opositor” se vacía de contenido, porque gracias a la gran dispersión de candidaturas su voto se diluye y no obtiene ninguna representatividad en el sistema político. Por otra parte, es el reconocimiento de que tal como está el escenario en la actualidad, sólo se puede hacer frente al proyecto hegemónico de poder del MAS con un bloque sólido que presente una nueva alternativa.

¿Por qué y para qué queremos una unidad de aquellos que no comulgamos con la visión totalitarista del MAS? ¿Solamente para ganar las elecciones en 2014?

El objetivo de la unidad debe ir mucho más allá de una simple alianza electoralista que permita acceder al poder y tener gobernabilidad. El objetivo debe ser el mismo de todos los ciudadanos, el construir una visión de país que resuelva los problemas estructurales de reducción de la pobreza, seguridad ciudadana, protección al medio ambiente, el mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos, la institucionalidad, la seguridad jurídica, la justicia para todos por igual, el respeto a la democracia y los derechos de los que piensan diferente al partido del Gobierno de turno. Significa la construcción de un proyecto nacional alternativo que haga progresar Bolivia económica y socialmente.

La unidad de la oposición debe ser constructiva, con base en la confianza, la renovación política, un acuerdo de principios y un programa que lleve a construir una visión de la Bolivia que queremos para los próximos 30 años, no sólo para las próximas elecciones.

La Prensa - 27/03/2012

¿Es democrática la pregunta?

Por Fernanda San Martín Carrasco - Columnista

Mañana empieza la IX marcha de los pueblos indígenas, a la cabeza de la Cidob y el Conamaq, en contra de la construcción de la carretera que pasaría por medio del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure. Esta marcha cuenta con el apoyo del sector médico, del magisterio, de juntas de vecinos, de instituciones en defensa del medio ambiente y de muchos ciudadanos de a pie que respaldan la defensa del TIPNIS.

La Ley 1333 sobre Medio Ambiente tiene por objeto “la protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales, regulando las acciones del hombre con relación a la naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población”. Esta ley establece que el medio ambiente y los recursos naturales constituyen patrimonio de la nación, es así que todos los bolivianos tenemos el derecho a exigir del Estado que cumpla su deber de garantizar el disfrute de un medio ambiente sano.

La ley citada considera actividades que degradan el medio ambiente las que alteran el patrimonio natural constituido por la diversidad biológica, genética y ecológica. En el TIPNIS, un ecosistema riquísimo, existen miles de especies de fauna y flora, algunas endémicas, que con la carretera que se quiere construir correrían grave riesgo de desaparecer.

La calificación del territorio del Isiboro Sécure como Parque Nacional conlleva la aplicación del Reglamento sobre las Áreas Protegidas (DS 24781), que tiene por objeto la protección estricta y permanente de los parques y de muestras representativas de ecosistemas, así como los recursos de flora y fauna. En esta disposición legal se establece la prohibición de obras de infraestructura, excepto para investigación científica, ecoturismo, educación ambiental y actividades de subsistencia de pueblos originarios. El proyecto de carretera no se adscribe a ninguna de las excepciones mencionadas, por lo tanto, vulneraría esta disposición reglamentaria y la propia Ley 1333.

La consulta previa establecida por el Convenio 169 de la OIT y traspasada en nuestro ordenamiento jurídico en la Constitución es un derecho. La consulta es democracia, la respuesta es democracia, pero previamente la pregunta debe ser igualmente democrática. ¿Es democrático consultar sobre la aplicación o no de las leyes? ¿Esto abre la posibilidad de hacer lo mismo con otros parques nacionales? En mi opinión, los derechos constitucionalmente reconocidos y las leyes no pueden ser derogados con una consulta previa. Una consulta no constituye una reforma constitucional.

La marcha ha pasado de ser sólo sectorial a ser una reivindicación nacional que implica mucho más que la defensa de un parque nacional en específico, implica un nuevo planteamiento, una nueva visión de país que emerge.

Urbanos e indígenas nos hemos encontrado, reconocido y compartimos la visión de que queremos una Bolivia que respete la naturaleza y las leyes.

La Prensa - 24/04/2012

Servicio no público de transporte

Por: Fernanda San Martín Carrasco - Columnista

En pleno siglo XXI, en Bolivia, aún debatimos temas que en otras sociedades han sido resueltos hace muchos años, el tema del transporte es uno de ellos. Una ciudad eficiente es aquella que cuenta con un servicio de transporte público masivo que brinde a la población seguridad y estabilidad en su derecho a la circulación. Infelizmente, en La Paz, como en todo el país, los ciudadanos estamos supeditados a los caprichos y chantajes de una estructura sindicalista parasitaria que provee un “servicio” de pésima calidad. Todos sufrimos con los paros del transporte (mal llamado) público que ocurren con o sin razón, con la descortesía de los chóferes, con el abuso del cambio de rutas, la frecuencia, la falta de cobertura en algunas zonas de la ciudad y con la incomodidad e inseguridad de sus vehículos.

El servicio de transporte de una ciudad debe ser público, es decir, no debe estar en manos de un grupo de particulares que se quiere arrogar competencias que no le pertenecen. El servicio de transporte público debe tener rutas y frecuencias ajustadas a la demanda e infraestructura especializada. El servicio público debe tener las siguientes características fundamentales: continuidad, mutabilidad (la administración pública puede modificar la organización o funcionamiento del servicio), igualdad en su prestación (accesibilidad a todos por igual), obligatoriedad y desinterés (no tiene fines de lucro). Infelizmente, el “servicio público” de transporte no cumple ninguno de los requisitos mencionados.

El transporte es esencial para el desarrollo de la ciudad. Con los paros de transporte se pierden millones de dólares diarios, la productividad desciende y el
país se vuelve menos atractivo para las inversiones internacionales y el turismo.
La CPE reconoce en el artículo 21 que los bolivianos tienen el derecho a la libertad de circulación en todo el territorio boliviano. Mientras que en el artículo 53 de la misma normativa se garantiza el derecho a la huelga. En este conflicto de derechos, ninguno puede sobreponerse al otro porque tienen igual rango constitucional. Sin embargo, en casos de bloqueos se debería despejar las vías, pero la Policía Nacional no cumple su obligación de hacer cumplir la Constitución. Pero además de ello, ¿cómo coordinar la ejecución de esos dos derechos para evitar vaciar de contenido a ninguno de ellos?

Debemos ir más allá, incluso, y para ello planteo una ley que establezca la obligatoriedad de un servicio mínimo en el transporte público en caso de huelga, que pueda así proteger a los usuarios de las arbitrariedades y podamos realizar nuestras actividades de manera más o menos normal.

Al establecer un servicio mínimo en las horas punta, se garantizaría el derecho constitucional a la libre circulación y al trabajo de todos los ciudadanos.

El actual servicio de transporte NO es un servicio público, es manejado por privados con fin de lucro y no satisface las necesidades de la población.

La Prensa - 8/05/2012

Listas de Candidatos del MAS. Elecciones Generales 2014.

Código Penal de Bolivia

Nueva Constitución Política del Estado-Bolivia

Derecho Bolivia

Derecho Bolivia
Emblema de la justicia en Bolivia.