martes, 15 de mayo de 2012

¿Es democrática la pregunta?

Por Fernanda San Martín Carrasco - Columnista

Mañana empieza la IX marcha de los pueblos indígenas, a la cabeza de la Cidob y el Conamaq, en contra de la construcción de la carretera que pasaría por medio del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure. Esta marcha cuenta con el apoyo del sector médico, del magisterio, de juntas de vecinos, de instituciones en defensa del medio ambiente y de muchos ciudadanos de a pie que respaldan la defensa del TIPNIS.

La Ley 1333 sobre Medio Ambiente tiene por objeto “la protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales, regulando las acciones del hombre con relación a la naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población”. Esta ley establece que el medio ambiente y los recursos naturales constituyen patrimonio de la nación, es así que todos los bolivianos tenemos el derecho a exigir del Estado que cumpla su deber de garantizar el disfrute de un medio ambiente sano.

La ley citada considera actividades que degradan el medio ambiente las que alteran el patrimonio natural constituido por la diversidad biológica, genética y ecológica. En el TIPNIS, un ecosistema riquísimo, existen miles de especies de fauna y flora, algunas endémicas, que con la carretera que se quiere construir correrían grave riesgo de desaparecer.

La calificación del territorio del Isiboro Sécure como Parque Nacional conlleva la aplicación del Reglamento sobre las Áreas Protegidas (DS 24781), que tiene por objeto la protección estricta y permanente de los parques y de muestras representativas de ecosistemas, así como los recursos de flora y fauna. En esta disposición legal se establece la prohibición de obras de infraestructura, excepto para investigación científica, ecoturismo, educación ambiental y actividades de subsistencia de pueblos originarios. El proyecto de carretera no se adscribe a ninguna de las excepciones mencionadas, por lo tanto, vulneraría esta disposición reglamentaria y la propia Ley 1333.

La consulta previa establecida por el Convenio 169 de la OIT y traspasada en nuestro ordenamiento jurídico en la Constitución es un derecho. La consulta es democracia, la respuesta es democracia, pero previamente la pregunta debe ser igualmente democrática. ¿Es democrático consultar sobre la aplicación o no de las leyes? ¿Esto abre la posibilidad de hacer lo mismo con otros parques nacionales? En mi opinión, los derechos constitucionalmente reconocidos y las leyes no pueden ser derogados con una consulta previa. Una consulta no constituye una reforma constitucional.

La marcha ha pasado de ser sólo sectorial a ser una reivindicación nacional que implica mucho más que la defensa de un parque nacional en específico, implica un nuevo planteamiento, una nueva visión de país que emerge.

Urbanos e indígenas nos hemos encontrado, reconocido y compartimos la visión de que queremos una Bolivia que respete la naturaleza y las leyes.

La Prensa - 24/04/2012

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