lunes, 21 de mayo de 2012

Pena de muerte, un pobre debate

Por: Mónica Oblitas

ANTE EL AUMENTO DE CRÍMENES, LA PROPUESTA DE RESTAURAR LA PENA DE MUERTE EN BOLIVIA VUELVE A ESCUCHARSE.

"Hay que quemarlos, es la única solución”, decía a un noticiero una vecina de la zona 16 de Febrero, en El Alto, donde vivían los supuestos asesinos de Verónica Peñasco Layme y su hermano, Víctor Hugo, ambos periodistas. La afirmación de la mujer era apoyada por la de otros vecinos que piensan como ella, “hay que matarlos, no sirve que entren a la cárcel, después salen rápido y vuelven a matar.”

Los dos hermanos son las más recientes víctimas de una ola de crímenes que sacude a todo el país y que tiene especial saña en la ciudad de El Alto. Varias bandas de “cogoteros” operan en esta ciudad sembrando el terror entre los pobladores. Camuflados como transportes públicos, los vehículos de la muerte rondan los caminos sin luz de la ciudad más joven de Bolivia, en busca de sus víctimas. Esta vez fueron Verónica y su hermano, cuyo caso tuvo más repercusión al ser ambos periodistas de radio San Gabriel, pero está muy lejos de ser el único.

La muerte de Verónica y Víctor Hugo pareciera que ha colmado el vaso. Los vecinos alteños, a través de su Federación de Juntas Vecinales, hace pocos días se organizaron para marchar hacia la sede exigiendo se imponga la pena de muerte y se modifique el código de procedimiento penal. En su furia, arrasaron con la vivienda de uno de los sospechosos y han jurado linchar a los dos arrestados por el crimen de los hermanos.

Desde 2009 hasta este año ha habido más de 150 casos de linchamiento o intentos de linchamiento en Bolivia, la mayoría con víctimas fatales. Confundido con la justicia comunitaria, el linchamiento es una práctica impune en el país, pero también la expresión de impotencia de quienes se sienten afectados por la delincuencia.

"Por los continuos asesinatos que se cometen en contra de los transportistas, se generaliza el pedido de la pena de muerte", ha dicho el Secretario Ejecutivo de la Federación del Transporte de La Paz, René Vargas. Este sector es uno de los más vulnerables, y es también el disfraz perfecto para aquellos asesinos que se hacen pasar como transportistas. Entre 2011 y lo que va del año, 79 personas han sido victimas de cogoteros. En este primer trimestre, 6 taxistas han muerto.

Un no rotundo

Sin embargo, de acuerdo a la Constitución Política del Estado (CPE), la pena de muerte no es una opción valedera en Bolivia de manera que el Código Penal, aunque sea reformulado, no puede contemplarla. Actualmente la pena máxima en el país es de 30 años sin derecho a indulto, aunque pocos cumplen la totalidad de la sentencia.

Bolivia se adscribió al Pacto de San José en defensa de los derechos humanos en 1969 y ratificó ese pacto en 1993, siendo de efecto vinculante y de cumplimiento obligatorio.

“En Bolivia no está prevista esta sanción penal (la pena de muerte). La CPE habla de un derecho fundamental como es el derecho a la vida. Entonces el sistema ha previsto la aplicación de penas, hay una degradación de pena de acuerdo al título de delito en que se incurre. Ni desde la aplicación de instrumentos internacionales ni desde la Carta Magna ni desde los principios generales, es viable la aplicación de la pena de muerte”, ha explicado el abogado y ex defensor del pueblo Waldo Albarracín.

En este tema ni oficialistas ni opositores están en desacuerdo. El oficialista Héctor Arce ha dicho que reformar la CPE para incluir la pena de muerte sería muy conflictivo “porque Bolivia es signataria de varios tratados internacionales que son tendientes a la abolición de la pena de muerte y por supuesto no podríamos ir en contra de esos tratados”.

Por su parte el abogado Bernard Gutiérrez, senador de Convergencia Nacional (CN) asegura que esta figura no es sustentable porque conllevaría a una modificación a la CPE y dejaría sin efecto la adhesión del país a instrumentos internacionales que defienden los derechos humanos.

La exministra de la Corte Suprema de Justicia, Rosario Canedo, asegura que la pena de muerte no es ninguna solución, “el Gobierno tiene el desafío de garantizar la seguridad ciudadana, eliminar la extrema pobreza, crear fuentes de empleo y eliminar el narcotráfico y es así que se podrá vivir en paz y seguridad. No es la pena de muerte, no es el incremento en las sanciones, sino son las políticas gubernamentales que vayan en beneficio de todos los ciudadanos del país”.

No sirve

En el moderno Estados Unidos, donde se sigue aplicando la pena de muerte, los doce estados norteamericanos que no la aplican tienen igual o menor cantidad de homicidios que los estados donde sí se la utiliza, según estadísticas gubernamentales. Esto indica que la amenaza de ser condenado a muerte no disuade a los delincuentes.

"Las cifras hacen que resulte difícil pensar que haya algún tipo de efecto disuasivo", señala Steven Messner, criminólogo de la Universidad de Nueva York. "Sean cuales fueren los factores que influyen en el índice de homicidios, no parecen tener relación con la ausencia o la presencia de la pena capital en un estado", agregó.

Según el informe de Amnistía Internacional sobre las condenas a muerte y ejecuciones en 2010, los países que siguen utilizando la pena de muerte se están quedando cada vez más aislados. Arabia Saudí, China, Estados Unidos, Irán y Yemen siguen figurando entre los que llevan a cabo más ejecuciones.

Las ejecuciones registradas oficialmente por Amnistía Internacional en 2010 fueron de 527. China llevó a cabo miles de ejecuciones en 2010, pero este país sigue manteniendo su hermetismo sobre el uso de la pena de muerte.

“En varios países continúan imponiéndose penas de muerte por delitos como los relacionados con drogas, los económicos, el mantenimiento de relaciones sexuales entre adultos con consentimiento mutuo y la blasfemia, en contra de lo dispuesto por las normas internacionales de derechos humanos que, excepto en el caso de los delitos más graves, prohíben el uso de la pena de muerte”, dice el informe. Asia y Oriente Medio son las dos regiones en las que se llevan a cabo más ejecuciones.

(Con datos de El Diario, Jornada, El Clarín, Amnistía Internacional, Los Tiempos, BBC).

Los Tiempos - 18/03/2012

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