martes, 5 de junio de 2012

Entre acoso y persecución política

Por Fernanda San Martín Carrasco - Columnista

En días pasados, la Asamblea Legislativa Plurinacional ha aprobado la Ley contra el acoso y violencia política hacia las mujeres, mientras días más tarde el senador Roger Pinto pedía refugio en la Embajada de la República Federativa del Brasil, alegando persecución política por parte del Gobierno, sumándose así a la larga lista de bolivianos en condiciones similares. Dicha Ley establece en el artículo 5 la protección a todas las mujeres candidatas, electas, designadas o en el ejercicio de la función político-publica.

Es siempre destacable el hecho de que existan leyes que protejan el ejercicio pacifico de la función pública, sin embargo esta ley, que produjo grandes expectativas en cuanto a la protección de derechos relacionados con genero, dejó a muchos con sabor a poco. El alcance de aplicación de la ley no se extiende al resto de las mujeres que componen la sociedad. La política no es área exclusiva de los que ejercen algún cargo público, se la práctica diariamente por todo tipo de personas cuando éstas ejercen su derecho a opinar o expresarse libremente de la situación actual. Esas personas, ciudadanos de a pie, particularmente, mujeres que se interesan por el manejo de la cosa pública, mujeres líderes, que denuncian malos manejos públicos, falta de políticas públicas, falta de soluciones a los problemas sociales, ellas son las grandes excluidas de esta ley. La persecución política es el acto por el cual una o varias personas realizan acciones represivas o de maltrato persistente a otra persona, en razón de sus ideas u opiniones políticas.

En los últimos años, hemos visto cómo han proliferado los juicios a los opositores, bajo el paraguas del delito de desacato establecido en el artículo 162 del Código Penal, que establece que: “El que por cualquier medio calumniare, injuriare o difamare a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones o a causa de ellas, será sancionado con privación de libertad de un mes a dos años”.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay, en su último informe sobre Bolivia, reitera al Gobierno y a la Asamblea Legislativa eliminar el delito de desacato, ya que la ausencia de criterios judiciales prácticos por parte de los operadores de justicia pueden provocar este tipo de acciones que van en detrimento de la institucionalidad del país. El delito de desacato es una flagrante violación a la libertad de expresión y ha sido convertido en un instrumento de represión contra las personas que no están de acuerdo con el Gobierno de turno.

El hecho de tener un senador del Estado Plurinacional refugiado en la Embajada de Brasil en el momento que se lleva a cabo la reunión de la OEA en nuestro país es una muy mala señal para la comunidad internacional que es muy crítica con los países donde los derechos humanos no son respetados.

Una sociedad justa, equitativa e inclusiva sólo puede construirse con base en el respeto a los demás a su pensamiento e ideología. Voltaire decía: No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo.

La Prensa - 05/06/2012

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