jueves, 13 de septiembre de 2012

Disolución e invalidez de los contratos

VALIDEZ Y EFICACIA DE LOS CONTRATOS



En la contratación, cuando se dan todos los elementos constitutivos para la formación de los contratos, es decir donde se observan los requisitos establecidos en el Art. 452 del Código Civil (consentimiento, objeto, causa y forma) y los exigidos para cada uno de los Contratos en particular, así como cuando los contratantes son personas capaces de realizar el negocio, el contrato es perfecto, siendo por tanto válido; pero para que este sea eficaz es necesario que no se encuentre sometido a modalidad y que sea idóneo para producir sus efectos normales.

A la validez y eficacia del contrato, se contraponen situaciones negativas, que son la invalidez e ineficacia de los mismos.



INVALIDEZ DEL CONTRATO Y SUS CAUSAS



El contrato es imperfecto cuando carece de un elemento de validez, ya sea esencial o accidental elevado por las partes a elemento esencial, o cuando tales elementos están afectados por vicios, o bien, cuando el contrato sea ilícito o inoponible, así como cuando transgreda normas jurídicas imperativas o cuando sus efectos no son cumplidos por culpa del incumplido, por dificultad sobreviniente o excesiva onerosidad.



Si tal cosa acontece, el contrato se invalida, en cambio, cuando los contratos se encuentran sujetos a una modalidad, por Ej: a la condición suspensiva, el contrato siendo válido es ineficaz.



INEFICACIA



Si el contrato se ha celebrado con todos los requisitos y no está afectado por vicios, es un contrato perfecto, pero no siempre este contrato válido es de momento eficaz, porque puede ser que esté sujeto a una modalidad, por ejemplo: la transferencia de un derecho de propiedad sujeta a condición suspensiva, su eficacia dependerá de que se cumpla el acontecimiento futuro e incierto, que configura dicha condición.



CLASES DE INVALIDEZ



La invalidez de un contrato puede deberse a causales coetáneas a su nacimiento o a causales sobrevinientes. Las primeras y las segundas dan lugar a su resolución.



INVALIDEZ COETANEA AL NACIMIENTO



Es aquella cuyas causales surgen contemporáneamente al nacimiento del contrato. Es de dos clases: a) nulidad; y b) rescindibilidad.



INVALIDEZ POR EFECTOS SOBRE VINIENTES



Cuyas causales no surgen contemporáneamente con el contrato, sino posteriormente a él, cuando este ya ha nacido plenamente a la vida del derecho. Producen las diferentes clases de resoluciones analizadas en la lección precedente:



CLASES DE INVALIDEZ POR CAUSALES COETANEAS A LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO



Existen dos formas de invalidez coetáneas al nacimiento del contrato.

a) La nulidad y la anulabilidad; y

b) La rescindibilidad

LA NULIDAD



Son las sanciones previstas por la ley e impuestas por el juez a los contratos que no contienen los requisitos esenciales de formación o los elementos accidentales, elevados por las partes a la categoría de esenciales, para aquellos donde el consentimiento está viciado o provienen de contratantes incapaces, o cuyo objeto no existe o carece de sus elementos esenciales y la causa es lícita, así como a los que transgreden normas jurídicas imperativas.



TEORÍAS SOBRE LAS NULIDADES



A través de la evolución jurídica, se han elaborado dos teorías acerca de las nulidades: A) La tripartita; y B) La bipartita.



A) La teoría tripartita de las nulidades, comprende: a) Los actos inexistentes; b) Los actos nulos; c) Los actos anulables.



B) La bipartita sólo comprende los actos nulos y los anulables.



En el código Civil de 1831, se hizo aplicación de la teoría tripartita, especialmente en materia de familia, a través del Art. 87 del C.C. que decía: “No hay matrimonio no habiendo mutuo y libre consentimiento manifestado por las partes en forma expresa”. Esta teoría sostienen que, aunque materialmente existe el acto, desde el punto de vista el derecho, es inexistente.



La doctrina italiana considera, que si bien se podría hacer la distinción entre actos inexistentes y nulos, ello no tiene utilidad práctica porque los efectos de la nulidad y de la inexistencia son los mismos.



El nuevo Código Civil Boliviano ha adoptado la teoría bipartita de las nulidades, que comprende:

a) La nulidad; y b) La anulabilidad.

CARACTERES AFINES Y DIFERENCIAS ENTRE LA NULIDAD Y LA ANULABILIDAD



Los caracteres afines de la nulidad y la anulabilidad son:



1º.- Ambas constituyen sanciones que son previas por ley e impuestas por el juez.

2°.- Tanto la nulidad como la anulabilidad tienen efectos con carácter retroactivo.



No obstante estas afinidades, sus diferencias son absolutas.



CARACTERES DE LA NULIDAD



La nulidad produce la invalidez absoluta del acto, de ahí que sus caracteres son:



1) La imprescriptibilidad, no sólo como acción sino como excepción, o sea que es perpetua.

2) Insanabilidad, no admite la confirmación, salvo casos muy excepcionales que se dan en materia sucesoria.

3) Es de orden público, porque seda en defensa de la sociedad, por consiguiente, el juez tiene la posibilidad de intentar la acción de oficio o de ser denunciada por cualquier persona que tenga interés.



CARACTERES DE LA ANULABILIDAD



La anulabilidad produce un grado de invalidez menos grave que la nulidad. La anulabilidad sirve para impugnar un acto o contrato viciado, con el objeto de eliminar el daño que deriva de él para quien fuese obligado a respetar el negocio.



El contrato expuesto a la anulabilidad produce sus efectos mientras no se lo impugna y, precisamente por esto, cuando prospera la acción el contrato desaparece con efectos retroactivos.

Los caracteres de la anulabilidad son los siguientes:



1º.- Prescribe como acción a los cinco años, (anteriormente el plazo era de diez años), pero no así la excepción que es imprescriptible y puede oponerse en cualquier momento.



El inicio y el término para el cómputo del tiempo, de esta prescripción es diferente al de la prescripción ordinaria. En efecto, dentro de la prescripción de la anulabilidad, los cinco años se computan: en el caso de incapacidad, desde el momento en que ella desaparece; en el error y el dolo, cuando estos, se descubren; y en la violencia desde el momento en que ella cesa.



2°.- Es susceptible de ser subsanada mediante la confirmación por parte del sujeto a quien la ley protege con la acción de la anulabilidad.



3°.- Se da en defensa de las personas expresamente señaladas por la ley, de ahí que sólo estas o sus representantes legales, son las únicas que pueden hacer uso de la anulabilidad.



CONFIRMAClÓN. - CONCEPTO



La confirmación es un negocio jurídico unilateral, por medio del cual la persona en cuyo favor y protección el legislador ha previsto la acción de anulabilidad, renuncia a hacer uso de ella, dando por bien hecho el contrato realizado, eliminando de esta manera los vicios de que adolecía.



En vista de que la confirmación elimina los vicios, la ley exige la observancia estricta de los siguientes requisitos:



a) Tener conocimiento de los vicios, que afectan al contrato,

b) Observar las mismas formalidades que las exigidas para el contrato que se quiere corregir;

c) Transcribir todo el texto del contrato que se quiere confirmar señalando cual es la causal de anulación;

d) Renunciar expresamente a hacer uso de aquellas causales;

e) Tener la capacitación plena para realizar el acto;

f) No incurrir en las mismas causales que se quiere corregir, así por ejemplo, si el violentado sigue bajo presión; la confirmación estará viciada por la misma causal del acto objeto de la confirmación; y

g) La confirmación tiene que ser expresa, aunque también puede ser táctica cuando en forma voluntaria se ejecuta la obligación emergente del contrato. Esta confirmación es difícil de probar porque si bien la persona desea superar los vicios de que adolece el acto, renunciando al derecho que le asiste y como prueba de ello realiza la prestación, esta situación en la práctica puede dar lugar a que el confirmante se arrepienta y desconozca lo actuado.



Con referencia a quien tiene la facultad de pronunciar la nulidad y anulabilidad el Código Civil en su Art. 546 dispone:



“Art. 546.- (Verificación judicial de la nulidad y anulabilidad) La nulidad y la anulabilidad de un contrato, deben ser pronunciadas judicialmente”.



Como las nulidades son sanciones, sólo pueden ser impuestas por las autoridades llamadas por ley, es decir por los organismos jurisdiccionales.



Respecto a los efectos de las nulidades, el Art. 547 deI C.C. dispone la retroactividad de la nulidad y anulabilidad y señala en forma general que las sentencias que declaran la nulidad y la anulabilidad de los contratos, se retrotraen al nacimiento del mismo y lo hacen desaparecer liberando a las partes de las obligaciones aparentes que tenían, de cuya consecuencia, si estas han sido cumplidas total o parcialmente, como quiera que desaparece la causa de la obligación y no hay título que las justifique, las partes deben restituirse recíprocamente lo que han recibido. Dicho artículo dice:



“Art. 547.- (Efectos de nulidad y la anulabilidad de claradas) La nulidad y la anulabilidad declaradas surten sus efectos con carácter retroactivo. En consecuencia: 1) Las obligaciones incumplidas se extinguen, pero si el contrato ya ha sido cumplido total o parcialmente, las partes deben restituirse mutuamente lo que hubieran recibido. Sin embargo, si el contrato es anulado por incapacidad de una de las partes, ésta no queda obligada a restituir lo recibido más que en la medida de su enriquecimiento. 2) Si el contrato ha sido anulado por ilícito, el juez, puede según los casos rechazar la repetición”.



Esta disposición legal establece una sanción complementaria en contra de la persona que ha contratado con un incapaz, al disponer que: “Sin embargo si el contrato es anulado por incapacidad de una de las partes, esta no queda obligada a restituir lo recibido más que en la medida de su enrique cimiento”. Como al incapaz no le asiste causa que justifique retener lo recibido, él está obligado a devolverlo en la medida de su enriquecimiento y, el que ha contratado con un incapaz debe atenerse a estas consecuencias.



En el parágrafo II. del indicado artículo, también se establece otra sanción complementaria cuando la nulidad es por causa ilícita, al disponer, que en estas circunstancias se puede rechazar la repetición facultándose al juez la aplicación de tal medida.



DIFERENCIAS ENTRE LOS EFECTOS DE LA NULIDAD Y LOS DE LA ANULABILIDAD



No obstante que los efectos de ambas son retroactivos, sin embargo, existen diferencias entre los efectos específicos de la nulidad con relación a los efectos concretos de la anulabilidad, porque las sentencias de nulidad son declarativas de certeza por parte del juez, quien no hace sino reconocer que el contrato no ha nacido a la vida del derecho porque no se han cumplido los requisitos esenciales e imprescindibles para su formación.



En cambio, la sentencia de la anulabilidad es constitutiva, es decir que el juez reconoce que el contrato ha nacido a la vida del derecho, pero enfermo y al aplicar las causas de la anulabilidad lo invalida.

Al respecto Eduardo G. Couture, en sus Fundamentos del Derechos Procesal Civil, Tercera edición, Ediciones Depalma Buenos Aires, página 315 y sgtes. dice:



“199. Sentencias declarativas



Son sentencias declarativas, o de mera declaración, aquellas que tienen por objeto la pura declaración, de la existencia de un derecho.



En verdad, debe anticiparse que todas las sentencias contienen una declaración del derecho como antecedente lógico de la decisión principal. Sentencia de declaración es la sentencia absolutoria que desestima la demanda, ya que en definitiva ella declara inexistencia del derecho que el autor pretende como suyo. Sentencias de declaración son, asimismo, las sentencias de condena, y las constitutivas por cuanto se llega a ese extremo luego de considerar y declarar la existencia de las circunstancias que determinan la condena o la constitución del estado jurídico nuevo.



Pero las sentencias de rnera declaración no van más allá de esa declaración.



La doctrina pone como ejemplos de sentencias declarativas aquellas tendentes a establecer la falsedad de un documento, la inexistencia de una obligación, la jactancia. Dentro de nuestro sistema, la sentencia declarativa ha venido a suministrar muy importante apoyo a la acción que se promueve para poder, en método contradictorio, la adquisición de la propiedad por prescripción.

El carácter declarativo de toda sentencia aparece con sagrado en el texto expreso de la ley. Pero en los últimos años la jurisprudencia, acogiendo las ideas de la doctrina que aquí se menciona, ha admitido la importancia de este tipo de acciones y de sentencias. La misma idea de la acción declarativa de prescripción en los casos de posesión treintañal, todavía vacilante en la idea de DE MARIA a fines del siglo pasado, ha sido consagrada con términos claros en los fallos más recientes y hasta en la propia Ley de Registros 10793, Art. 3 inc. 3.



En general la doctrina admite que todo estado de incertidumbre jurídica, que no tenga otro medio de solución que el de un fallo judicial justifica una acción de mera declaración y una sentencia de esta naturaleza.



El concepto de conflicto de intereses ha venido a sufrir así una especie de prolongación hacia aquellos casos en que el titular de un derecho carece de los medios que le aseguren su pacífico goce. Una declaración del Congreso de La Haya de 1932, ha establecido que es esta una de las formas más delicadas y fecundas de la actividad política, hay declaraciones que pueden valer como actos.

La resistencia que hallaron las sentencias de esta índole en ciertos tribunales, inspirada en la idea de que no es función de la justicia hacer meras declaraciones, sino dirimir conflictos reales y efectivos, ha sido abandonada últimamente aún por aquellos que más firmes se mostraron en sustentar esa tesis.

201. Sentencias constitutivas



Se denominan sentencias constitutivas aquellas que, sin limitarse a la mera declaración de un derecho y sin establecer una condena al cumplimiento de una prestación, crean, modifican o extinguen un estado jurídico.



La doctrina no es unánime, respecto a este tipo de sentencias, ni se admite, en general que constituyan una categoría propia, ni existe acuerdo en cuanto a las diversas sentencias que integran esta categoría entre los que admiten su existencia.



Sin embargo, en el estado actual de la doctrina la gran mayoría de los autores consideran que la sentencia constitutiva es una especie particular dentro del género de las sentencias y que forman parte de esa especie, aquellas cuyos resultados no pueden obtenerse ni por una mera declaración ni por una condena. Pertenecen a esta clase, en primer término, aquellas sentencias que crean un estado jurídico nuevo, ya sea haciendo cesar el existente, ya sea modificándolo, ya sea sustituyéndolo por otro.



La demanda que tiene por objeto provocar la rescisión del contrato de arrendamiento por incumplimiento del arrendatario, antes del plazo pactado, tiene por objeto lograr que e! juez declare el incumplimiento; pero, además, que resuelva e! contrato antes del vencimiento del plazo, creando en favor del arrendador la facultad de lanzar al arrendatario y de volver a disponer del inmueble.



En segundo lugar, integran esta clase de sentencias aquellas que departan efectos jurídicos de tal índole que no podrían lograrse, sino mediante colaboración de los órganos jurisdiccionales: el divorcio, la separación de cuerpos, la separación de bienes, etc.



En estos casos los interesados no podrán lograr por acto privado, ni aún de absoluto acuerdo, los efectos jurídicos deseados. Esta circunstancia adquiere especial relieve en las situaciones referentes al estado civil de las personas. En algunos casos, el acuerdo de partes podrá regularlas relaciones patrimoniales (como ser la adjudicación de la herencia al hijo no reconocido ni declarado tal), pero la cuestión del estado sólo podrá lograrse por obra de la jurisdicción. En otros, como en la separación de bienes (no habiendo capitulaciones matrimonia les), ni siquiera por acuerdo de partes será posible en nuestro derecho, regular la relación económica de los esposos.



En todos esos casos, es menester la sentencia que constituya el estado jurídico nuevo. Sin ella, el derecho permanecerá incambiado y pertenecen asimismo, a esta clase de sentencias aquellas que la doctrina llama determinativas o especificativas.



El caso más frecuente en esta materia es aquel en que el Juez actúa como un verdadero árbitro fijando condiciones hasta entonces no especificadas para el ejercicio de un derecho. Así, diariamente, el juez de menores, en nuestro país dicta sentencias estableciendo el modo mediante el cual se ejercerá por parte de los padres divorciados, por parte de los tutores, por parte de los directores de establecimientos de enseñanza la guarda, el cuidado y la instrucción de los niños. También frecuentemente, los jueces establecen cómo deben distribuirse los fondos hereditarios, cómo debe ejercerse la administración sucesoria, como debe cumplirse un legado, cómo deben custodiarse los despojos mortales de un familiar, etc.



En estos casos, el derecho pre-existe, indudablemente, a la sentencia, y el juez se apresura de declararlo. Pero el fallo hace estar su estado de indeterminación sustituyéndolo por otro determinado y específico, regulando las formas concretas de su ejercicio.



205. Efectos de las sentencias declarativas



Los efectos de las sentencias declarativas tienen una retroactividad que podría considerarse total.

Los efectos de las sentencias declarativas tienen una retroactividad que podría considerarse total.

Si el fallo se limita a declarar el derecho, su función resulta meramente documental: el derecho antes incierto se hace cierto y adquiere en la sentencia una prueba perfecta de su certidumbre. La sentencia no afecta el derecho en ningún sentido; queda tal como estaba, con la sola variante de su nueva condición de indiscutible asegurada mediante una prueba perfecta que, en determinados casos, hasta llega a producir efectos erga ommes.



Siendo así, cuando la sentencia no altera la sustancia del derecho, corresponde admitir que este queda, luego del fallo, tal como estaba antes de que se interpusiera la demanda.



En todo caso, podría admitirse, como se ha sostenido alguna vez, que la retroactividad se produce con referencia al día de la demanda o de su notificación; pero esto no por estricta lógica, sino porque el actor lo pide o porque puede suponerse que su interés jurídico en la declaración sólo existe desde ese momento.



La sentencia, en ese caso, se limitaría a satisfacer el interés jurídico del actor a partir del momento en que éste lo evidencia y lo reclama.



En el ejemplo propuesto de la prescripción adquisitiva, lo único que hace la sentencia es declarar la existencia de un anterior estado de hecho y de sus consecuencias de derechos; cuando el juez declara que el actor ha poseído treinta años y ha adquirido el dominio por prescripción pone virtualmente las cosas en el estado en que estaban en el instante mismo en que se consumaba esa prescripción. La declaración del juez vale tanto como si hubiera sido dedicada en el instante preciso en que se cumplieron los treinta años de posesión. La retroactividad de la sentencia declaratoria, en cuanto declaración, es pues absoluta con relación al instante de adquisición del derecho declarado.



En la aplicación de este principio, la jurisdicción ha sido siempre equívoca y vacilante. Frecuentemente otorga carácter declarativo a sentencias de condena o sentencias constitutivas, por falta de una distinción precisa entre lo declarativo y lo ejecutivo o constitutivo de la sentencia. Tal como se acaba de anotar, toda sentencia contiene un elemento declarativo. Ese elemento haría pensar en una retroactividad absoluta (esto es, hasta los hechos, o sea hasta antes de la demanda) de los efectos del fallo; pero esto no es así: la sentencia es retroactiva en absoluto, en cuanto a la mera declaración; pero sus efectos de condena o de constitución de efectos jurídicos nuevos se retrotraen sólo hasta la demanda y en algunos casos no se retrotraen.



206. Efectos de las sentencias de condena



La situación que surge en las sentencias de condena adquiere características especiales.



También en lógica estricta, debería admitirse que cuando una sentencia condena a la reparación de un derecho lesionado, a pagar una suma debida, a reintegrar una cosa ajena, a suministrar alimentos al necesitado, la retroactividad sea completa.



Ya que el proceso consume un tiempo considerable, es natural que ese tiempo no perjudique a quienes tienen razón.



Si la sentencia que condena a reparar el daño causado por el hecho ilícito, no condenara al pago de los intereses, como lo ha sostenido una abundante jurisprudencia, la indemnización podría llegar a pagarse sin desembolso de capital por parte del deudor. Si el proceso durara varios años, la deuda podría satisfacerse solamente con los intereses del capital adeudado. Si los alimentos se suministran sólo a partir de la demanda, sin retrotraerse hasta el momento del desamparo material por parte del obligado, siempre habría un enriquecimiento del deudor a costa del acreedor. Si la restitución de la cosa ajena se hace reintegrando los frutos sólo a partir del día de la demanda, siempre ocurrirá que existe un largo período de tiempo en que los frutos, que fueron siempre del propietario del fundo, habrían aprovechado al usurpador y no al dueño del bien.



La conclusión estrictamente lógica sería, pues, que la sentencia de condena aparejara una reintegración completa del derecho lesionado: que la herida sufrida por el patrimonio se cicatrizara de tal manera que se hiciese absolutamente imperceptible.



Pero esta conclusión lógica choca contra disposiciones especiales que, normalmente, dan preferencia al día de la demanda como punto de partida de la reparación.

Así, por virtud de textos legales expresos, los intereses de las cantidades ilíquidas se deben por la suma que resulte líquida, desde el día de la demanda los frutos de la cosa reivindicada se deben desde la contestación de la demanda si el poseedor lo fuese de buena fe; nuestra jurisprudencia declara que los alimentos se deben desde el día de la demanda y que en las condenas de daños y perjuicios los intereses también se adeudan desde la demanda; etc.



En ciertos casos, ante una solución legal expresa, debe ceder la conclusión estrictamente lógica. En todos esos casos, parece también darse preferencia a la voluntad del actor, admitiendo la ley o los jueces aún contra suposiciones completamente simples, que el acreedor sólo tiene interés en la reparación a partir del día en que se decide a interponer la demanda. Se sostiene asimismo, que los intereses tienen un carácter moratorio y no compensatorio, con lo cual no se consigue explicar a qué título el deudor se beneficia con los intereses transcurridos durante el largo período de gestiones privadas que preceden a toda demanda.



Pero conviene repetir que sólo frente a textos expresos de la ley, apoyados más que otra cosa en razones de equidad, pero no en argumentos de justicia estricta, la conclusión puede ser diferente.

207. Efectos de las sentencias constitutivas



En las sentencias constitutivas los efectos se proyectan hacia lo futuro y no hacia lo pasado.

En las sentencias constitutivas el estado jurídico nace en función de la sentencia y es a partir de ella que surgen los efectos. Así, el contrato de arrendamiento rescindido por sentencia judicial, se supone subsistente hasta el día del fallo o inexistente a partir de él. La sentencia que decreta el divorcio dirige sus efectos hacia lo porvenir, sin que pueda suponerse que el matrimonio disuelto por el fallo se hallaba realmente disuelto desde el día de la demanda. El régimen de educación y de guarda de los hijos se cumple en lo futuro y no en lo pasado.



Lo que ocurre en esta materia y que ha sido causa de frecuentes equívocos es que la sentencia constitutiva, como la de condena, contiene, como se ha dicho, una parte declarativa. Y es, justamente, en función de esa parte declarativa que sus efectos se retrotraen hacia lo pasado.



Así, la sentencia de alimentos se descompone virtualmente en tres partes: una de carácter declarativo, en la cual el juez reconoce el título del actor (parentesco, contrato, testamento, etc.) y lo declara apto para obligar al deudor; otra parte constitutiva (esto es, determinativa) del quantum de la pensión alimenticia adeudada; y una última parte de condena, en la cual, concretamente, impone al deudor la prestación y asegura la vía ejecutoria al acreedor. La tesis de que los alimentos sólo se deben desde la sentencia, sustentada alguna vez, descansa en el error de dar carácter principal a la parte constitutiva de la sentencia; la tesis de que la sentencia retrotrae sus efectos al día de la demanda, pone en primer término el carácter de condena que tiene la decisión; la tesis de que los efectos deben retrotraerse hasta el día en que los alimentos dejaron de prestarse, correspondiendo la restitución total de lo adeudado, descansa sobre la suposición, absolutamente lógica y fundada, de que si el acreedor necesitaba realmente los alimentos y no los reclamaba por imposibilidad material de hacerlo, ese hecho no puede beneficiar al obligado.



Otro tanto sucede con las sentencias de divorcio, de filiación, de insanía, de pérdida de la patria potestad etc. En todas ellas interfieren elementos declarativos y constitutivos (y eventualmente de condena) cuyos efectos tienen distintos puntos de partida.



La dificultad en determinar con exactitud el carácter de cada uno de esos elementos, no puede ser obstáculo para distinguir, con la máxima precisión posible, sus efectos respectivos, sin hacerlos interferir unos con otros. En todo caso ello significará una mayor fatiga para el intérprete y más de una vez motivará serias dificultades, pero en todo caso una operación de esa índole es indispensable antes de dar la solución concreta.



Las nulidades a su vez pueden ser:



a) Textuales: y b) virtuales.



a) NULIDADES TEXTUALES



Son aquellas que están previstas por la ley, en forma concreta y expresa para cada caso.

El Art. 549 del C.C. en sus cuatro primeros incisos se refiere a las nulidades textuales al disponer:

El contrato es nulo:



1.- Por falta de objeto o la forma prevista por ley como requisito de validez.

2. Por faltar en el objeto del contrato los requisitos señalados por la ley.



Dichos requisitos son diferentes según se trate de obligaciones de dar o de hacer y no hacer. Cuando se refiere a un dar, es decir a la transferencia o constitución de un derecho real, los requisitos son:



a) La cosa debe existir;

b) Debe estar dentro del comercio humano;

c) Ser determinada o determinable; y

d) El que transfiere debe ser el propietario.



Cuando se refiere a un hacer o no hacer, es decir a una prestación de servicios o a una abstención; los requisitos son:



a) Que sea lícito;

b) Personal al deudor;

c) Debe existir un interés, así sea moral;

d) Posible jurídica o materialmente; y

e) Determinado o determinable.



3.- Por ilicitud de la causa o por ilicitud del motivo que impulsó a las partes a celebrar el contrato;

4.- Por error esencial que recae sobre la naturaleza o sobre el objeto del contrato.



A este artículo se lo critica por no señalar como causal de nulidad la falta de consentimiento que es el elemento esencial de la formación de los contratos, toda vez que sin él, el acto no nace a la vida del derecho.



El Art. pertinente del Código Civil Francés, del que se tradujo el Art. 87 del Código Civil Boliviano de 1831 y que sirvió de base para la elaboración de la teoría tripartita de las nulidades, que comprende: Los actos inexistentes, los nulos y los anulables, hace referencia a los actos inexistentes, al disponer: ‘No hay matrimonio no habiendo mutuo y libre consentimiento manifestado en forma expresa”. Como se puede apreciar este artículo pone de relieve al consentimiento como un elemento esencial del contrato por cuya razón, en la teoría bipartita de las nulidades, la falta de consentimiento debería constituir causal de nulidad y no de anulabilidad, como lo dispone el Código Civil en actual vigencia, que en su Art. 554, inciso primero dice:



Art. 554.- (Casos de anulabilidad del contrato) El contrato será anulable:



1.- Por falta de consentimiento para su formación’.



La omisión observada es mucho más sentida si se considera que el legislador ha dispuesto en el inciso 4to. deI Art. 549 del C.C., como causal de nulidad, el error esencial que recae sobre la naturaleza o sobre el objeto del contrato, precisamente porque tal error evita el nacimiento del consentimiento.



De la comparación de las causales de nulidad prevista por el inciso 4to. dci Art. 549 del C.C. con la anulabilidad contenida en el inciso 1ro. del 554 del mismo cuerpo de leyes, surge una verdadera contradicción que debe ser corregida, pues si el error que evita el surgimiento del consentimiento es causal de nulidad, con mayor razón debe ser causal de nulidad la falta de consentimiento.



b) LAS NULIDADES VIRTUALES



Son aquellas que provienen de la violación de normas imperativas contenidas en leyes expresas y terminantes y que en materia procesal dan lugar al principio de la especificidad que surge de las previsiones contenidas en los Arts. 90 caso primero y 351 del C. de Pdto. C.



El parágrafo Sto. del Art. 549 deI C.C., se refiere a las nulidades virtuales, que son las transgresiones a las disposiciones contenidas en normas imperativas, así por ejemplo el mandato que generalmente es un contrato consensual, para ser utilizado en la celebración de ciertos negocios que son formales, debe observar las mismas formalidades que se exige para aquellos, porque de lo contrario tales contratos serán nulos por efectos de las nulidades virtuales.



CAUSAS DE ANULABILIDAD



Se encuentran especificadas en el Art. 554 deI C.C. que dispone:

“Art. 554.- (Causas de anulabilidad del contrato). El contrato será anulable:

la.- Por falta de consentimiento para su formación”.

Reiterando lo dicho en la parte referente a las causas de nulidad, la falta de consentimiento para la formación del contrato en la teoría tripartita es causal de inexistencia, por cuya razón en la teoría bipartita debería ser causal de nulidad y no de anulabilidad.



“2°.- Por incapacidad de una de las partes contratantes. En este caso la persona capaz no podrá reclamar la incapacidad de la otra parte contratante”.



Esta previsión se justifica, porque sólo los incapaces están protegidos por el legislador, por lo que a ellos les corresponde intentar la acción de anulabilidad.



“3o Porque una de las partes sin haber sido declarada interdicta, era incapaz de entender o querer en el momento de celebrarse el contrato, siempre que resulte mala fe en la otra parte, apreciada por el perjuicio que se ocasione a la primera según la naturaleza del acto o por otra circunstancia’,



Este inciso se refiere a la incapacidad natural de obrar; para que prospere la anulabilidad por esta causal se debe demostrar que la otra parte actuó de mala fe, cuya conducta es apreciada en la medida del perjuicio ocasionado al incapaz de obrar.



“4°.- Por violencia, dolo, error sustancial sobre la materia o sobre las cualidades de la cosa”.



En lo que respecta a la violencia, estimamos que el legislador se refiere a la violencia moral porque la violencia física impide que surja el consentimiento así por Ej. si una determinada persona es compulsivamente obligada a estampar sus huellas digitales en un documento, ésta no habrá consentido, de cuya emergencia la violencia física al igual que el error esencial previsto por el Art. 549 inciso 4to. del C.C. debería constituir causal de nulidad; sin embargo, la legislación boliviana no hace diferencias por lo que corresponderá a la jurisprudencia clarificar estas situaciones.



“5°.- Por error sustancial sobre la identidad o las cualidades de la persona cuando ellas hayan sido la razón o motivo principal para la celebración del contrato’.



El error sobre la identidad o las cualidades de la persona, es excepcionalmente trascendente para el derecho, sólo en aquellos contratos que son intuitu personae, y en algunos otros donde la calidad o identidad de los contratantes, haya sido la razón o motivo principal de su celebración.



“6°.- En los demás casos determinados por ley”.



El inciso sexto del Art. 554 del C.C. se refiere a la anulabilidad virtual que se presenta cuando se viola una norma imperativa, tal es el caso de anulabilidad del contrato consigo mismo, celebrado sin la autorización del mandante o en conflicto de intereses, previsto por la parte final del Art. 471 del

C.C.



EFECTOS DE LA ANULABILIDAD



El Art. 559 del C.C. establece ciertas limitaciones en lo que respecta al efecto retroactivo de la anulabilidad, al disponer:



“Art. 559.- (Efectos de la anulabilidad respecto a terceros) La anulabilidad no perjudica los derechos adquiridos por terceros de buena fe y a título oneroso, salvo los efectos de la inscripción de la demanda”.



No obstante que, tanto las sentencias de nulidad como las de anulabilidad tienen carácter retroactivo, porque hacen desaparecer todos los efectos del contrato al volverlo ineficaz, la disposición contenida en el artículo transcrito se justifica, porque a diferencia de la sentencia de nulidad que es declarativa de certeza la de anulabilidad es constitutiva, cuyos efectos más limitados, explicados precedentemente, tienen por finalidad proteger a las personas de buena fe que sean causahabientes a título particular de contratantes afectados por las causales de anulabilidad y siempre que se trate de contratos a título oneroso. Así por ejemplo, si por medio de la violencia se consigue la transferencia de un terreno, la parte violentada tiene cinco años a partir de la fecha en que cesa la presión ilegítima para ejercitar la acción de anulabilidad, pero si a su vez, el comprador que en tales circunstancias adquiere dicho bien, lo transfiere, a título oneroso, a una tercera persona, quien es de buena fe porque ignora tales vicios, la acción de anulabilídad no afectará a esta última. El tercer adquirente queda firme en su derecho salvo que el contrato sea a título gratuito o que se haya celebrado después que la demanda de anulación haya sido inscrita en Derechos Reales, en cuyas circunstancias lo adquiere por su cuenta y riesgo.



RESCINDIBILIDAD DE LOS CONTRATOS -CONCEPTO



Tiene por objeto quitarle validez a los contratos. Las causales de rescindibilidad de los contratos surgen en el mismo momento de su formación al igual que las causales de nulidad. Sin embargo sus efectos son diferentes.



Existen dos tipos de rescindibilidad:

a)La rescisión por estado de peligro: y

b)La rescisión por lesión.



RESCINDIBÍLIDAD POR ESTADO DE PELIGRO



El estado de peligro constituye una causal de rescisión de los contratos porque el consentimiento de una de las partes contratantes se encuentra viciado. La rescisión por estado de peligro, se da en los contratos cuando el motivo determinante de una de las partes contratantes y que es conocida por la Otra, es la necesidad de salvarse a si misma o a terceras personas, o salvaguardar su patrimonio o el de terceros de un peligro actual e inminente, de cuya situación se aprovecha en forma inmoral el otro contratante para obtener un beneficio con la conclusión del mismo.



En la legislación italiana, el elemento configurador del estado de peligro, es la necesidad de salvarse a si mismo. Nuestra legislación es más amplia porque no solamente hay estado de peligro cuando el motivo determinante del contrato es la necesidad de salvarse a si mismo, sino también la de salvar a terceras personas, salvaguardar el patrimonio propio o el de terceras personas.



Cuando ocurren tales circunstancias, se puede demandar la rescisión de contrato, así en el caso de una persona gravemente enferma, ante el peligro de dicha enfermedad que acepte de un especialista condiciones sumamente onerosas, como contraprestación a la intervención médica que le ha de practicar. En tal situación está amparado por la ley para demandar la rescisión del contrato, porque su contraprestación no guarda relación proporcional ni equitativa con la prestación del médico.



Esta acción deberá plantearse ante el juez, quien al dictar sentencia, fijará una retribución que restablezca el equilibrio de las prestaciones de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 560 del C.C. que dice:

“Art. 560.- (Rescisión del contrato concluído en estado de peligro) 1. El contrato concluído en estado de peligro es rescindible a demanda de la parte perjudicada que, en la necesidad de salvarse o salvar a otras personas, o salvar sus bienes propios o los ajenos, de un peligro actual e inminente, es explotada en forma inmoral por la otra parte, que conociendo ese estado de necesidad y peligro se aprovechó de él para obtener la conclusión del contrato.



II. El juez, al pronunciar la rescisión, reducirá la obligación asumida en estado de peligro y señalará a la otra parte una retribución equitativa acorde con la obra prestada”.



RESCISION POR LESION.- CONCEPTO



La lesión es el perjuicio económico que sufre una persona al realizar un contrato, por su ligereza, inexperiencia, ignorancia o necesidad en que se encuentra, que le coarta su libertad de determinación y que es aprovechada o explotada por la otra parte contratante en su propio beneficio.

La lesión en el nuevo Código Civil, es objeto de una apreciación mixta, objetiva-subjetiva, a diferencia del Código de 1831 que considera a la lesión como un vicio objetivo del contrato, donde se daba más importancia al factor económico, sin considerar los elementos subjetivos de la persona perjudicada. El nuevo Código ha tomado en cuenta las orientaciones de la jurisprudencia que ha establecido que, además del daño económico de más de la mitad, deben también considerarse los elementos subjetivos que han motivado a la persona a realizar el negocio, como la ligereza, la ignorancia, la inexperiencia y las necesidades de la parte perjudicada.



ELEMENTOS CONFIGURADORES DE LA LESION



Dos son los elementos que configuran la lesión:

1) Objetivo.- Constituido por el perjuicio económico, que debe ser de más de la mitad.

2) Subjetivo.- Representado por la inexperiencia. ligereza, ignorancia y necesidad, que coarta la libertad del contratante perjudicado.



CONTRATOS A LOS QUE NO SE APLICA LA LESÍON. -



No obstante que la lesión tiene un amplio campo de aplicación, no alcanza a los siguientes contratos:

1) Los contratos aleatorios, que son aquellos, en los que las partes no saben de antemano las ventajas o pérdidas que el negocio les ha de deparar;

2) A los contratos a título gratuito, donde las ventajas son para una sola de las partes contratantes y la otra parte tiene conciencia de que está haciendo un acto de liberalidad;

3) La transacción, que es un contrato por medio del cual las partes evitan o ponen fin a un pleito haciendo concesiones recíprocas a los derechos que alegan;

4) A las ventas judiciales, tanto forzosas como voluntarias, porque la publicidad y formalidades con las que se realizan no permiten que surjan las causales que configuran la lesión; y

5) En los contratos mercantiles, por expresa disposición contenida en el Art. 825 del Código de Comercio.



MOMENTO DE APRECIAClÓN DE LA LESION



Los elementos objetivos-subjetivos, que configuran la lesión se los tiene que apreciar en el momento en que surge el contrato. Sin embargo, en el contrato de opción, la lesión se aprecia en el momento en que la parte que tiene la facultad exclusiva e irrevocable, de hacer uso de su derecho para un tercero una prestación, hace uso de ella y perfecciona el contrato definitivo, objeto del contrato de opción. La misma conducta se debe observar con el contrato preliminar. Al respecto el Art. 563 del C.C. dice:

“Art. 563.- (Perjuicio resultante en el momento de la conclusión del contrato, excepción) 1. Para apreciar la lesión se tendrá en cuenta el perjuicio resultante en el momento de la conclusión del contrato.

II. Se exceptúa el contrato preliminar en el cual la lesión se apreciará en el día en que se celebre el contrato definitivo’.

DISPOSICIONES COMUNES A LA LESION

Y AL ESTADO DE PELIGRO



Las disposiciones comunes aplicables a la lesión y al estado de peligro son:



a) Tanto la acción de rescisión por lesión como por estado de peligro, prescriben a los dos años desde el momento de la conclusión del contrato. De igual modo la excepción rescisoria, prescribe en el mismo plazo;



b) Frente a cualquiera de estas acciones, ya sea por estado de peligro o por lesión, el demandado tiene la facultad de terminar el juicio, ofreciendo modificar la contraprestación reconduciéndola a su equilibrio:



c) Si la acción rescisoria ha pasado en autoridad de cosa juzgada, el demandado tiene la facultad de pagar el suplemento y quedarse con el bien objeto de la acción o en su defecto devolver el bien recuperando la prestación que hizo más los gastos de transferencia;



d) La acción de rescisión no afecta a terceros de buena fe, pero si la demanda de rescisión, ha sido inscrita en Derechos Reales y con posterioridad a esta se ha hecho la transferencia, esta queda afectada por la rescisión.



e) No se admite la renuncia anticipada por la acción rescisoria, como tampoco tiene valor la cláusula que estipule que, en caso de lesión en el contrato, la diferencia que motiva el perjuicio se dona a la parte que se beneficia con ella. Esta prohibición precautela la libre expresión de la voluntad de las partes; y

f) La rescindibilidad no admite confirmación, necesariamente las partes tendrán que optar por pagar el complemento o en su defecto celebrar un nuevo contrato que no contenga los mismos vicios.



RESOLUCION DE LOS CONTRATOS. -CONCEPTO



La resolución es un medio de invalidez por causas sobrevinientes de los contratos sinalagmáticos o bilaterales, debido al incumplimiento culpable, a la imposibilidad sobreviniente o a la excesiva onerosidad de una de las prestaciones, que deja sin efecto, con carácter retroactivo, un contrato que ha surgido plenamente a la vida del derecho.



La resolución que también produce invalidez de los contratos aunque por causas sobrevinientes, ha sido objeto de estudio en el tema anterior.



SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS DISOLUCION, NULIDAD, RESOLUCION

RESCISION Y REVOCACION DE LOS CONTRATOS



Ante el uso indiscriminado y no siempre correcto de las palabras disolución, nulidad, resolución, rescisión y revocación para señalar las diferentes formas con las que se dejan sin efecto los contratos, consideramos necesario atribuir a estas sus significados correctos y diferenciar las unas de las otras, cuya tarea pasamos a realizar:



A) Disolución



Es la forma de dejar sin efecto el contrato por consentimiento mutuo de las partes contratantes, o por las causas señaladas por la ley, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 519 parte final del C.C. que a la letra dice:



"Art. 519 (Eficacia del contrato) El contrato tiene fuerza de ley entre las partes contratantes. No puede ser disuelto sino por consentimiento mutuo o por las causas autorizadas por la ley.



Dentro de estas formas, se encuentra la disolución por disposición de una de las partes, cuando en el contrato se confiere, en cláusula expresa, tal facultad.



B) Nulidad

Es una forma de invalidez del contrato por causas coetáneas al nacimiento de éste, determinada por la ley e impuesta por el juez como una sanción y que opera con carácter retroactivo. Se manifiesta de dos formas: 1) nulidad; y 2) anulabilidad.



1) Nulidad

Es una forma de invalidez del contrato por causas coetáneas al nacimiento de éste, determinada por ley e impuesta por el juez como una sanción, cuya sentencia declarativa es retroactiva y la acción tiene los siguientes caracteres: a) imprescriptible; b) de orden público; c) insubsanable e inconfirmable; y d) puede ser ejercitada por cualquier persona que tenga, interés.





2) Anulabilidad

Es una forma de invalidez del contrato, por causas coetáneas al nacimiento de éste, determinada por ley e impuesta por el juez como una sanción, cuya sentencia constitutiva es retroactiva y la acción tiene los siguientes caracteres: a) prescribe a los 5 años, aunque la excepción es imprescriptible; b) sólo puede ser ejercitada por las personas en cuya defensa ha sido establecida; c) es subsanable por medio de la confirmación; y d) sus efectos no alcanzan a terceros a título oneroso y de buena fe (Art. 559 C.C.)



C) RESOLUCION



Es una forma de invalidar el contrato por causas sobrevinientes debido al incumplimiento culpable de una de las prestaciones, imposibilidad sobreviniente y excesiva onerosidad de las obligaciones, que dejan sin efectos con carácter retroactivo un contrato nacido plenamente a la vida del derecho.

Dentro de la resolución, se encuentra el fundamento de las acciones redhibitoria y la estimatoria, previstas por los Arts. 632, 633, 634 y 635 del C.C.



D) RESCISION



Es una forma de invalidez muy sui géneris de algunos tipos de contratos por causas coetáneas a su formación, que se produce por lesión o por estado de peligro, confiriendo a la parte demandada la alternativa de ofrecer restablecer el equilibrio de las prestaciones y así mantener el contrato o conformarse con la invalidez del mismo.



E) REVOCACION



Es una forma de dejar sin efecto los contratos nacidos plenamente a la vida del derecho, en los que la confianza es de su esencia, por causas sobrevinientes cuyo efecto surte solamente para lo futuro, y no tiene carácter retroactivo. (Revocación de la donación Art. 679 del C.C. y revocación del mandato Arts. 828, 829 parágrafos 2º y 831 del C.C., respectivamente).

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