jueves, 13 de septiembre de 2012

Efectos de los contratos

El contrato debidamente formado con arreglo a las disposiciones del Código, surte los efectos tanto objetiva como subjetivamente reconocidos por este cuerpo legal,



Existe un viejo principio que tuvo su nacimiento en el derecho romano y fue admitido en muchas legislaciones, en virtud del cual se considera que los contratos no obligan sino a las partes y no producen efectos respecto de quienes son ajenos al acto.



Este principio a simple vista parece acertado, empero, por razones diversas y practicas esta regla sufre excepciones, de suerte que el contrato bien puede afectar a terceros ajenos a esa relación jurídica.



Las consecuencias que nacen del contrato corresponden a las obligaciones que genera, pues, es la fuente más rica de éstas. Estos efectos del contrato o más propiamente de las obligaciones, podemos enfocarlos en tres grupos:



1) Entre las partes contratantes

2) Con respecto a los causahabientes

3) Con relación a terceros



Desarrollemos cada caso.



1) Entre las partes contratantes.



El sujeto comprometido en la relación contractual deviene en parte contratante, es decir aquel que se ha comprometido a realizar una prestación o aquel que asume el derecho.



Los efectos entre estos sujetos son 4, a saber:



a) Fuerza de ley. Los contratos debidamente formalizados tienen fuerza de ley para quienes lo han otorgado o celebrado. El contrato es una ley entre los contratantes, con la misma fuerza y autoridad de una norma legal, aún cuando su alcance se circunscriba a las partes únicamente.

b) Irrevocabilidad. No puede ser disuelto por disposición unilateral de una de las partes, sino por el consentimiento mutuo o por las causas que autorice la ley. Así como fue formado por mutuo acuerdo de las partes, igualmente ese mutuo acuerdo puede disolverlo.

Unilateralmente podrá disolverse cuando exista expresa disposición de la ley como sucede por ejemplo, con el depósito, donde el depositario esta facultado para ello; o en el contrato de obra, el Comitente.

Sobre ambos puntos el Código regula bajo el nombre de “eficacia del contrato” en ambas direcciones - fuerza de ley e irrevocabilidad- según el texto del art. 519.



a) Buena fe. La buena fe como regla general positiva se presume conforme establece el Código. Esta buena fe, sin embargo, la exige en la ejecución del contrato, no así en la formación del mismo según el sentido del art. 520.

El contrato debe ser ejecutado de buena fe, expresa el precepto al iniciar su texto, para luego referirse al otro efecto.

Cada parte en la ejecución del contrato debe conducirse honestamente, sin pretender en base a la letra de éste, a las estipulaciones señaladas, obtener un beneficio injusto en detrimento de la otra parte, porque si así lo hace obra de mala fe. Toda ventaja o beneficio a costa del sacrificio ajeno, que no haya sido concedida por la ley, la equidad, el uso o la común intención contenida en una de las cláusulas del contrato, se debe descartar por ir contra el principio de que los contratos deben ejecutarse de buena fe.

b) Integración del contrato. Constituye un efecto objetivo, porque según el cual los efectos del contrato no solo alcanzan a las cosas o hechos comprometidos, vale decir al objeto del contrato, en su caso al objeto de las obligaciones, sino también se expande a los efectos que deriven del contrato conforme a su naturaleza, según la ley, o a falta de ésta según los usos y la equidad.

Con respecto a la ley, porque existen normas supletorias para llenar el silencio o el vacío de las partes.

Con relación al uso como forma con la que se han conducido los contratantes en sus relaciones habituales o contratos que hayan celebrado anteriormente.

Con referencia a la equidad porque ella suple el vacío de la ley o morigera su rigor para una determinada situación, buscando establecer un equilibrio, una igualdad o una proporcionalidad entre las prestaciones nacidas del contrato.



2. Respecto a los causahabientes. En sentido lato causahabiente es la persona que sucede a otra. Evoca la idea de heredero a título universal, a título particular y la del acreedor quirografario. Se funda en que existe un vínculo entre una persona llamada persona y otra denominada causahabiente. La primera transmite el derecho o derecho, un bien o bienes, la segunda es la que los recibe. Esta transmisión puede ocurrir por la simple autonomía de la voluntad, como ocurre con los contratos o actos traslativos de la propiedad o dominio efectuados por el causante.



También puede ocurrir esa transmisión por efecto de la ley, por causa de la muerte del causante, o bien por la sustitución del acreedor por un tercero que paga su crédito.



Este fenómeno de la sustitución de sujetos en la titularía de los derechos, obedece a las modificaciones subjetivas que ocurre por efecto de los actos y hechos jurídicos que tienen esa virtud con las connotaciones que le son propias.



Entre los primeros, están los herederos, los donatarios, legatarios, los que naturalmente podrán ser beneficiados o dañados por los actos de una persona. Hay alguna corriente de configurar al acreedor quirografario u ordinario que tiene una garantía general y no particular sobre los bienes de su deudor, como parte porque sufre o se beneficia con los contratos de su deudor. Los arts. 1335 y 1446 del C.C., creemos se orientan en esta tesis.



El art. 524 establece una presunción, en sentido de que quién contrata lo hace para sí y para sus herederos y causahabientes, a menos que lo contrario sea expresado o resulte de la naturaleza del contrato. Esta presunción es juris tantum. La prueba de lo contrario resultará por ejemplo en los contratos intuite personae, o en su caso, de la expresión contenida en el contrato.



3) Con relación a terceros. Por regla general los contratos no tienen efecto sino entre las partes contratantes y no dañan ni aprovechan a un tercero, sino en los casos previstos por la ley. Así dispone expresamente el art. 523.



El principio “res inter alios acta” conocido como “la relatividad de los contratos”, deriva de la autonomía de la voluntad que rige el sistema contractualista y el de los actos jurídicos, que permite por exclusión, considerar que el que carece de representación o poder no puede obligar a otro al cumplimiento de alguna prestación, porque equivaldría a dar valor jurídico, a producir consecuencias sin consentimiento legítimo y voluntariamente expresado, nadie puede en virtud de un acto jurídico hacer que un tercero sea acreedora de la otra parte, ni obligarlo a cumplir una prestación como deudor en un acto jurídico que no ha celebrado.

Este principio romanista significa que lo hecho entre unos no puede perjudicar ni producir efectos para otros. Pues nadie puede limitar la libertad de otro, ni interferir en la esfera jurídica ajena imponiéndole obligaciones.



En el derecho moderno este principio contiene numerosas excepciones y se ha suavizado en su alcance, al permitirse en la actualidad que mediante un contrato se puedan generar derechos en beneficio de un tercero, aún cuando no pueda obligársele, es decir que los contratos pueden favorecer mas no perjudicar ni dañar a un tercero, de ahí es que el precepto mencionado permite ese efecto cuando la ley disponga en tal sentido.



Tercero es quien no ha figurado menos intervenido en el contrato ni materialmente tampoco por representante.



Sin embargo el art. 526 declara válida la estipulación a favor de un tercero, cuando el estipulante, actuando en nombre propio, tiene un interés lícito en hacerla. En este caso el tercero adquiere, en virtud de lo estipulado e independientemente de que acepte o no, derecho a la prestación, contra el obligado a prestarla, excepto pacto contrario. Por su parte el estipulante tiene derecho de exigir al promitiente el cumplimiento, salvo lo estipulado.

Asimismo, el estipulando tiene derecho a revocar o modificar la estipulación antes que el tercero haya declarado expresa o tácitamente aprovecharla.



Lo expresado se inscribe en lo que se denomina excepción a los efectos internos de los contratos con respecto a los terceros, es decir cuando los terceros se convierten en acreedores por los efectos internos de un contrato, en el cual ellos no han sido partes, como sucede por ejemplo en el contrato de seguro de vida, en el cual el asegurado pacta con el asegurador un seguro, la que beneficiara a un tercero. Intervienen únicamente el asegurado y el asegurador, no el tercero. Producida la muerte y habiendo honrado las primas el asegurado, aquel tercero cobrará el derecho o seguro, debiendo el asegurador o deudor cubrir el monto estipulado.



EFECTOS REALES DE LOS CONTRATOS. Cuando el objeto del contrato es la transferencia de la propiedad de una cosa determinada o de cualquier otro derecho real, o la constitución de un derecho real, esa transferencia y esta constitución tiene lugar por efecto del consentimiento, salvo el requisito de forma en los casos exigibles. Art. 521.



El contrato que tiene por objeto “algún derecho real” o su constitución, se perfecciona y surte efectos a base de consentimiento, como ocurre con la venta aún cuando el precio no se haya pagado ni la cosa haya sido entregada, tal como discurría el Código anterior. Sin embargo, en la constitución de algún derecho real, para su validez y eficacia, es decir para que surta efectos es necesario observar la forma si acaso ella es exigible por ley, por lo que no basta el consentimiento, como sucede con la hipoteca voluntaria o con la donación no manual.

Pero el efecto, es inter partes, no así con relación a terceros, particularmente cuando de bienes inmuebles se trata.



Solo tendrá el contrato con objeto sobre derecho real efecto contra terceros o será oponible erga omnes registrando el acto jurídico en el registro público establecido, entre tanto su efecto será únicamente interno no así externo, lo que se logra con dicho registro. (art. 1538 C.C.)

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