viernes, 14 de septiembre de 2012

Presos rebeldes perderán derecho a visitas en cárcel de San Pedro

La inconducta de los reclusos será analizada por un consejo penitenciario y un juez. También se controlará a grupos organizados.

Entre seis meses y un año, los privados de libertad que infrinjan las normas del nuevo Reglamento de Centros Penitenciarios no podrán recibir visitas ni solicitar salidas judiciales.

La disposición está contenida en el mencionado documento, aprobado ayer por el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

La norma, elaborada a lo largo de seis años, es el primer reglamento de Régimen Penitenciario del país —de acuerdo con el Ministro— que establece derechos y obligaciones en la relación de los internos y la estructura funcional de un centro penitenciario.

La autoridad explicó que el reglamento intenta también acabar con los grupos organizados dentro de los penales, que pretenden ejercer el poder y protagonizan, incluso, conflictos internos, como el sucedido el martes en la cárcel de San Pedro, de La Paz.

“Lo que pasa es que falta normativa en las cárceles. Los grupos organizados ejercen presión, ejercen poder, a veces llegan hasta autogestionar un recinto penitenciario. No es mala la participación del interno en la gestión, pero ésta puede distorsionarse cuando no existen las reglas de juego claras” dentro de los centros penitenciarios.

Visitas y salidas. A su turno, Ramiro Llanos, director nacional de Régimen Penitenciario, explicó que la norma establece que aquellos privados de libertad que causen indisciplina dentro de un recinto carcelario podrán ser sancionados con la prohibición de recibir visitas semanales y salidas judiciales.

La medida será ordenada por un juez y el Consejo Penitenciario, de acuerdo con la gravedad de cada falta disciplinaria.

Llanos explicó que el Consejo Penitenciario, que será formado por la Dirección de Penitenciarías, Dirección de Seguridad Penitenciaria, médicos, psicólogos y trabajadores sociales, verificará y evaluará cuidadosamente los casos antes de emitir cada resolución, que refrendará un juez.

“Se van a terminar los abusos. Se cortarán los cobros y este método, que se aplicaba a los privados a su ingreso a un recinto penitenciario, queda prohibido en el nuevo reglamento, que entrará en vigencia en enero de 2013”.

Tres meses. Las autoridades de Gobierno afirmaron que el nuevo reglamento será informado a los 56 centros penitenciarios que hay en el país, que tendrán un plazo de tres meses para elaborar sus reglamentos internos de funcionamiento.

Llanos declaró que “la norma establece líneas generales de sanciones administrativas para internos y encargados de la seguridad de cárceles, que deberán ser adecuados en sus reglamentos internos”.

86 por ciento de la población penal en Bolivia está bajo detención preventiva en 56 cárceles.

La Prensa

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