miércoles, 24 de octubre de 2012

Un nuevo Fiscal General en el Estado Plurinacional

Previamente debemos recordar que por mandato constitucional (artículos 225 y siguientes), el Ministerio Público se halla instituido en Bolivia para la defensa de la legalidad –que constituye la base del Estado de Derecho– , así como los intereses generales de la sociedad, a cuyo efecto está autorizado para ejercer la acción penal pública en forma directa ante los órganos jurisdiccionales competentes, y sin necesidad se requerimiento alguno, en los casos que la Ley así lo determina, debiendo actuar guiado en todo momento bajo los principios de legalidad, oportunidad, objetividad, responsabilidad, autonomía, unidad y jerarquía (de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica del Ministerio Público), además de la imparcialidad con que necesariamente debe conducirse todo(a) representante del Ministerio Público en nuestro país, cuya máxima autoridad jerárquica es precisamente el Fiscal General del Estado.

En este sentido, la Constitución también establece que la Fiscal o el Fiscal General del Estado, será designado por dos tercios de votos de los miembros presentes en la Asamblea Legislativa Plurinacional, lo cual se ha verificado recientemente hace unos días, cuando el Presidente de la Asamblea anunció que Ramiro José Guerrero Peñaranda (ex-constituyente del MAS, y aparentemente bien recompensado por su militancia perseverante), obtuvo más de 2/3 de votos (105 votos en total) de los Asambleístas del MAS presentes en la sesión legislativa convocada al efecto, para ser designado como el nuevo Fiscal General del Estado, quien por cierto, ya anteriormente en el año 2010 (mediante Decreto Supremo Nº 432 de fecha 17 de febrero de 2010), había sido designado “interinamente” por el mismo Presidente Morales, como Ministro de la entonces Corte Suprema de Justicia.

Lo interesante de ésta noticia, es que horas antes de efectuarse la votación, en los pasillos del Palacio ya circulaba como “consigna masista” el nombre del postulante Ramiro Guerrero como “candidato por el MAS” para ocupar el sitial vacante; y este aspecto claramente irregular, es precisamente lo que llama poderosamente la atención y es motivo de indignación, porque de inicio pone en duda la ética profesional del postulante, al evidenciarse que esta es una más de las “designaciones a dedo” que realiza caprichosamente el partido en función de gobierno.

Señalamos esto, porque se suponía que el nuevo titular de la Fiscalía General del Estado debería ser elegido de entre todos(as) los(las) postulantes al cargo, y que serían los miembros de la Asamblea Legislativa (es decir, nuestros “representantes nacionales”), quienes previa revisión de antecedentes y evaluación de méritos, deberían adoptar una decisión consensuada dentro de un mínimo margen de objetividad, eligiendo al postulante profesionalmente idóneo, y sin tener ningún criterio anticipado sobre el asunto; sin embargo, una vez más la designación de una autoridad pública, se hace prácticamente por “instrucciones superiores” del Órgano Ejecutivo, lo que convierte a la forma de designación prevista constitucionalmente, en una mera formalidad inútil e innecesaria, generando consecuentemente la duda razonable respecto a la idoneidad, independencia, y sobre todo la imparcialidad con que pueda actuar el nuevo y máximo representante del Ministerio Público en Bolivia, presuntamente instituido para defender “los intereses generales de la sociedad”, según lo establecido idealmente por la Constitución que todos habíamos aprobado mediante voto popular.

Por último, y menospreciando abiertamente los principios de “autonomía” e “imparcialidad” –inherentes a las funciones de esta nueva autoridad–, también se ha anunciado que el nuevo Fiscal General será posesionado de acuerdo a la disponibilidad de tiempo y espacio del Presidente Morales, lo cual solamente será una muestra clara de la “subordinación y constancia” (si vale el término) que deberá prometer el nuevo titular del Ministerio Público, en el ejercicio de sus funciones, que obviamente deberán ser idóneos y acordes a los intereses del partido en función de gobierno. Es lamentable, que la revolución judicial que se había prometido implementar en Bolivia, solamente hubiera sido una falacia.

Por: Alan Vargas Lima, abogado

Oxígeno


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