sábado, 3 de noviembre de 2012

Control de Constitucionalidad sobre el Desacato en Bolivia

El Tribunal Constitucional Plurinacional es el órgano especializado de la jurisdicción constitucional, creado con la exclusiva finalidad de administrar justicia constitucional, a través del control de constitucionalidad de las leyes y los actos provenientes de los Órganos del Estado Plurinacional de Bolivia, a cuyo efecto, conoce y resuelve los conflictos jurídico-constitucionales, que se produzcan en una triple dimensión:

a) normativa, en los casos en que se produzca la incompatibilidad de una disposición legal ordinaria, frente a las normas previstas por la Constitución; b) tutelar, en situaciones en que el poder público –o un eventual poder particular– vulnere ilegalmente, por acción u omisión, los derechos fundamentales consagrados por la Ley Fundamental y/o los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, como parte del bloque de constitucionalidad, y; c) del ejercicio del poder político, en los casos en que se llegue a desconocer el principio de separación de funciones o división del ejercicio del poder político, para poner fin a los eventuales conflictos de competencia que llegaren a suscitarse entre los diferentes órganos del poder público y/o niveles de gobierno,o bien cuando se desconozcan los derechos de las minorías imponiendo decisiones contrarias a la Constitución.

Asimismo, de acuerdo a su actual configuración constitucional, ha sido instituido como el máximo guardián y supremo intérprete de la Constitución, con la cualidad adicional de defensor de los Derechos Fundamentales, y por lo mismo, su función principal es la de ejercer en forma exclusiva el control de constitucionalidad con alcance nacional, garantizando la primacía de la Ley Fundamental del Estado, la plena validez del orden constitucional y democrático, así como el respeto y vigencia plena de los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las personas.

Es precisamente en ejercicio del control normativo de constitucionalidad, que el Tribunal Constitucional Plurinacional ha emitido la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº1250/2012, de fecha 20 de septiembre de 2012, mediante la cual ha dispuesto declarar la inconstitucionalidad del delito de Desacato, previsto por el artículo 162 del Código Penal.

El Código Penal de Bolivia, puesto en vigencia en 1973, y elevado a rango de Ley de la República en 1997 –cuyo Texto Ordenado fue aprobado mediante Decreto Supremo Nº0667 de fecha 8 de octubre de 2010–, preveía en su artículo 162 el Desacato (delito de orden público que tiene su antecedente en el Código Penal de 1834), que básicamente consistía en calumniar, injuriar o difamar a un funcionario público, sea en el ejercicio de sus funciones o a causa de ellas; y éstas precisamente eran las condiciones esenciales del delito, dado que si la injuria, calumnia o difamación se realizaba por otras razones o circunstancias, entonces ya no se configuraba el desacato, sino que simplemente se trataba de delitos de carácter privado, a ser considerados individualmente. Asimismo, la segunda parte del citado artículo 162, establecía las circunstancias agravantes del delito, cuando el desacato se hubiere cometido contra el Presidente, el Vicepresidente, algún Ministro de Estado o algún Magistrado de la antes denominada Corte Suprema de Justicia, e inclusive algún miembro del antes denominado Congreso Nacional, quienes podían ser sujetos pasivos (víctimas) de este delito.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional Plurinacional, haciendo el juicio de constitucionalidad del mencionado tipo penal, ha establecido que si bien los servidores públicos cuentan con el derecho al honor y privacidad inherente a la dignidad humana, sin embargo, la inclusión del delito de desacato para proteger ese derecho, resulta desproporcionado al ejercicio del derecho de libre expresión e información, ello porque las “autoridades" que en el marco constitucional vigente, se denominan “servidores públicos”, realizan una actividad de interés público, por lo que, existe un interés en la colectividad de conocer ciertos aspectos que pueden influir en su desempeño en el cargo; y asimismo, el art. 106.II de la CPE, además de reconocer la libertad de expresión, establece también el derecho “…a la rectificación y a la réplica…”, que en general, cuando se refiere a autoridades públicas, son idóneos para desvirtuar las falsedades o la información incompleta vertida en su contra, ello si se considera que cuentan con amplio acceso a medios de comunicación, de tal forma que a mayor acumulación de poder o poder de decisión de un servidor público, mayor es la limitación que acepta a su derecho a la vida privada. De ahí que, la eliminación del delito de desacato no deja en indefensión a los servidores públicos, quienes ante el abuso al ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información, cuentan con la vía civil o incluso penal.

Finalmente, se ha advertido que los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, habían efectuado diversas observaciones a los Estados partes en general y al Estado boliviano en particular, sobre la vigencia y aplicación del delito de desacato; por lo que, mantener al interior de nuestro ordenamiento jurídico dicha tipificación, no sólo implicaría incumplir nuestros compromisos internacionales de resguardo y protección de los derechos humanos, sino desprestigiaría ante el resto de la comunidad internacional, al propio Tribunal Constitucional Plurinacional, al dejar una injustificada sospecha sobre vulneración a la libertad de expresión, aspecto que fue necesariamente considerado para declarar la inconstitucionalidad del delito, dado que su vigencia afecta a los derechos fundamentales antes señalados, atentando contra los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos. Definitivamente, este constituye un paso trascendental en la consolidación del Tribunal como idóneo defensor de los derechos fundamentales en Bolivia.

Por: Alan Vargas Lima
30 de Octubre de 2012, La Paz

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