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El CENSO 2012 y sus políticos fines

Un censo nacional de población es un cálculo oficial, profesional y organizado para saber cuántos somos, quiénes somos, de dónde provenimos, a qué clase social pertenecemos, qué religión practicamos, cuál es la calidad del trabajo/empleo, vivienda, salud, educación, saneamiento básico, núcleo familiar, entre otras variables. Es una radiografía a profundidad del cuerpo socioeconómico de un país. Esos datos, además, son vitales al momento de hacer una planificación estratégica para el desarrollo humano sostenible.

En otras palabras, un censo es un instrumento técnico de medición poblacional y al mismo tiempo debiera ser un instrumento para una eficiente gestión de políticas públicas socioeconómicas, culturales y de desarrollo, con miras a una óptima utilización de los recursos, casi siempre escasos, para su democrática inversión y redistribución inteligente, eficiente, equitativa y justa.

Si realizar censos cada cierto tiempo es una política de Estado obligatoria en Bolivia, debiera estar a cargo de equipos técnicos inmunes al poder político del gobierno de turno, siempre transitorio en democracias ‘sanas’ sin veleidades autoritarias ni prorroguistas. No obstante, cuando esas condiciones están ausentes, como la parodia de democracia que impone el gobierno de Evo Morales, bien puede aplicarse a un censo y a la información que de ahí se deriva la sentencia de que un censo es un instrumento de poder político-jurídico-ideológico por aquello de que “conocer es poder”. En este caso, para fines políticos particulares ‘extracensales’ que no condicen con el bien común.

Una mirada a la boleta censal 2012 registra 57 posibilidades de pertenencia a “alguna nación pueblo indígena, originario campesino o afroboliviano”.

Aparentemente nada tendría de extraño si la intención fuese saber con exactitud cuáles y cuántas las etnias que habita en Bolivia. Eran 36 las reconocidas en la Constitución Política de Estado, pero ahora surgen 57 ‘opciones’ y los hombres del gobierno siguen ignorando con maliciosa y empecinada intención política la categoría ‘mestiza’. No aparece y no es lo mismo dejar señalado que “no pertenece”, a ninguna como reza la primera opción, ni a la última que argumenta un ambiguo “otro”.

Siguiendo el mismo razonamiento del gobierno, yo pertenezco a la ‘nacionalidad mestiza’ de muchos mundos, como una gran mayoría de bolivianas y bolivianos. Si embargo, seguimos ignorados y menospreciados.

Más allá de la explicación de que la utilización del concepto ‘mestizo’ ha sido utilizado para ‘uniformizar’ y al mismo tiempo ‘borrar’ ’ la existencia de los pueblos indígenas -de la palabra indio, más propiamente- con inaceptables/abominables tintes racistas, aquí y en otras partes, ¿por qué la insistencia en ignorar lo ‘mestizo’ si en los hechos somos producto de un cruce biológico y cultural violento-violatorio-desgarrador, es cierto, pero enriquecedor en sus realidades a lo largo de la historia de la humanidad? Para seguir ‘vendiendo’ al mundo la imagen de que Bolivia es un país con 63% -hasta más- de población indígena ‘pura’ y utilizar esos datos a favor de la imagen del ‘indio’ Evo Morales, que es un indio-mestizo. Se trató y trata de una imagen construída y manipulada mediáticamente por los ideólogos de un indígenismo intelectual, alejado del indianismo real de auténticos indígenas, ajenos éstos a la ‘inusurgencia plebeya’ o ‘autogobierno indígena’ o ‘democracia del ayllu’ de la que habla el Vice Álvaro García Linera. El objetivo de la política de construcción del personaje político-indio, fue convertirlo en líder-liberador de los ‘indios’ de América, susceptible de merecer hasta un Premio Nobel... Ya se le pasó el cuarto de hora, luego de que la máscara quedó hecha jirones tras la brutal represión a los indígenas de Tierras Bajas y Amazonía que defienden y defendían el Territorio Indígena del Parque nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS).

Las trampas lingüísticas

Y ¿qué significa el abigarrado concepto ‘originario-indígena-campesino’? Forma parte del entramado prejuicioso y malintencionado, que equipara etnia con oficio y con clase para confundir a los incautos. Me explico: no hay diferencia alguna entre originario e indígena, si partimos de la base que todos los indígenas son originarios: aquí estaban desde tiempo inmemoriales antes de la llegada de cualesquiera de los conquistadores.

Campesino, en cambio, es una categoría de clase, es decir, socioeconómica: un campesino que trabajar la tierra que no es suya, es un jornalero o asalariado. Puede ser un campesino productor de artículos agropecuarios en forma comunitaria, que lo hace propietario ‘colectivo’ para el autoconsumo o para concurrir en el mercado. Y también puede ser propietario independiente de su tierra, situación que lo coloca en una categoría diferente: puede seguir siendo étnicamente originario de algún grupo indígena; tiene el oficio campesino pues trabaja la tierra y además es un pequeño burgués propietario de su medio de producción. Hasta puede contratar mano de obra para labores agrícolas, y luego concurrir al mercado para vender el o los productos que saca de la tierra. Llegados a este punto, esos son los cocaleros, campesinos indígenas y mestizos, dueños del ‘cato’ de coca -1600 metros cuadrados- que cultivan. Su cosecha la negocian-venden de acuerdo a la oferta y la demanda en el activo y millonario mercado de la coca excedentaria e ilegal –más de 20.000 hectáreas, cuando la permitida para usos ancestrales es de 12, según ley. Siendo la materia prima de la cocaína, es el eslabón inicial del cada vez más delictivo y criminal circuito de la economía política de la cocaína. Es el mayor rubro capitalista productivo del país.

Otra ‘perla’ de la boleta censal es la pregunta sobre “creencia espiritual”, que incluye la “pachamamista”. Y suena a burla impía, pues antes de hacer respetar y honrar a la Madre Tierra, se la condena al creciente cultivo de hectáreas de hoja de coca, planta que la mata y la deja yerma, o se invade la tierra y el bosque con carreteras como la que quiere violar el TIPNIS, para satisfacer el impulso expansionista de la frontera agrícola de la cocaína.

Los argumentos oficiales no han podido desvirtuar las razones de la postergación del censo 2011. Una de ellas es el drástico cambio en términos de distribución poblacional en el territorio boliviano, a partir de la migración del campo a la ciudad, componente político clave en el discurso ‘campesinita’. Y, al mismo tiempo, el acelerado vaciamiento de población rural a regiones urbanas como Santa Cruz, por su dinamismo económico inclusivo. Esa migración implica necesariamente una redistribución de recursos económicos según la Ley de Participación Popular por un lado. Y por otro, una redistribución política de curules en la Asamblea Legislativa, distribución que el estado sujeta al número de habitantes de cada departamento-región, las que hayan perdido población tendrán menos representación parlamentaria y la aumentarán las regiones receptoras.

Bajo el manto ‘inocuo’ de la boleta censal 2012, con reconocimiento a pueblos y culturas indígenas, culto ‘pachamamista’ y eliminación de diferencias conceptuales, se esconde la ya comprobada tendencia autoritaria del viejo caudillo campesino-cocalero como Evo Morales, o del intelectual urbano ‘jacobino’ como García Linera. No les interesa la consolidación de una sana, racional y sólida identidad colectiva que respete la diferencias como parte insoslayable de las múltiples determinaciones de la totalidad. Es decir, la unidad de lo diverso en un marco democrático, inclusivo y de largo aliento.

Iyambae

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