domingo, 6 de enero de 2013

Bolivia carece de una Ley de control social

La Constitución Política del Estado definió en 2009 parámetros de la participación y el control social que debían estar normados por una la ley que aún no ha sido promulgada. Esto perjudica la implementación de este nuevo fundamento, que ha sido criticado por algunos sectores que consideran que será aplicado por las organizaciones afines al Movimiento Al Socialismo (MAS).

En diciembre, la Cámara de Diputados aprobó en detalle la norma y se prevía que el Legislativo diera su visto bueno hasta el cierre del año, pero no fue así.

Debido a la falta de normativa, la ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, reconoció en una entrevista con Página Siete, realizada hace un tiempo, que “ahora no podríamos hablar de control (social), pero hubo participación respecto a las necesidades que se tienen”, refiriéndose a que las organizaciones sociales participaron en la aprobación de varias normas.

Representantes de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto y de la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa apoyaron tales apreciaciones. El dirigente alteño Javier Ajno dijo que se pidió al presidente Evo Morales “tener una presencia en el Poder Ejecutivo” con miras a conseguir un ministerio.

La dirigente de las Bartolinas, Julia Ramos, acotó que “estamos coordinando el trabajo y es un proceso entre el Poder Ejecutivo y los movimientos sociales”.

Pero hay críticas a la manera en la que se desarrolla el proceso, precisamente por la afinidad que existe entre las organizaciones y el partido de Gobierno.

El dirigente campesino Rufo Calle considera que “las organizaciones sociales que existen ahora fueron, en su mayoría, copadas por el Gobierno y por lo tanto no existe un control social eficaz como se venía haciendo muchos años atrás”.

Esta cercanía deriva, por ejemplo, en que se suele convocar “a movimientos sociales afines al Gobierno” para que realicen la tarea, dijo unos meses atrás el diputado Fabián Yaksic, del Movimiento Sin Miedo.

En criterio del legislador, el control se redujo a pedir “informes limitados de ministros o de ejecutivos de entidades descentralizadas que convocan a movimientos sociales afines al Gobierno, prestan un informe, le llaman rendición de cuentas y nada más”.

Acota que en los hechos el Ejecutivo “no está muy interesado en tener mecanismos de participación y control social en el nivel central del Estado”.

El rol de las organizaciones es un asunto que se debe atender, opinó el diputado Tupa. “¿Cuántas organizaciones existen? ¿Qué organizaciones van a participar? ¿Quiénes van a controlar al Poder Ejecutivo nacional? No es fácil”.

El Centro de Documentación e Información de Bolivia, con sede en Cochabamba, también presentó un proyecto de ley de participación. La investigadora Escarlet Torrico alertó que el tema fue “abandonado” por el Gobierno. “Dentro de las organizaciones se asentó la idea de que si abrimos el debate, ellos van a perder mayor protagonismo”, dijo.

Pese al proyecto y al compromiso oficialista de impulsar la norma, hay quienes creen que en realidad no hay una seria intención de aplicar el control. ¿Por qué? Según el dirigente de la Fejuve de La Paz, Arturo Quispe, debido a que al Gobierno no le interesa que controlen sus grandes obras.

Página Siete

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Emblema de la justicia en Bolivia.