miércoles, 27 de febrero de 2013

La necesidad de sancionar el feminicidio en Bolivia

Por: Alan Vargas

Después de transcurrido el largo feriado de carnaval, dos casos de violencia intrafamiliar, ocurridos entre la noche del lunes y la madrugada del martes, han causado espanto e indignación en el país por el ensañamiento del que fueron víctimas dos mujeres en La Paz y en Santa Cruz.

En la sede de Gobierno, la periodista Hanalí Huaycho Hannover (36 años), periodista de la red televisiva PAT, fue asesinada poco después de la medianoche presuntamente por su esposo (un teniente de Policía) que le asestó 20 puñaladas en diferentes partes del cuerpo por causas desconocidas. En la capital cruceña, Lenny Flores Montero (55), dueña de la empresa de limpieza Silver Clean, resultó seriamente herida cuando regresaba a su hogar, a las 20:00 del lunes, tras pasar las fiestas carnavaleras, siendo atacada por su marido, quien además de asestarle 17 puñaladas, huyó del lugar llevándose consigo una importante suma de dinero de la caja fuerte.

Estos sangrientos hechos, han puesto nuevamente en la mesa de discusión el tema de la violencia intrafamiliar y sus múltiples manifestaciones, cuyas consecuencias ahora se han expresado a través del asesinato de ambas mujeres, lo cual propiamente se conoce como feminicidio (en contraposición al homicidio que sanciona la Ley penal), tema que ya se viene estudiando con bastante profundidad en Bolivia, según se puede apreciar en las importantes investigaciones publicadas por la Red Nacional de Trabajadoras/es de la Información y Comunicación (RED-ADA), y el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza.

De manera global, entre los años 2009 a 2012 se registraron en todo el país 354 casos de asesinatos violentos de mujeres, según ha informado a ERBOL, la Directora Ejecutiva del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM). Asimismo, sedebe considerar que hasta el año pasado, se han perpetrado aproximadamente entre 120 a 140 feminicidios, además de que cada año se reportan más de cien mil denuncias de agresiones violentas contra las mujeres en Bolivia.

Estas terribles noticias, y las cifras progresivas de hechos criminales de éste tipo, han provocado el inmediato pronunciamiento de las autoridades de gobierno, que han anunciado el tratamiento inmediato del Proyecto de Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, cuyo análisis se viene postergando desde el pasado año, y que precisamente prevé entre sus innovaciones la incorporación del delito de feminicidio al Código Penal de Bolivia, con una sanción de treinta años de presidio sin derecho a indulto, configuración similar al delito de asesinato, que sí se encuentra previsto en la normativa vigente.

Es importante puntualizar que de manera general, se considera feminicidio (o femicidio) al asesinato de mujeres por el sólo hecho de ser mujeres, como una forma extrema de violencia basada en la inequidad de género, entendida ésta como la violencia ejercida por los hombres hacia las mujeres, en su ambición de obtener poder, dominación o control sobre el sexo opuesto. En otras palabras, es el asesinato misógino cometido por hombres contra mujeres, desde una aparente visión de superioridad de género.

En el caso de Bolivia, unanorma para penalizar el feminicidio, ciertamente podría ayudar a paliar el problema de asesinatos a mujeres, pero la violencia contra las mujeres es una construcción social enraizada en distintas instituciones del Estado que hacen difícil combatirla, según ha señalado la Directora del CIDEM, quien además ha denunciado que el sistema judicial con su rasgo “machista y patriarcal” tiende a creer en el agresor, y a exigir a la víctima que demuestre la culpabilidad del acusado, dado que este tipo de casos (asesinatos a mujeres) suelen considerarse como homicidio “por emoción violenta” con no más de 5 años de cárcel como pena, o por lesiones graves y/o leves, lo cual, sumado a la retardación de justicia promovida por ciertos Abogados, demuestra la ineficacia del sistema judicial en la adopción de acciones inmediatas y la ausencia de sanciones ejemplarizadoras frente a los asesinatos de mujeres.

En este sentido, el Informe Defensorial sobre Feminicidio en Bolivia (2012), a tiempo de destacar la necesidad de establecer un tipo penal para el feminicidio, ha señalado que “a nivel institucional, ni el sistema de justicia ordinaria, ni tampoco el sistema de justicia indígena originaria campesina, resultan efectivos para proteger el derecho de las mujeres bolivianas a una vida libre de violencia y sancionar adecuadamente a los agresores, evitando así que la situación de violencia llegue al extremo de convertirse en feminicidio”.

Sin embargo, y como lo hemos venido sosteniendo constantemente, debemos hacer notar que las soluciones inmediatas a los problemas que surgen de la realidad social boliviana, no pueden alcanzar solución única y exclusivamente a través de una Ley, que por cierto, siempre se aprueba en forma apresurada y después de que el problema ya se ha manifestado con consecuencias irreparables.

En este caso, el problema de la violencia intrafamiliar debe ser abordado a partir de la revalorización de la familia, y la profundización de los valores humanos que debe preservar para su desarrollo en un ambiente armónico, y para su subsistencia como núcleo ejemplar de la sociedad, lo que requiere obviamente de una amplia tarea de concientización sobre los nuevos roles que deben cumplir tanto el padre, como la madre, y el(la) hijo(a), ante una sociedad cada vez más disgregada y conflictiva por la ausencia del diálogo abierto.

Este problema, también requiere de una concientización sobre el rol de las instituciones u organizaciones que velan por la integridad de la familia boliviana, y la capacitación que necesitan para realizar oportunamente las tareas de prevención e información dirigidas al núcleo familiar, ello a fin de lograr contrarrestar las terribles consecuencias que provocan las actitudes irresponsables en que muchas veces incurren sus miembros, así como la incomprensión y falta de diálogo en la pareja.

Pienso que es importante cultivar el diálogo afectivo, la sinceridad y la comprensión en la pareja, que siempre es susceptible de sufrir posibles desavenencias y conflictos, sí, pero también son capaces de hablar sinceramente proponiendo soluciones inmediatas que los ayuden a mejorar su relación, preservando ante todo la salud emocional, física, sexual y reproductiva de ambos, en lo cual también debe cumplir un rol importante el Estado a través de sus instituciones, coadyuvando por todos los medios posibles al desarrollo humano de hombres y mujeres, cuya unión voluntaria es indispensable para la formación de una familia que esté acorde a la lógica del “vivir bien”.

Oxígeno

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