miércoles, 27 de febrero de 2013

Las reglas mínimas de la Revocatoria de Mandato en Bolivia

Por: Alan Vargas

Según ha informado el Periódico Digital Oxígeno, recientemente el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) ha recibido un total de 118 solicitudes de revocatoria de mandato, habiendo otorgado viabilidad a 42 de ellas. De todos éstos, los que más llaman la atención, son las autorizaciones para el inicio del proceso revocatorio del Gobernador del Departamento de La Paz, César Cocarico, del Alcalde del Municipio de La Paz, Luis Revilla, y del Municipio de de El Alto, Edgar Patana, lo que revela un cuestionamiento directo de la población, hacia las autoridades locales democráticamente elegidas.

Para contextualizar este tema, debemos recordar que Bolivia, de acuerdo a su configuración constitucional, además de ser un “Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario”, está caracterizada como un Estado Democrático, lo que implica que los titulares del poder público ejercen esa calidad en virtud de la voluntad ciudadana expresada a través de las elecciones basadas en el sufragio universal, aspecto que se confirma en la previsión del artículo 11, parágrafo I constitucional, cuando declara expresamente que: “La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres”.

Ello significa que el Estado Plurinacional ha adoptado como régimen de gobierno, la democracia representativa, participativa y comunitaria. Concretamente, la democracia representativa implica que el pueblo, como titular de la soberanía, ha delegado su ejercicio a sus mandatarios y representantes elegidos democráticamente en elecciones libres, pluralistas e igualitarias. En cambio, la democracia participativa significa que si bien el pueblo elige a sus representantes, la relación de los ciudadanos con el poder público no se reduce a la simple emisión del voto, sino que además se expresa en una participación activa en la toma de decisiones (de interés nacional) a través de los mecanismos previstos por la misma Constitución, como son el referéndum popular, la planificación participativa y el control social, así como la iniciativa legislativa ciudadana y la revocatoria de mandato. En este sentido, el artículo 11, parágrafo II constitucional, establece claramente que: “La democracia se ejerce de las siguientes formas, que serán desarrolladas por la ley: 1. Directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. (…)”.

En desarrollo del principio democrático, la misma Constitución (en su artículo 240), prevé las condiciones mínimas y reglas generales de procedimiento para exigir la revocatoria del mandato de aquellas autoridades elegidas por voto popular que no respondan a los intereses de la colectividad, dado que por principio general: “Toda persona que ejerza un cargo electo podrá ser revocada de su mandato, excepto el Órgano Judicial, de acuerdo con la ley”. De ahí que, la revocatoria del mandato solamente puede solicitarse “cuando haya transcurrido al menos la mitad del periodo del mandato”, no pudiendo tener lugar durante el último año de la gestión en el cargo de la autoridad electa. Asimismo, el referendo revocatorio únicamente es procedente por iniciativa ciudadana, “a solicitud de al menos el quince por ciento de votantes del padrón electoral de la circunscripción que eligió a la servidora o al servidor público”; en consecuencia, una vezproducida la revocatoria de mandato, la autoridad afectada cesará inmediatamente en el cargo, proveyéndose su suplencia conforme a ley (Conc. Artículo 286 constitucional).

A este efecto, el nuevo Órgano Electoral Plurinacional tiene como una de sus competencias indelegables, la de organizar, dirigir, supervisar, administrar, ejecutar y proclamar resultados de los procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato (de alcance nacional, departamental, regional y municipal) que se realicen en el territorio del Estado Plurinacional (a través de los Tribunales Electorales Departamentales) y en los asientos electorales ubicados en el exterior del país. Asimismo, la Ley Nº26 del Régimen Electoral, define quela revocatoria de mandato, es el mecanismo constitucional a través del cual el pueblo soberano decide, mediante sufragio universal, sobre la continuidad o el cese de funciones de las autoridades elegidas por voto ciudadano. En otras palabras, la revocatoria del mandato es el derecho del electorado a destituir del cargo a un funcionario antes de que concluya el período de su mandato, y se aplica a todas las autoridades electas por voto popular, titulares y suplentes, a nivel nacional, departamental, regional o municipal (Conf. artículo 25 y siguientes de la misma Ley).

De lo referido, se evidencia que la revocatoria de mandato es uno de los mecanismos esencialmente democráticos previstos por la Constitución en contra de las autoridades electas que traicionan el voto de confianza concedido por el soberano; entonces, si bien se trata de un instrumento que puede ser invocado por cualquier ciudadano, debe ser utilizado con conciencia democrática sobre sus efectos y consecuencias, pero sobre todo con responsabilidad, y no responder a intereses personales, o de determinados sectores sociales que –desvirtuando la finalidad de este dispositivo constitucional–, pretendan únicamente desestabilizar a la autoridad de un Gobierno local, impulsados por motivos egoístas o desavenencias momentáneas, que no sean consonantes al sentir de la generalidad de una colectividad.

Durante mucho tiempo hemos anhelado vivir en democracia, y a pesar de que muchas personas se han sacrificado por este objetivo, hemos logrado mantener ésta forma de vida en forma continua por aproximadamente treinta años; entonces, mostremos nuestra madurez democrática ejerciendo abiertamente nuestros derechos y deberes constitucionales, pero sobre todo, asumiendo plenamente las consecuencias de nuestras decisiones, sin buscar la satisfacción propia, sino haciendo prevalecer el bienestar de nuestros(as) con-ciudadanos(as).

Oxígeno

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