martes, 9 de septiembre de 2014

Libro de Jurisprudencia Constitucional en Bolivia escrito por Alan Vargas

Alan E. Vargas Lima

Han transcurrido diez años, y un poco más, desde que el entonces Magistrado Decano del Tribunal Constitucional de Bolivia, Dr. Willman R. Durán Ribera, publicara su brillante estudio sobre: “Las líneas jurisprudenciales básicas del Tribunal Constitucional (en la protección de los derechos fundamentales)” (2003); una obra escrita con la noble pretensión de contribuir a “la difusión, entendimiento y comprensión de la jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional en el campo de los derechos fundamentales en sus primeros años de labor jurisdiccional”; en ese cometido, en la obra se recogieron los pronunciamientos más relevantes que había dictado el Tribunal Constitucional en su primera época.

Dicho meritorio trabajo, se caracterizó por seleccionar, sistematizar, resumir y extraer de cada resolución, la línea jurisprudencial básica sentada por el Tribunal Constitucional, así como los fundamentos relevantes (o determinantes) del fallo (rationes decidendi); que son precisamente los contenidos jurisprudenciales que vinculan a los tribunales, jueces o autoridades, quedando en virtud de ello, obligadas a aplicar a sus decisiones tales entendimientos jurisprudenciales. Esta obra, se halla precedida de un muy interesante estudio preliminar del mismo autor, sobre los derechos fundamentales, en donde realiza algunas precisiones importantes sobre su contenido, su clasificación, sus posibles límites y su ámbito de protección.

Es de resaltar también que el autor, en las primera páginas de su obra, escribió algunas notas para una mejor lectura y comprensión de su contenido, en donde realiza –acaso abordando el tema por vez primera en Bolivia– algunas precisiones importantes sobre la estructura de la línea jurisprudencial, que se conforma –según el autor– en el momento en que un Tribunal brinda una solución (positiva o negativa) a una pretensión, que se expresa en una problemática concreta planteada en un recurso determinado; asimismo, diferencia las sentencias que conforman dicha línea jurisprudencial: así se encuentran, entre otras, las sentencias básicas o creadoras de línea, las sentencias moduladoras de la línea jurisprudencial, y las sentencias confirmadoras de la línea[1].

No obstante su claridad, el autor precisa también que “la estructuración de las líneas a través de los tres tipos de sentencias aludidas, debe conformarse sobre realidades fácticas y no sólo conceptuales; es decir, los hechos de la problemática abordada deben guardar semejanza en todas las sentencias que integran la línea”, explicación que pone de relieve el carácter profundamente didáctico con que dicha obra fue compuesta, hace ya bastante tiempo atrás y que, sin embargo, ha sido la primera en abordar seriamente esta temática.

Años más tarde, el destacado jurista Dr. Arturo Yañez Cortez, publicó una investigación denominada “Ratio Decidendi” (2007), que es precisamente una compilación sistematizada de las principales tesis jurisprudenciales que había creado el Tribunal Constitucional, desde su creación hasta ese momento crítico. Cabe resaltar, que dicha ordenación jurisprudencial, está precedida de un estudio que muestra un panorama completo respecto de las posiciones doctrinales de las corrientes a favor y en contra de la interpretación judicial o del derecho jurisprudencial, refiriéndose asimismo a los sistemas jurídicos y las fuentes del derecho, en perspectiva actual; todo ello, en el convencimiento de que “es imposible entender cabalmente el derecho jurisprudencial y utilizar las ratio decidendi en el trabajo diario del jurista, sin antes aproximarse por lo menos, a las trascendencias incluso políticas, que el tema trae consigo”. Luego de ello, el autor desarrolla las ratio decidendi de aquellas Sentencias Constitucionales que, a su juicio, fueron las más importantes en la jurisprudencia votada por el Tribunal Constitucional de Bolivia, aunque no todas, lo que sería sumamente complicado para un trabajo impreso, según confiesa el mismo autor, cuya rigurosidad en la selección de las ratio decidendi y en la construcción de las líneas jurisprudenciales resultantes, es muy meritoria y destacable.

Al año siguiente, y ante la inexistencia de otros estudios (aparte de los anteriormente señalados) profundos y debidamente sistematizados respecto a la naturaleza jurídica de la jurisprudencia, sus alcances y efectos, las diferentes formas de identificar, aplicar o citar la misma, lo que ocasionaba un manejo caótico y antitécnico de la jurisprudencia constitucional; es que la Cooperación Técnica Alemana, a través de su Proyecto de apoyo a la reforma procesal penal en Bolivia, tomó la iniciativa de llevar adelante un proyecto de sistematización, clasificación y titulación de la jurisprudencia constitucional con precedentes obligatorios en el ámbito procesal penal. Así, en el año 2008 se publicó el libro de “Sistematización de la Jurisprudencia Constitucional y Precedentes Obligatorios en Derecho Procesal Penal” (2008), cuyo primer tomo fue brillantemente elaborado por el exMagistrado Dr. José Antonio Rivera S.

Cabe señalar, que en las primeras páginas de la obra, el mencionado jurista insertó un excelente estudio doctrinal sobre la jurisprudencia constitucional y la aplicación de los precedentes obligatorios en Bolivia, abordando temáticas referentes a: concepto y naturaleza jurídica de la jurisprudencia constitucional, las subreglas o normas adscritas consignadas en la jurisprudencia constitucional, la fuerza vinculante de la jurisprudencia constitucional[2], diferenciando claramente las partes de la Sentencia que constituyen jurisprudencia, explicando además las reglas básicas de aplicación de los precedentes obligatorios, para finalizar explicando la modulación y el cambio (o mutación) de la jurisprudencia constitucional.

En la referida sistematización realizada por Rivera Santivañez, el autor entiende por jurisprudencia constitucional[3]: “la doctrina que establece el Tribunal Constitucional al interpretar y aplicar la Constitución, así como las leyes, desde y conforme a la Constitución, cuando resuelve un caso concreto, creando subreglas o las normas adscritas a partir de la extracción de normas implícitas, o en su defecto, de la integración o interrelación de las normas constitucionales. Desde otra perspectiva –agrega Rivera– se puede señalar que, la jurisprudencia constitucional es la parte de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en la que se concreta el alcance de una disposición constitucional, es decir, en donde se explicita qué es aquello que la Constitución prohíbe, permite, ordena o habilita para un tipo concreto de supuesto de hecho, a partir de una de sus indeterminadas y generales cláusulas”.

En este sentido, se pueden identificar dos categorías de jurisprudencia: la jurisprudencia indicativa; y la jurisprudencia precedencial o de los precedentes obligatorios.

A) La jurisprudencia indicativa, conocida también como jurisprudencia conceptual –según Rivera–, está constituida por aquellas partes de la sentencia en la que el Tribunal Constitucional consigna los conceptos jurídicos sobre determinados tópicos jurídicos o instituciones jurídicas. La aplicación de esta jurisprudencia es opcional, pues no tiene fuerza vinculante; por lo mismo para su aplicación a casos posteriores no exige de la concurrencia de supuestos fácticos análogos, ya que cada caso nuevo se resuelve de conformidad con la Ley y el concepto jurídico común anteriormente definido.

B) En cambio, la jurisprudencia precedencial o de los precedentes obligatorios está constituida por aquella o aquellas partes de la Sentencia en la que el Tribunal Constitucional consigna las subreglas o las normas adscritas que dan concreción normativa de las cláusulas abstractas o generales que tienen las normas de la Constitución o las leyes ordinarias, señalando su sentido normativo a partir de su interpretación, integración o interrelación; dicho desde otra perspectiva son aquellas consideraciones de carácter normativo expresados por el Tribunal Constitucional al resolver un caso concreto. Esta jurisprudencia se constituye en un precedente obligatorio, toda vez que al consignar una subregla o norma adscrita adquiere una fuerza gravitacional para la decisión de un caso nuevo que tenga supuestos fácticos análogos, de manera que obliga horizontalmente al propio Tribunal Constitucional y verticalmente a los tribunales y jueces inferiores en la jerarquía jurisdiccional.

Ciertamente, en el referido trabajo se revisaron todas las sentencias constitucionales emitidas en procesos constitucionales (hábeas corpus, amparo constitucional, recurso directo de nulidad, recurso de inconstitucionalidad), en los que se han planteado y resuelto problemáticas relacionadas con el ámbito procesal penal, a fin de ofrecer a los operadores del Sistema Procesal Penal, un material constituido por la jurisprudencia constitucional en esa materia, con los precedentes obligatorios identificados y precedidos de los supuestos fácticos de la causa resuelta por la sentencia constitucional en la que se ha creado la jurisprudencia.

De ahí que, en cada tema y subtema, se incluyen los supuestos fácticos reconstruidos y luego el respectivo precedente obligatorio con la identificación del número de la sentencia constitucional en la que se ha identificado el precedente obligatorio. Definitivamente se trató de un estudio jurisprudencial de enorme utilidad práctica, para la utilización de precedentes obligatorios en el ámbito de los procesos penales en Bolivia.

Posteriormente, en el reinicio de las labores jurisdiccionales del Tribunal Constitucional, y durante la época de transición, esta institución publicó un “Resumen Jurisprudencial” (en dos tomos), que consiste en una sistematización jurisprudencial relevante de toda la gestión 2010, “consciente de que el respeto y tutela de los derechos fundamentales es una tarea que tiene su inicio en su difusión y conocimiento”; una obra elaborada con la colaboración indispensable del Dr. Boris Arias Lopez, ello claro está, con anterioridad a la elección de los Magistrados, y la posterior entrada en funcionamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Luego de las notables iniciativas académicas anteriormente reseñadas, no se han encontrado otros estudios serios y objetivos sobre la jurisprudencia constitucional en Bolivia, salvo por las variadas recopilaciones jurisprudenciales que hasta ahora se han publicado, sin el rigor académico necesario para identificar la(s) parte(s) vinculante(s) de las Sentencias Constitucionales, o para comprender el desarrollo jurisprudencial de determinados institutos jurídicos cuyo análisis hubiera sido abordado por el Tribunal Constitucional. Ante este panorama, surge la necesidad de realizar nuevos estudios de jurisprudencia constitucional, y ese será el título de un libro de mi autoría, de próxima publicación.

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[1] “Aunque con escasa frecuencia –agrega Durán Ribera–, hay sentencias que cambian la línea jurisprudencial sentada por un Tribunal. En tales casos no se puede hablar de una cuarta categoría de sentencias, habida cuenta que al tratarse de soluciones distintas al entendimiento primigenio, el nuevo fallo asume la calidad de sentencia básica o fundadora; pues, ahí nace una nueva línea jurisprudencial. La clasificación de la línea jurisprudencial de un tribunal que ha tenido el cuidado de hacer citas del precedente interno, debe empezar por la sentencia moduladora más reciente, puesto que ésta contiene la versión actualizada de la línea.”. DURAN RIBERA, Willman Ruperto. Las líneas jurisprudenciales básicas del Tribunal Constitucional. Santa Cruz, Bolivia: Academia Boliviana de Estudios Constitucionales – Editorial El País, 2003. Pág. 16.
[2] “La fuerza vinculante de la jurisprudencia constitucional se refiere a la obligatoriedad horizontal (para el propio Tribunal o Corte Constitucional o tribunales ordinarios de su misma jerarquía), y vertical (para los jueces y tribunales de jerarquía inferior) que despliega la parte de la ratio decidendi de una sentencia constitucional. Ello supone que la doctrina constitucional creada, es decir, las subreglas o las normas adscritas creadas, extrayendo de las normas implícitas de la Constitución o integrando normas del bloque de constitucionalidad, tienen que ser aplicadas obligatoriamente por el propio Tribunal Constitucional, por el resto de los órganos del poder público, por lo mismo, por los jueces y tribunales que forman parte del poder judicial, en la resolución de todos los casos que presenten supuestos fácticos análogos. (…)”. RIVERA SANTIVAÑEZ, José Antonio (Consultor). Sistematización de la Jurisprudencia Constitucional y Precedentes Obligatorios en Derecho Procesal Penal. Tomo I. Sucre, Bolivia: Editorial Tupac Katari, 2008. Págs. 23-24.
[3] Para tener una noción precisa sobre qué partes de la sentencia se constituyen en jurisprudencia o precedente constitucional obligatorio, es necesario diferenciar muy esquemáticamente entre la parte resolutiva, conocida también como "decisum", de la parte de los fundamentos jurídicos que consigna a su vez dos elementos conocidos como la "ratio decidendi" (razón de la decisión) y los "obiter dicta" (dichos de pasada). “El decisum es la resolución concreta del caso, esto es, la determinación específica de si el acusado es o no culpable en materia penal, si el demandado debe o no responder en materia civil, si al peticionario el juez le tutela o no su derecho, si la disposición acusada es o no inconstitucional, etc. Por su parte, la ratio dedicendi es la formulación general, más allá de las particularidades irrelevantes del caso, del principio, regla o razón general que constituyen la base de la decisión judicial específica. Es, si se quiere, el fundamento normativo directo de la parte resolutiva. En cambio constituye un mero obiter dictum, toda aquella reflexión realizada por el Tribunal Constitucional o cualquier juez al motivar su fallo, pero que no es necesaria a la decisión, por lo cual son opiniones más o menos incidentales en la argumentación de la autoridad judicial. De lo referido se concluye que el precedente vinculante es la ratio decidendi del caso, ya que ese principio abstracto, que fue la base necesaria de la decisión, es el que debe ser aplicado por los jueces en otras situaciones análogas. Finalmente, los obiter dicta tienen una fuerza persuasiva, que puede ser mayor o menor según el prestigio y jerarquía del tribunal, pero no son vinculantes; un obiter dictum constituye entonces, en principio, un criterio auxiliar pero no obligatorio para los otros jueces”. RIVERA SANTIVAÑEZ, José Antonio (Consultor). Obra Citada. Pág. 26.

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