jueves, 14 de diciembre de 2017

Lecturas recomendadas para futuros abogados


¿Qué texto puede leer aquella persona que está decidida o por decidirse a estudiar leyes y quiere leer algo “jurídico” o relacionado con el derecho?. Me lo preguntaron muchas personas en el mail.

Para ahorrar tiempo, en lugar de contestar individualmente, le doy formato de entrada.

Aclaremos. Soy de recomendar lecturas no por tener autoridad bibliográfica o porque haya leído mucho (todo lo contrario) , sino porque me gusta cuando alguien recomienda un texto al que tuvo oportunidad de acceder —por la razón que sea— y quiere compartir la experiencia. Si me gusta que alguien me recomiende un texto, me es difícil no tener semejante actitud para con el público indefinido que por desgracia o fortuna accede a esta bitácora.

Dos cositas.

La respuesta tiene dos aristas. Una parte general y otra especial. Es decir, primero aclaramos una cosita, y luego recomendamos dos lecturas para los curiosos.

I - En términos generales, quien está pensando en estudiar derecho y quiere ir asomando el cogote a algunas lecturas “jurídicas” tiene que distinguir, a grandes rasgos, dos tipos de textos con los que se va a encontrar en la universidad. Negrita en “a grandes rasgos”.

Por un lado existen textos que podríamos llamar “normativos” o “legales” en sentido estricto, y que son obras que se dedican a explicar alguna parte del sistema normativo vigente en algún país (lo que la gente llama “las leyes”).

Por ejemplo, un libro de “Contratos” que explica los contratos que están regulados en el Código Civil. Un libro de “Derecho penal parte especial” que nos explica con detalle cuáles son los delitos, cómo se estructuran y cuáles son los debates que los circundan. Un libro de “Derechos Reales” nos explica cómo el hombre se relaciona con las cosas: aprendemos sobre la hipoteca, el dominio, el condominio, y así con muchas otras ramas.

Esto muchas veces —no siempre en forma precisa— se lo llama “doctrina” y desde la teoría general del derecho se le llama “dogmática jurídica”; es decir, autores que saben mucho de una rama del derecho y escriben libros sobre eso analizando los institutos legales (un contrato, un delito, etc.) y sus problemáticas, comentando la legislación vigente y criticándola, proponiendo modificaciones y soluciones para los conflictos más usuales. Con su labor perfeccionan las normas, su aplicación y ayudan a los jueces a solucionar casos "difíciles" donde las leyes no dan soluciones tan claras.

Ejemplos:

Éste es típico libro de contratos. Éste es un típico libro de derecho laboral. Éste es un clásico del derecho penal, parte general. Etcétera.

*

Pero existen otro tipo de textos.

Estos otros textos no son “legales” en sentido estricto dado que no se dedican a analizar una parte del ordenamiento jurídico como para ver cómo funciona o cuáles son sus problemáticas. Lo que hacen es analizar al derecho como fenómeno, ya sea social, lógico, humano, político, argumentativo, etcétera (dependiendo, claro está, del enfoque del autor que tomemos).

Me animo a imaginar que en la carrera de periodismo habrá materias técnicas que enseñan a escribir una crónica, a diagramar un periódico o revista o hacer un reportaje interesante, en tanto hay otros cursos de la carrera que se dedican a analizar el periodismo como disciplina: por qué existe el periodismo, su importancia, sus límites éticos, las repercusiones de su labor, entre otros temas. Lo mismo podría pensarse en medicina y en tantas otras carreras más. En este sentido, el derecho no es la excepción.

Este tipo de textos “no estrictamente legales” ya no nos hablarán sobre el homicidio, los contratos, las sociedades anónimas o las formas de iniciarle juicio a otra persona, sino que reflexionarán sobre el hecho de que exista algo llamado “derecho”, sobre qué es eso a lo que llamamos “derecho”, qué lo define y qué lo diferencia de otros órdenes normativos (como podría ser el moral); reflexionará sobre qué es la moral y cómo esta se relaciona —si es que existe tal relación— con el derecho; cómo el derecho se relaciona con la política, con el poder, con la justicia. Reflexionará sobre cómo se toman decisiones judiciales, qué herramientas existen para analizar las sentencias; o bien reflexionará sobre si el derecho puede ser concebido como un sistema lógico deductivo o no; o cómo analizar la validez de una norma jurídica y un muy enorme etcétera.

Nada de esto es expuesto por los autores en forma definitiva. Demás decir que todas estas preguntas y problemáticas merecen —merecieron y merecerán— una pluralidad de respuestas conforme los distintos autores que leamos. Han surgido escuelas, corrientes, posturas y disputas de todo tipo. Por caso, bibliotecas enteras se han escrito para responder a la simple pregunta «¿Qué es el derecho?».

Muchas de estas obras suelen ser incluidas en lo que se suele llamar “Teoría General del Derecho” y verse en materias de la carrera también con ese nombre o títulos del estilo de “Introducción al derecho” (que a su vez, trata temáticas también englobables en la llamada filosofía del derecho). Lo importante es que el lector entienda que esta segunda categoría de textos no sólo son los que va a encontrar en los primeros cursos de la carrera sino que además son accesibles incluso antes de iniciarla, que es lo que nos interesa. Aun cuando no entienda del todo su contenido o le deje más dudas que certezas (lo cual es bueno también).

Y por si el lector no se ha dado cuenta, existe un beneficio más. Mientras que las obras “estrictamente legales” hacen una obligada referencia a la normativa vigente en un país (un libro de contratos de un autor argentino habla del derecho argentino, como es esperable), los textos de la segunda categoría son ajenos a las fronteras políticas. Para debatir sobre qué es el derecho puedo ser español, argentino, peruano o francés que tranquilamente sé que estoy hablando de un fenómeno común, cuyas diferencias normativas no son óbice para la reflexión. De hecho, más abajo voy a recomendar un autor argentino y uno español.

Los únicos límites en este tipo de lecturas serán el idioma y —en más o en menos— el “tipo” de sistema normativo vigente en el país del autor.

Aclaración muy breve: hay que aclarar que, a grandes rasgos (de nuevo, en negrita) existen dos sistemas o tradiciones normativas: el sistema continental europeo (de influencia romana y germana, cuya principal fuente de derecho es la ley y fueron afectados por procesos de intensa codificación) y el sistema de derecho común anglosajón (llamado common law), en el cual la jurisprudencia (los precedentes judiciales emergentes de casos pasados) tiene una importancia mucho mayor. Explicar esta diferencia excede la idea de la entrada.

Conclusión:

Mi consejo es que si alguien está pensando en estudiar derecho (o ya está decidido pero lo hará en un futuro cercano) lo conveniente es dejar de lado los textos estrictamente legales (por caso, un libro sobre hipotecas) y tomar alguna lectura relacionada con cuestiones tratadas por la teoría general del derecho. Le resultará, con suerte, más interesante, menos tedioso para leer, y no se verá necesitado constantemente de un aparato teórico previo.


II - Y bueno, pero ¿qué puedo leer?

De lo que tengo en la biblioteca, me animo a recomendar dos obras. Pero suplico que si alguien pasa por esta entrada y tiene alguna lectura para recomendar, que lo haga.


La primera: "Introducción al análisis del derecho", Carlos S. Nino

De este libro ya hablamos en una de las primeras entradas del blog. Nino es un autor argentino, fallecido lamentablemente de muy joven y fue una de las mentes más brillantes de la filosofía del derecho argentina. Su obra tiene una magnitud y una importancia que no me atrevo a relatar, por lo que invito al lector a googlear sus méritos.

Este libro es un clásico en toda materia introductoria del derecho; de lectura y compra obligada para todo estudiante.

“El derecho, como el aire, está en todas partes”, dice Nino en las primeras nueve palabras de esta obra. Analiza el concepto del derecho, el debate entre iusnaturalismo y iuspositivismo jurídico, la concepción realista el derecho; describe el concepto de norma jurídica, las miradas de Von Wright, de Kelsen, de Hart, de Ross. Comenta los rasgos distintivos de los sistemas jurídicos, los conceptos de validez y pertenencia, los procedimientos de creación normativa. Dentro de los llamados “conceptos básicos del derecho” analiza la persona jurídica, la capacidad, la competencia, la idea de “derecho subjetivo” de “deber jurídico”, de responsabilidad, de delito, etcétera. Habla de la interpretación de las normas, de la existencia (o no) de una “ciencia del derecho” y finalmente un tema sobre el que luego ha profundizado mucho, que es la valoración moral del derecho, en la cual analiza cuestiones éticas y metaéticas.

Todo escrito en lenguaje llano, sencillo de seguir, lo que no significa que los temas sean sencillos o llanos. Brinda ejemplos de manera contínua, y deja en evidencia una capacidad didáctica muy por encima de otros autores. Además, cierra cada capítulo con un set de preguntas y ejercicios para responder con el contenido estudiado que seguramente van a terminar haciendo en clase cuando ingresen a la universidad.

En fin, este es sin duda, mi recomendado.

La segunda: "El sentido del Derecho", de Manuel Atienza.

Manuel Atienza es un autor español, profesor de la Universidad de Alicante y actual director de la siempre consultada revista Doxa. Por suerte vivo y produciendo mucho material. Ha hecho aportes importantísimos a la filosofía del derecho, y en especial a uno de los temas más en boga actualmente, que es aquel que tiene que ver con la Teoría de la Argumentación Jurídica, respecto de la cual ha escrito obras vitales (i.e. El Derecho como argumentación, Ariel, 2006, que hemos comentado repetidas veces en el blog)

La primera edición de esta obra es del 2001, aunque es una suerte de upgrade de un “Introducción al Derecho” que escribió en los 80´s. La edita Ariel.

Lo bueno de “El sentido del Derecho” es que Atienza no escribe para filósofos del derecho sino para estudiantes y para [cito textual:] “personas ajenas al mundo profesional del derecho, pero interesadas en adquirir cierta formación jurídica de carácter básico”. Así lo anuncia en el prólogo y cae de maduro en la forma de escribir (a diferencia de otras obras bastante más densas de leer) y en la temática tratada. Viene como anillo al dedo.

Sobre el contenido, mejor citamos al propio autor en su presentación ya que nos deja bien en claro sobre qué nos vamos a encontrar:

“(...) La pregunta por el sentido del Derecho puede formularse, en mi opinión, de manera razonablemente clara, aunque eso no suponga, desde luego, sugerir que para ella exista alguna respuesta simple. Tal y como yo veo las cosas, habría básicamente dos maneras distintas —pero conectadas entre sí— de entender qué se quiere decir con lo del «sentido» del Derecho: dos sentidos de «sentido». Por un lado, la pregunta busca una explicación del Derecho en cuanto fenómeno social e histórico; para ello se necesita, a su vez, contar con alguna respuesta a cuestiones muy básicas como las siguientes: por qué, y desde cuándo, existe el Derecho, en qué medida consiste en normas, qué relación guarda con la moral y con el poder, para qué sirve, qué funciones sociales cumple, cómo debería ser, qué objetivos y valores deben —y pueden— alcanzarse con él, cómo puede conocerse y de qué manera ha de construirse una ciencia jurídica, hasta qué punto consiste en una actividad argumentativa, cómo ha de entenderse su aplicación e interpretación e interpretación. Por otro lado, cabe también preguntarse si el Derecho (o cierto tipo de Derecho) integra una práctica social valiosa, constituye un tipo de realidad que quizás sólo puede llegar a entenderse plenamente si se asume un determinado punto de vista y una realidad que no está ahí simplemente para ser conocida, criticada o utilizada estratétigamente sino para ser mejorada por los sujetos que forman parte de la misma (...)”

En esta obra hay cuestiones que no están presentes en el de Nino, y viceversa. El de Nino es, probablemente, más coincidente con lo que el futuro alumno se encontrará en el plan de estudios de las materias del ingreso, en tanto el libro de Atienza trata otras cuestiones también interesantes, como el capítulo de «Derecho y Poder» y el de «Derecho, justicia y Derechos humanos» (cuestiones en las que Nino se explayó en otras obras algo más complejas de leer).

Resumiendo. Consejo final a quienes preguntaron o tengan la duda: alejarse de los textos normativos. Ya tendrán que pasar horas leyéndolos en los distintos cursos. Si es por curiosidad, acercarse a estos textos que comentamos —entre otros que con suerte recomienden—, que les va a ir mejor y les va a hacer pasar un mejor rato.

Fuente: http://quieroserabogado.blogspot.com/2011/02/textos-para-quienes-piensan-estudiar.html

miércoles, 6 de diciembre de 2017

Elecciones Judiciales 2017: 80% de actas verificadas en toda Bolivia


En una jornada histórica, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), bajo el Sistema de Transmisión Rápida y Segura de Actas, presentó a las 21:30 los resultados a más del 80% de las actas verificadas por el ente electoral este domingo 3 de diciembre.

Esta información oficial es el resultado de las imágenes obtenidas de fotografías que son tomadas en las mesas de votación. Las actas han sido verificadas y como garantía de transparencia se subieron en formato PDF al sitio web del Órgano Electoral Plurinacional, para que la población verifique las mismas.

Para alcanzar los resultados de hoy en el sistema de transmisión rápida y segura de actas, 4.888 personas trabajaron en la tarea de fotografiar y capturar las actas que permitió a las bolivianas y bolivianos conocer resultados preliminares, por primera vez en nuestra historia democrática, el mismo día de la votación.

La presidenta del TSE, Katia Uriona Gamarra, resaltó la participación de los ciudadanos en las Elecciones de Altas Autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional 2017 y manifestó que toda la información ya se encuentra disponible en la página web www.trep.orp.org.bo, la misma que irá siendo actualizada hasta alcanzar el porcentaje final del 100%.

A su vez, los cómputos departamentales se iniciaron a las 18:00 horas y se prevé que concluyan entre 48 a 72 horas, por departamento y un consolidado nacional.

Fuente directa

domingo, 3 de diciembre de 2017

TDE anula papeletas electorales por estar marcada en San Julián


El Tribunal Departamental Electoral (TDE) de Santa Cruz anuló ayer papeletas electorales que según denunció el diputado opositor, Tomás Monasterio, ya estaban marcadas.

Monasterio informó que se constituyó en San Julián y constató material electoral “abandonado en esta zona, tenemos las fotos donde se evidencia muchas papeletas marcadas”.

El parlamentario cruceño mostró fotografías de las papeletas y aseguró que esas evidencias constituyen “señal y ejemplo claro de un fraude que está queriendo hacer el Movimiento al Socialismo, con la anuencia del tribunal electoral” y anunció acciones legales contra las máxima autoridades electoral del país porque “es inadmisible que antes que se habiliten las ánforas existan papeletas marcadas”.

Monasterio responsabilizó del hecho al Movimiento al Socialismo (MAS) que “busca mecanismos para aplacar la voz del pueblo” y formuló un llamado a la población para que salga mayoritariamente a votar este domingo para reafirmar el voto del 21 de febrero.

Sin embargo, Eulogio Núñez, presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED), descartó que estén marcadas y aclaró que se el vehículo que llevaba las maletas con el material de sufragio dejó caer una de ellas por accidente y los responsables de ese material no se dieron cuenta hasta que llegaron al recinto.

En respuesta, el presidente del TED de Santa Cruz, Eulogio Núñez, rechazó las acusaciones de fraude y aseguró que las papeletas encontradas en San Julián forman parte de un lote de material electoral que cayó en el trayecto por accidente. La autoridad dijo que esas papeletas fueron anuladas y reemplazadas por otras. (Agencias)

Elecciones Judiciales 2017: Recintos autorizados para la emisión de certificados de impedimento

El Órgano Electoral Plurinacional publicó la lista de los recintos autorizados para la emisión de certificados de impedimento.

Urgentebo



Elecciones Judiciales 2017: Vicepresidente Álvaro García Linera emitió su voto en la Unidad Educativa Azpiazu de Sopocachi.


La Paz, 3 de diciembre.- "A pesar de que la oposición lo ha querido convertir en un plebiscito, nosotros no nos hemos metido porque es una elección de jueces. Los resultados por encima de 157 votos serán democráticos y habrá valido la pena" dijo el Vicepresidente Álvaro García Linera tras emitir su voto en la Unidad Educativa Azpiazu en Sopocachi.

García Linera hizo esa declaración para hacer una comparación de la elección de este domingo con aquella que ocurría únicamente en el Parlamento en el pasado, cuando los magistrados eran elegidos por los senadores y diputados del Parlamento.

“Veremos cómo vota la gente, en todo caso yo siento que cualquiera de los candidatos que saque más de 157 votos, que es como se lo elegía anteriormente en el Congreso, con 157 votos, cualquier candidato que tenga más de 157 votos ya cumplió el requisito democrático. Es mucho más democrático ser elegido con 160 que con 157, mejor con 10 mil, mejor con 50 mil, mejor con 100 mil, pero cualquier resultado por encima de 157 votos, que es como antes se elegía en el Congreso a los jueces, va a ser más democrático, más participativo”, declaró García Linera tras emitir su voto en la Unidad Educativa Agustín Aspiazu, de la zona de Sopocachi.

Enfatizó que esa cantidad será suficiente ya que antes el Congreso elegía por esa cantidad a los tribunos. Desconocío si el presidente Evo Morales convocará a una evaluación al final de la jornada electoral y ratificó que la población debe ir a sufragar por cualquiera de las opciones válidas.

Urgentebo

viernes, 1 de diciembre de 2017

Conozca a los 32 candidatos a las cuatro entidades judiciales

En las dos boletas que el elector recibirá en el departamento de La Paz, hay un total de 32 candidatos. De cada grupo (cada tribunal y el Consejo de la Magistratura) se debe elegir un solo aspirante. También están vigentes los votos blanco y nulo.

La boleta (más grande) que contiene al Tribunal Agroambiental (TA) y al Consejo de la Magistratura (CM), 24 candidatos en total, es de circunscripción nacional, y aparecerá en todos los departamentos del país. En cambio, la boleta (más pequeña), en que están el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Tribunal

Constitucional Plurinacional (TCP), 8 candidatos, es exclusiva para La Paz, teniendo cada departamento la suya.

El ministro de la Presidencia, René Martínez, llamó a los medios de comunicación a “profundizar” la difusión de méritos de los candidatos para las elecciones judiciales, en caso de que la labor del Tribunal Supremo Electoral (TSE) no haya sido “suficiente”.

“Quiero apelar a los medios de comunicación que, por lo menos en este tiempo corto, va a ser altamente loable que podamos profundizar el conocimiento de esos perfiles a los que, seguramente por lo avanzado del tiempo, por los procedimientos que ha agotado el TSE probablemente no hayan sido los suficientes”, expresó.

A seis días de los comicios para elegir a las principales autoridades de los tribunales Supremo de Justicia, Agroambiental, Constitucional y del Consejo de la Magistratura, surgieron voces respecto a que la población no terminó de conocer a los postulantes.

El vicepresidente del TSE, José Luis Exeni, dijo que hubo un “enorme esfuerzo” del Órgano Electoral, con la difusión de spots en medios, distribución de separatas, conversatorios, con el fin de que la ciudadanía no solo conozca a los candidatos, sino también la naturaleza del proceso y las características de cada tribunal.

DIFUSIÓN La autoridad detalló la elaboración de 194 piezas comunicacionales (spots, cuñas, microprogramas), difundidas en 635 medios de comunicación; a esto se suma la distribución “mano a mano” de más de tres millones de separatas con información pública.

“Ya superamos el centenar de conversatorios con candidatos y candidatas, tanto en ciudades capitales como en intermedias. Se han impreso y distribuido más de cuatro millones de volantes con información sobre el proceso, las candidaturas y las papeletas”. A esto se suman los “más de 1.000 programas en radio y televisión (de 30 minutos a una hora de duración) con presencia de vocales electorales y de candidatos”, precisó ayer la autoridad electoral.

Si bien el TSE, como administrador de la elección, es responsable de difundir todo lo referido al proceso, también el elector debe hacer un esfuerzo para acceder al material a su disposición, a fin de tener un voto informado, independientemente de su opción, insiste el vocal del TSE.

“Es importante que la ciudadanía realice un esfuerzo especial para acceder a la información disponible sobre el proceso y los méritos de las y los candidatos para decidir su voto con conocimiento de lo que se está decidiendo. Ejercer un voto informado es parte de su derecho de participación en elecciones y también de su deber cívico”, insistió el vocal Exeni.



miércoles, 29 de noviembre de 2017

Convocan seminario taller de Derecho Notarial


El Derecho Notarial y Registral es una rama del Derecho que se ocupa de formar a los abogados que darán carácter verídico a diferentes procesos legales, documentos públicos, contratos y otros acuerdos legales.

El profesional en Derecho Notarial y Registral es capaz de producir y conferir veracidad a documentos de carácter público y oficial, gracias a la fe pública de la que goza como notario. También, puede asesorar en temas como contratos laborales, testamentos, actas públicas y privadas, entre otros.

Se relaciona con el Derecho Administrativo, el Derecho Tributario, el Derecho Comercial, el Derecho de Familia, la Cartulación y la Propiedad Intelectual.

Afiches fueron pegados en las calles de El Alto.

lunes, 27 de noviembre de 2017

Candidata al Tribunal Agroambiental: Elva Terceros Cuéllar

Perfil

Nació en Chacopata, Vallegrande, Santa Cruz, el 13 de noviembre de 1969.

Licenciada en Ciencias Jurídicas, de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, de Santa Cruz.

Con diplomados en Derecho Administrativo y Educación Superior.

Autora de los libros Lomerío. La demanda de un pueblo y el proceso legal; Diagnóstico en comunidades de los pueblos: chiquitano, mojeño ignaciano y tacana (con otros) y De la utopía indígena al desencanto.

ENTREVISTA

1.- ¿Qué le motivó a postular al Tribunal Agroambiental (TA)?

En la Cumbre de Justicia se formularon diferentes propuestas para contar con una justicia con credibilidad, eficiencia y transparencia, y se presentó la oportunidad de contribuir en esta demanda de la sociedad en la administración de justicia. Más allá de otras consideraciones, lo primordial es enfrentar el reto de desarrollar lo aprendido en estos años y poner en práctica la experiencia alcanzada. Por otra parte, creo que involucrarse en este desafío es una manera de devolverle al país parte de la inversión realizada en mi formación y capacitación.

2.- Si es electa como nueva autoridad del Órgano Judicial, ¿qué medidas tendrían que adoptarse para mejorar la administración de justicia?

Desde mi especialidad en temas agroambientales, la experiencia obtenida será volcada a poner en vigencia un modelo de gestión transparente que no sólo facilite el acceso a la información, sino que la proporcione, que realice las acciones necesarias para contar con mayor presupuesto y haga un uso eficiente de éste. En un mundo que cada día ve el avance de la tecnología se debe utilizarla en las funciones del TA para ser más eficaz.

3.- En ese marco, ¿qué hay que hacer para mejorar el trabajo del TA?

Una de las prioridades es difundir e informar sobre el rol y las competencias que tiene esta instancia de administración de justicia. La corrupción no sólo afecta a las entidades públicas y privadas, sino que está presente en todas las actividades de la sociedad, por tanto su erradicación demanda la participación de toda la población. En el ámbito de las funciones de TA está la necesidad de aplicar mecanismos integrales que permitan luchar y prevenir la corrupción; incorporar criterios de eficiencia en la gestión, aplicando programas de capacitación al personal.

4.- ¿Considera que con la aplicación de la nueva legislación y la elección de magistrados el 3 de diciembre el pueblo boliviano puede esperar el ansiado cambio de la justicia?

La participación de la población es vital para transformar y contar con una buena administración de justicia. Por ello esperamos que la población, en el ejercicio de su derecho democrático a decidir, pueda escoger a las y los magistrados, con el mandato de cumplir sus funciones en el Órgano Judicial.

5.- La retardación de la justicia es uno de los problemas más denunciados, ¿qué propone para que resolverlo?

Una administración ágil y eficiente tiene que ver con la aplicación de medidas de carácter integral que tomen en cuenta la transparencia, el acceso a la información, la incorporación de tecnología, la revisión de procesos y procedimientos y la simplificación de trámites. En esa medida, los efectos de las medidas estarán dirigidos a cumplir los plazos, un servicio de calidad enmarcado en el cumplimiento de los mandatos constitucionales.

sábado, 25 de noviembre de 2017

Libro “La Magia de Molinari” busca cautivar al lector alteño


El Alto, 24 nov.- Un nuevo libro del escritor Ulises Pastor Barreiro llegó al país. Tras cautivar al público de Argentina, la obra del autor titulada “Magia de Molinari” pretende cautivar al lector alteño, se trata de un trabajo literario que reúne cuatro cuentos cortos, todos giran en torno a una fuerte “reflexión” entre varias cuestiones, sobre lo que significa para los seres humanos la “muerte”.


Durante el desarrollo de la obra surgen personajes como Lubeck, Conde Finochetto, Némesis, Marcelo Heredia y Gustavo L. Sarica. Todos ellos toman la impronta de los sujetos humanos que viven en las sierras del Valle de Punilla y se mimetizan con la bonita y tranquila naturaleza.

Ulises Barreiro presenta en esta obra una secuencias de distintos personajes que comienzan a cuestionar sobre lo que significa socialmente “la muerte” en la sociedad occidental. Dado que por un lado, se narra la descripción geográfica de la zona del Valle de Punilla, especialmente la ciudad de Cosquín y en el barrio de Molinari. El cual se caracteriza por poca presencia de a especie humana, y mucha presencia de otras especies de mamíferos, como los zorros colorados, comadrejas, liebres, y muchos otros seres más.

“Los personajes que aparecen en estos cuentos tienen experiencias que les atraviesan diversas fases de la cristalización de la realidad humana luego de que su mente las siente. El modo de cómo percibimos la conciencia humana como especie que somos ‘Homo Sapiens’. Sin duda estamos ante una obra de cuentos cortos muy novedosa, que es un homenaje al bonito paisaje de las sierras del Valle de Punilla”, explicó Alberto Medrano, representante oficial de Ulises Barreiro en Bolivia.

El libro mide 13 por 18 centímetros, tiene 51 páginas y la lectura es divertida, su lenguaje está destinado a adolescentes y adultos. El libro captura al lector desde sus primeras páginas pues narra y describe capítulos como: un caudillo por Molinari, El tren que nunca llegaba, el ser noble y, Lubeck de Punilla.

“En la obra pasan por distintos lugares del barrio de Molinari, como la esquina de Córdoba y Rio de Janeiro, Río Seco, las diversas casas alpina y la ruta número 38. También distintos puntos de la bonita ciudad de Cosquín, entre ellos la estación de trenes, la plaza prospero Molina”, precisó Barreiro, autor de la obra.


Dibujo de portada


Fue realizado por el famoso dibujante de caricaturas Juan Sáenz Valiente, muy reconocido en Latinoamérica y que trabajo para la revista “Fierro” del diario Página 12 de Argentina y mucha otras de Francia.

En la tapa del libro se observa un atardecer típico de las sierras de Molinari, cuando el sol se oculta detrás de estas y las gamas de grises y sombras empiezan a travesear.

Los ejemplares pueden adquirirse mediante el WhatsApp 76534345.

jueves, 16 de noviembre de 2017

Candidata al Tribunal Constitucional Plurinacional: Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

Perfil

Nació el 9 de enero de 1980.
Licenciatura en Ciencias Jurídicas de la Universidad Juan Misael Saracho.
Maestría en Gestión y Políticas Públicas.
Diplomados en Gerencia Social y Políticas Públicas, Gobernabilidad y Gerencia Pública,
Capacitadora e investigadora con publicaciones en gestión y autonomías, pluralismo jurídico y acceso a la justicia.
Autora de los libros Documento metodológico referido a Gestión y Fiscalización y Cuaderno de trabajo en gestión y fiscalización de asambleístas departamentales.

Puntaje: 64,5

1.- ¿Qué le motivó a postular al Tribunal constitucional plurinacional (TCP)?
Para mí fue una decisión natural, por tres motivos: mi experiencia de vida, la amplia formación académica y mi experiencia profesional, estos factores me han dado convicción por la plena realización de los derechos fundamentales de las personas, particularmente de las personas en condición de vulnerabilidad. Considero que el Tribunal Constitucional Plurinacional es un espacio que me permitirá seguir contribuyendo a este propósito.

2.- Si es electa como nueva autoridad del Órgano Judicial, ¿qué medidas adoptaría para mejorar la administración de justicia?
Trabajar con probidad y transparencia. En general, nuestro Estado debe adoptar una política estatal que garantice el acceso a la justicia, particularmente a la población en condición de vulnerabilidad. Creo que todas las instancias involucradas en el servicio de justicia deben tratar la problemática de manera sistémica, programada y articulada en el marco de una reforma al sistema de justicia.

3.- ¿Qué hacer para mejorar el trabajo del TCP?
Para hacer efectivo el derecho al acceso a la justicia constitucional, propongo la creación de juzgados constitucionales con itinerancia programada de funciones en el territorio departamental, particularmente en zonas donde no existen juzgados ordinarios o presencia estatal. El fortalecimiento de la Academia de Estudios Constitucionales para promover la especialización en todo el país. Capacitación permanente y acceso amplio a las líneas jurisprudenciales a todos los actores del sistema de justicia y contribuir a fortalecer las garantías constitucionales de una administración de justicia con enfoque de género.

4.- ¿Considera que con la aplicación de la nueva legislación y la elección de magistrados el 3 de diciembre el pueblo boliviano puede esperar el ansiado cambio de la justicia?
Es importante tener presente que la crisis del sistema de justicia en nuestro país tiene un carácter estructural que requiere la participación del Estado y la sociedad en el propósito de una reforma judicial. Las autoridades judiciales a ser electas deberán trabajar en contribuir y liderar dicha reforma judicial, garantizando la participación de la población. Las autoridades salientes deben contribuir a ello en este período de transición, resolviendo sus casos y la gestión de sus despachos.

5.- La retardación de la justicia es uno de los problemas más denunciados, ¿qué propone para resolverla?
Son varios los problemas del sistema de administración de justicia en el país: corrupción y la débil transparencia, mora procesal y retardación de justicia, muestras de falta de independencia judicial, poco desarrollo del pluralismo jurídico e interculturalidad, deficiente enfoque de género generacional, débil presencia territorial, bajo presupuesto judicial, que repercuten en la confianza de la población en el sistema de justicia. Es preciso que el Estado defina una política pública de acceso a la justicia con todas las instituciones del sistema. La solución de la retardación de justicia exige programas de liquidación de causas que se encuentran en mora procesal, acuerdos internos respecto a las mejores prácticas para la resolución.


jueves, 9 de noviembre de 2017

Candidata al Tribunal Constitucional Plurinacional: Georgina Amusquivar Moller

Georgina Amusquivar Moller

Perfil

Nació en Oruro.
Licenciada en Derecho de la Universidad Técnica de Oruro (UTO).
Diplomados en Derecho Constitucional, Derecho Procesal Penal, Educación Superior, Evaluación de Proyectos Sociales y Educativos.
Maestría en Derecho Constitucional y Justicia Plurinacional.
Más de 14 años como abogada, con ejercicio profesional en el ámbito judicial, en la docencia universitaria. También en el TCP desarrolló varias funciones.

Puntaje: 75,0

1.- ¿Qué le motivó a postular al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP)?
El desarrollar mis actividades como abogada, en el ejercicio libre y en distintas instituciones, así como en el Tribunal Constitucional Plurinacional, me ha permitido identificar falencias en el tema de la administración de la justicia. Problemas como la retardación de justicia, la falta de transparencia, la no materialización de algunos principios de la Constitución y la falta de acceso a la justicia, han sido los principales problemas que me han motivado a postular como candidata para contribuir a transformar la justicia.

2.- Si es electa como nueva autoridad del Órgano Judicial, ¿qué medidas adoptará para mejorar la administración de justicia?
Habiendo hecho un diagnóstico de la realidad de la administración de justicia y establecido problemas como la retardación de justicia y otros, una de las medidas que propongo implementar para efectivizar los principios constitucionales de interculturalidad, descolonización y la igualdad jerárquica entre las jurisdicciones entre la indígena originario campesina y la justicia ordinaria, es que las autoridades indígenas también puedan intervenir en el control tutelar de los derechos y garantías constitucionales cuando se produzcan vulneraciones de los derechos de los pueblos indígenas. También crear mecanismos para que se cumplan los plazos procesales establecidos y unificar la jurisprudencia constitucional para garantizar la seguridad jurídica.

3.- ¿Qué se debe hacer para mejorar el trabajo del TCP?
Es necesario observar de manera estricta todos los principios que establece la Constitución Política del Estado desde la plurinacionalidad, interculturalidad, descolonización, probidad, todos los principios que atingen a los servidores públicos y mejorar la labor del TCP, para que se cumplan los plazos y transformar la imagen de una justicia de escritorio a una constitucional viva, efectiva, para que la sociedad civil pueda estar informada, orientada sobre cuáles son los derechos y garantías constitucionales.

4.- ¿Considera que con la aplicación de la nueva legislación y la elección de magistrados el 3 de diciembre el pueblo boliviano puede esperar el ansiado cambio de la justicia?
Creo que es una esperanza que se elijan nuevos magistrados, la población concibe que la justicia deteriorada tiene que cambiar, transformarse, y las autoridades que deban asumir tienen el propósito de cambiar esa imagen. De mi parte existe el compromiso de que se efectivicen los cambios. Sé que es difícil lograrlo, pero con el conjunto de la sociedad civil se puede hacer, sumando esfuerzos podemos lograrlo.

5.- La retardación de la justicia es uno de los problemas más denunciados, ¿qué propone para resolverla?
Ante la retardación de justicia planteamos que se efectúe un control más riguroso de los plazos procesales, materializar el principio de celeridad, que se eliminen los formalismos exagerados y que la justicia sea efectiva para acabar con la retardación de la justicia.

domingo, 5 de noviembre de 2017

Seminario "Identidad y su regulación jurídica"

Seminario "Identidad y su regulación jurídica", que se realizará en la sala de juicio oral de la UPEA el 13 de noviembre. Quedan cordialmente invitados...

Facebook: Ery Castro



lunes, 30 de octubre de 2017

Edwin Aguayo Arando: Candidato al Tribunal Supremo de Justicia

Perfil

Nació en Potosí el 30 de julio de 1976.
Licenciado en Derecho.
Asesor jurídico de la empresa constructora IC-SUR SRL y EDCONS SRL.
Exasesor en el Gobierno Municipal de Porco.
Trabajó en la Asamblea Constituyente y en la Brigada de Potosí.

Porcentaje: 60,5

1.- ¿Qué le motivó a postular al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)?
La retardación de justicia y un estigma de corrupción respecto a la justicia, esto me motiva porque quiero hacer cambios al respecto.

2.- Si es electo como nueva autoridad del Órgano Judicial, ¿qué medidas adoptaría para mejorar la administración de justicia?
A corto plazo, hacer una evaluación de los recursos humanos de manera razonada y responsable, y a largo plazo generar nuevos recursos humanos con una visión diferente a la actual forma de administrar justicia.

3.- ¿Qué se debe hacer para mejorar el trabajo del Tribunal Supremo de Justicia?
Dotar de medios auxiliares tecnológicos para un mejor desempeño de trabajo, además de infraestructuras adecuadas y capacitación permanente.

4.- ¿Considera que con la aplicación de la nueva legislación y la elección de magistrados el 3 de diciembre el pueblo boliviano puede esperar el ansiado cambio de la justicia?

Es así, ya que la idea es efectivamente cambiar la actual conducta de los servidores judiciales.

5.- La retardación de la justicia es uno de los problemas más denunciados, ¿qué propone para resolverla?
Los jueces deben enmarcarse a los plazos procesales reprimiendo el excesivo abuso y uso de la ley por las partes cuando los recursos o medios planteados sean manifiestamente ilegales. El incumplimiento o la actitud pasiva del juez significarán responsabilidad personal del juzgador.

sábado, 28 de octubre de 2017

Juan Carlos Berrios y su carrera en la administración de Justicia

Perfil
Nombre: Juan Carlos Berríos Albizú
Profesión: Abogado
Cargos en la Carrera:
– Pasante del Juzgado Noveno de Partido en lo Civil de la ciudad de La Paz
– Auxiliar de Juzgado de instrucción en lo Civil en El Alto
– Actuario
– Juez de Instrucción Mixto cautelar Provincial
– Vocal del Tribunal Departamental
– Presidente de Sala
– Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz
– A la fecha candidato al Tribunal Supremo de Justicia de La Paz

Carrera para administrar justicia
Asumió la titularidad del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz el 21 de enero de 2014. Comenzó su carrera judicial en 1993.
Es abogado graduado de la carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).
Durante su carrera profesional transitó por toda la estructura funcionaria: pasante del Juzgado 9° de Partido en lo Civil de La Paz, Juez de Instrucción Mixto Cautelar en Sica Sica y Presidente de la Sala Civil Segunda del TDJ, entre otros.
Es magister en Administración de Justicia de la Universidad San Francisco Xavier y Diplomado del Instituto de la Judicatura de Bolivia y en Derecho Constitucional.

Doc Berrios


martes, 24 de octubre de 2017

Inamovilidad laboral para los progenitores, en la jurisprudencia constitucional

Por: Ery Iván Castro Miranda*

La Constitución Política del Estado (CPE), refiere que: “Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos. Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad” (art. 48 par. VI.)

La Constitución garantiza la inamovilidad laboral de los progenitores hasta que el hijo cumpla un año de edad, sin embargo de manera antelada a la vigencia de la Constitución, en fecha 2 de mayo de 1988 se promulgó la Ley 975, por el cual establece que: “Toda mujer en periodo de gestación hasta un año de nacimiento del hijo, gozara de inamovilidad en su puesto de trabajo en instituciones públicas o privadas”, es decir, la inamovilidad abarca tanto a las empleadas del sector privado sujetas al ámbito de la Ley General del Trabajo, como a las funcionarias o servidoras públicas, sujetas al ámbito de aplicación de la Ley Nº 2027 de 27 de octubre de 1999 (Estatuto del Funcionario Público), sin exclusión, sean con contratos permanentes o eventuales, toda vez que el sentido de la norma constituye la protección de la maternidad por parte del Estado.

Consiguientemente en fecha 19 de febrero de 2009, se promulga el Decreto Supremo Nº 0012, que reglamenta las condiciones de inamovilidad laboral de la madre y padre progenitores, que trabajan en el sector público y el privado, la vigencia de dicho beneficio se encuentra regulado en el art. 5 que tiene como base las siguientes condicionantes para acceder a dicho beneficio: “I. No gozarán del beneficio de inamovilidad laboral la madre y/o padre progenitores que incurran en causales de conclusión de la relación laboral atribuible a su persona, previo cumplimiento por parte del empleador público o privado de los procedimientos que fijan las normas para extinguir la relación laboral. II. La inamovilidad laboral no se aplicará en contratos de trabajo que por su naturaleza sean temporales, eventuales o en contratos de obra; salvo las relaciones laborales en las que bajo estas u otras modalidades se intente eludir el alcance de esta norma. En este último caso corresponde el beneficio. III. La inamovilidad laboral del padre y/o madre progenitores se mantendrá siempre y cuando cumplan con sus obligaciones legales y de asistencia para con el hijo o hija”.

En ese contexto, si bien la Constitución y las Leyes garantizan la inamovilidad laboral de los progenitores, la misma debe estar sujeto a condicionantes para acceder a dicho beneficio, sin embargo, el problema se presenta cuando se trata de garantizar la inamovilidad laboral de los servidores públicos de libre nombramiento, toda vez que se encuentran bajo el ámbito de aplicación del Estatuto del Funcionario Público, consecuentemente dicha excepción ha sido desarrollada por la Jurisprudencia Constitucional a través de varias Sentencias Constitucionales Plurinacionales (SCP), existiendo además líneas jurisprudenciales que aparentemente son contradictorias entre sí, que corresponde ser analizadas en el presente trabajo.

La SCP1115/2013-L de 30 de agosto, hace referencia al marco normativo y jurisprudencial que regula la situación de los funcionarios de libre nombramiento (Estatuto del Funcionario Público), en consecuencia señala que existen clases de servidores públicos, entre los cuales se clasifican los funcionarios de libre nombramiento, que son aquellas personas que realizan funciones administrativas de confianza y asesoramiento técnico especializado para los funcionarios electos o designados, asimismo hace referencia a la SC 0051/2002-R de 18 de enero, a tiempo de referirse a la situación de dichos funcionarios, en el sentido de que los mismos no gozan del derecho a la estabilidad laboral correspondiendo tal prerrogativa sólo a los funcionarios de carrera; similar entendimiento recoge la SC 1068/2011-R de 11 de julio.

Asimismo,la referida Sentencia Constitucional denegó la tutela por inamovilidad laboral, señalando que a los servidores públicos que ocupan cargos jerárquicos de dirección, en virtud a un libre nombramiento,la inamovilidad laboral en razón del embarazo no puede ser aplicado en todos los casos, toda vez que no todas las funciones públicas son iguales y algunas contienen ciertas características concretas, por tal situación en los casos en los que se aplique la garantía de una estabilidad laboral, podrían ser desvirtuadas las atendidas funciones públicas y a modo de ejemplo se puede afirmar que no resultaría razonable que un Alcalde, un Ministro de Estado pretendan justificar su permanencia, en mérito a la garantía de inamovilidad,pretendiéndose una extensión de mandato.

La SCP 0579/2015-S3 de 10 de junio, realiza una precisión respecto a los funcionarios públicos de carrera y los provisorios, en tal circunstancia reconoce que el derecho a la inamovilidad laboral es universal, toda vez que protege a trabajadores bajo el ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo y a los funcionarios públicos, asimismo dicha sentencia refiere que el derecho no es absoluto en el ámbito administrativo, es decir, no es transversal a todos los servidores públicos, pues puede verse limitado cuando se trate de servidores públicos de libre nombramiento, toda vez que estos son reclutados sin procesos previos de selección de personal, sino de manera directa, por invitación personal del máximo ejecutivo de la entidad pública, para ocupar funciones de confianza o asesoramiento técnico, que precisamente por las características de confianza y especialidad no están bajo la protección absoluta de la inamovilidad laboral, ya sea ésta producto de embarazo o de discapacidad.

La referida sentencia denegó la tutela,señalando que la carencia de inamovilidad laboral en servidores públicos de libre nombramiento, tiene por finalidad garantizar la eficacia y eficiencia del servicio público, ya que las labores que desempeñan este tipo de funcionarios son de iniciativa, decisión y mando, por ello su duración en el cargo es temporal, y su retiro discrecional; aceptar lo contrario significaría afectar la gestión pública, pues se obligaría a una autoridad ejecutiva conservar en un puesto de libre nombramiento, personal que no cuenta con confianza, condiciones técnicas requeridas por la máxima autoridad ejecutiva.

La SCP 0528/2016-S2 de 23 de mayo, denegó la tutela por inamovilidad, toda vez estableció en su ratio decidendi, que si bien de acuerdo a la norma suprema y en la jurisprudencia constitucional se reconoce el derecho a la inamovilidad laboral de los servidores públicos, respecto a los padres progenitores,el art. 233 de la CPE, limita tal derecho a los servidores públicos de libre nombramiento que ocupan cargos jerárquicos y desempeñan labores de confianza y asesoramiento para los servidores electos o designados, similar entendimiento se siguió en la SCP 0526/2016-S3 de 9 de mayo.

La SCP 0776/2016-S3 de 4 de julio,estableció que las funciones que desempeñan los funcionarios de libre nombramiento en una entidad, son temporales y provisionales, por consecuencia pertenecen al ámbito de los funcionarios provisorios por cuanto su ingreso a una entidad pública, no es resultado de los procesos de evaluación y selección de personal, sino que obedece a una invitación personal del máximo ejecutivo, para ocupar determinadas funciones de confianza o asesoramiento en la institución,en consecuencia por la característica de confianza y especialidad, no están bajo la protección absoluta de la inamovilidad laboral, similar entendimiento se estableció en la SCP 1476/2016-S3 de 12 de diciembre.

De la jurisprudencia constitucional referida claramente se puede evidenciar que el Tribunal Constitucional Plurinacional, denegó las tutelas respecto a la inamovilidad laboral de los servidores públicos de libre nombramiento (progenitores), toda vez que estableció la existencia de excepciones que se presentan en función al tipo de funcionario público (libre nombramiento), sin embargo, el Tribunal Constitucional estableció jurisprudencia paralela, por el cual se otorgó tutela respecto a la inamovilidad laboral de servidores públicos de libre nombramiento.

La SCP 1417/2012 de 20 de septiembre, en su ratio decidendi,refiere que si bien el art. 233 de la CPE clasifica a los servidores públicos en aquellos que forman parte de la carrera administrativa y aquellos que no, en especial a los servidores públicos de libre nombramiento, señala que es preciso indicar que las normas relativas a la inamovilidad laboral no deben interpretarse de manera literal, así como tampoco de manera aislada del resto de las normas constitucionales, sino más bien debe ser entendida en base a una interpretación teológica y sistemática, que si bien se hace una distinción de los tipos de servidores públicos en la CPE, pero no debe entenderse como una negación absoluta de derechos de los funcionarios que no forman parte de la carrera administrativa, puesto que la negación establecida debe tener su excepción en el caso en el que se ingrese a analizar situaciones de grupos vulnerables y que merezcan protección especial por parte del Estado, tal como sucede con el caso de mujeres embarazadas, en consecuencia, la referida sentencia señala que a tiempo de aplicar lo dispuesto por el art. 233 de la CPE (servidores públicos de libre nombramiento), se debe realizar previamente una interpretación sistemática de las normas contenidas en la Constitución,toda vez que si se omitiera la misma, se correría grave riesgo de vulnerar derechos fundamentales de las personas.

En relación a los servidores públicos de libre nombramiento,la referida sentencia,considera que en el sentido amplio y tomando en cuenta que la evolución política del Estado de Bolivia es amplia, garantista y progresista que tiende a la protección eficaz y eficiente de los derechos de las personas, así como de las garantías establecidas para el efecto, corresponde indicar que los servidores públicos de libre nombramiento no llegan a ser considerados funcionarios de carrera y por tanto carecerían de estabilidad laboral, sin embargo ello no debe entenderse en un marco del razonabilidad absoluta negativa, sino más bien diferenciada de acuerdo al grupo de personas de quien se hable y las condiciones especiales que las distingue, motivo por el cual en el caso de las mujeres embarazadas que son servidoras públicas de libre nombramiento, que si bien, la regla llega a ser que en dichos cargos los mencionados servidores públicos no gozan de estabilidad laboral, por no ser parte de la carrera administrativa, sin embargo existiría una excepción en ocasión de que se trate de grupos de servidores públicos en estado de vulnerabilidad, las cuales merecen una mayor protección por parte del Estado tal como sucede con las mujeres embarazadas, padres progenitores, personas con capacidades diferentes y adultos mayores.

En ese contexto, la citada sentencia constitucional señala que, a los servidores públicos en estado de vulnerabilidad deberá aplicarse la excepción que se deduce de lo dispuesto por el art. 48 par. VI de la CPE, en el sentido de que las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas, puesto que dicha norma constitucional reconoce a todas las personas el derecho de permanecer en el cargo que desempeña hasta que el hijo o hija cumpla un año de edad, toda vez que el Estado tiene la obligación de proteger a los trabajadores propendiendo en todo caso, a que los mismos tengan una continuidad y estabilidad laboral, más aún si se trata de casos en los que una servidora pública se encuentra en estado de embarazo, un progenitor tenga su esposo conveniente en un mismo estado, puesto que lo que se pretende precautelar en todos los casos, no es el trabajo simple y llano del trabajador, sino los derechos del nasciturus (interpretación finalista), que se encuentra en el vientre materno o de hijo o hija recién nacido, entre los que se encuentra el derecho primordial a la vida, así como también el derecho a la salud, teniendo en cuenta que el trabajo es el medio por el cual se procura de los medios de subsistencia para uno mismo y su familia, entendiendo a esta última no sólo a las personas ya nacidas sino también a las que están por nacer, puesto que si bien se encuentran aún en el vientre materno, ya llegan a ser miembros integrantes de la familia, la cual de igual manera, debe ser protegida por parte del Estado.

Consecuentemente la referida sentencia, menciona que en aplicación al principio constitucional pro homine, por el cual debe entenderse la norma, en el sentido más amplio y no así en el sentido restringido, se establece que los servidores públicos de libre nombramiento que sean progenitores, merecen la protección del Estado, a través de todas sus instancias y órganos, reconociéndoles el derecho establecido en el art. 48 par. IV de la CPE, sin embargo, dicha sentencia constitucional señala que dadas las características especiales en las que se encuentran los servidores públicos que no se encuentran en la carrera administrativa, deberá otorgarse la protección, permitiendo se mantengan desempeñando funciones en la misma institución en la que fueron agradecidas sus labores, hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad; empero, tomando en cuenta que al no gozar ya de la confianza de la autoridad que los eligió, deberán permanecer de manera excepcional en otro cargo similar o idéntico, con similar o idéntico sueldo y con reconocimiento pleno de sus derechos a la seguridad social, para que de esta manera cuenten con la certidumbre de que no se les retirará del cargo, por razón del embarazo y que se protegerá el derecho a la vida y salud de su hijo; ello en razón, a que al estar aquellos cargos a decisión y disposición de los servidores electos o designados y se hubiese perdido la confianza prestada en dicho personal, no podrá obligarse a dicha autoridad, a permanecer con aquel personal con el que ya no goza de aquella confianza.

En este tipo de casos, debe entenderse a la inamovilidad por razón de embarazo, no en el sentido literal de la palabra, cual sería no mover al servidor público del cargo que ocupa, sino más bien, como una forma de estabilidad laboral en la que sí se los podrá mover -excepcionalmente y por única vez- a otro cargo similar o idéntico dentro la misma institución, con la finalidad de precautelar el bienestar del nasciturus, del hijo o hija recién nacida, resguardando su vida y salud hasta que cumpla su primer año de vida puesto que la estabilidad propiamente dicha (al ser el género), no sólo abarca a este tipo de situaciones de inamovilidad (que es la especie), sino al hecho de permanecer en el cargo de acuerdo a normas establecidas y por un tiempo determinado, como sucede en el caso de las servidoras públicas de libre nombramiento embarazadas o que tienen un hijo o hija recién nacido. Dicho criterio debe aplicarse de igual manera, a los servidores públicos de libre nombramiento progenitores, ya que ellos gozan de igual manera de protección del Estado, en su fuente de trabajo, en consecuencia el TCP concedió la tutela al accionante, disponiendo además el pago de los sueldos devengados a favor del accionante, toda vez que debieron ser percibidos desde la fecha en la que se venció sus servicios, sin embargo la referida sentencia, aclara que si se hubiese adquirido nuevo trabajo en dicho lapso, el pago devengado sólo debe ser efectiva a la fecha en la que obtuvo el referido trabajo, así como el cumplimiento de las asignaciones familiares a favor del menor nacido.

Similar entendimiento se produjo en la SCP 1424/2015-S2 de 23 de diciembre, toda vez que estableció que la inamovilidad laboral por estado de gravidez es una garantía que se hace extensible a servidoras y, servidores públicos de libre nombramiento, en virtud a que el Estado Plurinacional de Bolivia tiene como finalidad la de promover, proteger y respetar los derechos establecidos en la CPE, de conformidad a lo establecido por el art. 13, garantizando su eficaz y cumplimiento por parte de los particulares y autoridades, en todas las esferas del sector público y privado. Además, la referida sentencia se fundamenta en el art. 109 de la CPE, toda vez que todos los derechos reconocidos por la Constitución son directamente aplicables y gozan iguales garantías para su protección, situación por la cual la señalada sentencia analizó el caso de la inamovilidad conforme a dicha norma constitucional, en consecuencia se concedió la tutela a la accionante, disponiendo que la autoridad demandada reincorpore en un cargo con similares características, asimismo se ordenó el pago de los sueldos devengados desde el momento en el cual se emitió el memorándum de agradecimiento de servicios, dicho entendimiento jurisprudencial se consolido en la SCP 0432/2016 – S2 de 5 de mayo, sin embargo esta última sentencia constitucional, tuvo un voto disidente por parte del Magistrado Juan Oswaldo Valencia Alvarado, quien señalo que se debió negar la tutela, toda vez que existe jurisprudencia constitucional que indica que el derecho a la inamovilidad laboral de los progenitores no alcanza funcionarios electos ni a quienes ejercen cargos jerárquicos de libre nombramiento

De la jurisprudencia constitucional citada, se puede evidenciar que aparentemente se muestran jurisprudencias contradictorias, toda vez que no son sentencias uniformes, al respecto el Dr. Boris Arias Lopez, justifica dicha aparente contradicción indicando que: “…en parte puede explicarse por la ingente cantidad de resoluciones emitidas, la falta de sistematización de jurisprudencia, la existencia de tres salas para conocer acciones de tutela que no cuentan con mecanismos de coordinación, el uso excesivo de reglas y sub-reglas, a extensión de las sentencias y el abuso de obiter dicta, descuidando dejar en claro los hechos que se resuelven además del uso de términos indeterminados y la utilización de argumentos contradictorios”, por consiguiente en un posterior trabajo, señalare las formas y técnicas para interpretar estas aparentes contradicciones existentes en el TCP.

* Abogado - Investigador, Docente de pre y postgrado Universitario, Blog Jurídico: (http://metamorfosisjuridica.blogspot.com/)

viernes, 20 de octubre de 2017

José César Villarroel quiere luchar contra la corrupción judicial

Perfil

Nació el 27 de agosto de 1955.
Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas; tiene una maestría en Derecho Civil y Derecho Procesal Civil.
Docente emérito UMSA, catedrático de la UPEA.
Autor de los libros Curso sobre el Código Procesal Civil práctica forense y judicial; Guía de capacitación en el Código Procesal Civil y en el Código de las Familias y Estudios de Derecho Procesal Civil.
Puntaje 79,2

1.- ¿Qué le motivó a postular al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)?

Al haber redactado buena parte de los denominados Códigos Morales, la motivación personal es la aplicación de esa normativa en los tribunales de justicia de todo el país y la lucha en contra de la corrupción judicial.

2.- ¿Qué medidas tendrían que adoptarse para mejorar la administración de justicia?

Los servidores judiciales en todos los niveles deben estar sujetos a capacitación en el nuevo régimen legal. La formación judicial debe ser integral a través del desarrollo de las dimensiones técnico-jurídicas sustentadas en el ser desde los valores (axiológico-jurídicos) del derecho positivo y valores socio-comunitarios; el saber, desarrollo cognitivo jurídico previsto en distintas áreas jurídicas del derecho; el hacer, habilidad y destreza en la teoría y la práctica en la elaboración de fallos judiciales; el decidir, sustentado en las tres dimensiones anteriores bajo los principios de honestidad, celeridad, transparencia y objetividad.

3.- ¿Qué hacer para mejorar el trabajo del TSJ?

Mejorar las condiciones en el funcionamiento de los juzgados y tribunales en todos los departamentos; es necesario contar con una buena infraestructura; modificar el mapa judicial; crear nuevos ítems para jueces y subalternos, equipamiento con medios tecnológicos; anualmente hacer un relevamiento sobre los éxitos y fracasos que se den en ese proceso de institucionalización judicial.

4.- ¿Considera que con la aplicación de la nueva legislación y la elección de magistrados el 3 de diciembre el pueblo boliviano puede esperar el ansiado cambio de la justicia?

La terapia jurídica en los tribunales, dado el estado de crisis en que se encuentra la administración de justicia, será lenta y progresiva hasta que alcance credibilidad en el tiempo, manteniendo la independencia, asimismo debemos hacer alianzas estratégicas con todas las instituciones del país, de manera tal que permita mostrar un poder judicial renovado, libre de grupos dominantes, donde los magistrados sean un ejemplo para las regiones y para el conjunto del país con responsabilidad y compromiso en el desempeño de sus funciones y ese ejemplo sea el modelo de conducta para jueces y subalternos.

5.- La retardación de la justicia es uno de los problemas más denunciados, ¿qué propone para resolverla?

Los nuevos códigos en las distintas áreas están orientados a evitar la retardación de justicia. Uno de los pilares es la conciliación acompañada de una desformalización de las complejidades procesales, donde se resuelva el fondo del problema de manera directa y no directa a través de la solución de un sinnúmero de incidentes. La oralidad como base del sistema en aplicación de los principios de inmediación y concentración hace que los procesos no tengan una duración interminable que agoten al ciudadano por cansancio, y por el contrario los conflictos se resuelvan en el menor tiempo posible. Justicia que tarda no es justicia.

Cambio

sábado, 14 de octubre de 2017

Candidata al Consejo de la Magistratura: Mirtha Meneses Gómez

Perfil

Nació en la ciudad de La Paz.

Licenciada en Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales de la Universidad Técnica de Oruro.

Realizó diplomados en Derecho Constitucional y en Educación Superior por Competencias.

ENTREVISTA

1.- ¿Qué le motivó a postular al Consejo de la Magistratura (CM)?

Mi vivencia como servidora judicial, así como el sentir del ciudadano en general, generó preocupación por la agudización de la crisis en el sistema judicial en los últimos seis años, por esa razón asumí el reto de participar en el proceso de preselección a candidatas a altas autoridades del Órgano Judicial, con el objetivo de aportar con una propuesta que inicie el proceso de cambio en la justicia, a partir de las atribuciones del Consejo de la Magistratura.

2.- De ser electa como nueva autoridad del Órgano Judicial, ¿qué medidas tendrían que adoptarse para mejorar la administración de la justicia?

Las medidas tienen que ser radicales e inmediatas, primero una revisión del escalafón judicial, evaluación de autoridades jurisdiccionales y servidores judiciales; segundo, garantizar que la administración de justicia sea especializada, con profesionales idóneos con compromiso social; tercero, revisar la conformación del aparato administrativo del Consejo de la Magistratura, a efecto de evitar duplicidad de funciones y garantizar el mejoramiento de la esencia del Órgano Judicial que es la administración de justicia; cuarto, capacitación permanente de las autoridades y servidores judiciales en las áreas de su competencia así como en ética profesional; quinto, implementación de sistemas informáticos y tecnológicos como ser plataformas de consulta, seguimiento de procesos y notificaciones electrónicas, transparentando la justicia y erradicando procedimientos que demoran la tramitación de los procesos; sexto, desconcentración de juzgados y jueces itinerantes para garantizar el acceso a la justicia de todos los ciudadanos y séptimo, desburocratización, transparencia e informatización eficiente de Derechos Reales para un servicio inmediato a favor de la población.

3.- ¿Qué propone para mejorar el trabajo del CM?

Conformar y estructurar la institución bajo un sistema técnico especializado para el cumplimiento de las atribuciones específicas que la Constitución Política del Estado y la ley establecen.

4.- ¿Considera que con la aplicación de la nueva legislación y la elección de magistrados el 3 de diciembre, el pueblo boliviano puede esperar el ansiado cambio de la justicia?

Esto es un proceso que dependerá tanto de la participación ciudadana en las elecciones del 3 de diciembre, así como del compromiso de las nuevas autoridades electas para efectivizar esa nueva construcción de la justicia bajo la visión de la Constitución Política del Estado, esencialmente una justicia social, inclusiva, con probidad e igualdad para todos.

5.- La retardación de la justicia es uno de los problemas más denunciados, ¿qué propone para resolverlo?

Una distribución equitativa de la carga judicial entre las autoridades jurisdiccionales, aplicar procesos de descongestionamiento e implementar jueces de liquidación.

Fuente: Justicia Bolivia


domingo, 8 de octubre de 2017

Candidatos para las elecciones judiciales 2017

La Asamblea Legislativa concluyó la sesión para elegir a los 96 candidatos que irán a las elecciones judiciales del próximo 3 de diciembre.

Luego de un arduo debate, repleto de acusaciones, gritos y denuncias; que de las confrontaciones verbales pasaron al sueño y los bostezos, la Asamblea concluyó con esta labor luego de 30 horas y 10 minutos de debate.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, mencionó que los elegidos son los candidatos con mayor puntaje acumulado en la fase de preselección.

"Son los hombres y las mujeres mejor puntuadas en cada una de las instancias que se han elegido el día de hoy”, informó Montaño en conferencia de prensa.

Antes de ella, la oposición, encabezada por el senador Oscar Ortiz, rechazó la selección de candidatos y anunció que a partir de ahora hará una aguerrida campaña para que gane el voto nulo el próximo 3 de diciembre.

A continuación le presentamos a los 96 candidatos seleccionados para pugnar por las altas magistraturas de la justicia.

Página Siete





lunes, 2 de octubre de 2017

Vecinos de El Alto se benefician con el perdonazo tributario


El Alto, 2 de octubre.- La amnistía tributaria impulsada por el Gobierno Municipal de El Alto empezó a funcionar desde este lunes. Pueden gozar de este beneficio los propietarios de bienes inmuebles, vehículos y actividades económicas que tengan deudas impositivas pendientes con el municipio.

“Hemos recibido la información del ejecutivo municipal, después de un arduo trabajo los vecinos de El Ato podrán acogerse a la amnistía tributaria que consiste en subsanar las moras tributarias, terrenos, bienes inmuebles, movilidades y actividades económicas”, precisó el concejal de Soberanía y Libertad (sol.bo) Javier Tarqui.

Los vecinos de la urbe alteña podrán cancelar sus impuestos de años adeudados liberados de multas e intereses. Para el beneficio de los contribuyentes será necesaria la presentación respectiva de la cédula de identidad.

“La amnistía tributaria funcionará en las oficinas de recaudaciones, al frente de la aduana nacional, en plena avenida 6 de Marzo, y la segunda oficina en la corte superior de distrito, debajo del puente distribuidor de la Ceja, el pago lo podrán hacer en las entidades financieras correspondientes”, exhortó el concejal Tarqui.

La primera etapa está contemplada entre octubre y diciembre, y la segunda etapa, desde los primeros días de enero hasta marzo de 2018, durará exactamente seis meses el perdonazo en el marco de la Ley de Amnistía Tributaria, aprobada por el Concejo Municipal el pasado 29 de agosto.

“Las personas que tienen deudas con el estado durante las gestiones 2015 y 2016 podrán liquidar sus deudas sin la multa correspondiente y acogerse a planes de pago, con el objetivo de sanear el padrón de contribuyentes ante el gobierno municipal”, concluyó.

Redacción central
Derecho Bolivia

jueves, 28 de septiembre de 2017

Abogado Villarroel trabaja el nuevo Código Civil boliviano

La Paz, 28 de septiembre.- José Cesar Villarroel, abogado que trabaja en La Paz, está trabajando en el anteproyecto del nuevo Código Civil hace tres meses en la comisión conformada por el Ministerio de Justicia y la Dirección de la carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). Tienen un 80 por ciento de avance de la propuesta jurídica, explicó el jurista.

Bolivia ha tenido hasta el momento dos generaciones de legislación civil, la primera de 1830 (Andrés de Santa Cruz), la segunda de 1976 (Hugo Banzer) y el actual gobierno se halla promoviendo los códigos de 2006 (Evo Morales) que pusieron en vigencia el Código Procesal Constitucional, el Código Procesal Civil, el Código de Familia, la Ley del Notariado y el Código Niño, Niña y Adolescente.

“En relación al Código Civil se está produciendo una renovación de su contenido, pues el Código Civil de 1976 es casi una transcripción literal del Código italiano de 1942 combinado con el Código de Marcelo Quiroga Santa Cruz inspirado en cuatro principios, dignidad humana, propiedad privada y restringida, sucesión por causa de muerte y la autonomía de la voluntad”, explicó el abogado Villarroel.

Para el jurista el Derecho Civil contemporáneo ha llegado a obtener cambios sustanciales, pues la vieja legislación estaba sustentada en el “concepto de culpa”, responsabilizando al culpable. Con el nuevo Código Civil se pretende ingresar a un sistema de imputación objetiva, con el propósito que la Ley se despreocupe del agente causador del daño sino de la víctima.

Uno de los postulados del viejo Derecho Romano y Francés radica en el “buen padre de familia”, esa idea romántica del Derecho clásico está siendo sustituida por una nueva idea de la diligencia que debe observar el “deudor cumpla con sus deberes”.

En cada uno de los institutos jurídicos del Derecho Civil, personas, naturales, colectivas, derechos reales, obligaciones, contratos, sucesiones, estamos generando cambios trascendentales que van a incidir en la protección del ciudadano, seguridad a las relaciones jurídicas, justicia eficaz y efectiva, con el objetivo que las normas respondan a nuestra idiosincrasia y respondan a los nuevos postulados de la nueva constitución aprobada en 2009.

El principio de la protección de los “económicamente débiles”, es uno de los postulados del Derecho Civil moderno, radica en proteger a aquellas personas que no poseen mucho dinero.

José Cesar Villarroel, tiene 34 años de ejercicio en la docencia universitaria y también prestando servicios como abogado, con la categoría de catedrático emérito en la UMSA, ha dictado Derecho Civil I, II, III, IV, V y, también Derecho Procesal Civil. Desde 2011 preside la Comisión Codificadora del Código Procesal Civil, Ley 439, actualmente vigente. Coautor del Código de Familia, Ley 603, participó también en la elaboración del Código del Notariado. Muchas de las Leyes que actualmente se hallan vigentes fueron elaboradas por el abogado Villarroel.

AM/Visor Bolivia


Archivo:

Código Penal de Bolivia

Nueva Constitución Política del Estado-Bolivia

Derecho Bolivia

Derecho Bolivia
Emblema de la justicia en Bolivia.