jueves, 16 de noviembre de 2017

Candidata al Tribunal Constitucional Plurinacional: Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

Perfil

Nació el 9 de enero de 1980.
Licenciatura en Ciencias Jurídicas de la Universidad Juan Misael Saracho.
Maestría en Gestión y Políticas Públicas.
Diplomados en Gerencia Social y Políticas Públicas, Gobernabilidad y Gerencia Pública,
Capacitadora e investigadora con publicaciones en gestión y autonomías, pluralismo jurídico y acceso a la justicia.
Autora de los libros Documento metodológico referido a Gestión y Fiscalización y Cuaderno de trabajo en gestión y fiscalización de asambleístas departamentales.

Puntaje: 64,5

1.- ¿Qué le motivó a postular al Tribunal constitucional plurinacional (TCP)?
Para mí fue una decisión natural, por tres motivos: mi experiencia de vida, la amplia formación académica y mi experiencia profesional, estos factores me han dado convicción por la plena realización de los derechos fundamentales de las personas, particularmente de las personas en condición de vulnerabilidad. Considero que el Tribunal Constitucional Plurinacional es un espacio que me permitirá seguir contribuyendo a este propósito.

2.- Si es electa como nueva autoridad del Órgano Judicial, ¿qué medidas adoptaría para mejorar la administración de justicia?
Trabajar con probidad y transparencia. En general, nuestro Estado debe adoptar una política estatal que garantice el acceso a la justicia, particularmente a la población en condición de vulnerabilidad. Creo que todas las instancias involucradas en el servicio de justicia deben tratar la problemática de manera sistémica, programada y articulada en el marco de una reforma al sistema de justicia.

3.- ¿Qué hacer para mejorar el trabajo del TCP?
Para hacer efectivo el derecho al acceso a la justicia constitucional, propongo la creación de juzgados constitucionales con itinerancia programada de funciones en el territorio departamental, particularmente en zonas donde no existen juzgados ordinarios o presencia estatal. El fortalecimiento de la Academia de Estudios Constitucionales para promover la especialización en todo el país. Capacitación permanente y acceso amplio a las líneas jurisprudenciales a todos los actores del sistema de justicia y contribuir a fortalecer las garantías constitucionales de una administración de justicia con enfoque de género.

4.- ¿Considera que con la aplicación de la nueva legislación y la elección de magistrados el 3 de diciembre el pueblo boliviano puede esperar el ansiado cambio de la justicia?
Es importante tener presente que la crisis del sistema de justicia en nuestro país tiene un carácter estructural que requiere la participación del Estado y la sociedad en el propósito de una reforma judicial. Las autoridades judiciales a ser electas deberán trabajar en contribuir y liderar dicha reforma judicial, garantizando la participación de la población. Las autoridades salientes deben contribuir a ello en este período de transición, resolviendo sus casos y la gestión de sus despachos.

5.- La retardación de la justicia es uno de los problemas más denunciados, ¿qué propone para resolverla?
Son varios los problemas del sistema de administración de justicia en el país: corrupción y la débil transparencia, mora procesal y retardación de justicia, muestras de falta de independencia judicial, poco desarrollo del pluralismo jurídico e interculturalidad, deficiente enfoque de género generacional, débil presencia territorial, bajo presupuesto judicial, que repercuten en la confianza de la población en el sistema de justicia. Es preciso que el Estado defina una política pública de acceso a la justicia con todas las instituciones del sistema. La solución de la retardación de justicia exige programas de liquidación de causas que se encuentran en mora procesal, acuerdos internos respecto a las mejores prácticas para la resolución.


jueves, 9 de noviembre de 2017

Candidata al Tribunal Constitucional Plurinacional: Georgina Amusquivar Moller

Georgina Amusquivar Moller

Perfil

Nació en Oruro.
Licenciada en Derecho de la Universidad Técnica de Oruro (UTO).
Diplomados en Derecho Constitucional, Derecho Procesal Penal, Educación Superior, Evaluación de Proyectos Sociales y Educativos.
Maestría en Derecho Constitucional y Justicia Plurinacional.
Más de 14 años como abogada, con ejercicio profesional en el ámbito judicial, en la docencia universitaria. También en el TCP desarrolló varias funciones.

Puntaje: 75,0

1.- ¿Qué le motivó a postular al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP)?
El desarrollar mis actividades como abogada, en el ejercicio libre y en distintas instituciones, así como en el Tribunal Constitucional Plurinacional, me ha permitido identificar falencias en el tema de la administración de la justicia. Problemas como la retardación de justicia, la falta de transparencia, la no materialización de algunos principios de la Constitución y la falta de acceso a la justicia, han sido los principales problemas que me han motivado a postular como candidata para contribuir a transformar la justicia.

2.- Si es electa como nueva autoridad del Órgano Judicial, ¿qué medidas adoptará para mejorar la administración de justicia?
Habiendo hecho un diagnóstico de la realidad de la administración de justicia y establecido problemas como la retardación de justicia y otros, una de las medidas que propongo implementar para efectivizar los principios constitucionales de interculturalidad, descolonización y la igualdad jerárquica entre las jurisdicciones entre la indígena originario campesina y la justicia ordinaria, es que las autoridades indígenas también puedan intervenir en el control tutelar de los derechos y garantías constitucionales cuando se produzcan vulneraciones de los derechos de los pueblos indígenas. También crear mecanismos para que se cumplan los plazos procesales establecidos y unificar la jurisprudencia constitucional para garantizar la seguridad jurídica.

3.- ¿Qué se debe hacer para mejorar el trabajo del TCP?
Es necesario observar de manera estricta todos los principios que establece la Constitución Política del Estado desde la plurinacionalidad, interculturalidad, descolonización, probidad, todos los principios que atingen a los servidores públicos y mejorar la labor del TCP, para que se cumplan los plazos y transformar la imagen de una justicia de escritorio a una constitucional viva, efectiva, para que la sociedad civil pueda estar informada, orientada sobre cuáles son los derechos y garantías constitucionales.

4.- ¿Considera que con la aplicación de la nueva legislación y la elección de magistrados el 3 de diciembre el pueblo boliviano puede esperar el ansiado cambio de la justicia?
Creo que es una esperanza que se elijan nuevos magistrados, la población concibe que la justicia deteriorada tiene que cambiar, transformarse, y las autoridades que deban asumir tienen el propósito de cambiar esa imagen. De mi parte existe el compromiso de que se efectivicen los cambios. Sé que es difícil lograrlo, pero con el conjunto de la sociedad civil se puede hacer, sumando esfuerzos podemos lograrlo.

5.- La retardación de la justicia es uno de los problemas más denunciados, ¿qué propone para resolverla?
Ante la retardación de justicia planteamos que se efectúe un control más riguroso de los plazos procesales, materializar el principio de celeridad, que se eliminen los formalismos exagerados y que la justicia sea efectiva para acabar con la retardación de la justicia.

domingo, 5 de noviembre de 2017

Seminario "Identidad y su regulación jurídica"

Seminario "Identidad y su regulación jurídica", que se realizará en la sala de juicio oral de la UPEA el 13 de noviembre. Quedan cordialmente invitados...

Facebook: Ery Castro



lunes, 30 de octubre de 2017

Edwin Aguayo Arando: Candidato al Tribunal Supremo de Justicia

Perfil

Nació en Potosí el 30 de julio de 1976.
Licenciado en Derecho.
Asesor jurídico de la empresa constructora IC-SUR SRL y EDCONS SRL.
Exasesor en el Gobierno Municipal de Porco.
Trabajó en la Asamblea Constituyente y en la Brigada de Potosí.

Porcentaje: 60,5

1.- ¿Qué le motivó a postular al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)?
La retardación de justicia y un estigma de corrupción respecto a la justicia, esto me motiva porque quiero hacer cambios al respecto.

2.- Si es electo como nueva autoridad del Órgano Judicial, ¿qué medidas adoptaría para mejorar la administración de justicia?
A corto plazo, hacer una evaluación de los recursos humanos de manera razonada y responsable, y a largo plazo generar nuevos recursos humanos con una visión diferente a la actual forma de administrar justicia.

3.- ¿Qué se debe hacer para mejorar el trabajo del Tribunal Supremo de Justicia?
Dotar de medios auxiliares tecnológicos para un mejor desempeño de trabajo, además de infraestructuras adecuadas y capacitación permanente.

4.- ¿Considera que con la aplicación de la nueva legislación y la elección de magistrados el 3 de diciembre el pueblo boliviano puede esperar el ansiado cambio de la justicia?

Es así, ya que la idea es efectivamente cambiar la actual conducta de los servidores judiciales.

5.- La retardación de la justicia es uno de los problemas más denunciados, ¿qué propone para resolverla?
Los jueces deben enmarcarse a los plazos procesales reprimiendo el excesivo abuso y uso de la ley por las partes cuando los recursos o medios planteados sean manifiestamente ilegales. El incumplimiento o la actitud pasiva del juez significarán responsabilidad personal del juzgador.

sábado, 28 de octubre de 2017

Juan Carlos Berrios y su carrera en la administración de Justicia

Perfil
Nombre: Juan Carlos Berríos Albizú
Profesión: Abogado
Cargos en la Carrera:
– Pasante del Juzgado Noveno de Partido en lo Civil de la ciudad de La Paz
– Auxiliar de Juzgado de instrucción en lo Civil en El Alto
– Actuario
– Juez de Instrucción Mixto cautelar Provincial
– Vocal del Tribunal Departamental
– Presidente de Sala
– Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz
– A la fecha candidato al Tribunal Supremo de Justicia de La Paz

Carrera para administrar justicia
Asumió la titularidad del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz el 21 de enero de 2014. Comenzó su carrera judicial en 1993.
Es abogado graduado de la carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).
Durante su carrera profesional transitó por toda la estructura funcionaria: pasante del Juzgado 9° de Partido en lo Civil de La Paz, Juez de Instrucción Mixto Cautelar en Sica Sica y Presidente de la Sala Civil Segunda del TDJ, entre otros.
Es magister en Administración de Justicia de la Universidad San Francisco Xavier y Diplomado del Instituto de la Judicatura de Bolivia y en Derecho Constitucional.

Doc Berrios


martes, 24 de octubre de 2017

Inamovilidad laboral para los progenitores, en la jurisprudencia constitucional

Por: Ery Iván Castro Miranda*

La Constitución Política del Estado (CPE), refiere que: “Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos. Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumpla un año de edad” (art. 48 par. VI.)

La Constitución garantiza la inamovilidad laboral de los progenitores hasta que el hijo cumpla un año de edad, sin embargo de manera antelada a la vigencia de la Constitución, en fecha 2 de mayo de 1988 se promulgó la Ley 975, por el cual establece que: “Toda mujer en periodo de gestación hasta un año de nacimiento del hijo, gozara de inamovilidad en su puesto de trabajo en instituciones públicas o privadas”, es decir, la inamovilidad abarca tanto a las empleadas del sector privado sujetas al ámbito de la Ley General del Trabajo, como a las funcionarias o servidoras públicas, sujetas al ámbito de aplicación de la Ley Nº 2027 de 27 de octubre de 1999 (Estatuto del Funcionario Público), sin exclusión, sean con contratos permanentes o eventuales, toda vez que el sentido de la norma constituye la protección de la maternidad por parte del Estado.

Consiguientemente en fecha 19 de febrero de 2009, se promulga el Decreto Supremo Nº 0012, que reglamenta las condiciones de inamovilidad laboral de la madre y padre progenitores, que trabajan en el sector público y el privado, la vigencia de dicho beneficio se encuentra regulado en el art. 5 que tiene como base las siguientes condicionantes para acceder a dicho beneficio: “I. No gozarán del beneficio de inamovilidad laboral la madre y/o padre progenitores que incurran en causales de conclusión de la relación laboral atribuible a su persona, previo cumplimiento por parte del empleador público o privado de los procedimientos que fijan las normas para extinguir la relación laboral. II. La inamovilidad laboral no se aplicará en contratos de trabajo que por su naturaleza sean temporales, eventuales o en contratos de obra; salvo las relaciones laborales en las que bajo estas u otras modalidades se intente eludir el alcance de esta norma. En este último caso corresponde el beneficio. III. La inamovilidad laboral del padre y/o madre progenitores se mantendrá siempre y cuando cumplan con sus obligaciones legales y de asistencia para con el hijo o hija”.

En ese contexto, si bien la Constitución y las Leyes garantizan la inamovilidad laboral de los progenitores, la misma debe estar sujeto a condicionantes para acceder a dicho beneficio, sin embargo, el problema se presenta cuando se trata de garantizar la inamovilidad laboral de los servidores públicos de libre nombramiento, toda vez que se encuentran bajo el ámbito de aplicación del Estatuto del Funcionario Público, consecuentemente dicha excepción ha sido desarrollada por la Jurisprudencia Constitucional a través de varias Sentencias Constitucionales Plurinacionales (SCP), existiendo además líneas jurisprudenciales que aparentemente son contradictorias entre sí, que corresponde ser analizadas en el presente trabajo.

La SCP1115/2013-L de 30 de agosto, hace referencia al marco normativo y jurisprudencial que regula la situación de los funcionarios de libre nombramiento (Estatuto del Funcionario Público), en consecuencia señala que existen clases de servidores públicos, entre los cuales se clasifican los funcionarios de libre nombramiento, que son aquellas personas que realizan funciones administrativas de confianza y asesoramiento técnico especializado para los funcionarios electos o designados, asimismo hace referencia a la SC 0051/2002-R de 18 de enero, a tiempo de referirse a la situación de dichos funcionarios, en el sentido de que los mismos no gozan del derecho a la estabilidad laboral correspondiendo tal prerrogativa sólo a los funcionarios de carrera; similar entendimiento recoge la SC 1068/2011-R de 11 de julio.

Asimismo,la referida Sentencia Constitucional denegó la tutela por inamovilidad laboral, señalando que a los servidores públicos que ocupan cargos jerárquicos de dirección, en virtud a un libre nombramiento,la inamovilidad laboral en razón del embarazo no puede ser aplicado en todos los casos, toda vez que no todas las funciones públicas son iguales y algunas contienen ciertas características concretas, por tal situación en los casos en los que se aplique la garantía de una estabilidad laboral, podrían ser desvirtuadas las atendidas funciones públicas y a modo de ejemplo se puede afirmar que no resultaría razonable que un Alcalde, un Ministro de Estado pretendan justificar su permanencia, en mérito a la garantía de inamovilidad,pretendiéndose una extensión de mandato.

La SCP 0579/2015-S3 de 10 de junio, realiza una precisión respecto a los funcionarios públicos de carrera y los provisorios, en tal circunstancia reconoce que el derecho a la inamovilidad laboral es universal, toda vez que protege a trabajadores bajo el ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo y a los funcionarios públicos, asimismo dicha sentencia refiere que el derecho no es absoluto en el ámbito administrativo, es decir, no es transversal a todos los servidores públicos, pues puede verse limitado cuando se trate de servidores públicos de libre nombramiento, toda vez que estos son reclutados sin procesos previos de selección de personal, sino de manera directa, por invitación personal del máximo ejecutivo de la entidad pública, para ocupar funciones de confianza o asesoramiento técnico, que precisamente por las características de confianza y especialidad no están bajo la protección absoluta de la inamovilidad laboral, ya sea ésta producto de embarazo o de discapacidad.

La referida sentencia denegó la tutela,señalando que la carencia de inamovilidad laboral en servidores públicos de libre nombramiento, tiene por finalidad garantizar la eficacia y eficiencia del servicio público, ya que las labores que desempeñan este tipo de funcionarios son de iniciativa, decisión y mando, por ello su duración en el cargo es temporal, y su retiro discrecional; aceptar lo contrario significaría afectar la gestión pública, pues se obligaría a una autoridad ejecutiva conservar en un puesto de libre nombramiento, personal que no cuenta con confianza, condiciones técnicas requeridas por la máxima autoridad ejecutiva.

La SCP 0528/2016-S2 de 23 de mayo, denegó la tutela por inamovilidad, toda vez estableció en su ratio decidendi, que si bien de acuerdo a la norma suprema y en la jurisprudencia constitucional se reconoce el derecho a la inamovilidad laboral de los servidores públicos, respecto a los padres progenitores,el art. 233 de la CPE, limita tal derecho a los servidores públicos de libre nombramiento que ocupan cargos jerárquicos y desempeñan labores de confianza y asesoramiento para los servidores electos o designados, similar entendimiento se siguió en la SCP 0526/2016-S3 de 9 de mayo.

La SCP 0776/2016-S3 de 4 de julio,estableció que las funciones que desempeñan los funcionarios de libre nombramiento en una entidad, son temporales y provisionales, por consecuencia pertenecen al ámbito de los funcionarios provisorios por cuanto su ingreso a una entidad pública, no es resultado de los procesos de evaluación y selección de personal, sino que obedece a una invitación personal del máximo ejecutivo, para ocupar determinadas funciones de confianza o asesoramiento en la institución,en consecuencia por la característica de confianza y especialidad, no están bajo la protección absoluta de la inamovilidad laboral, similar entendimiento se estableció en la SCP 1476/2016-S3 de 12 de diciembre.

De la jurisprudencia constitucional referida claramente se puede evidenciar que el Tribunal Constitucional Plurinacional, denegó las tutelas respecto a la inamovilidad laboral de los servidores públicos de libre nombramiento (progenitores), toda vez que estableció la existencia de excepciones que se presentan en función al tipo de funcionario público (libre nombramiento), sin embargo, el Tribunal Constitucional estableció jurisprudencia paralela, por el cual se otorgó tutela respecto a la inamovilidad laboral de servidores públicos de libre nombramiento.

La SCP 1417/2012 de 20 de septiembre, en su ratio decidendi,refiere que si bien el art. 233 de la CPE clasifica a los servidores públicos en aquellos que forman parte de la carrera administrativa y aquellos que no, en especial a los servidores públicos de libre nombramiento, señala que es preciso indicar que las normas relativas a la inamovilidad laboral no deben interpretarse de manera literal, así como tampoco de manera aislada del resto de las normas constitucionales, sino más bien debe ser entendida en base a una interpretación teológica y sistemática, que si bien se hace una distinción de los tipos de servidores públicos en la CPE, pero no debe entenderse como una negación absoluta de derechos de los funcionarios que no forman parte de la carrera administrativa, puesto que la negación establecida debe tener su excepción en el caso en el que se ingrese a analizar situaciones de grupos vulnerables y que merezcan protección especial por parte del Estado, tal como sucede con el caso de mujeres embarazadas, en consecuencia, la referida sentencia señala que a tiempo de aplicar lo dispuesto por el art. 233 de la CPE (servidores públicos de libre nombramiento), se debe realizar previamente una interpretación sistemática de las normas contenidas en la Constitución,toda vez que si se omitiera la misma, se correría grave riesgo de vulnerar derechos fundamentales de las personas.

En relación a los servidores públicos de libre nombramiento,la referida sentencia,considera que en el sentido amplio y tomando en cuenta que la evolución política del Estado de Bolivia es amplia, garantista y progresista que tiende a la protección eficaz y eficiente de los derechos de las personas, así como de las garantías establecidas para el efecto, corresponde indicar que los servidores públicos de libre nombramiento no llegan a ser considerados funcionarios de carrera y por tanto carecerían de estabilidad laboral, sin embargo ello no debe entenderse en un marco del razonabilidad absoluta negativa, sino más bien diferenciada de acuerdo al grupo de personas de quien se hable y las condiciones especiales que las distingue, motivo por el cual en el caso de las mujeres embarazadas que son servidoras públicas de libre nombramiento, que si bien, la regla llega a ser que en dichos cargos los mencionados servidores públicos no gozan de estabilidad laboral, por no ser parte de la carrera administrativa, sin embargo existiría una excepción en ocasión de que se trate de grupos de servidores públicos en estado de vulnerabilidad, las cuales merecen una mayor protección por parte del Estado tal como sucede con las mujeres embarazadas, padres progenitores, personas con capacidades diferentes y adultos mayores.

En ese contexto, la citada sentencia constitucional señala que, a los servidores públicos en estado de vulnerabilidad deberá aplicarse la excepción que se deduce de lo dispuesto por el art. 48 par. VI de la CPE, en el sentido de que las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, situación embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas, puesto que dicha norma constitucional reconoce a todas las personas el derecho de permanecer en el cargo que desempeña hasta que el hijo o hija cumpla un año de edad, toda vez que el Estado tiene la obligación de proteger a los trabajadores propendiendo en todo caso, a que los mismos tengan una continuidad y estabilidad laboral, más aún si se trata de casos en los que una servidora pública se encuentra en estado de embarazo, un progenitor tenga su esposo conveniente en un mismo estado, puesto que lo que se pretende precautelar en todos los casos, no es el trabajo simple y llano del trabajador, sino los derechos del nasciturus (interpretación finalista), que se encuentra en el vientre materno o de hijo o hija recién nacido, entre los que se encuentra el derecho primordial a la vida, así como también el derecho a la salud, teniendo en cuenta que el trabajo es el medio por el cual se procura de los medios de subsistencia para uno mismo y su familia, entendiendo a esta última no sólo a las personas ya nacidas sino también a las que están por nacer, puesto que si bien se encuentran aún en el vientre materno, ya llegan a ser miembros integrantes de la familia, la cual de igual manera, debe ser protegida por parte del Estado.

Consecuentemente la referida sentencia, menciona que en aplicación al principio constitucional pro homine, por el cual debe entenderse la norma, en el sentido más amplio y no así en el sentido restringido, se establece que los servidores públicos de libre nombramiento que sean progenitores, merecen la protección del Estado, a través de todas sus instancias y órganos, reconociéndoles el derecho establecido en el art. 48 par. IV de la CPE, sin embargo, dicha sentencia constitucional señala que dadas las características especiales en las que se encuentran los servidores públicos que no se encuentran en la carrera administrativa, deberá otorgarse la protección, permitiendo se mantengan desempeñando funciones en la misma institución en la que fueron agradecidas sus labores, hasta que su hijo o hija cumpla un año de edad; empero, tomando en cuenta que al no gozar ya de la confianza de la autoridad que los eligió, deberán permanecer de manera excepcional en otro cargo similar o idéntico, con similar o idéntico sueldo y con reconocimiento pleno de sus derechos a la seguridad social, para que de esta manera cuenten con la certidumbre de que no se les retirará del cargo, por razón del embarazo y que se protegerá el derecho a la vida y salud de su hijo; ello en razón, a que al estar aquellos cargos a decisión y disposición de los servidores electos o designados y se hubiese perdido la confianza prestada en dicho personal, no podrá obligarse a dicha autoridad, a permanecer con aquel personal con el que ya no goza de aquella confianza.

En este tipo de casos, debe entenderse a la inamovilidad por razón de embarazo, no en el sentido literal de la palabra, cual sería no mover al servidor público del cargo que ocupa, sino más bien, como una forma de estabilidad laboral en la que sí se los podrá mover -excepcionalmente y por única vez- a otro cargo similar o idéntico dentro la misma institución, con la finalidad de precautelar el bienestar del nasciturus, del hijo o hija recién nacida, resguardando su vida y salud hasta que cumpla su primer año de vida puesto que la estabilidad propiamente dicha (al ser el género), no sólo abarca a este tipo de situaciones de inamovilidad (que es la especie), sino al hecho de permanecer en el cargo de acuerdo a normas establecidas y por un tiempo determinado, como sucede en el caso de las servidoras públicas de libre nombramiento embarazadas o que tienen un hijo o hija recién nacido. Dicho criterio debe aplicarse de igual manera, a los servidores públicos de libre nombramiento progenitores, ya que ellos gozan de igual manera de protección del Estado, en su fuente de trabajo, en consecuencia el TCP concedió la tutela al accionante, disponiendo además el pago de los sueldos devengados a favor del accionante, toda vez que debieron ser percibidos desde la fecha en la que se venció sus servicios, sin embargo la referida sentencia, aclara que si se hubiese adquirido nuevo trabajo en dicho lapso, el pago devengado sólo debe ser efectiva a la fecha en la que obtuvo el referido trabajo, así como el cumplimiento de las asignaciones familiares a favor del menor nacido.

Similar entendimiento se produjo en la SCP 1424/2015-S2 de 23 de diciembre, toda vez que estableció que la inamovilidad laboral por estado de gravidez es una garantía que se hace extensible a servidoras y, servidores públicos de libre nombramiento, en virtud a que el Estado Plurinacional de Bolivia tiene como finalidad la de promover, proteger y respetar los derechos establecidos en la CPE, de conformidad a lo establecido por el art. 13, garantizando su eficaz y cumplimiento por parte de los particulares y autoridades, en todas las esferas del sector público y privado. Además, la referida sentencia se fundamenta en el art. 109 de la CPE, toda vez que todos los derechos reconocidos por la Constitución son directamente aplicables y gozan iguales garantías para su protección, situación por la cual la señalada sentencia analizó el caso de la inamovilidad conforme a dicha norma constitucional, en consecuencia se concedió la tutela a la accionante, disponiendo que la autoridad demandada reincorpore en un cargo con similares características, asimismo se ordenó el pago de los sueldos devengados desde el momento en el cual se emitió el memorándum de agradecimiento de servicios, dicho entendimiento jurisprudencial se consolido en la SCP 0432/2016 – S2 de 5 de mayo, sin embargo esta última sentencia constitucional, tuvo un voto disidente por parte del Magistrado Juan Oswaldo Valencia Alvarado, quien señalo que se debió negar la tutela, toda vez que existe jurisprudencia constitucional que indica que el derecho a la inamovilidad laboral de los progenitores no alcanza funcionarios electos ni a quienes ejercen cargos jerárquicos de libre nombramiento

De la jurisprudencia constitucional citada, se puede evidenciar que aparentemente se muestran jurisprudencias contradictorias, toda vez que no son sentencias uniformes, al respecto el Dr. Boris Arias Lopez, justifica dicha aparente contradicción indicando que: “…en parte puede explicarse por la ingente cantidad de resoluciones emitidas, la falta de sistematización de jurisprudencia, la existencia de tres salas para conocer acciones de tutela que no cuentan con mecanismos de coordinación, el uso excesivo de reglas y sub-reglas, a extensión de las sentencias y el abuso de obiter dicta, descuidando dejar en claro los hechos que se resuelven además del uso de términos indeterminados y la utilización de argumentos contradictorios”, por consiguiente en un posterior trabajo, señalare las formas y técnicas para interpretar estas aparentes contradicciones existentes en el TCP.

* Abogado - Investigador, Docente de pre y postgrado Universitario, Blog Jurídico: (http://metamorfosisjuridica.blogspot.com/)

viernes, 20 de octubre de 2017

José César Villarroel quiere luchar contra la corrupción judicial

Perfil

Nació el 27 de agosto de 1955.
Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas; tiene una maestría en Derecho Civil y Derecho Procesal Civil.
Docente emérito UMSA, catedrático de la UPEA.
Autor de los libros Curso sobre el Código Procesal Civil práctica forense y judicial; Guía de capacitación en el Código Procesal Civil y en el Código de las Familias y Estudios de Derecho Procesal Civil.
Puntaje 79,2

1.- ¿Qué le motivó a postular al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)?

Al haber redactado buena parte de los denominados Códigos Morales, la motivación personal es la aplicación de esa normativa en los tribunales de justicia de todo el país y la lucha en contra de la corrupción judicial.

2.- ¿Qué medidas tendrían que adoptarse para mejorar la administración de justicia?

Los servidores judiciales en todos los niveles deben estar sujetos a capacitación en el nuevo régimen legal. La formación judicial debe ser integral a través del desarrollo de las dimensiones técnico-jurídicas sustentadas en el ser desde los valores (axiológico-jurídicos) del derecho positivo y valores socio-comunitarios; el saber, desarrollo cognitivo jurídico previsto en distintas áreas jurídicas del derecho; el hacer, habilidad y destreza en la teoría y la práctica en la elaboración de fallos judiciales; el decidir, sustentado en las tres dimensiones anteriores bajo los principios de honestidad, celeridad, transparencia y objetividad.

3.- ¿Qué hacer para mejorar el trabajo del TSJ?

Mejorar las condiciones en el funcionamiento de los juzgados y tribunales en todos los departamentos; es necesario contar con una buena infraestructura; modificar el mapa judicial; crear nuevos ítems para jueces y subalternos, equipamiento con medios tecnológicos; anualmente hacer un relevamiento sobre los éxitos y fracasos que se den en ese proceso de institucionalización judicial.

4.- ¿Considera que con la aplicación de la nueva legislación y la elección de magistrados el 3 de diciembre el pueblo boliviano puede esperar el ansiado cambio de la justicia?

La terapia jurídica en los tribunales, dado el estado de crisis en que se encuentra la administración de justicia, será lenta y progresiva hasta que alcance credibilidad en el tiempo, manteniendo la independencia, asimismo debemos hacer alianzas estratégicas con todas las instituciones del país, de manera tal que permita mostrar un poder judicial renovado, libre de grupos dominantes, donde los magistrados sean un ejemplo para las regiones y para el conjunto del país con responsabilidad y compromiso en el desempeño de sus funciones y ese ejemplo sea el modelo de conducta para jueces y subalternos.

5.- La retardación de la justicia es uno de los problemas más denunciados, ¿qué propone para resolverla?

Los nuevos códigos en las distintas áreas están orientados a evitar la retardación de justicia. Uno de los pilares es la conciliación acompañada de una desformalización de las complejidades procesales, donde se resuelva el fondo del problema de manera directa y no directa a través de la solución de un sinnúmero de incidentes. La oralidad como base del sistema en aplicación de los principios de inmediación y concentración hace que los procesos no tengan una duración interminable que agoten al ciudadano por cansancio, y por el contrario los conflictos se resuelvan en el menor tiempo posible. Justicia que tarda no es justicia.

Cambio

sábado, 14 de octubre de 2017

Candidata al Consejo de la Magistratura: Mirtha Meneses Gómez

Perfil

Nació en la ciudad de La Paz.

Licenciada en Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales de la Universidad Técnica de Oruro.

Realizó diplomados en Derecho Constitucional y en Educación Superior por Competencias.

ENTREVISTA

1.- ¿Qué le motivó a postular al Consejo de la Magistratura (CM)?

Mi vivencia como servidora judicial, así como el sentir del ciudadano en general, generó preocupación por la agudización de la crisis en el sistema judicial en los últimos seis años, por esa razón asumí el reto de participar en el proceso de preselección a candidatas a altas autoridades del Órgano Judicial, con el objetivo de aportar con una propuesta que inicie el proceso de cambio en la justicia, a partir de las atribuciones del Consejo de la Magistratura.

2.- De ser electa como nueva autoridad del Órgano Judicial, ¿qué medidas tendrían que adoptarse para mejorar la administración de la justicia?

Las medidas tienen que ser radicales e inmediatas, primero una revisión del escalafón judicial, evaluación de autoridades jurisdiccionales y servidores judiciales; segundo, garantizar que la administración de justicia sea especializada, con profesionales idóneos con compromiso social; tercero, revisar la conformación del aparato administrativo del Consejo de la Magistratura, a efecto de evitar duplicidad de funciones y garantizar el mejoramiento de la esencia del Órgano Judicial que es la administración de justicia; cuarto, capacitación permanente de las autoridades y servidores judiciales en las áreas de su competencia así como en ética profesional; quinto, implementación de sistemas informáticos y tecnológicos como ser plataformas de consulta, seguimiento de procesos y notificaciones electrónicas, transparentando la justicia y erradicando procedimientos que demoran la tramitación de los procesos; sexto, desconcentración de juzgados y jueces itinerantes para garantizar el acceso a la justicia de todos los ciudadanos y séptimo, desburocratización, transparencia e informatización eficiente de Derechos Reales para un servicio inmediato a favor de la población.

3.- ¿Qué propone para mejorar el trabajo del CM?

Conformar y estructurar la institución bajo un sistema técnico especializado para el cumplimiento de las atribuciones específicas que la Constitución Política del Estado y la ley establecen.

4.- ¿Considera que con la aplicación de la nueva legislación y la elección de magistrados el 3 de diciembre, el pueblo boliviano puede esperar el ansiado cambio de la justicia?

Esto es un proceso que dependerá tanto de la participación ciudadana en las elecciones del 3 de diciembre, así como del compromiso de las nuevas autoridades electas para efectivizar esa nueva construcción de la justicia bajo la visión de la Constitución Política del Estado, esencialmente una justicia social, inclusiva, con probidad e igualdad para todos.

5.- La retardación de la justicia es uno de los problemas más denunciados, ¿qué propone para resolverlo?

Una distribución equitativa de la carga judicial entre las autoridades jurisdiccionales, aplicar procesos de descongestionamiento e implementar jueces de liquidación.

Fuente: Justicia Bolivia


domingo, 8 de octubre de 2017

Candidatos para las elecciones judiciales 2017

La Asamblea Legislativa concluyó la sesión para elegir a los 96 candidatos que irán a las elecciones judiciales del próximo 3 de diciembre.

Luego de un arduo debate, repleto de acusaciones, gritos y denuncias; que de las confrontaciones verbales pasaron al sueño y los bostezos, la Asamblea concluyó con esta labor luego de 30 horas y 10 minutos de debate.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, mencionó que los elegidos son los candidatos con mayor puntaje acumulado en la fase de preselección.

"Son los hombres y las mujeres mejor puntuadas en cada una de las instancias que se han elegido el día de hoy”, informó Montaño en conferencia de prensa.

Antes de ella, la oposición, encabezada por el senador Oscar Ortiz, rechazó la selección de candidatos y anunció que a partir de ahora hará una aguerrida campaña para que gane el voto nulo el próximo 3 de diciembre.

A continuación le presentamos a los 96 candidatos seleccionados para pugnar por las altas magistraturas de la justicia.

Página Siete





lunes, 2 de octubre de 2017

Vecinos de El Alto se benefician con el perdonazo tributario


El Alto, 2 de octubre.- La amnistía tributaria impulsada por el Gobierno Municipal de El Alto empezó a funcionar desde este lunes. Pueden gozar de este beneficio los propietarios de bienes inmuebles, vehículos y actividades económicas que tengan deudas impositivas pendientes con el municipio.

“Hemos recibido la información del ejecutivo municipal, después de un arduo trabajo los vecinos de El Ato podrán acogerse a la amnistía tributaria que consiste en subsanar las moras tributarias, terrenos, bienes inmuebles, movilidades y actividades económicas”, precisó el concejal de Soberanía y Libertad (sol.bo) Javier Tarqui.

Los vecinos de la urbe alteña podrán cancelar sus impuestos de años adeudados liberados de multas e intereses. Para el beneficio de los contribuyentes será necesaria la presentación respectiva de la cédula de identidad.

“La amnistía tributaria funcionará en las oficinas de recaudaciones, al frente de la aduana nacional, en plena avenida 6 de Marzo, y la segunda oficina en la corte superior de distrito, debajo del puente distribuidor de la Ceja, el pago lo podrán hacer en las entidades financieras correspondientes”, exhortó el concejal Tarqui.

La primera etapa está contemplada entre octubre y diciembre, y la segunda etapa, desde los primeros días de enero hasta marzo de 2018, durará exactamente seis meses el perdonazo en el marco de la Ley de Amnistía Tributaria, aprobada por el Concejo Municipal el pasado 29 de agosto.

“Las personas que tienen deudas con el estado durante las gestiones 2015 y 2016 podrán liquidar sus deudas sin la multa correspondiente y acogerse a planes de pago, con el objetivo de sanear el padrón de contribuyentes ante el gobierno municipal”, concluyó.

Redacción central
Derecho Bolivia

jueves, 28 de septiembre de 2017

Abogado Villarroel trabaja el nuevo Código Civil boliviano

La Paz, 28 de septiembre.- José Cesar Villarroel, abogado que trabaja en La Paz, está trabajando en el anteproyecto del nuevo Código Civil hace tres meses en la comisión conformada por el Ministerio de Justicia y la Dirección de la carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). Tienen un 80 por ciento de avance de la propuesta jurídica, explicó el jurista.

Bolivia ha tenido hasta el momento dos generaciones de legislación civil, la primera de 1830 (Andrés de Santa Cruz), la segunda de 1976 (Hugo Banzer) y el actual gobierno se halla promoviendo los códigos de 2006 (Evo Morales) que pusieron en vigencia el Código Procesal Constitucional, el Código Procesal Civil, el Código de Familia, la Ley del Notariado y el Código Niño, Niña y Adolescente.

“En relación al Código Civil se está produciendo una renovación de su contenido, pues el Código Civil de 1976 es casi una transcripción literal del Código italiano de 1942 combinado con el Código de Marcelo Quiroga Santa Cruz inspirado en cuatro principios, dignidad humana, propiedad privada y restringida, sucesión por causa de muerte y la autonomía de la voluntad”, explicó el abogado Villarroel.

Para el jurista el Derecho Civil contemporáneo ha llegado a obtener cambios sustanciales, pues la vieja legislación estaba sustentada en el “concepto de culpa”, responsabilizando al culpable. Con el nuevo Código Civil se pretende ingresar a un sistema de imputación objetiva, con el propósito que la Ley se despreocupe del agente causador del daño sino de la víctima.

Uno de los postulados del viejo Derecho Romano y Francés radica en el “buen padre de familia”, esa idea romántica del Derecho clásico está siendo sustituida por una nueva idea de la diligencia que debe observar el “deudor cumpla con sus deberes”.

En cada uno de los institutos jurídicos del Derecho Civil, personas, naturales, colectivas, derechos reales, obligaciones, contratos, sucesiones, estamos generando cambios trascendentales que van a incidir en la protección del ciudadano, seguridad a las relaciones jurídicas, justicia eficaz y efectiva, con el objetivo que las normas respondan a nuestra idiosincrasia y respondan a los nuevos postulados de la nueva constitución aprobada en 2009.

El principio de la protección de los “económicamente débiles”, es uno de los postulados del Derecho Civil moderno, radica en proteger a aquellas personas que no poseen mucho dinero.

José Cesar Villarroel, tiene 34 años de ejercicio en la docencia universitaria y también prestando servicios como abogado, con la categoría de catedrático emérito en la UMSA, ha dictado Derecho Civil I, II, III, IV, V y, también Derecho Procesal Civil. Desde 2011 preside la Comisión Codificadora del Código Procesal Civil, Ley 439, actualmente vigente. Coautor del Código de Familia, Ley 603, participó también en la elaboración del Código del Notariado. Muchas de las Leyes que actualmente se hallan vigentes fueron elaboradas por el abogado Villarroel.

AM/Visor Bolivia


lunes, 28 de agosto de 2017

¿Cuánto debe cobrar un abogado a su cliente?

No se habla mucho de ello, pero es lo que más preocupa a los abogados. Después de realizar un buen trabajo con los clientes, es necesario cobrar, y hay a veces que los abogados no saben como pedirlo. Por eso, nada mejor que 7 consejos de abogados para abogados para hacerlo correctamente ;)

Cobrar hoy en día en el mundo de la abogacía es todo un reto y esto todos los abogados que ejercen dicha profesión lo saben. No es nada sencillo, y con los tiempo que corren aún es más complicado. Aquí te dejamos los 7 consejos de abogados para abogados que más útiles te van a ser.

1. Hay dos opciones: cobrar o cobrar

Aunque no exista una opinión unánime sobre este asunto, todos los abogados aconsejan dejar claro desde el minuto 1 el tema de los salarios. Es muy recomendable hacerse pagar por cada consulta, para que así se ponga en valor el trabajo realizado.

Existen muchos clientes que quieren hacer un pago único al haber acabado el servicio, pero eso solo se trata de una forma de avanzar el pago hasta una fecha desconocida. No hay que ser tímido en poner sobre la mesa la cuestión económica porque está en juego la propia supervivencia profesional. Hay que ser franco y claro.

Si no te valoras tú el cliente no te va a valorar. Como dice el dicho: "Las cosas claras y el chocolate espeso".

2. Hoja de encargo

Es esencial que el cliente firme la hoja de encargo justo cuando se haya decidido por contratar un abogado y no otro. Se trata de un contrato que vincula y da seguridad a las dos partes por igual.

Algunos de los consultados la denominan “Propuesta de servicios profesionales” e incluyen en ella una descripción de la problemática a abordar, el tiempo necesario para su resolución y el grado de dificultad. En función de eso valoran y le ponen un precio. Muchos clientes se creen que con el simple hecho de palabra ya se comprometen, y la hoja de encargo es un papeleo más (lo que no es verdad).

Uno de los consejos de abogados más importantes: mantener informados a los clientes, vía email y regularmente, sobre las gestiones que se realizan y los avances que se han conseguido, a fin de mantener un relación profesional de confianza con el cliente.

3. Establecer los pagos a cuenta según las fases del caso

Si es un caso penal, los abogados aconsejan que la hoja de encargo establezca lo que debe abonar el cliente en cada fase. Ejemplo: 40% en la fase de instrucción, 30% en fase intermedia y el resto antes del juicio. En casos civiles: 50% en el momento de la contratación y el resto antes del juicio.

Lo mismo ocurre con los divorcios contenciosos, las sucesiones; cada abogado le pone un precio. Porque el servicio está liberalizado.

4. Si no se cumple con lo pactado, ¡Adiós, muy buenas!

No puedes tener la esperanza de que te paguen, porque no te van a pagar. Debes tener la certeza de que te pagarán. Y si después de unas cuantas veces que te dan largas y no te pagan, simplemente deja el caso. Son ellos que te necesitan, no tu que los necesitas a ellos. No hay que perder el tiempo. Habrá otros miles de clientes que te necesitan y que te van a pagar.

5. Cuota Litis

O contrato por éxito. Uno de los conejos de abogados más buenos: El abogado pacta un tanto por ciento de lo que saque su cliente si gana el juicio. Por ejemplo, en las indemnizaciones por accidente de tráfico, se suele cobrar un 10 por ciento (en Estados Unidos la media es de un 33 por ciento).

6. Contrato por éxito con cuota

Es una variante de la anterior. El cliente paga una cantidad a cuenta y los abogados se llevan un tanto por ciento de lo que sus clientes saquen.

7. Estar abierto al pago por plazos

La situación económica no es la mejor. Y es por eso que muchos clientes tienen serios problemas para poder pagar. Dependen de otros para poder hacer llegar a los abogados el salario acordado. Sin embargo, algunos de los consejos de abogados más sabios son: No poner presión al cliente. Antes de elegir un cliente u otro, es mejor conocer bien su situación económica, su estabilidad salarial en su trabajo, etc. Si se quiere cobrar a plazos para facilitarle la faena al cliente, se debe dejar claro desde el principio.

Docsity

martes, 22 de agosto de 2017

Seminario de las redes sociales en el siglo XXI

Seminario "Análisis de los nuevos fenómenos jurídicos, redes sociales (facebook, whatsapp, instagram, etc.) y las nuevas tecnologías de la información relacionada con el derecho en Bolivia".

Fuente: Facebook

viernes, 11 de agosto de 2017

Abogados de El Alto y La Paz se encuentran en emergencia

El Colegio de Abogados de La Paz se encuentra en emergencia ante las conminatorias ediles de La Paz y El Alto para que sus afiliados tramiten licencias de funcionamiento y paguen patentes en mora.

Las liquidaciones, en el caso de La Paz, corresponden al periodo 2002-2016 —14 años— y ascienden a Bs 20.000 en promedio y en las conminatorias se da 48 días de plazo a estos profesionales para ponerse al día en sus obligaciones tributarias.

Por esta razón, el Ilustre Colegio de Abogados de La Paz (ICALP) —que tiene 13.000 afiliados— envió dos notas a los alcaldes Luis Revilla y Soledad Chapetón, en las que además de informarles del estado de emergencia declarado en sus filas, pide que se “deje sin efecto la conminatoria de licencia de funcionamiento”, extendida a sus afiliados con el fin de evitar “la doble tributación”.

El presidente de los colegiados, Israel Centellas, argumenta en las misivas que tienen a su favor una Sentencia Constitucional de 1992 que dispone la inaplicabilidad de la Ordenanza de Patentes e Impuestos dictada por la municipalidad de La Paz, ya que al haber creado la Ley 843, o Ley de Reforma Tributaria de 1896, el Impuesto al Valor Agregado, el tributo Complementario al IVA, y el Impuesto a las Transacciones “ya no corresponde el pago de la patente al ejercicio profesional”.

Esa norma “deroga las disposiciones legales relativas a los impuestos y/o contribuciones creadas por los municipios, cuyos hechos imponibles sean análogos a los tributos creados” (Art. 95).

La Razón


miércoles, 5 de julio de 2017

Arranca patrullaje cibernético en Bolivia

La Paz, 5 de julio.- El viceministro de Seguridad Ciudadana de Bolivia, Carlos Aparicio, anunció hoy un patrullaje cibernético para dar con los autores de las amenazas de muerte que recibió el presidente Evo Morales a través de cuentas de Twitter.

Mediante esta acción, se investigará y sancionarán con la severidad que establecen las normas para no dejar impune a ningún delincuente de ese tipo, aseguró.

El mandatario de la nación andino-amazónica recibió en días pasados varias advertencias mediante mensajes ofensivos y racistas publicados en la red social.

La ministra de Comunicación, Gisela López, condenó los tuits de usuarios con nombres como 'Exorcismo Bebé' y 'Saimon', quien escribió: 'Evo, cuídate, estás muerto'.

De acuerdo con la titular, esos escritos de la derecha radical procuran denigrar la figura de un presidente que promueve la unidad e integración de los pueblos del mundo.

Morales se pronuncia contra los muros y a favor de una ciudadanía universal, y como resultado de esto aparecen intimidaciones contra su vida, indicó.

López explicó que algunos de las publicaciones aparecieron en Twitter luego de que Evo Morales expresara su solidaridad con el pueblo cubano ante las medidas anunciadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuyo fin es recrudecer el bloqueo de Washington contra La Habana.

Prensa latina


jueves, 29 de junio de 2017

Tipos de lesiones en la medicina legal

Resulta necesario como abogados y estudiantes de materias como criminalística, criminología, victimología y la medicina legal, conocer y saber de tipos de lesiones, mas de alguna vez en tu vida en especial trabajando dentro del ministerio público, litigante del derecho penal o simplemente como estudiante de estas materias necesitamos conocer los tipos de lesiones a continuación un resúmen al respecto:

CODIGO PENAL ESTADO DE NAYARIT ART. 305

LESIÓN.- La lesión consiste en todo daño en el cuerpo de alguien o cualquier alteración de la salud, producida por una causa externa imputable a una persona.

LESIÓN.- Toda alteración funcional, orgánica o psíquica, consecutiva tanto a factores internos como externos.

TIPO: Herida, excoriación, equimosis, etc.

LONGITUD: Por un solo o combinado.

LOCALIZACIÓN: Región anatómica, lugar en el cuerpo.

PROFUNDIDAD: Planos que interesa hacia adentro.

BORDES: Regulares o irregulares.

FORMA: Estrella, “Y” “L” etc.

Fuente: Tareas jurídicas
http://tareasjuridicas.com/2011/08/29/medicina-legal-tipos-de-lesiones/?platform=hootsuite


martes, 13 de junio de 2017

Ciberpatrullaje obtiene resultados en México

Producto del trabajo efectuado por la Unidad de Investigación de Delitos Informáticos (UIDI), la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo este lunes en la ciudad de Cárdenas a una persona cuando presuntamente vendía documentos oficiales falsos.

Los indicios obtenidos para formalizar la investigación provinieron del patrullaje que de manera permanente realiza esta unidad en redes sociales e internet.

Las labores de investigación de la UIDI arrojaron indicios de que a través de perfiles falsos en Facebook se ofrecían a la venta documentos apócrifos de carácter oficial, lo cual es catalogado como una conducta ilícita.

Como parte de sus facultades, la policía cibernética de la FGE inició la revisión de las cuentas y logró vincularlas con quién posiblemente las manejaba y habría llevado a cabo las transacciones de manera directa.

Luego de dar vista al Fiscal del Ministerio Público, se montó un operativo en la central de autobuses de primera en el municipio de Cárdenas, lugar que se conocía como punto de operación del hoy acusado, Luis Alberto “N”.

Elementos de la Policía de Investigación adscritos a ese municipio aseguraron al masculino, al cual se le encontraron en su posesión certificados de estudio de distintos niveles, credenciales de diversos tipos, licencias de conducir, sellos y otros documentos presumiblemente falsos.

Tras su detención en flagrancia, Luis Alberto “N” será remitido ante la autoridad jurisdiccional a fin de que se continúe el proceso penal correspondiente y responda por el delito de falsificación de documentos y sellos oficiales. En tanto no haya una sentencia, se le sigue considerando como inocente.

Llamado a la ciudadanía

La FGE exhorta a la ciudadanía a no participar en la compra de documentos ilegales y reitera que estos resultados dan garantías de que en Tabasco se cumple el Estado de Derecho y se aplica la justicia a quienes pretenden infringir la Ley.

Fuente: Rumbo Nuevo 
http://www.rumbonuevo.com.mx/ciberpatrullaje-rinde-resultados/


domingo, 11 de junio de 2017

Capturan a docente de UMSA por extorsionar a estudiante

El docente de la Carrera de Derecho de la UMSA, José María Rivera Ibáñez, fue capturado por la Policía después de que un estudiante lo denunció por extorsionarlo para un examen de grado.

Según el mayor Luis Guarachi, jefe de la División Anticorrupción de la FELCC, el joven universitario pretendía titularse con el examen, pero el docente era miembro del tribunal de evaluación y le pidió dinero para favorecerlo.

El estudiante pagó 500 dólares y 1.800 bolivianos al catedrático, pero antes sacó fotocopias de los billetes que le iba a entregar. Luego, denunció la extorsión a la unidad de transparencia de la Facultad de Derecho y a la Policía.

La institución del orden movilizó a la División de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) y capturó al docente. Luego, se registró su oficina y se encontró los billetes en su escritorio. El dinero coincide con las fotocopias entregadas por el estudiante.

Según el mayor Guarachi, el catedrático Rivera dijo en su descargo que él fue asediado por el estudiante, pero no tenía la posibilidad de ayudarlo. El acusado incluso aseveró que después él presentaría una denuncia contra el alumno.


viernes, 9 de junio de 2017

Ciberpatrullaje de Rime Choquehuanca en la prensa escrita

La nota periodística del abogado Rime Choquehuanca, abordando la temática del "ciberpatrullaje" y "delitos informáticos" salió publicado en el periódico El Alteño, junio de 2017.


jueves, 8 de junio de 2017

Boris Arias postula para autoridad del Órgano Judicial

Comisión Mixta Constitución inscribe a Boris Wilson Arias López postulante al TCP por el departamento de La Paz

Abogado, Magister en Derecho Constitucional, docente universitario pregrado y postgrado. Postulante al Doctorado en Derecho Constitucional y Penal de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). Letrado del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Fuente: Twitter Senado


miércoles, 7 de junio de 2017

Frases de Ulpiano que los abogados no debemos olvidar

Ulpiano fue un afamado jurista Romano de origen fenicio, recordado por su trabajo compilador de los ideales jurídicos de la época y sus aportes al Derecho Romano, algunos de los cuales serían incluidos posteriormente en el digesto de Justiniano I, ocupó los cargos de magister libellorum durante el mandato de Caracalla hasta Heliogábalo y luego fue tutor, consejero y prefecto del pretorio del Emperador Alejandro Severo. Aquí te dejamos 6 de las mejores frases de Ulpiano que los abogados no debemos olvidar:

Frases de Ulpiano
1) Definición de justicia
La justicia es la perpetua y constante voluntad de dar a cada uno su derecho.
Ulpiano en esta frase recoge un ideal de justicia que ya sería trabajado por el autor Platón en su obra “La República” tomada del testimonio más antiguo de la formula clásica de justicia provisto por Simónides de Ceos. Ulpiano analiza y desarrolla esta frase en sentido jurídico y de ahí que se le atribuya su creación, mientras que sus predecesores analizan un concepto similar: “justicia es dar a cada uno lo suyo” desde el punto de vista moral.

Lee también: 7 consejos para quienes inician la carrera de Derecho

De esta frase se deriva la primacía del derecho sobre la justicia en sentido jurídico, es decir, la justicia presupone el derecho. Si la justicia, como lo menciona Ulpiano, consiste en dar a cada uno su derecho, para que exista justicia debe existir ese derecho en base al cual se es justo.

Si quieres aprender más sobre los ideales de justicia de estos pensadores te recomendamos: La justicia

2) El derecho público
El derecho público no puede ser cambiado por pacto de particulares.
Las normas de orden público que interesan a la colectividad no pueden ser relajadas, obviadas, soslayadas ni modificadas de ninguna forma mediante convenios particulares pues, esto sería subordinar los intereses del colectivo a los intereses particulares de quienes contratan. Esto es así hasta nuestros días, lo que no quiere decir que sea un principio moderno, ya que, como observamos, las bases fueron erigidas en el derecho Romano, compilado por este jurista.

3) La ley
Es duro, pero así fue redactada la ley.
Ya veíamos como Sócrates, en tiempos anteriores a Ulpiano, fue condenado a beber la cicuta, bajo una sentencia manifiestamente injusta. Este, en su fiel creencia de que el cumplimiento de la ley beneficiaba a la polis, aceptó su condena, he ahí el significado de esta frase.

La ley es dura pero es menester cumplirla, aunque esto nos perjudique, porque esto beneficia a la colectividad según este planteamiento. Sócrates enunciaba esto de la siguiente manera:

La desobediencia a la ley deviene en la destrucción de la comunidad.
Aún cuando hoy en día se han desarrollado teorías como la de Santo Tomás de Aquino sobre la desobediencia a las leyes injustas, existen quienes abogan por el cumplimiento de la ley solo por ser ley, incluso de la ley injusta, cuestión con la que personalmente no estoy de acuerdo.

Lee también: ¿Sabes cuál fue la primera Constitución? Averígualo Aquí

4) La costumbre
Las costumbres morales son un tácito acuerdo del pueblo arraigado tras una larga práctica.
Esta frase define a la costumbre, al menos en los elementos que le son esenciales:

El conjunto de prácticas reiteradas en el tiempo y acogidas por una colectividad como cotidianas o de uso normal que por ser una solución provechosa o útil a una cuestión determinada se vuelven fuente de derecho y son obligatorias, máxime si hablamos del Derecho Anglosajón. (En la mayoría de las sociedades modernas, como en Venezuela, la costumbre es una fuente subsidiaria de derecho que solo regirá en defecto de la ley aplicable).

5) Obligaciones
Nadie está obligado a lo imposible.
Parte de la teoría de las obligaciones nos señala lo dicho, nadie puede obligarse a un “dar”, “hacer” o “no hacer” que le resulte física o jurídicamente imposible, un ejemplo sería una venta sometida a la siguiente condición suspensiva: sostener la arremetida de un Tsunami con las manos, esto sería de imposible cumplimiento, por lo tanto no es una obligación valida y eficaz y a ello se refiere esta frase.

Lee también: Obligaciones condicionales y a término

Conclusión
Del Derecho Romano derivan las bases del Derecho Occidental y fue gracias a la contribución de juristas como Papiniano, Cicerón y el ya estudiado Ulpiano, que tenemos las instituciones que jurídicamente sostienen y ordenan a nuestras sociedades hoy en día, por ende, recordar estas frases de Ulpiano resulta necesario.

Fuente: http://handbook.es/frases-de-ulpiano/

domingo, 4 de junio de 2017

Consejos para que los abogados interroguen a los testigos de la contraparte

Entre los abogados, a la hora de interrogar a los testigos de la contraparte o a los peritos oficiales, como se suele decir, cada maestrillo tiene su librillo. También se pueden denominar trucos. O si se quiere ser más fino y profesional, recursos personales.

Son el producto de una experiencia acumulada a lo largo de los años. De la prueba y el error y también de la observación. De alguna forma, se asemejan a los magos cuando actúan ante el público, sólo que en su caso su público son los jueces.

Cada profesional los adapta a su personalidad, pero en todos los casos lo que se pretende es desacreditar al testigo o al perito ante el tribunal, en especial cuando se ejerce de abogado defensor.

Existen 9 trucos esenciales:

1. Pronunciar mal o confundir el nombre o el apellido del testigo o perito varias veces, para ponerle nervioso. Si el interrogado no lo corrige desde el comienzo y lo permite se traduce en una pérdida de credibilidad ante el tribunal por debilidad de carácter.

2. Malinterpretar deliberadamente el testimonio prestado en fase de instrucción para hacer que el testigo o perito le de la razón.

3. Interrumpir al testigo o al perito cuando está contestando una pregunta haciéndole otra pregunta. Esto provoca tensión en el interpelado, que suele, en algunos casos, dar respuestas evasivas, especular o “meterse en jardines” de los que es difícil salir, hablando más de la cuenta.

4. Pedirle que haga dos cosas a la vez, como dibujar un esquema de algo y responder a una pregunta al mismo tiempo, con el mismo fin de ponerle nervioso o confundirlo.

5. Contradecir al testigo diciéndole que otro testigo anterior ha dicho lo contrario -y no ha sido así- para, a continuación, apremiarle a que se explique. Normalmente todo ocurre con tal rapidez que el presidente del tribunal no lo corrige.

6. -Sobre todo en lo relativo a los peritos-. Se basa en poner en tela de juicio su experiencia o su credibilidad llamando la atención sobre algún caso anterior en el que se hubiera fracasado estrepitosamente para desacreditarlo.

7. Que el abogado haga una afirmación que no es una pregunta y entonces espere un segundo o dos a conocer la respuesta del testigo o perito.

8. Utilizar palabras que el testigo o perito puede no entender con el fin de ponerle en una situación embarazosa.

9. Decirle al testigo o perito que, “de acuerdo con la documentación que tengo aquí”, hacer que se lee un par de líneas y “arrancarse con el no es cierto que…”. Normalmente el testigo o perito cree que lo que está leyendo el abogado es un documento contrastado y se arranca a contestar, cuando el documento puede, incluso, no existir.

Procurador Tovar

sábado, 3 de junio de 2017

Delitos informáticos de Rime Choquehuanca en El Diario

La nota periodística del abogado Rime Choquehuanca, abordando la temática de los delitos informáticos y, su visita a radio Méndez salió publicado en el periódico El Diario, mayo de 2017.

martes, 30 de mayo de 2017

Gualberto Cusi escupió en la cara de diputado del MAS

El magistrado suspendido Gualberto Cusi tuvo una reacción inesperada hoy al escupir en la cara del diputado del Movimineto Al Socialismo (MAS), Víctor Borda, luego de la suspensión del juicio de responsabilidades en su contra.

Cusi y Borda se encontraron en uno de los pasillos de la Cámara de Senadores, donde brindaba declaraciones a la prensa.

"Esta es una acción de puro derecho (…) no está en la coca compañero, imagínense eso está en la Constitución", manifestó Borda.

Al término de la frase, el magistrado suspendido reaccionó con esa acción.

El proceso contra Cusi data de 2014 y fue iniciado por la anterior Asamblea Legislativa Plurinacional (2010-2014), por presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Carta Magna y a las leyes, incumplimiento de deberes y prevaricato, al dejar en suspenso la aplicación de la Ley del Notariado.

Los Tiempos


viernes, 26 de mayo de 2017

Rime Choquehuanca plantea investigar delitos informáticos

La Paz, 25 de mayo.- El abogado alteño Rime Choquehuanca plantea la investigación de los denominados delitos informáticos en un trabajo conjunto con la policía nacional dentro de un programa de ciberpatrullaje que busque a los delincuentes que cometen ilícitos detrás de una computadora.

En entrevista con el programa Voces de El Alto de Radio Méndez, el exfiscal anticorrupción dijo que los delitos virtuales como los fraudes informáticos, la trata y tráfico de personas o la prostitución infantil deben ser monitoreados para conformar un banco de datos que pueda identificar a estas bandas criminales.

“Proyectaremos monitorear el gran crecimiento que han tenido los pedófilos que se dedican a la distribución de la pornografía infantil, así como los que promueven la corrupción de los menores por la red internet”, precisó.

El abogado también abordó la problemática de la justicia en el país, la cual calificó como desgastada además de advertir la poca capacitación de los administradores de justicia.

“Las carreras de Derecho tienen que hacer mejores reflexiones para ejercer la abogacía de una manera óptima. El problema no son las normas sino la aplicación de las leyes ante los casos y conflictos que se generan en la sociedad, lastimosamente los jueces, fiscales y abogados aplican esas normas provocando injusticias”, explicó Choquehuanca.

El abogado lamentó que casos grandes carezcan de sentencias, mientras proceso contra personas humildes se hallen durmiendo en las gavetas de los juzgados dentro del interminable círculo de la retardación de justicia.

“La justicia del Estado boliviano ha fracasado, ante la carencia de justicia la ciudadanía recurre a la justicia de mano propia, estamos en época de cambiar la estructura de la justicia boliviana, pues nadie se halla libre de problemas judiciales y policiales”, concluyó.

Choquehuanca emprenderá una campaña para que el criterio de ciberpatrullaje y los distintos delitos informáticos sean conocidos por la sociedad y así generar conciencia de esta nueva problemática que puede afectar a la sociedad boliviana.

Fuente: Visor Bolivia
http://visorbolivia.com/noticia/92


sábado, 20 de mayo de 2017

¿Cómo evitar delitos informáticos?

Sus funciones está la de combatir la pornografía infantil vía Internet.

Conformar el primer banco de datos de bandas dedicadas al tráfico de prostitución infantil y que utilizan la Internet para promover este delito.

La policía cibernética es que los agentes revisan programas prohibidos de la web y ellos investigan de dónde eres para detenerte por estar en sitios probados de la web un ejemplo estar apostando en un juego de casino en la web ellos rastrean de donde lo juegan y pasan al arresto de la persona.

Se dedican a la persecución de delitos informáticos, son policías judiciales.

La Policía Cibernética también busca prevenir otros delitos que se cometen en y a través de una computadora, principalmente aquellos que atentan contra las instituciones y la población vulnerable.

La policía cibernética también se encarga de combatir el terrorismo virtual.

La policía cibernética opera mediante patrullas anti hacker por el ciberespacio mediante computadoras con las cuales sirven para poder monitorear el gran crecimiento que han tenido los pedófilos que se dedican a la distribución de la pornografía infantil, así como los que promueven la corrupción de los menores proel internet.

El ciberpatrullaje se utiliza para buscar y atrapar delincuentes que cometen fraudes, instituciones y organizaciones delictivas en la red sin que se dediquen forzosamente a la pornografía infantil.

Esta policía de manera encubierta realiza operativos por la carretera del internet, para detectar sitios donde se trafica con pornografía infantil y donde un menor puede ser contactado por personas con malas intenciones.

La Policía Cibernética de la SPP recibe la colaboración de organismos no gubernamentales, quienes por su cuenta realizan ciberpatrullaje en la Red, que han localizado sectas satánicas que utilizan menores y animales en sus sacrificios.

Fuente: Seguridad Informatica
http://23seginfosmec.blogspot.com/2012/11/funciones-de-la-policia-cibernetica.html


Archivo:

Código Penal de Bolivia

Nueva Constitución Política del Estado-Bolivia

Derecho Bolivia

Derecho Bolivia
Emblema de la justicia en Bolivia.