sábado, 13 de octubre de 2018

13 de octubre: Día del Abogado en Bolivia

La Paz, 13 oct.- El “Día del Abogado” en Bolivia se celebra todos los años el 13 de Octubre. Es un día conmemorativo dedicado a la noble profesión de la abogacía, “ad vocatus”, que en latín significa: llamar, abogar, es decir, se distinguía en Roma a la persona que tenía el enorme caudal de conocimiento y como tal, podía defender a otra persona en los tribunales o ante el senado.

El 13 de Octubre fue elegido en homenaje a la fundación de la Primera Facultad de Derecho en la Universidad Mayor de San Francisco Xavier de Chuquisaca, en el año 1681.

Derecho Bolivia


jueves, 4 de octubre de 2018

Franclin Gutiérrez rompe en llanto después de salir de una audiencia


La Paz, 4 oct.- El juez Octavo de Instrucción en lo Penal de La Paz, Orlando Rojas, rechazó este jueves el pedido de libertad del dirigente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Franclin Gutiérrez, y el imputado salió llorando de su audiencia porque los policías no dejaron que se acerque ni a sus familiares.

La solicitud de cesación a la detención preventiva de Gutiérrez fue rechazada porque, según el Ministerio Público, todavía persisten los riesgos procesales de fuga y obstaculización.

“La autoridad jurisdiccional ha dispuesto que los riesgos procesales se mantienen (porque sus defensores) no han logrado desvirtuar ningún riesgo”, dijo el fiscal Luis Fernando Atanasio.

Sin embargo, Paola Barriga, abogada del dirigente cocalero, aseguró que el juez no validó los documentos presentados para certificar que el procesado cuenta con trabajo, familia y domicilio.

ANF

Usucapión decenal, ¿en qué consiste?


En el Auto Supremo Nº 410/2015 de 09 de junio, respecto a la usucapión decenal se ha señalado que: “el art. 138 del Código Civil preceptúa que “La propiedad de un bien inmueble se adquiere también por sólo la posesión continuada durante diez años”; asimismo el art. 87 del mismo sustantivo civil establece que la posesión es el poder de hecho que se ejerce sobre una cosa mediante actos que denotan la intención de tener sobre ella el derecho de propiedad u otro derecho real, de igual forma, este artículo señala que una persona posee por sí misma o por medio de otra que tiene la detentación de la cosa, entendiéndose como detentador, a los inquilinos, anticresistas, usufructuarios u ocupantes, quienes por su condición de transitorios, no ejercitan posesión por si mismos sino para el propietario o verdadero poseedor del bien; además, resulta pertinente indicar que para la procedencia de la pretensión de usucapión decenal o extraordinaria que fue planteada por la recurrente, se deben cumplir con ciertos requisitos que son necesarios, es decir, que deben concurrir los dos elementos de la posesión, que son: el corpus, que es la aprehensión material de la cosa y, el animus, que se entiende como el hecho de manifestarse como propietario de la cosa, posesión que debe ser pública, pacífica, continuada e ininterrumpida por más de diez años; elementos que la diferencian del resto de las figuras jurídicas como la detentación, ocupación y otros que solo constituyen actos de tolerancia que no fundan posesión. Con relación a la detentación, el art. 89 del Código Civil, señala que: “Quien comenzó siendo detentador no puede adquirir la posesión mientras su título no se cambie, sea por causa proveniente de un tercero o por su propia oposición frente al poseedor por cuenta de quien detentaba la cosa alegando un derecho real. Esto se aplica también a los sucesores a titulo universal”. En consecuencia de lo examinado se colige que para la procedencia de la usucapión no solo es necesario acreditar la ocupación física del bien inmueble por más de diez años, sino demostrar la posesión efectiva del bien inmueble por más de diez años con la concurrencia de los dos elementos de la posesión que son: el corpus y el animus, además que dicha posesión ha sido ejercitada de manera pública, pacífica, continua e ininterrumpida”.

Por su parte el Auto Supremo Nº 484/2014 de 29 de agosto ha establecido que: “En la posesión, el poder material que se ejerce sobre el bien se sustenta en la voluntad libre e independiente de usar o aprovechar económicamente el bien como si se tratara del propietario, es decir, sin que se reconozca dominio ajeno sobre el mismo, es precisamente esa actitud lo que marca la diferencia entre la posesión y la tenencia; en ésta última el poder o relación material de la persona con el bien, que se usa o aprovecha, está mediado por dependencia o subordinación a la voluntad de otro sujeto, lo que equivale a sostener que se reconoce dominio ajeno sobre el bien y se somete al mismo”.

Asimismo, sobre la “interversión” del título de detentador a poseedor la jurisprudencia concretada por la ex Corte Suprema de Justicia y con el que este Tribunal Supremo comparte criterio en el A.S. Nº 196 de 8 de junio de 2002, ha señalado que el precarista no puede usucapir en ningún tiempo: “para usucapir en forma extraordinaria o decenal según la legislación abrogada o la vigente, la ley exige esencialmente la posesión continuada e ininterrumpida con calidad “animus domini” de modo de quien ingresa como precarista o detentador, mientras no cambie su título que lo habilite como poseedor no puede usucapir en tiempo alguno…”.

De igual manera, en el Auto Supremo Nº 537/2013 de 24 de octubre se ha especificado que: “Cuando una persona posee por si misma o por otra un derecho propio se llama simplemente poseedor y cuando dicha posesión la ejerce en nombre de otra persona o respetando el derecho de otra persona se llama simplemente detentador de la cosa… (Las negrillas son nuestras)”.

Gaceta Jurídica

El juez tiene la potestad de definir la situación de los hijos en caso de divorcio


Sobre el recurso de casación en el fondo: De acuerdo a lo establecido en el art. 145 del CF, el juez tiene la potestad de definir en sentencia la situación de los hijos teniendo en cuenta el mejor cuidado, el interés moral y material de éstos. A ese fin, las convenciones que celebren o las proposiciones que hagan los padres pueden aceptarse siempre que consulten dicho cuidado e interés y tengan bajo su patria potestad a todos los hijos.

Por razones de moralidad, salud o educación, puede confiarse la guarda a los abuelos paternos o maternos o entre hermanos de los cónyuges prescindiéndose de los padres, en caso necesario la guarda puede ser confiada a terceras personas de conocida idoneidad.

Bajo estas premisas, es menester dejar establecido que las decisiones asumidas por los juzgadores respecto de la guarda y tenencia de los hijos no causan estado por cuanto -en el marco de lo anteriormente enunciado- puede ser modificada ulteriormente cuantas veces sea necesario, teniendo en cuenta siempre el bienestar de los hijos, toda vez que la guarda no es una potestad que se reconozca a los padres en forma autónoma, sino que se le otorga en función del cumplimiento del deber de educación, entre otros, que es el gran deber que preside las relaciones entre padres e hijos, que a su vez constituye el medio idóneo para que ellos reciban una formación integral.

Ahora bien, de la revisión de los antecedentes del proceso se puede verificar que en el presente caso, quienes más daño han sufrido y aún sufren a raíz de los actos desarrollados por los litigantes -que han desencadenado el presente proceso de divorcio- son los hijos, toda vez que, además de los maltratos que fueron objeto, alternativa y sucesivamente han estado bajo la guarda y custodia de ambos progenitores, al punto que a la fecha su custodia se halla dividida, toda vez que dos hijos están con la madre y uno con el padre, circunstancia que ni duda cabe afecta el estado emocional y psicológico de dichos adolescentes, que además, a la sazón de lo expuesto, insensiblemente se han convertido en instrumentos de coerción que cada uno de los padres utiliza en contra del otro, sin que se advierta en ninguno de ellos un verdadero sentido de responsabilidad por su bienestar, circunstancia que se puede verificar por los informes psicológicos y sociales cursantes en el expediente.

En este contexto, revisadas las decisiones asumidas por el a quo respecto de la tenencia de los hijos, que fueron confirmadas por el ad quem al resolver el recurso de apelación, éste tribunal, velando por la estabilidad y el mejor interés moral y material de los adolescentes, considera que no existen razones suficientes para modificar dichas decisiones, circunstancia en la que se redundaría si se modifica la actual situación en la que se encuentran, generando nuevamente inestabilidad y cambios esenciales que ni duda cabe repercutirían en su desarrollo biopsicosocial y emocional, lo que no implica sin embargo, que no se van a dejar de considerar los antecedentes de maltrato constantes en el expediente, por lo que conforme a lo determinado por el ad quem, se ordena la remisión de antecedentes ante el Juez del niño, niña y adolescente, para que a través del respectivo proceso, se investigue su actual situación y se asuma una decisión acorde a dichos datos.

En cuanto a la asistencia familiar que no fue establecida para el hijo que quedó bajo la patria potestad del padre, corresponde señalar que la obligación de asistir, alimentar, educar y proporcionar el sustento necesario, es una cuestión atingente a ambos padres, por lo que, en casos como el presente, en el que se dividió la custodia de los hijos, el Juez como tutor natural de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, tiene la obligación de velar porque cada uno de los hijos cuente con los medios necesarios para subsistir, razón por la cual, en el marco de lo previsto en los arts. 5, 14, 15-2), 24, 173 y 174-2) del Código de Familia y en aplicación del principio de igualdad, debió fijar asistencia familiar para el hijo Marco Santiago Aldana Cabrera que quedó bajo la guarda de su padre, lo que nos lleva a concluir que en lo que respecta a este hecho, corresponde casar en parte el auto de vista impugnado y fijar un monto de asistencia familiar con cargo a la madre, para lo que se considera a prima facie la certificación de fs. 281 que acredita su condición de Notaria de Fe Pública, la edad en la que se encuentra el beneficiario y las necesidades naturales de éste, dejando establecido que el monto que se fije pueda sufrir variaciones de acuerdo a las necesidades de quien la recibe y las posibilidades de quien debe darla.

Gaceta Jurídica

Código Penal de Bolivia

Nueva Constitución Política del Estado-Bolivia

Derecho Bolivia

Derecho Bolivia
Emblema de la justicia en Bolivia.